Sentencia 33507 de julio 24 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación 33507

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Guillermo Salazar Otero

A/. Rosa Tulia Cuellar de Montealegre

Aprobado Acta 236

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Primer cargo

1. Para explicar el mayor o menor grado de intervención de una persona en la realización de una conducta punible, esto es, desentrañar su compromiso a través de la proximidad o relevancia que ha tenido en el hecho, la doctrina ha desarrollado el tema de la autoría y la participación, bajo el entendido que en general, es autor el que realiza la conducta directamente o a través de otro y partícipe quien determina su ejecución o contribuye a la misma, estructura acogida por los artículos 29 y 30 del C.P.

2. A pesar de cualificarse el grado de cooperación que en un delito tienen diversas personas partiendo de la teórica fijación de conceptos que indican que es autor quien realiza integralmente la conducta, desde los orígenes de esta noción han concurrido diversas teorías explicativas dependiendo de la preponderancia que se le dé al propósito del agente en consolidar un hecho propio o en intervenir en uno ajeno, el ámbito de actualización típica de la conducta o la relevancia objetiva que ha tenido la misma, llegando en el pensamiento finalista a estructurarse la teoría del dominio del hecho con apoyo en las construcciones objetivas y subjetivas anteriores y con el propósito de brindar mayor rigor dogmático, en forma tal que se define al autor como quien domina la ejecución del delito y por tanto la actualización o no del tipo penal, esto es, tiene la dirección causal del hecho.

3. La puesta en controversia de este marco de teóricas definiciones surge en aquellas hipótesis en que intervienen en la realización del delito diversas personas, a través de cuyo aporte se estructuran o configuran los supuestos típicos y se consolida el curso causal.

En efecto, se predica coautoría precisamente cuando varios intervinientes realizan la totalidad de la conducta, hipótesis que suele resultar pacífica siempre y cuando existan actos de igual índole o naturaleza desarrollados por cada uno, ejemplo típico cuando todos los atacantes disparan sus armas de fuego contra la víctima, pero no así cuando se integran mediante aportes que cumplen con el plan concebido en división de trabajo.

En estos casos, la producción del resultado típico es producto de la voluntad común, en forma tal que si bien en principio podría afirmarse que cada conducta aisladamente valorada no posibilita su directa adecuación, el común designio que ata a la totalidad de cuantos intervienen con actos orientados a su ejecución, rechaza un análisis sectorizado de cada facción e impone por la realización mancomunada que desarrolla el plan urdido, que solo pueda explicarse bajo la tesis de la coautoría, generalmente criticada por su denominación de “impropia”, pues compromete a todos los copartícipes como si cada uno hubiere realizado la totalidad del hecho típico y no, desde luego, por la porción que le fue asignada.

4. En relación con la estructura normativa de las formas de la coautoría y la participación, en la Sentencia 29221 de 2009, a que alude la demanda, la Sala se detiene en la síntesis de estos conceptos, así:

“De conformidad con el artículo 29.2 de la Ley 599 de 2000, son coautores los que, mediando un acuerdo común(11), actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

Lo característico de esta forma plural está dado en que los intervinientes despliegan su comportamiento unidos por una comunidad de ánimo, esto es, por un plan común(12), además, se dividen las tareas y su contribución debe ser relevante durante la fase ejecutiva(13) pues no cabe la posibilidad de ser coautor después de la consumación de la conducta punible.

En lo que corresponde a la distribución de funciones, se tiene que:

... en la coautoría ... el acuerdo con división del trabajo o acumulación de esfuerzos es lo que permite hablar de una acción conjunta formada por actos parciales, cuando esos actos parciales no serían suficientes por sí solos para determinar objetiva y positivamente el hecho, pero sí la conjunción de ellos, para poderse hablar de una acción determinante es necesario que la misma presente una conexión, que se explica estructuralmente por la existencia de un acuerdo con reparto de funciones o suma de esfuerzos. Es decir, que el acuerdo con división del trabajo es para la coautoría lo mismo que la existencia de coacción, error, etc., para la autoría mediata: en esta esos criterios fundamentaban la posibilidad estructural de realizar una acción a través de otro, en la coautoría, el acuerdo con división del trabajo o suma de esfuerzos explica la posibilidad estructural de realizar una acción entre varios ...”(14).

De igual manera, en torno del tema la Corte ha señalado:

“... La coautoría es una forma de autoría.

Para que exista coautoría se requieren tres elementos: acuerdo común, división de funciones y trascendencia del aporte durante la ejecución del ilícito.

Para la determinación de la coautoría es menester analizar tanto lo objetivo como lo subjetivo de la injerencia de la persona en el hecho.

Como según la importancia del aporte se distingue entre coautor y cómplice, el funcionario judicial debe hacer el estudio correspondiente frente al caso concreto y razonadamente sustentar su decisión.

c) De la lectura del artículo 29.2, como quedó finalmente, se desprenden, es obvio, los mismos requisitos: para afirmar coautoría se necesitan acuerdo común, división del trabajo y observación del peso del aporte.

Acuerdo significa conformidad, asentimiento, reflexión y madurez de determinación.

División quiere decir separación, repartición.

Aportar, derivado de “puerto”, equivale a llegar o presentarse a un lugar, hacer algo en pro de un fin común.

d) Las anteriores exigencias coinciden con las generalmente adosadas, antes y ahora, a la coautoría, vale decir, acuerdo y decisión plural; sentimiento de actuar en una obra propia inserta en una labor global, común; comportamiento signado por esa directriz, o codominio del hecho; y aporte de algo importante durante la ejecución del delito, todo ello, desde luego, mirado objetiva y subjetivamente.

Observado el fenómeno de otra forma, para hablar de coautoría son indispensables dos exigencias, una subjetiva y una objetiva.

El aspecto subjetivo de la coautoría significa que:

Uno. Los comuneros se pongan de acuerdo, planifiquen la comisión del ilícito y, de consuno, decidan su perpetración.

Dos. Cada uno de los comprometidos sienta que formando parte de una colectividad con un propósito definido, el hecho es suyo, pero incluido dentro de una obra mayor, global, es decir, perteneciente, imbricada, realizada por todos los concurrentes o, dicho con otras palabras, la persona debe sentir que cumple tareas en interdependencia funcional.

La fase objetiva comprende:

Uno. El codominio funcional del hecho, entendiendo por tal que los varios individuos, sin sometimiento, dependencia o subordinación de uno o unos de ellos a otro u otros de ellos, se dirijan a la misma finalidad con un comportamiento esencial, mirado no en términos absolutos sino relativos.

Por conducta esencial se debe entender, primero, que sin ella es imposible cometer el hecho; o, segundo, que si una de las personas se opone o entra en divergencia con las otras, pueda hacer fracasar el plan, molestarlo o variarlo en su desarrollo; o, tercero, que la intrusión de las personas no debe ser meramente casual, accidental o secundaria.

Dos. Aporte significativo durante la ejecución del hecho, es decir, prestación de algo trascendente para su comisión, servicio importante que cada uno de los concurrentes presta a la gesta delictiva.

Esa contribución común en pro del mismo fin puede ser material o moral —“espiritual”—, por ejemplo cuando, en esta última hipótesis, la presencia definida de uno de los comuneros refuerza o estimula el cumplimiento del plan trazado, presiona y multiplica las energías de los otros, apoya al resto, reduce las defensas de la víctima, aumenta la intimidación padecida por esta, incrementa la agresividad de los otros autores o comporta una mayor seguridad para estos en cuanto, v. gr., la cantidad de sujetos intensifica el amedrantamiento que sufre la persona objeto de la acción, etc.

Y el aporte durante la ejecución del hecho quiere decir que la prestación que hace la persona debe ocurrir, total o parcialmente, entre el momento en que se inicia la realización del verbo rector que guía la conducta criminal y el logro de la consumación. De esta manera, el comportamiento frente a la pura ideación delictiva o a los actos preparatorios, no constituye coautoría, como tampoco aquel subsiguiente a la consumación o al último acto en materia de tentativa de delito ...”(15).

5. Y en lo que tiene que ver con la complicidad, la Corte ha sostenido:

“... cómplice es aquel que simplemente presta una ayuda brinda un apoyo que no es de significativa importancia, para la realización de la conducta ilícita, es decir, participa sin tener el dominio propio del hecho ...”(16).

En otros términos, el cómplice interviene en una conducta delictiva ajena, que por lo mismo no le pertenece y a la cual solamente concurre como un auxiliador.

6. Con miras al necesario contraste que ameritan estas definiciones en los supuestos del caso concreto, obsérvese que la censura fue propuesta por la vía directa de violación a la ley, lo que implica una sujeción absoluta a los hechos en la forma como fueron declarados en la sentencia, esto es, a partir de la construcción del devenir fáctico acorde con el cual se vincula a Rosa Tulia Cuéllar de Montealegre con el secuestro del sacerdote Guillermo Correa Ortiz acaecido el 4 de agosto de 2000 en el municipio de Gigante —Huila—.

Ello por tratarse de quien junto con Orlando Montealegre, su esposo, conocía al presbítero desde comienzos de los años ochenta y sabedores de su capacidad económica una vez la mujer estableció relaciones criminales con las FARC, no solamente cumplió el cometido de suministrar información a algunos de los miembros de esta agrupación sobre el particular, sino que en desarrollo de la estratagema delictiva pactada estuvo vigilante junto con su compañero acerca del momento en que la víctima regresara al municipio de vacaciones, logrado lo cual, pese a los esfuerzos del clérigo por permanecer incógnito, se comunica con los subversivos y ya en su compañía le hacen seguimiento hasta el propio día del plagio.

En esa ocasión transporta en el vehículo de su propiedad a los subversivos que someterían a la víctima y los lleva al margen de la hacienda “Mazatlán”, lo señala físicamente y se marcha, conducta apenas correlacionada sin solución de continuidad en desarrollo de la empresa criminal urdida, durante la totalidad del año y medio en que duró el cautiverio, conforme está acreditado por los vínculos comerciales en crianza y exposición de caballos que la mujer mantenía con el guerrillero Humberto Valbuena Morales, a cuyo mando estuvo la comisión delictiva del secuestro de comienzo a fin, esto es, hasta la recepción del dinero exigido por la libertad de Correa Ortiz, conforme de ello dio cuenta el rebelde Willintong Losada Sánchez bajo la gravedad del juramento, pagando en ese momento a cada uno de cuantos colectivamente participaron en el secuestro la suma de cinco millones de pesos, incluida la imputada(17).

7. Dentro del contexto reseñado, tanto la resolución acusatoria, como las sentencias de primera y segunda instancia entendieron que la intervención delictiva de la procesada había sido como coautora del atentado contra la libertad individual del sacerdote Guillermo Correa Ortiz.

La sentencia de primera instancia, sin acudir a una categoría dogmática explicativa sobre el criterio fundamentador de la imputación que al mencionado título es atribuida a la intervención delictiva de Rosa Tulia Cuéllar de Montealegre, no deja margen a dudas que la misma se desarrolló dentro de los linderos del artículo 29.2 del C.P., pensamiento avalado por el tribunal bajo la teoría del dominio del hecho y a través de la denominada coautoría impropia.

8. El actor casacional discrepa con la sentencia y no encuentra mejor fundamento que citar la doctrina de la Corte que se ha mencionado en este fallo, bajo el confuso entendido de resultar favorable a sus intereses.

Propone el censor, fundado en dichos antecedentes, suprimir teóricamente el aporte dado por la procesada, ejercicio a través del cual dice que el hecho bien se habría podido ejecutar y entonces su intervención no sería la de coautora.

La reseña fáctica evidencia, conforme la prueba aportada lo demostró, que era tal la vinculación de la inculpada con actividades delictivas del grupo subversivo, que a ella se atribuyen nexos comerciales con sus integrantes, pero también haberse concertado para cometer delitos, como que fue condenada por este ilícito a la pena de 72 meses de prisión en decisión de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Neiva el 14 de junio de 2006, cuya copia fue allegada al expediente.

El testimonio rendido por Guillermo Correa Ortiz precisó conocer que quien efectuó su secuestro fue Tulia Rosa y que esta información le fue suministrada por uno de sus captores de las FARC. Pero además, que ese mismo conocimiento lo tuvieron los ciudadanos secuestrados en esa misma época, el comerciante Héctor Sánchez y el médico veterinario Carlos Ernesto Medina, agregando además ser “vox populi en Gigante que la señora Tulia es la responsable de los secuestros de un señor Pastrana a quien desconozco, de un señor Moisés Ossa y un señor que tiene un negocio de diversión que llama Búcaros a la entrada de Gigante. Todos residentes en Gigante Huila, porque tengo la certeza de que estas otras personas muy seguramente fueron también plagiadas por la misma Tulia”(18).

No se afirmó que Rosa Tulia Cuéllar de Montealegre perteneciera a las FARC, en su lugar, está claro que el auxilio de la incriminada a las FARC la llevó a integrarse con sus miembros para la comisión delictiva al margen de sus ideales y como expresión de delincuencia común.

Plano de intervención que la desplazó de ser una simple informante para convertirla en una activa protagonista al límite de tener el poder de determinar cuáles ciudadanos debían ser objeto de secuestro, papel que desempeñó también, en este caso en que no son los comandantes de las FARC los que disponen el plagio, sino el propio señalamiento que la mujer les hizo al escoger al sacerdote Guillermo Correa Ortiz, a quien conocía hacía más de veinte años, pues comunicó sobre su presencia a aquellos, entró en relación con los hombres a quienes se encargó directamente el traslado de la víctima y los acompañó durante todo el día para individualizarla por sus rasgos y presencia física, llevándolos hasta la finca en que aquel se encontraba, cumplido lo cual esperó, hasta que se produjo el pago de más de 200 millones para recibir 5 millones de pesos.

9. La ficción dogmática de suprimir su intervención en orden a establecer si la imputada actuó dentro de un rango distinto al de autor, esto es, cómplice, conduce en el caso concreto a hacer evidente que el hecho sin esa trascedente y sine qua non acción sencillamente no se habría producido, toda vez que sin que Rosa Tulia Cuéllar de Montealegre señalara al sujeto que debía ser secuestrado y actuara en desarrollo de la propia ejecución del plagio, Guillermo Correa Ortiz no habría sido considerado objetivo, esto es, que ella tenía, según se advirtió, el poder determinante de que el secuestro recayera en esta persona, e intervino directamente al momento de su realización.

Se pregunta el actor quién dio la orden del secuestro y a quiénes se discernió esta tarea. Podría admitirse que la escogencia de quienes materialmente ejecutarían el delito fue dada por uno de los llamados comandantes de las FARC, pero no sin tener que observar que quien definió y determinó que el sujeto pasivo del punible sería el sacerdote Correa Ortiz fue la mujer procesada, esto es, algo sobre lo cual privativamente se impuso el poder de escogencia que dentro del acuerdo colectivo correspondió a la imputada dentro de la dinámica del plan común acordado, este era el trascendente aporte, no único, que ab initio haría la mujer.

No se puede valorar la intervención de la inculpada fuera de contexto.

La intervención en el delito por parte de Rosa Tulia Cuéllar de Montealegre se produjo en desarrollo de la alianza, que para cometer delitos, tuvo esta mujer con miembros de la columna guerrillera “Teófilo Forero”, mediando para dicho cometido un acuerdo sobre la realización concreta de punibles de secuestro, empeño colectivo para el cual se distribuyeron las funciones que debían desempeñarse, estando a cargo de la imputada, dado que se mostraba como una ciudadana más del municipio de Gigante-Huila, realizar labores de inteligencia.

En desarrollo de las mismas suministraba datos fieles sobre personas por ella conocidas y estudiadas a plagiar, determinaba en dicho propósito los bienes que poseía, sus movimientos en el territorio y la oportunidad para materializar el delito, aspecto que evidencia la repartición, con carácter permanente, de tareas y cuyo aporte en desarrollo de esa distribución de roles fue absolutamente esencial y trascendente, según se vio, codominando funcionalmente el hecho en procura de la finalidad colectiva de su realización típica, pues no hay la menor duda que sin ella el punible no sería imaginable para los miembros de la guerrilla, grado de incidencia e intervención durante su fase de ejecución, pero también perpetuada por todo el lapso de año y medio en que fue consumado, en forma tal que no solo se produjeron otros delitos de idéntica índole con el mismo modus operandi, sino que al final de los cuales, como sucedió en este caso, recibió parte del botín extorsivo obtenido.

Es inexigible en el caso concreto, en la forma como lo postula la demanda, pretender que la intervención de la imputada en desarrollo de la fase ejecutiva del delito deba echarse de menos por el cuestionamiento de no haber ingresado la mujer a la casa de la víctima y hacer parte del grupo que materialmente la tomó cautiva o estuvo con ella, a la manera de una accesoriedad restringida.

Esa es probablemente la expresión más incipiente de la coautoría, que no brinda explicación racional ni dogmática en la reconstrucción del grado de responsabilidad penal que le es atribuible a quienes se acompasan para delinquir, monolíticamente, como una empresa del delito, para cometer infracciones a la ley penal y que, por ende, solo puede tener explicación sustentable que no conduzca a una degradación de la conducta frontera con la impunidad, en el entendido que en estos casos, el dominio del hecho siendo colectivo y global, compromete a todos los intervinientes de la misma manera.

En consecuencia, no es aceptable la pretensión del casacionista en orden a que se considere cómplice a su asistida, pues lo aducido descarta que su apoyo hubiese sido intrascendente o que no fuera de significativa importancia.

El cargo no prospera.

Segundo cargo

1. En la indagatoria, Rosa Tulia Cuéllar de Montealegre fue preguntada por las circunstancias propias de la ilegal retención del sacerdote Guillermo Correa Ortiz en tanto referido no solamente al hecho de haber permanecido por lapso superior a quince días en ese estado, sino que se exigió por su liberación una muy cuantiosa suma de dinero, indagándosele, incluso, sobre el hecho de haber la propia imputada recibido parte de dicho botín, esto es, sobre los supuestos propios de las agravantes de los numerales 2º y 7º del artículo 170 del texto original de la Ley 599 de 2000, conforme lo observa la procuradora delegada y realza a través de copiosas y pertinentes transcripciones de dicha diligencia.

2. El actor tomó como referente para observar que nunca se le preguntó a la incriminada por las agravantes relacionadas con someter a la víctima a tortura y recaer la conducta sobre servidor público de esos numerales (pero con la reforma introducida al art. 170, por L. 733/2002, art. 3º), esto es, someter a la víctima a tortura física o moral, o recaer la conducta sobre persona de servidor público o que sea o haya sido miembro de las fuerzas de seguridad del Estado.

3. La resolución acusatoria tomó como normativa de referencia el texto original del Código Penal de 2000, en aplicación favorable dado que el Decreto 100 de 1980 y su reforma contenida en la Ley 40 de 1993, a pesar de ser la vigente para el momento de los hechos, resultaba mucho más gravoso. Así se concretó la imputación:

“Por cuanto se arrebató y mantuvo retenido y ocultó al sacerdote Guillermo Correa Ortiz, que por su liberación se exigió una suma de dinero superior a los doscientos millones de pesos y permaneció en poder de sus captores por un lapso de diez y seis meses y que se presionó la entrega del dinero con amenaza de muerte sobre la víctima.

Lo anterior nos lleva a predicar que concurren las circunstancias de agravación del artículo 170 del C.P. descritas en los numerales 2º, 5º, y 7º, en razón a que el religioso fue privado de su libertad por un lapso superior a quince (15) días, que se obtuvo el provecho económico y se presionó la entrega mediante amenaza de muerte”(19).

4. Colige de lo anterior la procuradora, en criterio acorde con la realidad procesal y probatoria, que en ningún momento la sentencia cercenó o tergiversó la indagatoria, en tanto se sostiene haber sido interrogada la procesada por unos motivos agravantes que, sencillamente, no le fueron imputados, conforme se deja explicado, pues al margen de cualquier reparo está que la procesada fue preguntada por el lapso en que fue privado ilegalmente de la libertad el sacerdote víctima del secuestro, como también que por su libertad se pagó una suma millonaria de dinero.

5. Encuentra la Corte con la delegada coincidencia en que sobre la agravante contenida en el numeral 5º del artículo 170, esto es, “cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte o lesión”, no fue explícitamente interrogada la procesada, aspecto que en todo caso no conduce al efecto enervante sobre su imputación y condena, como quiera que la misma fue deducida en la resolución acusatoria, antecedente que desde luego no solamente posibilitó controvertir su jurídica concurrencia sino que sirve de parámetro de referencia en la forzosa correlación o sentido congruente que debe existir entre el pliego de cargos contenidos en dicha decisión y la sentencia, razón suficiente para que el reparo en torno a la misma tampoco tenga posibilidad alguna de prosperar.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia recurrida.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al tribunal de origen y cúmplase».

(11) El mutuo acuerdo para la práctica unanimidad de la doctrina es la conexión subjetiva entre los diferentes intervinientes en una conducta y que persigue como fin último, como objetivo común, la realización del hecho. Para la consecución conjunta de este objetivo, resulta evidente que los diferentes intervinientes deberán coordinar, en mayor o menor medida, sus aportaciones al hecho. Victoria García del Blanco. La coautoría en derecho penal, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, página 381.

(12) Aunque enseguida conoceremos las excepciones, es algo generalmente aceptado que, para que haya coautoría, debe existir, como nexo subjetivo entre los actuantes, un plan común, entendido este como un mínimo acuerdo entre los coautores, una coincidencia de voluntades, una resolución común del hecho, en definitiva, un dolo común en el sentido en que hablé de tal al tratar la teoría del acuerdo previo, sin que sea necesario un detallado plan o un acuerdo previo. Miguel Díaz y García Conlledo, La autoría en derecho penal, Barcelona, Editorial PPU, 1991, página 653.

(13) En segundo lugar, debe mediar una contribución, un aporte objetivo y esencial al hecho, de tal manera que este sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, por ello se requiere un dominio funcional del hecho, pues cada uno debe ser una pieza fundamental para llevar a cabo el plan general. Por lo tanto, no se precisa que cada concurrente realice totalmente la acción típica, pero si es necesario a no dudarlo que el aporte esencial se lleve a cabo en la fase ejecutiva de la misma, pues de lo contrario se estarían penando aportaciones en las fases previas en contravía de un derecho penal de acto. Fernando Velásquez Velásquez, Derecho Penal, Medellín, Editorial Comlibros, 2009, página 902.

(14) Miguel Díaz y García Conlledo, La autoría ..., ob., cit. página 656.

(15) Sentencia de 21/08/2003, Rad. 19213.

(16) Sentencia de 9/03/2006, Rad. 22327.

(17) Fl. 172.

(18) Fl. 5, cdno. 3.

(19) Fl. 144, cdno. 3.