Sentencia 33510 de julio 7 de 2010

 

Sentencia 33510 de julio 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 216

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Temas: Justicia para infantes y adolescentes: normas que la sustentan. Ley 1098 de 2006: Naturaleza de las sanciones. No procede rebaja de pena por aceptación de cargos.

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El problema jurídico que en esencia debe resolver la Sala puede plantearse de la siguiente forma: ¿los beneficios de la llamada justicia premial consagrados en la Ley 906 de 2004 con ocasión del juzgamiento de conductas punibles cometidas por adultos, pueden aplicarse extensivamente a los menores de edad infractores de la ley penal?

1. Con el fin de depurar la discusión es obligatorio, en primer lugar, precisar que no es verdad, como lo afirma el actor en la demanda, que tal cuestión haya sido objeto de estudio por la Corte Constitucional en la Sentencia C-789 de septiembre 20 de 2006, M.P. doctor Pinilla, a la que, entre comillas, atribuye el siguiente contenido:

“...‘Lo anterior indica que la aceptación de cargos pretende la rebaja de la sanción a imponer y en el caso de infancia y adolescencia se reconoce la rebaja de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 en la mayoría de los casos por cuanto los adolescentes no tienen derecho a los otros mecanismos sustitutivos que gozan los mayores infractores de la ley penal. Y por tratarse de una justicia especializada’...”.

Revisada la citada sentencia, se advierte la inexactitud del demandante, pues en ella no hay un razonamiento semejante al anterior, ni algún otro vinculado al tema que concita la atención de la Sala, ya que en el aludido fallo el máximo juez de la jurisdicción constitucional se pronunció acerca de una demanda de inexequibilidad de varias normas de la Ley 906 de 2004, pretensión en relación con la cual hizo el siguiente pronunciamiento:

“En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los segmentos normativos acusados en los artículos 39, inciso 1º; 74, numeral 2º; 102, inciso 2º; y 350, inciso 1º, de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustancial de la demanda.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘registro personal’ contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que se trata de una revisión externa, superficial y no invasiva.

3. Declarar EXEQUIBLE la expresión ‘registro de vehículos’ contenida en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

4. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones ‘inspección corporal’ e ‘y otras diligencias similares’ contenidas en el artículo 208 de la Ley 906 de 2004.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase”(2).

De la parte resolutiva transcrita es claro que ninguna pertinencia tienen los fundamentos de dicho pronunciamiento con la solicitud incoada ante esta corporación, y dado que al hacer en el respectivo memorial una cita jurisprudencial inexistente, el censor pudo incurrir en un comportamiento distanciado del recto ejercicio de la profesión(3), se compulsarán copias de la demanda ante el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria, para que proceda de conformidad.

2. Ahora bien, en aras de dotar de un marco conceptual y jurídico la solución del problema planteado, es pertinente recordar que desde hace bastante tiempo los niños, entendiendo por tal toda persona menor de dieciocho años de edad, han concentrado la atención de organismos multilaterales a efecto de consagrar en diversos instrumentos de derecho internacional su protección especial e integral por parte de la familia, la sociedad y el Estado, pues debido a su falta de madurez y consiguiente vulnerabilidad o indefensión, urge la necesidad de garantizarles un proceso de formación o desarrollo en condiciones adecuadas, ya que ellos representan el futuro de la humanidad, motivo por el que resulta perentorio hacer una breve recapitulación de la correspondiente normatividad.

2.1. La obligación de proporcionar a los niños una protección especial fue enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 26 de septiembre de ese año, en los siguientes términos:

“Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, llamada Declaración de Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, declaran y aceptan como deber, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia, que:

1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual.

2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados.

3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.

4. El niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación.

5. El niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo”.

El deber de brindar protección especial e integral al niño fue nuevamente proclamado por el citado organismo en la Declaración de los Derechos del Niño(4), para cuya efectividad el 29 de noviembre de 1989 se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento ratificado en Colombia a través de la Ley 12 de 28 de enero de 1991.

Ninguna discusión cabe en cuanto a que todos los tratados relacionados con derechos humanos suscritos por Colombia (como la Declaración Universal de los Derechos Humanos(5), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Civiles y Políticos(6), la Convención Americana sobre Derechos Humanos(7), etc.), incluyen normas de las que es posible sustentar, en términos generales y amplios, la urgente e inaplazable necesidad de procurar una protección especial a la niñez en todos los aspectos, y en particular cuando los menores resultan comprometidos en la realización de conductas punibles, de suerte que para efecto del tema que aquí interesa, impera destacar que con la Convención sobre los Derechos del Niño(8), el Estado se comprometió, entre otras obligaciones, a que:

“Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño, se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

Todo niño privado de libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y a otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, imparcial e independiente, y a una pronta decisión sobre dicha acción(9).

Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad.

Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:

Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidas por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:

Que lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

Que será informado sin demora y directamente de los cargos que pesan contra él, y en casos apropiados, por intermedio de sus padres o su tutor, y dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia adecuada en la preparación y presentación de su defensa;

Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y a menos que se considere que ello fuere contrario al mejor interés del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación e interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

Si se considera que ha infringido las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de la misma será sometida a una autoridad u órgano superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

Que el niño contará con la libre asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;

Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, y en particular:

El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plenamente los derechos humanos y las garantías legales.

Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde la proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción” (10).

2.2. En materia de justicia juvenil también han sido emitidos otros parámetros supranacionales que aun cuando de manera directa no hacen parte del llamado Bloque de Constitucionalidad, no son preceptos intrascendentes en relación con la valoración e interpretación de las normas de derecho interno a través de las cuales pueden ser afectadas garantías fundamentales, como por excelencia lo son las contenidas en las codificaciones penales, tanto sustantivas como adjetivas.

Se trata de instrumentos elaborados en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU), estandarizados en las siguientes recopilaciones: las Reglas mínimas para la administración de justicia de menores (“Reglas de Beijing”(11), Res. 40/33 de 1985), las Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (“Directrices de Riad”, Res. 45/112 de 1989), las Reglas mínimas sobre medidas no privativas de la libertad (“Reglas de Tokio”, Res. 45/110 de 1990) y las Reglas mínimas para la protección de los menores privados de libertad (“Reglas de la Habana”, Res. 45/113 de 1990), acerca de las cuales el Comité de Derechos de los Niños(12), en su Observación General 10 de 2007, precisó que uno de los objetivos del seguimiento a la aplicación de la respectiva convención era

“Promover la integración en una política nacional y amplia de justicia de menores de otras normas internacionales, en particular las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (‘Reglas de Beijing’), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana’) y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (‘Directrices de Riad’)”.

Los citados documentos, por constituir doctrina autorizada en materia de protección de derechos humanos o expresiones consuetudinarias de derecho internacional humanitario, no solamente pueden, sino que deben ser considerados pieza integral del bloque de constitucionalidad, en la medida en que están referidos a la interpretación, concreción y activación de principios generales y mandatos fundamentales explicitados en diferentes tratados internacionales ratificados por Colombia, siendo por lo tanto vinculantes en el ordenamiento interno según lo dispuesto en los artículos 44, 45, 93 y 94 de la Constitución Política, y deben ser acogidos en los casos de procesamiento de menores de edad por violación de la ley penal(13).

2.2.1. En las reglas mínimas para la administración de justicia de menores (Res. 40/33 de 1985), acerca del tema aquí tratado, en su numeral 17, titulado “Principios rectores de la sentencia y la resolución”, se consagran unas pautas de perentorio cumplimiento por las autoridades competentes al momento de adoptar una decisión final (sentencia) acerca del tratamiento jurídico que recibirá el menor transgresor, las cuales pueden resumirse como sigue:

Ordena una necesaria correspondencia entre la medida impuesta, las circunstancias y la gravedad del hecho, las condiciones y necesidades del menor y los requerimientos de la sociedad(14).

Prevé que las sanciones restrictivas de la libertad únicamente serán infligidas cuando hayan sido debidamente ponderadas, y por el mínimo lapso posible(15).

La privación de la libertad personal solo puede aplicarse cuando el menor haya incurrido en un delito grave y violento contra otra persona, o por reincidencia en otros ilícitos de igual naturaleza, y cuando no exista otra respuesta institucional apropiada(16).

La autoridad responsable de imponer las sanciones, a efecto de adoptar una decisión en tal sentido, deberá atender como criterio orientador principal la promoción del interés superior del menor, velando por su protección integral, sin desconocer las particularidades de cada caso(17).

En consonancia con la Constitución Política de Colombia, así como con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6.5), la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 4.5) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 37 a), prohíbe la pena de muerte frente a los delitos cometidos por menores de edad(18).

Como igualmente están proscritos en las normas superiores atrás citadas los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el aludido instrumento veda la imposición de sanciones de tipo corporal a los niños infractores(19).

Se otorga a las autoridades competentes la facultad suspender el proceso en cualquier etapa, bajo el entendido, obviamente, de que estén acreditadas circunstancias indicativas de que esa decisión es aconsejable en aras de salvaguardar el interés superior del menor infractor(20).

Acerca de las medidas restrictivas o privativas de la libertad, el citado documento hace énfasis en su carácter residual o de última ratio, respecto de menores transgresores de la ley penal, conforme así se desprende de las reglas 18 y 19.

En la primera, titulada “Pluralidad de medidas resolutorias”, dispone que “para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones”, y luego ofrece como ejemplo un listado de posibles alternativas, previendo la aplicación simultánea de algunas de ellas(21).

A su turno, en la segunda, bajo el epígrafe “Carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios”, prevé: “19.1. El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible”.

El instrumento también consagra en las disposiciones 23 a 25 diversos aspectos relacionados con el tratamiento por fuera de establecimientos penitenciarios, en temas tales como la ejecución efectiva de órdenes(22), la prestación de la asistencia requerida por el menor para garantizar su bienestar durante el proceso de rehabilitación(23) y la cooperación de organizaciones de voluntarios y comunitarias(24).

Finalmente, en las reglas 26 a 29 prevé una serie de enunciados dirigidos a sistematizar la forma en que debe dispensarse el tratamiento del menor infractor en centros especializados de reclusión, haciendo particular énfasis en los objetivos resocializadores, protectores y educativos de tal tratamiento y las garantías básicas que se deben observar en su ejecución(25), la aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos(26), la concesión frecuente y pronta de libertad condicional(27) y la necesidad de establecer sistemas intermedios de protección que faciliten la transición de los menores delincuentes hacia la vida en sociedad(28).

2.2.2. Guardando consonancia con las disposiciones acabadas de aludir, en las reglas mínimas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana), se compendia una serie de pautas a considerar y hacer efectivas en todos los casos en que se adopte esa clase de sanción respecto de infracciones de la ley penal por menores de edad.

Así, la Regla 1 prevé dos principios tutelares de obligatoria observancia: de una parte, el relacionado con la protección integral y promoción del interés superior del menor, al establecer que el sistema de justicia de menores “deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental”; y por otra, precisa que respecto de aquellos “el encarcelamiento deberá usarse como último recurso”.

La 2 dispone, en primer lugar, que toda privación de libertad de un menor transgresor debe llevarse a cabo acatando las pautas mínimas que constan en ese instrumento y en las Reglas de Beijing; en segundo término, insiste en que aquel únicamente puede ser restringido en su libertad personal de manera excepcional, como última opción, y por el menor tiempo posible, y en tercer término, faculta a la autoridad judicial para decidir sobre la duración de esta medida, manteniendo abierta la posibilidad de dejar al menor en libertad antes del término inicialmente fijado(29).

La Regla 11 de esta compilación define el concepto de privación de la libertad en los siguientes términos:

“Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”.

Las 12 y 13, en términos generales, consagran diversas cláusulas orientadas a proteger los derechos humanos de los menores sometidos a privación de la libertad, a quienes se debe: (i) proveer la oportunidad de realizar actividades y programas que contribuyan a su desarrollo, educación y resocialización, fomentando en todo momento su sentido de la dignidad(30), y (ii) garantizar que por su condición de privación de la libertad, no se les negará el respeto de sus derechos civiles, económicos, sociales, políticos o culturales(31).

Por su parte, las reglas 17 y 18 se refieren a los menores que han sido detenidos o puestos en detención a la espera de juicio, y consagran garantías mínimas de obligatoria observancia en esos eventos, como la presunción de inocencia(32); el carácter residual y excepcional de la detención preventiva(33); la tramitación prioritaria y expedita de los procesos de menores sujetos a esa medida(34); la separación de los menores detenidos previamente, de aquellos que ya fueron declarados culpables(35); el derecho de asistencia técnica y gratuita, cuando ello sea posible, y a comunicarse de manera regular con sus apoderados de manera privada y confidencial(36); el derecho a realizar, cuando sea posible, labores de estudio y trabajo voluntarias, sin que se pueda prolongar su detención por razones de estudio o de trabajo(37); y a recibir y conservar material de esparcimiento apropiado a su condición(38).

Por último, no está de más señalar que las subsiguientes normas previstas en este Instrumento reglamentan variados aspectos atinentes a la administración y el funcionamiento de los centros de reclusión o de confinamiento, como el ingreso, registro, desplazamiento y traslado de los menores; su clasificación y asignación; las características de la edificación y la clase de alojamiento que se les ha de proveer; las oportunidades de educación, formación profesional y trabajo; las actividades recreativas que han de desarrollar; la atención médica; la comunicación con familiares y la sociedad; prohibición acerca de la coerción física y el uso de la fuerza; los procedimientos disciplinarios; la inspección de las instituciones, y el personal con el que deben funcionar, entre muchos otros temas.

3. Para la Corte es evidente que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes implementado en la Ley 1098 de 2006, libro II, en materia de sanciones respecto de un comportamiento definido como delito del que ha sido declarado responsable un menor de edad, cumple los citados estándares internacionales.

3.1. Obsérvese que la codificación en comento, acogiendo el principio de flexibilidad previsto en los instrumentos supranacionales, consagró una progresiva gama de medidas aplicables a los adolescentes a quienes se les ha declarado su responsabilidad penal, entre las que está concebida la privación de la libertad como recurso último y excepcional, únicamente para delitos considerados graves, por un lapso mínimo que el legislador, dentro de su libertad de configuración, consideró era consecuente con la necesidad de protección integral del menor infractor y de prevalencia de su interés superior.

A este respecto es necesario puntualizar que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con el fin de garantizar el trato especial y diferenciado de estos en relación con el dispensado a los adultos que infringen la ley penal(39), aun cuando en la parte sustantiva es dependiente de las categorías dogmáticas propias del Código Penal (L. 599/2000), pues las hipótesis de violación por las que puede responder un menor de edad son las definidas allí como delitos —atendiendo sus elementos (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad); los institutos de la autoría y la participación; la tentativa, y las modalidades subjetivas del tipo (dolo, culpa, preterintención), etc.—, igualmente es autónomo respecto de la consecuencia jurídica, pues contempla una serie de medidas para sancionar al menor transgresor de naturaleza y contenido distinto de las establecidas para los mayores de edad, las cuales responden también a unos fines diversos, y tienen sus propios criterios de selección y dosificación.

En efecto, las sanciones son las señaladas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, libro II, artículo 177, norma en la que están previstas como tales: la amonestación(40), la imposición de reglas de conducta(41), la prestación de servicios a la comunidad(42), la libertad asistida(43), la internación en medio semicerrado(44) y la privación de la libertad en centro de atención especializado(45), todas las cuales tienen expresamente señalada una finalidad protectora, educativa o pedagógica, y restaurativa, debiendo ser aplicadas con el apoyo de la familia del menor y la vigilancia de especialistas.

Además, esas medidas ostentan unas características ajenas a las de los adultos: (i) excepto la amonestación y la privación de la libertad, las otras solo tienen fijado un límite máximo; (ii) aún tratándose de un único delito, el juez puede imponer la ejecución simultánea de algunas de ellas atendiendo el carácter unitario del tratamiento sancionatorio y con sujeción a los principios de mínima aflicción y máxima eficacia; y (iii) no son definitivas sino esencialmente modificables o sustituibles durante su ejecución a favor del adolescente, atendidas sus circunstancias individuales y necesidades especiales(46).

Dichas particularidades obedecen a que las expresadas sanciones deben cumplirse en programas de atención especializada diseñados por el sistema nacional de bienestar familiar y de conformidad con los lineamientos técnicos previstos para tal efecto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(47), además que en el seguimiento y vigilancia de su ejecución la autoridad competente debe asegurarse de que el menor infractor esté vinculado al sistema educativo(48), todo ello consultando su interés superior, y en procura de su pronta rehabilitación y resocialización(49).

Ahora bien, la finalidad protectora de todas las sanciones apunta a alejar al menor transgresor y a prevenir a la sociedad de nuevas conductas delictivas por parte de este; su carácter educativo o pedagógico está orientado a que asuma consciencia acerca del daño causado, y en función de ello adopte valores y principios que le permitan discernir la importancia del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; y el fin restaurativo, implica no solo que el adolescente, desde el punto de vista político social, adquiera sentido de responsabilidad con la reparación del perjuicio infligido a la víctima, sino también lograr su reincorporación a la sociedad para que consolide su desarrollo.

Todo lo anterior se sustenta en que como los menores, atendida esa etapa de la vida en que se encuentran, en la que aún no han afianzado su proceso de formación psíquico y emocional, son personas susceptibles de una intervención positiva mediante la cual se les brinde un conjunto de herramientas a través de las cuales aprendan a respetar los derechos de terceros, y a reconocer las normas que hacen posible la convivencia pacífica.

El objetivo esencial de las sanciones previstas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es la consolidación de sentimientos de propiedad y de relevancia social de los propios actos, proceso en el que debe garantizarse el libre desarrollo de la personalidad del menor, de manera tal que la imposición y ejecución de esas medidas le permitan experimentar dentro de un marco de legalidad la importancia y beneficios de la convivencia armónica, el civismo, la tolerancia, el respecto de sí mismo y de los derechos de sus semejantes.

Solo atendiendo la consecución de esos fines, las sanciones, además de coercitivas (por ser la reacción o respuesta del Estado ante la comisión de un delito por un menor e implicar una restricción progresiva de sus derechos, en todo caso menos aflictiva que si se tratara de un adulto), al mismo tiempo contribuirán a su cabal desarrollo como persona y como ciudadano productivo y constructivo en la sociedad.

3.2. Ahora bien, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, a diferencia de lo que ocurre con los adultos, las conductas delictivas cometidas por los menores no tienen una relación unívoca y directa con la sanción, sino que se deja al operador jurídico una relativa discrecionalidad (principio de flexibilidad) para seleccionar las que correspondan en el caso concreto, de conformidad con unos criterios expresamente señalados en la citada codificación.

El artículo 179 de la Ley 1098 de 2006, prevé que para definir “las sanciones aplicables” el fallador debe tener en cuenta: (i) “la naturaleza y gravedad de los hechos”; (ii) “la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente, y las necesidades de la sociedad”; (iii) “La edad del adolescente”; (iv) “La aceptación de cargos por el adolescente”; (v) “El incumplimiento de los compromisos adquiridos con el juez”, y (vi) “El incumplimiento de las sanciones”.

Impera aclarar que los criterios enunciados en el citado precepto tienen una doble función: cualitativa y cuantitativa. Lo primero, porque se aplican para seleccionar la naturaleza de la medida por imponer o la combinación de varias de ellas; y lo segundo, porque constituyen fundamentos objetivos que deben ser ponderados al momento de establecer la cantidad o magnitud de la respectiva medida sancionadora, valga decir, su duración, excepto, por obvias razones, cuando se trata de amonestación.

De acuerdo con lo anterior, la interpretación del aludido precepto de manera sistemática con los artículos 177, 178 y 187 ibídem, en armonía con los principios consagrados en los Instrumentos Internacionales atrás referidos, permite las siguientes conclusiones acerca de la selección de la clase de sanción:

a) En principio, para adolescentes de catorce (14) años y menores de dieciocho (18), la privación de la libertad en un centro de atención especializada por un lapso de dos (2) a ocho (8) años, solo procede respecto de delitos graves, categoría que en la Ley 1098 de 2006 está atribuida a las conductas de homicidio doloso, secuestro y extorsión, en todas sus modalidades(50), es decir, el legislador asignó esa clase de sanción y los respectivos márgenes de movilidad independientemente de si se trata conductas tentadas o agotadas, agravadas o atenuadas, cometidas en calidad de autor, cómplice, interviniente, etc.

b) Cuando se trate de delitos menos graves, categoría que corresponde a los sancionados en el Código Penal con pena mínima de prisión que sea o exceda de seis (6) años (atendidos los fundamentos reales modificadores de los extremos punitivos), la sanción por imponer igualmente será la privación de la libertad en un centro de atención especializada, pero por un período de uno (1) a cinco (5) años, y únicamente cuando el autor o partícipe de tales comportamientos tenga dieciséis (16) años cumplidos y sea menor de dieciocho (18)(51).

c) En los demás eventos, es decir: (i) cuando se trate de delitos sancionados en el Código Penal con pena mínima de prisión que sea o exceda de seis (6) años (diferentes a los de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en cualquiera de sus modalidades), pero cometidos por adolescentes de catorce (14) años de edad cumplidos y menores de dieciséis (16), o (ii) respecto de comportamientos punibles reprimidos con una pena mínima de prisión inferior a seis (6) años (se reitera, atendidos los fundamentos reales modificadores de los extremos punitivos), sin importar la edad del adolescente infractor, no procede la privación de la libertad y el operador jurídico goza de discrecionalidad para seleccionar entre las demás previstas en el artículo 177, la o las que mejor convengan al caso concreto, con sujeción a los criterios fijados en el artículo 179 de la Ley 1098 de 2006.

d) No obstante lo dispuesto acerca de la procedencia de la privación de la libertad respecto de los delitos enunciados en el artículo 187, inciso segundo, de la Ley 1098 de 2006, y dado que el principio rector (tanto en el ámbito interno como supranacional) es el carácter excepcional y de última ratio del confinamiento, el operador jurídico, con el fin de dotar de coherencia y unidad a todo el ordenamiento en materia represiva, atendidas las concretas circunstancias fácticas y jurídicas del caso, y con el fin de garantizar la protección integral del adolescente y su interés superior, cuando de acuerdo con las causales objetivas de modificación de la pena concurrentes el mínimo resulte ser inferior a seis (6) años, puede optar por una sanción diferente para el menor infractor, sin que ello se traduzca en desconocimiento del principio de estricta legalidad.

A manera de ejemplo, debe señalarse que ese sería el proceder cuando se esté frente a un homicidio cometido por un adolescente con exceso en alguna de las causales de justificación, o en estado de ira o intenso dolor, o en circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, etc., ya que en esos caos (sin descartar hipótesis análogas), tratándose de un adulto, la pena mínima no supera los treinta y cinco (35) meses de prisión y puede ser merecedor de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, resultando desigual e injusto que por acatamiento simple y llano del texto de la norma arriba citada, a aquel se le inflija privación de la libertad.

e) Cualquiera sea la medida impuesta, en el curso de su ejecución, de acuerdo con las circunstancias individuales del menor transgresor y sus necesidades especiales, el juez puede modificarla o sustituirla por otra de las previstas en la legislación en cuestión teniendo en cuenta el principio de progresividad, esto es, por una menos restrictiva, y por el tiempo que considere pertinente, sin que pueda exceder los límites fijados en las respectivas disposiciones ni el lapso de ejecución que reste de la modificada o sustituida; cuando se trate de la privación de la libertad, el incumplimiento del adolescente infractor de los respectivos compromisos, acarreará la satisfacción del resto de la sanción inicialmente asignada(52).

f) En los casos en que el menor de edad incurra en un concurso de conductas punibles, no tiene cabida la regla de dosificación del artículo 31 de la Ley 599 de 2000, ya que la misma no encuentra correspondencia con la naturaleza diferenciada del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y resulta contraria a las reglas de flexibilidad y progresividad consustanciales a ese modelo de tratamiento.

Es que si de acuerdo con los axiomas citados el juez puede, frente a un delito, atendidos los criterios del artículo 179 de la Ley 1098 de 2006, imponer la ejecución simultánea de algunas de las sanciones allí previstas, nada impide que respecto de varias conductas se adopte idéntico proceder o seleccione solo una de esas medidas que en el caso concreto cumpla a cabalidad los fines inherentes, con sujeción a los principios de mínima aflicción y máxima eficacia.

3.3. Ahora bien, desde el punto de vista adjetivo, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes depende de la normatividad que gobierna los procesos penales de adultos, de acuerdo con la siguiente disposición:

“ART. 144.—Procedimiento aplicable. Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente” (resaltado ajeno al texto).

Y en armonía con tal precepto la misma legislación expresamente señala:

“ART. 157.—Prohibiciones especiales. En los procesos de responsabilidad penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa.

Cuando el adolescente aceptare los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación se procederá a remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica, social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha audiencia.

El juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma” (negrilla y subrayado ajenos al texto).

De lo anterior se desprende que aun cuando por remisión, en líneas generales, los procesos de adolescentes que infringen la ley penal están gobernados por el trámite establecido en la Ley 906 de 2004, respecto de ellos están proscritas taxativamente las normas de esa legislación relacionadas con la llamada justicia premial, sin que válidamente pueda predicarse en el sistema de juzgamiento de los menores la aplicación de los correspondientes preceptos, en particular del artículo 351 de la citada codificación, concerniente a la rebaja de pena por allanamiento.

Lo anterior obedece al carácter pedagógico, específico y diferenciado inherente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, enmarcado dentro de una finalidad última cual es garantizar la protección integral(53) y el interés superior(54) del menor infractor. Así lo dispone la aludida legislación:

“ART. 140.—Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.

En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema.

PAR.—En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes” (resaltado ajeno al texto).

4. De las normas transcritas en precedencia es evidente que la aplicación del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 resulta contraria a la teleología del sistema de enjuiciamiento previsto en la ley para el adolescente que incurre en la comisión de un comportamiento delictivo, sin que pueda sostenerse con acierto, como lo reclama el demandante, que al no conceder la rebaja señalada para los adultos en aquella disposición, las garantías fundamentales de favorabilidad e igualdad resultarían vulneradas.

4.1. En cuanto a la invocación del principio de favorabilidad como fundamento para aplicar en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes los beneficios dispuestos en el citado precepto frente a los eventos de allanamiento a cargos, impera precisar que de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución Política, la garantía genérica del “debido proceso”, comprende, entre otros, el principio y derecho fundamental de la legalidad preexistente, en virtud del cual ninguna persona puede ser sancionada sino por hechos definidos con antelación en la ley como lesivos de bienes jurídicamente tutelados, y tras ser sometida a juzgamiento con respeto de todas sus garantías, de conformidad con reglas previamente establecidas(55).

Como condición inherente a esa prerrogativa, se establece el deber del operador jurídico de aplicar la disposición sustantiva o adjetiva más favorable al sujeto pasivo de la función coercitiva del Estado, cuando quiera que entre el momento de la comisión del hecho previsto como infracción a la ley penal y el de la emisión de la respectiva sentencia exista un tránsito de leyes, circunstancia que impone al juzgador la carga de hacer un juicio para determinar cuál norma resulta benigna en el específico asunto.

De allí deriva la obligación de aplicar ultractivamente el precepto derogado pero que regía en el momento de la comisión del comportamiento, o retroactivamente la disposición actualmente en vigor pero que no lo era para ese entonces, solución que estará dada según la que resulte benéfica al sujeto activo del injusto típico.

Además, la jurisprudencia de la Sala(56) ha aceptado que en tratándose de legislaciones procesales coexistentes reguladoras de institutos análogos, contenidos en una u otra, también tiene cabida la activación del principio de favorabilidad, siempre y cuando con ello no se desconozcan la esencia y naturaleza jurídica de los correspondientes sistemas de enjuiciamiento.

Esto último debido a que la aplicación de la ley penal favorable, en últimas, materializa el principio de igualdad en la aplicación de la ley, en la medida en que por fuerza de la política criminal del Estado situaciones fácticas similares pueden recibir tratamiento normativo diferente en el transcurso del tiempo, lo cual puede resultar más o menos gravoso para los destinatarios, quienes estarían habilitados para invocar a su favor los preceptos creados en otros contextos para regular de manera benévola situaciones semejantes, a fin de ser receptores de igual gracia.

4.2. Frente al problema que encara la Sala, es palmario que no se trata de un típico conflicto de leyes en el tiempo, que reclame la aplicación favorable, ultractiva o retroactiva, de un precepto sustantivo o adjetivo, sino que más bien se asemejaría a una pugna o enfrentamiento de legislaciones coexistentes en las que se otorga un tratamiento diferenciado a situaciones semejantes.

En el Código de la Infancia y la Adolescencia, según disposición ya transcrita, la investigación y juzgamiento de conductas delictivas cometidas por adolescentes mayores de (14) catorce años y menores de dieciocho (18), se rige por la sistemática implementada en la Ley 906 de 2004, salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en la propia Ley 1098 de 2006, y con excepción de las disposiciones de aquella codificación contrarias al interés superior del menor de edad transgresor.

Desde esa perspectiva y consecuente con la citada norma, en la aludida legislación de menores la aceptación de cargos por el adolescente infractor permite la emisión anticipada de la respectiva sentencia(57) como en la Ley 906 de 2004, pero tiene asignado un efecto expreso y correlativo diferente al de esta, al consagrar tal comportamiento post-delictual como un criterio para determinar la clase e intensidad de sanción, así como para su posterior modificación, es decir, materializa consecuencias específicas, cualitativas y cuantitativas, favorables al menor de edad(58).

Lo anterior reconduce la discusión a establecer si por los efectos que le atribuye la legislación en cuestión a la aceptación de cargos del menor de edad, se desconoce el principio de igualdad en relación con los adultos por el mismo proceder.

4.3. Como ya lo ha precisado la Sala, con sustento en antigua y reiterada pedagogía jurisprudencial de la Corte Constitucional(59), la igualdad ante la ley fue establecida en la Constitución Política de Colombia desde su preámbulo como uno de los valores consustanciales al Estado social de derecho, y en la misma Carta Superior se halla reiterada de manera tácita entre los fines de este como elemento “para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan” (art. 2º), además que constituye expreso derecho fundamental inalienable (artículo 13) que el Estado se halla en la obligación de reconocer y amparar sin discriminación alguna (art. 5 º).

Aquella garantía comprende los siguientes aspectos: (i) responde al enunciado general, según el cual, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades; (ii) implica la prohibición de establecer o consagrar discriminaciones, es decir, garantiza que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio o se restrinja el ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, o posición económica; (iii) exhorta al Estado a promover condiciones para lograr que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas; (iv) lleva intrínseca la posibilidad de conceder ventajas o prerrogativas en favor de grupos disminuidos o marginados; (v) permite la especial protección de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, y (vi) sanciona los abusos y maltratos cometidos contra quienes se hallen en estas últimas circunstancias.

La igualdad se traduce, en consecuencia, en la garantía a que no se instauren excepciones o privilegios que exceptúen a unos individuos de lo concedido a otros en idénticas circunstancias, lo cual implica como complemento reconocer la amplia gama de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, judicial, etcétera, dimensiones todas que en justicia, deben ser relevantes para el derecho.

De ahí que la igualdad amparada en la Constitución Política tenga una concepción objetiva y no simplemente formal, pues se predica de la identidad entre iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción que supera la noción de la igualdad ante la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, y da cabida al principio de acuerdo con el cual no se permite regulación diferente de sujetos iguales o análogos y autoriza disímil reglamentación o trato de individuos distintos siempre que esté razonablemente justificado.

Con todo, la igualdad formal no es ajena al establecimiento de diferencias en el trato, sustentadas en condiciones relevantes que imponen la necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos diferentes, cuyos supuestos exigen una acogida igual para los mismos y desigual con respecto a quienes no se encuentran cobijados por las mismas circunstancias.

4.4. En el caso de los menores de edad autores o participes de un comportamiento definido como delito, la misma ley, en estricto acatamiento de estándares internacionales, ordena dispensarles un trato especial y diferenciado en relación con el que corresponde a los adultos que infringen el ordenamiento penal sustantivo.

Tal distinción se aprecia, fundamentalmente, en la consecuencia jurídica frente al delito, pues el sistema de responsabilidad penal para adolescentes no está gobernado por la concepción de pena propia del de los mayores de edad, y aun cuando las medidas sancionatorias previstas en aquella legislación externamente comportan un grado de aflicción de los adolescentes, el mismo es de menor intensidad al que corresponde a las penas previstas para los adultos que infringen la ley penal.

Allí radica otra diferenciación, ya que mientras respecto de los mayores de edad se manejan los conceptos de penas principales (por regla general la prisión y la multa) y penas accesorias (restrictivas de otros derechos, en tanto no estén previstas como principales), los mismos son ajenos al sistema penal de adolescentes, en el que consagró una variada relación de medidas, de una parte, regidas por el principio de flexibilidad, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, que permite al funcionario judicial escoger, de acuerdo con unos precisos criterios, la que mejor le convenga al menor transgresor, privilegiando su interés superior y en pos de su protección integral; y de otra, esas medidas responden a una axiología y finalidades distintas de las penas señaladas para los adultos, dado que están orientadas a la protección, educación y restauración para asegurar que el adolescente tenga un papel útil y constructivo en la sociedad.

Ahora bien, aun cuando la aceptación de cargos del menor de edad tiene consecuencias idénticas al allanamiento a la imputación en la sistemática de los adultos (termina en forma abreviada el proceso, permite la condena anticipada del infractor y descongestiona el aparato judicial), atendida la naturaleza y finalidades de las sanciones contempladas en la Ley 1098 de 2006, libro II, en lo sustancial resulta incompatible el descuento señalado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.

Tal beneficio fue concebido en consonancia con una política criminal de penas altas, rígidas o fijas, tras cuya imposición, una vez ejecutoriada la sentencia, son inmodificables por el operador jurídico, resultando compatibles con aquel otra clase de institutos tendientes a morigerar el rigor del confinamiento, como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria y la libertad condicional, los cuales son por completo ajenos en tratándose de un menor de edad transgresor, por cuanto, se reitera, ellos no están sujetos al concepto de pena.

En efecto, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tal y como ya se señaló, el principio de flexibilidad cualitativa y cuantitativa le permite al funcionario seleccionar del listado de medidas previsto por el legislador, aquella que reporte los mejores resultados a los fines de las sanciones, atendida la situación del menor y las circunstancias particulares del caso, discrecionalidad en la que también incide el principio de progresividad, ya que están diseñadas en función de la mínima intervención, como es la amonestación, hasta un excepcional y último recurso aflictivo, como lo es la privación de libertad en un centro de atención especializada.

Además, excepto la amonestación que, obviamente, no tiene diques temporales, y la privación de la libertad para delitos graves, a la que le fueron asignados unos límites mínimo y máximo ínfimos en comparación con los que por punibles semejantes enfrentaría un adulto en prisión, las demás medidas contempladas para el adolescente infractor son abiertas en el mínimo y cerradas en el máximo, y por expresa disposición legal es característica consustancial a todas ellas, que luego de impuestas son esencialmente modificables o sustituibles en favor del menor transgresor, esto es, por otra de baja intensidad.

Lo anterior, obedece a que las sanciones del Código de la Infancia y la Adolescencia tienen como referente a un sujeto que por no haber agotado su proceso de desarrollo psíquico y emocional, es pasible de intervención positiva con base en el carácter protector, pedagógico y restaurador que es inherente a aquellas.

De lo puntualizado se concluye que reivindicar el derecho a la igualdad para obtener la aplicación del beneficio que alude el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en los casos en que el menor infractor acepte cargos, no es más que la afirmación de su contrario, porque la igualdad entre desiguales es desigualdad.

Finalmente, no está de más precisar que aplicar la rebaja estatuida en la citada norma, solo en relación con la medida de privación de la libertad en centro de atención especializada, además de no constituir afirmación de los principios de favorabilidad e igualdad ante la ley, tampoco realiza el mandato internacional de garantizar que la afectación de la libertad personal sea por el menor tiempo posible.

Esta última garantía se mantiene incólume en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con los principios de flexibilidad y progresividad que, justamente, permiten sustituir la privación de la libertad en cualquier momento por una más benigna en función de los resultados obtenidos a través de los programas de atención especializada implementados por el sistema nacional de bienestar familiar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como atendidas, las circunstancias individuales del transgresor y sus necesidades especiales.

Y por otra parte, aceptar que únicamente en relación con aquella sanción procede el descuento de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, implica propiciar un tratamiento desigual cuando el juzgamiento esté referido a comportamientos delictivos para los que en ningún caso procede aquella como última y excepcional medida [supra. 3.2. - c)], dado que, excepto la amonestación, las demás debe imponerlas el funcionario de acuerdo con su libertad reglada por un plazo determinado, término frente al cual, en eventos de allanamiento a cargos, siempre cabría invocar la rebaja, lo cual va en contra del interés superior del menor, pues, al ser a priori, haría nulos o ineficaces los fines protectores y educativos inherentes a tales medidas.

5. En conclusión, la Sala no casará la sentencia censurada habida cuenta que el Tribunal, con base en la apelación propuesta por el fiscal y el apoderado de la víctima, acertó al redosificar la sanción impuesta al adolescente JFRD en primera instancia por los delitos de homicidio agravado, en modalidad de tentativa, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal (L. 599/2000, arts. 27, 103, 104 - 7, 239, 240, inc. 2º, 241-10, y 365), retirando el descuento punitivo previsto en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, por ser ajeno e incompatible con la naturaleza especial y diferenciada del sistema de enjuiciamiento establecido para los menores de edad que incurran en la comisión de conductas punibles, ya que el mismo no está orientado a hacer prevalecer la protección integral y el interés superior de los adolescentes transgresores de la ley penal.

No sobra aclarar que la medida correspondiente al caso concreto, en acatamiento del principio de legalidad, era la privación de la libertad en un centro de atención especializada, por un lapso oscilante entre dos (2) y ocho (8) años de acuerdo con el artículo 187, inciso segundo, de la Ley 1098 de 2006, dado que entre los comportamientos delictivos que ejecutó el procesado se configuró el de homicidio agravado, en modalidad tentada.

Ese marco sancionador denota el trato especial y diferenciado otorgado por el legislador en los casos que el infractor es un menor de edad, pues por la misma conducta punible un adulto habría quedado sujeto a pena de prisión entre doscientos y cuatrocientos cincuenta meses (16 años y 8 meses a 37 años y 6 meses), susceptible de incrementar, una vez individualizada, hasta otro tanto, sin superar la suma aritmética de la que correspondería por los otros delitos.

Dentro de ese rango, el ad-quem descartó la aplicación de la rebaja por tentativa (L. 599/2000, art. 27) dispensada por el a-quo, por ser ajena e incompatible con los criterios señalados en el artículo 179 del Código de la Infancia y la Adolescencia, a los cuales se remitió en un extenso análisis de cada uno, con expresa mención de la aceptación de cargos del menor de edad, como factor influyente para individualizar la magnitud del confinamiento en treinta y cinco (35) meses.

Además, en el mismo pronunciamiento puntualizó el tribunal que la imposición de la respectiva medida se entendía sin perjuicio de que esta pudiese a futuro ser modificada o sustituida con base en las circunstancias particulares del joven transgresor y sus necesidades especiales.

6. Impera agregar, por último, que en la audiencia de sustentación el actor solicitó, adicionalmente, el desarrollo de la jurisprudencia en cuanto al rol del defensor de familia en el sistema de responsabilidad para adolescentes, tema que por no haber sido expuesto en la correspondiente demanda desborda los límites argumentativos de aquella diligencia, lo cual libera a la Sala de hacer un pronunciamiento al respecto, máxime cuando dicho problema ya fue abordado por la Corte en pretérita decisión, cuyos apartes vale la pena traer a colación para conocimiento del recurrente:

“El defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Dos aspectos deben abordarse en relación con el defensor de familia, de un lado, cuál es la calidad que ostenta en relación con los demás participantes en el proceso y, de otra parte, hasta dónde puede llegar su intervención.

Para resolver lo primero es preciso recordar que, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley 1098 de 2006, ‘salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro(60), el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (sistema penal acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente’, por lo tanto, es necesario acudir a ese cuerpo normativo para concretar quiénes están legitimados para actuar.

En el título IV del Código de Procedimiento Penal, relativo a las ‘partes e intervinientes’, aparece definido que la Fiscalía, la defensa y el imputado tienen el carácter de partes, en tanto la víctima ostenta la de interviniente, además, en el título III ibídem se reconoce al Ministerio Público esta última condición.

Ahora, la calidad de parte o interviniente en la Ley 906 de 2004 tiene una especial significación, por cuanto si se trata de lo segundo, se presenta una limitación en las posibilidades de actuación.

Visto el artículo 146 de la Ley 1098 de 2006, se evidencia que las facultades del defensor de familia respecto del sistema de responsabilidad para adolescentes, se contraen a acompañar al adolescente para verificar que se le estén garantizando sus derechos, a su vez, en el artículo 163-8 se reitera esa obligación y agrega que también puede tomar medidas ‘para su restablecimiento’, en el parágrafo primero del artículo 177 se le impone el deber de asegurar que en cumplimiento de cualquiera de las sanciones previstas por la citada ley, el adolescente esté vinculado a un sistema educativo y, finalmente, en el artículo 189 se indica que en caso de ser declarado responsable el adolescente, allegará un estudio en el cual por lo menos contenga la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para la imposición de la sanción’.

De lo anterior se sigue que el defensor de familia, en relación con el adolescente sometido al sistema de responsabilidad penal, tiene unas funciones especiales y, por lo tanto, debe catalogarse como interviniente bajo las precisas facultades conferidas en el libro segundo del Código de la Infancia y la Adolescencia.

Obviamente, ello en manera alguna lo limita para ejercer las funciones administrativas que con independencia del sistema de responsabilidad penal le compete desarrollar respecto del adolescente imputado, conforme al artículo 52 de la Ley 1098 de 2006.

Así las cosas, en todo momento el defensor de familia debe conservar sus funciones de (i) prevención, (ii) protección, (iii) garantía de derechos y (iv) restablecimiento de los mismos, aún en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Queda entendido que si dentro de esas precisas facultades debe hacer peticiones al juez, ellas deberán tener directa relación con las facultades antes señaladas, en aras de consultar el interés superior del adolescente y de preservar los roles que deben cumplir cada una de las demás partes e intervinientes”(61).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

NO CASAR la sentencia impugnada con base en el cargo formulado en la demanda, de conformidad con lo aquí precisado.

Por secretaría se compulsarán las copias ordenadas en el punto uno (1) de la parte considerativa.

Contra esta decisión no procede recurso alguno

Notifíquese y cúmplase».

(2) Corte Constitucional, Sentencia C-789 de 20 de septiembre de 2006, M.P. Nilson Pinilla.

(3) Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado), artículo 33. “Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y lo fines del Estado: 1... 2...3... (...) 10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa”.

(4) Asamblea General de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, 20 de noviembre de 1959, Resolución 1386 (XIV).

(5) Proclamada en la Asamblea General de Naciones el 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III).

(6) Ambos adoptados en Colombia mediante la Ley 74 de 1968. El último de ellos prevé, entre otras, las siguientes disposiciones: 6.5. “no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad”; 10.2. “los menores procesados [privados de la libertad] estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento”; 10.3. “los menores delincuentes [en cuanto a su régimen penitenciario] estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”; 14.1. “toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario”; y 14.4. “en el procedimiento aplicable a menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social”.

(7) Ratificada en Colombia mediante la Ley 16 de 1972. En ella se establece: 4.5. “no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad” y 5.5. “cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”.

(8) Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 1º: “Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

(9) Ibídem, artículo 37.

(10) Ibídem, artículo 40.

(11) En el español considerado culto la Real Academia Española de la Lengua recomienda usar el nombre tradicional correspondiente a la capital de China, esto es, Pekín, debido a que el término “Beijing” equivale al resultado de la transcripción de de los caracteres del alfabeto chino al latino, y su uso es generalizado en agencias de prensa (Diccionario Panhispánico de dudas. Real Academia Española Asociación de Academias de la Lengua Española. Editorial Santillana. 2005. Pág. 492.).

(12) Organismo que opera por mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 43.

(13) A este respecto consultar la Sentencia de la Corte Constitucional C-203 de 2005. Lo mismo que los módulos “Bloque de Constitucionalidad, Derechos Humanos y Proceso Penal”, págs. 98-106 y “Bloque de Constitucionalidad y Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes”, págs. 35-43, de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

(14) “17.1. a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no solo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad”.

(15) “17.1. b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán solo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible”.

(16) “17.1. c) Solo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”.

(17) “17.1. d) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor”.

(18) “17.2 Los delitos cometidos por menores no se sancionarán en ningún caso con la pena capital”.

(19) “17.3 Los menores no serán sancionados con penas corporales”.

(20) “17.4 La autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento”. “Comentario. (...) “La facultad de suspender el proceso en cualquier momento es una característica inherente al tratamiento dado a los menores frente al dado a los adultos. En cualquier momento pueden llegar a conocimiento de la autoridad competente circunstancias que parezcan aconsejar la suspensión definitiva del proceso”.

(21) “18.1 (...) Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes: a) Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión; b) Libertad vigilada; c) Órdenes de prestación de servicios a la comunidad; d) Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; e) Órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento; f) Órdenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas; g) Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos; h) Otras órdenes pertinentes”.

(22) “23.1 Se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de las órdenes que dicte la autoridad competente, y que se mencionan en la regla 14.1, por esa misma autoridad o por otra distinta si las circunstancias así lo exigen” y “23.2 Dichas disposiciones incluirán la facultad otorgada a la autoridad competente para modificar dichas órdenes periódicamente según estime pertinente, a condición de que la modificación se efectúe en consonancia con los principios enunciados en las presentes reglas”.

(23) “24.1 Se procurará proporcionar a los menores, en todas las etapas del procedimiento, asistencia en materia de alojamiento, enseñanza o capacitación profesional, empleo o cualquiera otra forma de asistencia, útil y práctica, para facilitar el proceso de rehabilitación”.

(24) “25.1 Se recurrirá a los voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, a las instituciones locales y a otros recursos de la comunidad para que contribuyan eficazmente a la rehabilitación del menor en un ambiente comunitario y, en la forma en que esta sea posible, en el seno de la unidad familiar”.

(25) “26.1 La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad.”; “26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria —social, educacional, profesional, sicológica, médica y física— que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano”; “26.3 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el que también estén encarcelados adultos”; “26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento merece especial atención en lo que atañe a sus necesidades y problemas personales. En ningún caso recibirá menos cuidados, protección, asistencia, tratamiento y capacitación que el delincuente joven. Se garantizará su tratamiento equitativo”; “26.5 En el interés y bienestar del menor confinado en un establecimiento penitenciario, tendrán derecho de acceso los padres o tutores”; y “26.6 Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar formación académica o, según proceda, profesional adecuada al menor que se encuentre confinado en un establecimiento penitenciario a fin de garantizar que al salir no se encuentre en desventaja en el plano de la educación”.

(26) “27.1 En principio, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las recomendaciones conexas serán aplicables en la medida pertinente al tratamiento de los menores delincuentes en establecimientos penitenciarios, inclusive los que estén en prisión preventiva” y “27.2 Con objeto de satisfacer las diversas necesidades del menor específicas a su edad, sexo y personalidad, se procurará aplicar los principios pertinentes de las mencionadas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en toda la medida de lo posible”.

(27) “28.1 La autoridad pertinente recurrirá en la mayor medida posible a la libertad condicional y la concederá tan pronto como sea posible” y “28.2 Los menores en libertad condicional recibirán asistencia del correspondiente funcionario a cuya supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo de la comunidad”.

(28) “29.1 Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facilitar la adecuada reintegración de los menores a la sociedad”.

(29) Regla 2 “Solo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en las presentes reglas, así como en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo”.

(30) Regla 12. “La privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad”.

(31) Regla 13. “No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad”.

(32) Regla 17 “Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales”.

(33) Ibídem, “En la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias (sic)”.

(34) Ibídem, “Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detención preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible”.

(35) Ibídem, “Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables”.

(36) Regla 18. “a) Los menores tendrán derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica gratuita, cuando esta exista, y comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones”.

(37) Ibídem, “b) Cuando sea posible, deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. En ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de capacitación”.

(38) Ibídem, “c) Los menores estarán autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo que sea compatible con los intereses de la administración de justicia”.

(39) Artículo 140 “Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. / En caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que rigen este sistema. / PAR. En ningún caso, la protección integral puede servir de excusa para violar los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes”.

(40) ART. 182.—“Es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público. / En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, niña o adolescente y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia”.

(41) ART. 183.—“Es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Esta sanción no podrá exceder los dos (2) años”.

(42) ART. 184.—“Es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar, en forma gratuita, por un período que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de ocho horas semanales preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles pero sin afectar su jornada escolar. / PAR.—En todo caso, queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

(43) ART. 185.—“Es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de dos años”.

(44) ART. 186.—“Es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a tres años”.

(45) ART. 161.—“Para los efectos de la responsabilidad penal para adolescentes, la privación de la libertad solo procede para las personas que al momento de cometer el hecho hayan cumplido catorce (14) y sean menores de dieciocho (18) años. La privación de la libertad solo procederá como medida pedagógica”.

(46) ART. 178.—“Las sanciones señaladas en el artículo anterior [177] tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa, y se aplicarán con el apoyo de la familia y de especialistas. / El juez podrá modificar en función de las circunstancias individuales del adolescente y sus necesidades especiales las medidas impuestas”.

(47) Resoluciones 400 de 8 de marzo de 2007 (Diario Oficial 47.417 de 21, jul./2009, pág. 29) y 1301 de 191 de marzo de 2001 (Diario Oficial 47.672, abr. /2010, pág. 16).

(48) ART. 177.—“...Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas de atención especializados del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. / PAR. 1º—Para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. El Defensor de Familia o quien haga sus veces deberán controlar el cumplimiento de esta obligación y verificar la garantía de sus derechos. / PAR. 2º—El juez que dictó la medida será el competente para controlar su ejecución”.

(49) Ley 1098 de 2006, artículo 19 “ART. 19.—Derecho a la rehabilitación y la resocialización. los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas”.

(50) ART. 187.—“...En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años”.

(51) ART. 187.—“La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho (18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años”.

(52) Ley 1098 de 2006, artículos; 178, inciso segundo; 179, parágrafo 2º, y 187, inciso tercero.

(53) Ley 1098 de 2006. ART. 7º—: “Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. / La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos”

(54) Ibídem, ART. 8º—“Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.

(55) Esa prerrogativa esta prevista en la Ley 1098 de 2006 en el artículo 152: “Principio de legalidad. Ningún adolescente podrá ser investigado acusado, ni juzgado por acto u omisión, al momento de la comisión del delito que no esté previamente definido en la ley penal vigente, de manera expresa e inequívoca. El adolescente declarado responsable por la autoridad judicial de la comisión de un delito solo podrá ser sancionado con la imposición de las medidas definidas en la presente ley”.

(56) Cfr. Entre otras decisiones: autos de segunda instancia de 8 de mayo de 2009, radicación 31720; 16 de marzo y 4 de mayo de 2006, radicaciones 24959 y 25322, respectivamente.

(57) Artículo 157, inciso segundo.

(58) Artículos 157 y 179-4º.

(59) Cfr. Auto de Única Instancia. Radicación 18667 de 17 de agosto de 2005. En igual sentido consultar también: Corte Constitucional, sentencias: C-221/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-409/94, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-410/96, M.P. Hernando Herrera Vergara, entre otras.

(60) Es decir el segundo donde se regula el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, así como los procedimientos especiales para cuando los niños, las niñas o adolescentes son víctimas de delitos.

(61) Cfr. Sentencia de casación de 4 de marzo de 2009, radicación 30645.