Sentencia 33473 de enero 28 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33473

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil diez.

Vistos

De conformidad con los lineamientos consagrados en el artículo 7º de la Ley 1095 del 2 de noviembre 2006, el despacho resuelve la impugnación interpuesta contra la providencia dictada, el 14 de enero del año en curso, por una magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, mediante la cual negó el amparo de hábeas corpus presentado por el apoderado del señor Pedro Sepúlveda Figuera, quien se encuentra privado de la libertad.

EXTRACTOS:«Consideraciones del despacho

1. En primer lugar, cabe precisar que el suscrito magistrado es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la providencia del pasado 14 de enero, mediante la cual una magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo negó, por improcedente, la solicitud de habeas corpus presentada, a través de apoderado, por el ciudadano Pedro Sepúlveda Figueroa, según así lo dispone el numeral 2º del artículo 7º de la Ley 1095 del 2 de noviembre de 2006.

2. De otra parte, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte, el artículo 30 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de habeas corpus, acción reconocida en varios instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

De igual modo, el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 4º de la Ley 137 de 1994 (estatutaria sobre estados de excepción), contempla el hábeas corpus dentro de los derechos intangibles.

Así, entonces, el habeas corpus es un derecho intangible y de aplicación inmediata consagrado en la Constitución Política y reconocido, además, en los tratados internacionales que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad.

En síntesis, se trata de la garantía más importante para la protección del derecho a la libertad, consagrado en el artículo 28 de la Carta Política, el cual reconoce en forma expresa que toda persona es libre, que nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

Ahora bien, el derecho a la libertad, pese a su indiscutible consagración constitucional, no es un derecho absoluto, según se desprende de lo previsto en el citado artículo 28 de la Constitución, pues si bien el hábeas corpus es el medio por excelencia para su protección, como así venía considerándose tradicionalmente por la legislación y la jurisprudencia, la naturaleza ius fundamental de este derecho devela que dicha acción es una garantía no solo del derecho a libertad, sino que igualmente lo es de otros derechos fundamentales de la persona privada de la libertad como son los de la vida y la integridad personal(1).

Por ello, el derecho a la libertad no es absoluto, pues este afronta su restricción cuando el ciudadano es objeto de un proceso penal adelantado con base en el respeto del debido proceso y del derecho de defensa, también constitucionalmente reglados.

3. Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, cabe también recordar que el habeas corpus, como lo establece la Constitución Política y lo desarrolla la Ley 1095 de 2006, es un derecho constitucional fundamental que tutela la libertad personal en los siguientes casos concretos:

3.1. Cuando la aprehensión de una persona se lleva a cabo por fuera de las formas constitucional y legalmente previstas para ello, como sucede con la orden judicial previa (Const. Pol., art. 28, L. 906/2004, arts. 2º y 297), la flagrancia (L. 600/2000, art. 345 y la L. 906/2004, art. 301), la captura públicamente requerida (L. 600/2000, art. 348) y la captura excepcional (L. 1142/2007, art. 21).

3.2. Cuando obtenida legalmente la captura, la privación de la libertad se prolonga más allá de los términos previstos en la Constitución y en la ley para que el servidor público: a) lleve a cabo la actividad a que está obligado (verbo y gracia: escuchar en indagatoria, dejar a disposición judicial el capturado, hacer efectiva la libertad ordenada, etc.), o b) adopte la decisión correspondiente al caso (por ejemplo: definir su situación jurídica dentro del término legal, ordenar la libertad frente a la captura ilegal, entre otras).

4. De otra parte, debe reiterarse que dirigida la acción constitucional a proteger a la persona de la privación ilegal de la libertad o su indebida prolongación, es claro que al juez constitucional, en el examen puesto a su consideración, le está vedado incursionar en terrenos extraños a este específico tema, so pena de invadir órbitas que son propias de la competencia del juez natural al que la ley le ha asignado su conocimiento, pues de lo contrario desbordaría la naturaleza de su función constitucional destinada a la protección de los derechos fundamentales.

En otros términos, como de manera reiterada lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte, la procedencia de esta acción se encuentra supeditada a que el afectado con la privación ilegal de la libertad o con su ilícita prolongación haya acudido primero a los medios previstos en el ordenamiento legal dentro del proceso que se le adelanta, pues, se reitera, lo contrario conllevaría a una ingerencia indebida sobre las facultades que son propias del juez que conoce de la causa.

Al respecto la Corte ha dicho:

“Evidentemente la acción de habeas corpus fue concebida como una garantía esencial cuyo ejercicio de carácter informal, en principio demanda el estudio de cualquier situación de hecho que indique la privación de la libertad sin la existencia de una orden legalmente expedida por la autoridad competente, pero de manera alguna implica su uso indiscriminado, esto es, la pretermisión de las instancias y los mecanismos judiciales ordinarios, pues ella se encuentra instituida como la última garantía fundamental con la que cuenta el perjudicado para restablecer el derecho que le ha sido conculcado.

“Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha sido consistente en determinar que la procedencia excepcional de la acción de habeas corpus debe responder al principio de subsidiaridad, pues roto este por acudir primariamente a dicha acción desechando los medios ordinarios a través de los cuales es posible reclamar la libertad con fundamento en alguna de las causales contempladas en la ley, aquella resulta inviable”(2).

Sobre el mismo tema, la jurisprudencia de la Sala indicó:

“El núcleo del hábeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el hábeas corpus está por fuera de este ámbito y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”(3).

De igual manera, respecto de dicho asunto, la Corte volvió a referirse así:

“Cuando la libertad personal, que se considera violada, ha sido afectada en virtud de una decisión judicial dentro de un proceso penal, conforme a criterio de esta Sala, el cual igualmente fue indicado por la Corte Constitucional en Sentencia C-301 de 1993, la acción de hábeas corpus se torna improcedente, ateniendo que es el mismo proceso penal el que provee de mecanismos a las partes para restablecer este derecho, entre los que se menciona el control de legalidad, si se trata del procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, la interposición de recursos contra la decisión que impone la privación de la libertad o su limitante, e igualmente y cuando de vulneración la debido proceso, la solicitud de nulidad que se invoca ante el Funcionario judicial que adelanta el proceso, en los términos previstos en el artículo 306 y siguientes de la ley aludida, a menos que se incurra en una vía de hecho”(4).

A similar conclusión llegó la Sala respecto de los procesos adelantados conforme a la Ley 906 de 2004:

“Acorde con lo expuesto, a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.

“Al respecto ha sostenido la Corte Suprema de Justicia:

“El núcleo del hábeas corpus responde a la necesidad de proteger el derecho a la libertad. Pero cuando la misma ha sido afectada por definición de quien tiene la facultad para hacerlo y ante él se dan, por el legislador diferentes medios de reacción que conjuren el desacierto, nadie duda que el hábeas corpus está por fuera de este ámbito y pretender aplicarlo es invadir órbitas funcionales ajenas. Su inmediatez, su perentoriedad, su efecto indiscriminado, al punto que no hay fuero o especialidad de competencia en el cual no incida, no impone ni auspicia el que se le haga actuar en donde no es el radio de su intervención”(5).

“Es que resulta inaceptable la existencia de dos medios judiciales alternativos para controvertir las decisiones que afectan la libertad, cuando tal como se ha venido insistiendo, existen los recursos legales ordinarios que garantizan la protección del derecho fundamental dentro del proceso penal.

“Así lo planteó la Corte Constitucional en la Sentencia C-301 de 1993 al estudiar la exequibilidad de la Ley 15 de 1992:

“En suma, los asuntos relativos a la privación judicial de la libertad, tienen relación directa e inmediata con el derecho fundamental al debido proceso y la controversia sobre los mismos debe, en consecuencia, respetar el presupuesto de este derecho que es la existencia de un órgano judicial independiente cuyo discurrir se sujeta necesariamente a procedimientos y recursos a través de los cuales puede revisarse la actuación de los jueces y ponerse término a su arbitrariedad. De este modo no se restringe el habeas corpus, reconocido igualmente por la Convención Americana de derechos humanos, pues se garantiza el ámbito propio de su actuación: las privaciones no judiciales de la libertad. En lo que atañe a las privaciones judiciales, el derecho al debido proceso, desarrollado a nivel normativo a través de la consagración de diversos recursos legales, asegura que la arbitrariedad judicial pueda ser eficazmente combatida y sojuzgada cuando ella se presente. Lo anterior no excluye la invocación excepcional de la acción de habeas corpus contra la decisión judicial de privación de la libertad cuando ella configure una típica actuación de hecho”(6).

En decisión más reciente, la Corte reiteró:

“(ii) El derecho – acción de habeas corpus es de carácter fundamental y de aplicación inmediata. También el derecho al debido proceso tiene tales características.

“Por tanto, en la tensión entre los referidos derechos fundamentales, se impone reconocer que los procesos judiciales deben ser adelantados con “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, de manera que la referida acción constitucional no puede de ningún modo sustituir o desplazar los mecanismos dispuestos por el legislador al interior de cada trámite.

“(iii) No es viable confundir la naturaleza jurídica de la petición de libertad provisional con el ejercicio de la acción de habeas corpus, pero lo cierto es que, precisamente dentro de la comprensión del derecho fundamental al debido proceso, argumentos jurídicos y de razón práctica permiten colegir que antes de acudir a los mecanismos constitucionales o legales de protección de los derechos, su reclamación debe efectuarse, siempre que ello sea posible, al interior de las actuaciones ordinarias, todo lo cual dota al proceso penal de unos mínimos de coherencia, reconoce su progresividad y a la vez, proscribe la posibilidad de eventuales decisiones contradictorias de la jurisdicción sobre una misma temática”(7).

5. En esas condiciones, teniendo en cuenta la información allegada a este diligenciamiento, no cabe duda que la providencia impugnada y a través de la cual el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo negó por improcedente la solicitud de hábeas corpus que elevó el apoderado del ciudadano Pedro Sepúlveda Figueroa, se ajusta a derecho.

En efecto, es indiscutible que el memorialista apoya la presente acción constitucional en lo contemplado en el numeral 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, también es evidente que tal petición no ha sido elevada al interior del proceso que se adelanta contra Sepúlveda Figueroa, es decir, ante el juez natural competente para atender esta clase de solicitudes.

Siendo ello así, el juez constitucional competente para atender la acción de hábeas corpus no puede inmiscuirse en las específicas funciones que son propias del juez natural del proceso, siendo este, en primera y segunda instancia, el llamado a resolver la petición de libertad, pues, como se ha indicado, dicha acción excepcional responde al principio de subsidiaridad, en la medida que, como sucede en este caso, el peticionario cuenta con las alternativas de defensa que la ley prevé para el proceso penal, como son, hacer allí la solicitud y, dado el caso, acudir a los recursos ordinarios.

De lo anterior se concluye que resulta improcedente acudir a la acción constitucional de hábeas corpus cuando al interior del proceso penal están dados los instrumentos legales previstos para la defensa del derecho a la libertad, alternativa que el aquí accionante no ha agotado.

En otros términos, el ejercicio del habeas corpus solo permite el examen de los elementos extrínsecos (fuera del proceso) de la medida que afecta la libertad, no la de los intrínsecos (dentro del proceso) porque estos son del ámbito exclusivo y excluyente del juez natural.

En fin, advirtiendo que el reclamo realizado por el apoderado del accionante procura discutir un asunto que no ha planteado ante el juez natural del proceso penal, se impone concluir que el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo en su providencia obró acertadamente al negar la acción pública de hábeas corpus, razón por la cual se confirmará integralmente.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la decisión del 14 de enero de 2010 a través de la cual una magistrada del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo negó por improcedente el amparo de habeas corpus presentado por el apoderado del ciudadano Pedro Sepúlveda Figueroa, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cúmplase».

(1) Así lo ilustró la Corte Constitucional en Sentencia C-187 de 2006, a través de la cual efectuó el control previo de constitucionalidad de la Ley 1095 de 2006.

(2) Radicación 28747, sentencia del 15 de noviembre de 2007.

(3) Radicación 14153, sentencia del 27 de septiembre de 2000. Ver también radicado 27577, auto del 29 de mayo de 2007; radicado 28065, auto del 8 de agosto de 2007; radicado 28142, auto del 15 de agosto de 2007; radicado 28228, auto de 29 de agosto de 2007, entre otros.

(4) Radicado 28598, auto del 23 de octubre de 2007.

(5) Sentencia de segunda instancia, radicado 14153 de septiembre 27 de 2000.

(6) Sentencia C-301del 2 de agosto de 1993.

(7) Radicado 28993. Sentencia del 19 de diciembre de 2007.