Sentencia 33429 de mayo 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 33429

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Proceso: 110010326000200600069 00

Actor: Municipio de Salgar

Demandado: Aurelio de Jesús Rodas Torres

Referencia: Acción de repetición

Bogotá, D.C., mayo veintidós de dos mil siete.

Corresponde al despacho establecer la competencia para resolver la acción de repetición interpuesta por el municipio de Salgar en contra del señor Aurelio de Jesús Rodas Torres.

I. Antecedentes

1. El señor Ramiro de Jesús Agudelo y otros interpusieron demanda de reparación directa contra el municipio de Salgar, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión del accidente de tránsito acaecido el 21 de noviembre de 1995.

2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 2 de diciembre de 1999, declaró patrimonialmente responsable al municipio de Salgar y consecuentemente lo condenó al pago total de $ 26’675.326 (fls. 11 a 34, cdno. ppal.). Contra dicha providencia se interpuso recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

3. El 3 de abril de 2003 se celebró audiencia de conciliación ante esta corporación por medio de la cual se llegó a un acuerdo en virtud del cual el demandado se comprometió a pagar, a la parte actora, la suma de $ 20’000.000 (fls. 35 y 36, cdno. ppal.).

4. Dicho acuerdo fue aprobado por esta sección en auto del 14 de agosto de 2003. El 16 de enero de 2004 se presentó cuenta de cobro ante el municipio de Salgar, la cual fue pagada el 6 de marzo de 2004 por dicha entidad territorial (fls. 38 a 48, cdno. ppal.).

5. El 14 de febrero de 2006, el municipio de Salgar presentó la respectiva acción de repetición en contra del señor Aurelio de Jesús Rodas Torres, en la cual se solicitó que se le declare responsable y que, en consecuencia, se le condene a pagar la suma de $ 20’000.000.00 (fls. 1 a 7, cdno. ppal.).

6. Mediante auto del 17 de octubre de 2006, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín remitió la demanda de repetición al Consejo de Estado, toda vez que consideró que es esta corporación la competente para conocer de la acción, debido a que fue en esta instancia donde se aprobó la conciliación judicial con la cual se dio fin al proceso de reparación directa instaurado contra el municipio de Salgar y que dio origen a la condena impuesta al Estado.

II. Consideraciones

Corresponde al despacho decidir sobre la competencia para tramitar la acción de repetición interpuesta por el municipio de Salgar contra el señor Aurelio de Jesús Rodas Torres, remitida al Consejo de Estado por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, mediante providencia del 17 de octubre de 2006, pues consideró que esta corporación es la competente para conocer del asunto, en única instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001.

Al respecto se advierte que un proceso puede concluir por sentencia judicial o, por conciliación judicial o extrajudicial; en consecuencia, si una entidad estatal resulta condenada a reparar un daño ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus funcionarios, el Estado puede promover la acción de repetición, para lo cual se atenderán las reglas de competencia establecidas en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, cuyo texto dispone:

“ART. 7º—Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocen de la acción de repetición.

Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto (...)”.

Según lo dispuesto en esta norma y atendiendo los principios de inmediación, del juez natural y de las dos instancias, se deben realizar las siguientes precisiones.

De la acción de repetición que se produce como consecuencia de una sentencia o una conciliación judicial, será competente el juez o tribunal ante el cual se tramite o se haya tamitado el proceso de responsabilidad contra el Estado, tal y como lo dispone la norma citada en su inciso segundo.

Por su parte, si la condena impuesta al Estado se origina en una conciliación extrajudicial, será competente para conocer de la acción de repetición el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto, según lo expresa el inciso tercero del mismo precepto normativo.

De esta manera, cuando la conciliación judicial es aprobada durante el trámite de segunda instancia, porque en esa etapa se logró el acuerdo, o porque logrado en primera instancia se recurre el auto que decidió sobre su aprobación, o porque tratándose de conciliación extrajudicial, el auto que decida sobre su aprobación es apelado, la competencia para conocer de la acción de repetición será del juez que adelantó la primera instancia del proceso o donde se llevó a cabo el trámite conciliatorio extrajudicial.

Al respecto el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, puntualizo lo siguiente (1) :

“(...) La acción de repetición permite a las entidades estatales que han resultado responsables patrimonialmente en virtud de una condena judicial o de una conciliación, reclamar los valores reconocidos como indemnización, a su agente (servidor o ex servidor púbico) que la originó por su conducta dolosa o gravemente culposa.

El reconocimiento indemnizatorio a cargo del Estado se origina regularmente por sentencia judidicial, pero también puede provenir de una conciliación debidamente aprobada por el juez, la cual tiene efectos de cosa juzgada.

La conciliación se adelanta ante el funcionario que está conociendo el trámite del proceso, en cualquiera de sus etapas. El juez o magistrado cita a audiencia para que las partes diriman sus diferencias y cuando se cumplen los requisitos, la aprueba”.

La conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo, solo puede ser adelantada ante los agentes del ministerio público asignados al juez o corporación que fuere competente para conocer de la acción de restablecimiento del derecho, reparación directa o contractual (L. 23/91, art. 60 y L. 640/2001, art. 23). En este evento, el acuerdo debe ser enviado al juez o tribunal correspondiente para su homologación o aprobación judicial, para que tenga eficacia.

Concluido el proceso por sentencia judicial o por conciliación judicial o aprobada la extrajudicial, si una entidad estatal resulta condenada a reparar un año ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa de funcionario, el Estado puede promover la acción de repetición, para lo cual se atenderán las reglas de competencia establecidas en el artículo 7º de la Ley 678 de 2001, que dispone:

ART. 7º—Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición.

Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliacíón o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto.

Esta norma debe interpretarse de manera integral y sistemática teniendo en cuenta las disposiciones que regulan tanto la conciliación, como la acción de repetición.

De acuerdo con lo anterior, si la acción de repetición se origina en un proceso judicial que culminó con sentencia o en conciliación, será competente para conocerla ‘el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabibdad patrimonial contra el Estado’ (2) .

Ahora bien, si el reconocimiento de la indemnizacón a cargo de la entidad estatal se origina en una conciliación extrajudicial, será competente para conocer de la acción de repetición el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto.

Cuando la conciliación es aprobada por el Consejo de Estado o por el tribunal administrativo durante el trámite de segunda instancia, porque en esa etapa se logró el acuerdo, o porque logrado en primera instancia se recurre el auto que decidió sobre su aprobación, o porque tratándose de conciliación extrajudicial, el auto que decida sobre su aprobación es apelado, la competencia para conocer de la acción de repetición, será del juez o tribunal donde se adelantó la primera instancia del proceso, o donde se llevó a cabo el trámite conciliatorio extrajudicial.

En todo caso, de conformidad con la Ley 678 de 2001, la acción de repetición se tramita de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo, correspondiéndole a los jueces administrativos en primera instancia cuando la cuantía no excede de quinientos salarios mínimos legales mensuales y a los tribunales administrativos en primera instancia si la cuantía es superior a dicha cifra (3) , independiente de que la sentencia o la aprobación de la conciliación se haya llevado a cabo en segunda instancia, pues de esta manera se atienden los principios de inmediación, del juez natural y de las dos instancias.

Solo por excepción, la acción de repetición se tramita ante el Consejo de Estado en única instancia, cuando se interpone contra los funcionarios a los que se refiere el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 678 de 2001.

En el presente caso, el proceso que se adelanta en segunda instancia contra la Nación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, concluyó con la conciliación judicial aprobada por esta corporación, reconociendo una indemnización a cargo de la entidad estatal demandada. Toda vez que no se trató de una conciliación extrajudicial, será competente para conocer de la acción de repetición el tribunal que tramitó el proceso de reparación directa, de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo.

Teniendo en cuenta que la cuantía de la presente acción de repetición es superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales y que la acción de reparación directa contra la entidad estatal fue tramitada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta, como competente para conocer la presente acción, por lo que allí será enviado el expediente para lo de su cargo” (negrillas del original).

De conformidad con todo lo anterior, es claro que si la condena impuesta al Estado por vía de conciliación judicial fue aprobada por esta corporación, el juez competente para conocer de la demanda de repetición es aquel que tramitó el proceso de reparación directa, siempre que la cuantía de la acción de repetición permita que el tribunal respectivo, si fuere el caso, conozca del mismo en primera instancia, para lo cual se deberán tener en cuenta las disposiciones generales relativas a la competencia.

De este modo, la acción de repetición se tramitará de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo, correspondiéndole así a los jueces administrativos conocer de estas acciones en primera instancia, cuando la cuantía no excede de quinientos salarios mínimos legales mensuales y a los tribunales administrativos en primera instancia si la cuantía es superior a dicho monto, independiente de que la sentencia o la providencia que aprobó la conciliación judicial se haya llevado a cabo en segunda instancia por otra corporación.

Así las cosas y toda vez que la acción de reparación directa contra la entidad estatal fue tramitada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, teniendo en cuenta que la cuantía de la presente acción de repetición es inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, la competencia para conocer de esta le corresponde al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín, dado que fue a este al que le correspondió, por reparto, motivo por el cual le será enviado el expediente para lo de su cargo.

Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, la demanda de la referencia será remitida al mencionado juzgado.

Por lo expuesto el despacho,

RESUELVE:

REMÍTASE el expediente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín para lo de su cargo.

(1) Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 8 de mayo de 2007, M.P. Dra. Ligia López Diaz.

(2) Inciso segundo del artículo 7º de la Ley 678 de 2001.

(3) Artículos 132 y 134B, del Código Contencioso Administrativo.

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