Sentencia 3342 de junio 8 de 1992 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN SEGUNDA

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS

EN EL SEGURO SOCIAL

EXTRACTOS: «Se trata de dilucidar en el caso sub examine la legalidad de los siguientes actos administrativos enjuiciados por el apoderado de la empresa Gaseosas Lux S.A.:

— Resolución 051 de abril 13 de 1987 expedida por la subcomisión de clasificación de empresas del Instituto de Seguros Sociales —seccional del Valle del Cauca— “Por la cual se niega la apertura de otro número patronal a la empresa Compañía de Gaseosas Lux S.A., hoy Gaseosas Lux S.A., inscrita en el seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

— Resolución 092 de junio 25 de 1987 dictada por la citada sub-comisión de clasificación por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa Gaseosas Lux S.A.

— Resolución 4778 de octubre 28 de 1987 proferida por el director general del Instituto de Seguros Sociales por la cual se resuelve el recurso de apelación.

La empresa solicitó la apertura de un nuevo número patronal, con el objeto de ser clasificada en determinada clase de riesgos, respecto del personal administrativo a su cargo, separando éste del que tiene la tarea de fabricar bebidas no alcohólicas, el cual está sometido a condiciones de trabajo más riesgosas.

La entidad demandada negó la petición fundamentalmente porque no se demostró que el personal administrativo trabajara en un local o centro diferente, ni que dentro del objeto social cupieran actividades económicas diferentes a la fabricación de gaseosas.

Como bien lo anota la doctora fiscal en su concepto, es necesario interpretar los artículos 24 del Decreto 3169 de 1964 y 51 del Decreto 3170 del mismo año, porque de su correcto entendimiento depende la legalidad de los actos acusados.

El artículo 24 citado atribuye competencia para hacer la clasificación de cada empresa o establecimiento en una determinada clase y grado de riesgo y advierte en el literal a):

“La inclusión de una determinada empresa en una clase de riesgo será hecha teniendo en cuenta la principal actividad que desarrolle, sin que puedan hacerse discriminaciones de personal dentro de un mismo establecimiento, para dicha clasificación”.

Este literal contiene una pauta que no puede perderse de vista y es la que indica que la existencia de operarios y empleados administrativos no justifica por sí sola una clasificación diferencial.

El mismo literal trae una excepción a este principio en los siguientes términos:

“Sin embargo, si una misma empresa tuviere más de un establecimiento o centro de trabajo, se podrá clasificar a cada uno por separado, siempre que la actividad predominante en cada uno de ellos fuere distinta”.

Supone la norma que se trata de dos lugares de trabajo diferentes; no de un solo lugar separado por un muro como lo pretende la demandante, y que la actividad predominante sea distinta.

Mayor claridad arrojó sobre estos conceptos el artículo 51 del Decreto 3170 de 1964 al determinar:

“La inclusión de una determinada empresa en una clase de riesgo será hecha teniendo en cuenta la principal actividad económica que desarrolle, sin que puedan hacerse discriminaciones de personal dentro de un mismo establecimiento para dicha clasificación.

Sin embargo, si una misma empresa tuviere más de un establecimiento o centro de trabajo, podrá solicitar que se clasifique a cada uno por separado, siempre que la actividad económica predominante en cada uno de ellos fuese distinta, estuvieren situadas en lugares o locales separados y constituyeren unidades administrativas diferentes”.

Estima la Sala que si la principal actividad económica de la empresa es una sola, no puede tener clasificaciones diferentes.

Ciertamente es natural que los empleados administrativos estén sometidos a menores riesgos, a menor accidentalidad que la que se registra respecto del personal técnico; pero no puede desconocerse tampoco que todas las industrias, las empresas que se dedican a la fabricación de productos, deben contar con personal administrativo, determinando su clasificación la actividad económica predominante.

También cuenta para esos efectos que el personal que se dedica a actividades económicas diferentes, labore en un lugar distinto; porque de no ser así, éste quedaría igualmente sometido a contingencias como incendios, explosiones, contaminación, etc.

En el caso que se estudia, la empresa demandante no demostró ni en la vía administrativa ni en la jurisdiccional, estar dentro de los supuestos previstos en las normas que consagran la situación de excepción.

En efecto, no demostró que el personal administrativo se ocupe en actividades económicas diferentes a las que tienen que ver con la fabricación de gaseosas, en sus diferentes fases, ni que ese personal estuviera ubicado en una sede de trabajo distinta de la de la fábrica.

Siendo ello así, aún aceptando que las instalaciones estén separadas y sean independientes porque las divide un muro, no puede afirmarse que se cumpla con lo dispuesto en los artículos citados porque el lugar es el mismo y la actividad económica predominante también.

Ésta es la situación fáctica que se desprende de los elementos de juicio traídos al proceso, situación a través de la cual no se vislumbra violación por parte de los actos acusados, de las normas superiores invocadas en el libelo».

(Sentencia de junio 8 de 1992. Expediente 3342. Magistrada Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

_________________________________