Sentencia 33458 de agosto 25 de 2010

 

Sentencia 33458 de agosto 25 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33458

Aprobado Acta Nº 267

Magistrada Ponente:

Dra. María del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., veinticinco de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

En el único cargo que plantea, el censor denuncia la violación directa de la ley por dos motivos. El primero, por falta de aplicación del artículo 59 del Código Penal de 2000, en cuanto los sentenciadores incrementaron en 12 meses el límite mínimo previsto para el delito de concierto para delinquir, atendida la gravedad de la conducta, el daño real causado y la intensidad del dolo, sin fundamentar en forma explícita la presencia de esos criterios dosimétricos de la pena.

Y el segundo, por interpretar erróneamente el artículo 31 del mismo estatuto punitivo, pues los juzgadores fijaron para el delito básico la pena de 60 meses, a pesar de lo cual aumentaron ese guarismo en 85 meses por razón del concurso de hechos punibles, desconociendo el límite previsto en la citada norma de “hasta en otro tanto”, a cuyo tenor el incremento solamente podía extenderse hasta 60 meses.

Para responder los comentados reparos, la Sala se referirá por separado a cada uno de ellos.

1. Falta de aplicación del artículo 59 del Código Penal:

El deber de motivación constituye componente de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa y es inherente a un Estado social y democrático de derecho, pues con él se controla la arbitrariedad judicial.

La Sala tiene dicho que la exigencia a los sujetos procesales de sustentar los recursos se correlaciona con la obligación impuesta a los funcionarios judiciales de motivar sus decisiones, pues solo mediante la satisfacción de ese deber funcional se brinda a las partes la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.

En ese sentido, “el principio de motivación de las decisiones judiciales desempeña una doble función: (i) endoprocesal: en cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y (ii) función general o extraprocesal: como condición indispensable de todas las garantías atinentes a las formas propias del juicio, y desde el punto de vista político para garantizar el principio de participación en la administración de justicia, al permitir el control social difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional”(1).

Normativamente, tal exigencia se encuentra consagrada en el artículo 55 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), así como en el artículo 162 de la Ley 906 de 2004. La primera de esas disposiciones establece que “las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales”. Y la segunda, en su numeral 4ª señala como requisito de las sentencias y autos la “fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral”.

El legislador ha sido tan escrupuloso frente al cumplimiento del deber de motivación que, incluso, lo extiende de manera expresa al aspecto de la pena, al establecer en el artículo 59 del estatuto punitivo de 2000 lo siguiente:

“Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”.

En torno a este precepto, la Corte ha expuesto que su exégesis no puede conducir al entendimiento según el cual el sustento de la dosificación punitiva debe estar contenido necesariamente en el capítulo destinado en la sentencia para esa temática, pues si dicha motivación aparece en el contexto de la providencia, no hay lugar a predicar el desconocimiento de ese deber funcional, por la potísima razón de haber contado la defensa, en todo caso, con la real posibilidad de cuestionar los criterios dosimétricos considerados por el fallador(2).

En el caso objeto de examen, se tiene que el juzgador de primera instancia, en decisión no modificada por el tribunal, luego de dar por demostrado el tópico relativo a la ocurrencia de los delitos atribuidos a Álvaro Rodríguez Hernández, así como la consiguiente responsabilidad penal, pasó a efectuar el proceso de tasación punitiva, optando por tomar como punto de partida el punible de concierto para delinquir, que estimó contentivo de la pena más grave.

En esas condiciones, bajo la premisa de estar sancionado dicho ilícito con la pena oscilante entre 48 y 108 meses de prisión y atendida la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad, se ubicó en el cuarto mínimo de movilidad, concretado en los extremos que van de 48 a 63 meses. Fijado de esa manera el ámbito punitivo, no juzgó pertinente aplicar el mínimo legal, sino incrementar esa frontera en 12 meses, en consideración a “la gravedad de la conducta, el daño real causado y la intensidad del dolo”, obteniendo la pena de prisión de 60 meses, sin ofrecer en dicho apartado de la sentencia las razones sustento de la concurrencia de dichos criterios dosimétricos.

Tal omisión constituye el fundamento del casacionista para afirmar la violación del artículo 59 del estatuto punitivo. Sin embargo, encuentra la Sala que la motivación echada de menos en la demanda obra en los segmentos en los cuales el a quo analizó la tipicidad y la responsabilidad del acusado.

Al respecto, sea lo primero precisar que la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado y la intensidad del dolo son algunos de los criterios que el inciso tercero del artículo 61 del Código Penal le impone al juzgador ponderar para determinar la sanción dentro del cuarto punitivo seleccionado para el efecto.

La gravedad de la conducta dice relación con la mayor o menor afectación al bien jurídico tutelado por la ley. El daño real (o potencial) creado toca con la extensión del perjuicio, en otras palabras, “según que ha sido mayor o menor el número de las personas ofendidas, y según que el crimen ha dañado o expuesto a una lesión al Estado mismo, a comunidades enteras, a una cantidad indeterminadas de personas, o solo a ciertas personas determinadas”(3). Finalmente, la intensidad del dolo se refiere al grado del injusto, tópico en el cual la Sala tiene dicho que “la reiteración de la conducta es índice de una gran intensidad del dolo”(4).

Pues bien, en torno al primero de los criterios considerado por el fallador, se tiene que el bien jurídico protegido por el ilícito de concierto para delinquir es la seguridad pública. Si se entiende como tal el orden mínimo en la sociedad que permite “garantizar las condiciones materiales mínimas para el ejercicio de los derechos humanos”(5), como la vida, la libertad, la integridad y el libre desarrollo de la personalidad, es claro que hay mayor capacidad de afectar dicho interés jurídico cuando la asociación conformada para cometer delitos reviste una gran vocación de permanencia, cuenta con una infraestructura de singular envergadura y además se suma a esa empresa criminal un número importante de delincuentes. Y a tales circunstancias, ciertamente, se refirieron los sentenciadores.

En efecto, en el fallo de primera instancia se señaló lo siguiente:

“… de las pruebas aludidas en párrafos precedentes se establece cómo efectivamente este ciudadano hacía parte integral de la organización delictiva, dedicada a estafar a clientes de entidades bancarias presentando para el cobro supuestos cheques de sus cuentas corrientes que previamente, habían sido falsificados de manera integral en la tipografía ubicada en la carrera 19 Nº 27-28 de esta ciudad…”.

“…

“… contaban con toda la infraestructura dentro de su órbita de custodia para actuar contrario a derecho…”(6) (resalta la Sala).

A su turno, el tribunal expresó:

“… el resultado fue muy significativo ya que la supuesta tipografía hacía las veces de sede de una organización criminal dedicada a la defraudación de entidades financieras mediante la adulteración de títulos valores y su cobro en ventanilla… Esta es prueba suficiente de que se trataba de una verdadera organización criminal, de la que hacían parte múltiples personas, las que asumían roles definidos, que actuaban en distintas instancias y que, en conjunto, se beneficiaban de los ilícitos rendimientos de esa labor”.

“…

“… tratándose de una verdadera organización criminal, dedicada de manera permanente a la comisión de conductas punibles indefinidas…”(7) (el resaltado es también de la Corte).

En lo concerniente al daño causado, las sentencias refieren cómo el concierto para delinquir se orientó a defraudar un gran número de víctimas. Obsérvese:

“… el abonado celular utilizado por el acusado fue interceptado por orden judicial y de las comunicaciones allí sostenidas se desprende su participación en la empresa criminal estructurada para estafar a las personas que tuvieran cuenta corriente en el Banco de Bogotá…” (resalta de nuevo la Sala)(8).

Finalmente, encuentra esta corporación que los fallos contemplan la realización por parte de la empresa criminal de que dan cuenta los autos de una pluralidad importante de conductas delictivas, de donde entonces se infiere la mayor intensidad del dolo en el comportamiento del acusado. Es así como el a quo reseña de manera pormenorizada la ocurrencia de exactamente 52 episodios relacionados con igual número de cheques falsificados, con cuyos elementos se perpetraron las estafas de que fueron víctimas los cuentacorrentistas del Banco de Bogotá, a partir de lo cual dicho funcionario concluyó lo siguiente:

“… es evidente el acuerdo y la distribución de tareas en la realización de actos para la perpetración de múltiples conductas dolosas…”(9) (resaltado una vez más la Corte).

Como se observa, los juzgadores sí motivaron los criterios de ponderación considerados para fijar la pena, ofreciendo razones de las cuales surgen circunstancias diversas y separables, aplicables a cada uno de esos parámetros, pues aludieron a la gran vocación de permanencia del concierto, a su singular infraestructura y al importante número de integrantes (gravedad de la conducta), a la gran cantidad de víctimas a las cuales se encaminó su concreción (daño creado) y, finalmente, a la repetición múltiple de los comportamientos cuya perpetración se trazó la empresa criminal (intensidad del dolo).

No prospera, por tanto, el primer motivo de impugnación expresado por el casacionista.

2. Errónea interpretación del artículo 31 del Código Penal:

De acuerdo con el inciso primero de la citada disposición sustancial, quien con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto.

Ciertamente, como lo señala el actor y lo prohíja la Fiscalía y el Ministerio Público, el a quo desatendió el referido precepto legal, pues a pesar de determinar la pena de 60 meses para el delito básico, esto es, concierto para delinquir, aumentó dicho guarismo en 85 meses por razón del concurso de hechos punibles, obteniendo como resultado 145 meses, cuando el límite impuesto por la citada norma solamente lo autorizaba para efectuar un incremento máximo de 60 meses.

Sobre el particular, no asiste razón a los intervinientes representantes de las víctimas acreditadas en este proceso cuando señalan que el aumento permitido se extiende hasta el máximo establecido en el respectivo tipo penal, de manera que siendo este, en el caso del concierto para delinquir, de 108 meses de prisión, el juzgador podía elevar la sanción hasta 214 meses.

Contrariamente, conforme lo tiene pacíficamente señalado la jurisprudencia de esta corporación, el otro tanto a que se refiere el artículo 31 del Código Penal corresponde al doble de la pena que corresponde imponer para el delito base, atendidas las circunstancias propias del mismo. En efecto:

“En conclusión, es la pena individualizada de cada uno de los delitos en concurso la que conduce a determinar la base de construcción de la pena total a imponer, sin importar para el caso las sanciones mínimas y máximas previstas en abstracto por los respectivos tipos penales”(10).

Debe anotarse, de otra parte, que si bien, como lo señala la procuradora delegada, lo ideal era que el a quo hubiese dosificado individualmente las penas aplicables a cada uno de los punibles concursantes, la Sala no encuentra errónea la selección del concierto para delinquir como delito más grave, pues si el propio juzgado, al dosificar la pena al procesado Héctor Miguel Moreno Baquero, determinó para el ilícito de tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda los mismos 60 meses de prisión fijados respecto del atentado contra la seguridad pública, cualquiera de esos delitos hubiera podido servir como punto de partida para la dosificación punitiva, comoquiera que los dos acusados se encuentran en las mismas circunstancias de participación en la empresa criminal deducida en los fallos.

En esas condiciones, la Sala casará de manera parcial la sentencia impugnada con el fin de fijar la sanción de prisión en 120 meses, señalando como aumento el límite máximo aplicable en caso de concurso de conductas punibles, atendida la pena establecida individualmente para cada uno de ellos y el importante número de delitos concursantes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR parcialmente la sentencia impugnada para fijar en ciento veinte meses (120) meses la pena de prisión allí impuesta a Álvaro Rodríguez Hernández.

2. DETERMINAR que los demás ordenamientos del fallo se mantienen incólumes.

Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia del 28 de septiembre de 2006, radicación 22041.

(2) Cfr. Sentencia del 8 de octubre de 2003, radicación 17606. En el mismo sentido, sentencia del 10 de junio de 2009, radicación 27618.

(3) Zaffaroni, Eugenio Raúl. Derecho Penal, parte general. Ediciones Ediar, Buenos Aires, Argentina, año 2000, pág. 1.000.

(4) Sentencia del 9 de febrero de 2004, radicación 10425. En el mismo sentido, sentencia del 10 de junio de 2009, radicación 27618.

(5) Sentencia del 25 de noviembre de 2008, radicación 26942.

(6) Página 33 del fallo de primera instancia.

(7) Páginas 14 y 15 del fallo de segunda instancia.

(8) Página 32 del fallo de primera instancia.

(9) Página 20 del fallo de primera instancia.

(10) Sentencia del 7 de octubre de 1998, radicación 10987. En el mismo sentido, sentencias del 24 de abril de 2003, radicación 18856 y del 15 de mayo de 2003, radicación 15619.