Sentencia 33514 de noviembre 10 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. : 33514

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta 43

Bogotá, D.C., diez de noviembre de dos mil nueve.

EXTRACTOS:«IV. Consideraciones de la Corte

La controversia en este caso se centra en establecer cuál fue el verdadero salario promedio mensual devengado por el actor durante el último año de servicio, aunque su relación laboral fue de un año y 18 días, toda vez que la parte demandante sostiene que estaba conformada por un básico de $ 2.000.000. más una parte variable constituida por comisiones, en tanto que el demandado asevera que la remuneración básica era de $ 1.500.000, más comisiones, pero que inicialmente se acordó un pago adelantado de comisiones de $ 500.000, que se deduciría de las sumas que por este rubro se causaran a favor del accionante, Luis Jorge González Harker.

Cumple anotar en primer término que, ante la ausencia de claridad en el monto exacto de la remuneración percibida por el demandante durante el último año de servicios, el juzgador de segundo grado tomó como salarios percibidos por aquel los que sirvieron de base al demandado para liquidar los aportes por cuenta del actor al fondo de pensiones obligatorias “Protección S.A.”, al advertir que conforme a dicho documento y a los que contienen las sumas consignadas por auxilio de cesantía causadas a 31 de diciembre de 2001, el pago de los intereses a la cesantía y la prima de servicios correspondientes al segundo semestre de 2001, se observa que el señor Luis Jorge González Harker percibió un promedio salarial superior a $ 2.100.000.

Para la Corte esa inferencia aparece razonable, por ello no es factible concluir que surgiera de un error manifiesto de hecho del juzgador de segundo grado, pues no resulta ilógico que se obtuvieran de esos medios de prueba los salarios informados por el empleador para el pago de aportes a pensiones, como tampoco de los soportes correspondientes a las otras obligaciones laborales referidas, máxime que en realidad en el cargo no se discute que las cifras obtenidas de tales medios de prueba sean equivocadas.

Adicionalmente, importa anotar que, como lo consideraron los juzgadores de las instancias, las cotizaciones efectuadas a un fondo de pensiones reflejan los salarios percibidos por el accionante durante toda la existencia del vínculo laboral, razonamiento que en realidad no es equivocado.

Ahora bien, en lo esencial de su alegato, el recurrente insiste en que efectivamente al trabajador le fueron pagadas algunas sumas por concepto de anticipo de comisiones, pero no como una retribución de la gestión realizada por aquel, de modo que no pueden ser incluidos como parte de su salario. Pero al discurrir de esa manera deja de lado que el tribunal consideró que aun de admitirse que en realidad eran anticipos de comisiones, “... en nada modifica la cuantía del salario, pues lo único que puede ocurrir es que dichos pagos anticipados, que no son todos — ver folios 63, 64, 72, 74, 91—, se contabilicen en el mes siguiente o en el plazo autorizado en la providencia para la amortización gradual de la deuda”.

Y es importante la anterior precisión porque de los comprobantes de egreso a los que se alude en el cargo efectivamente se desprende que, aparte del salario mensual del demandante, que es dable entender correspondía a la suma de $ 1.500.000, hecho que acepta el impugnante, le eran pagados $ 250.000, quincenalmente por anticipo de comisiones. Ello significa que de esos documentos surge que al demandante por sueldo y anticipos de comisiones se le pagaba la suma de $ 2.000.000, mensuales. Pero los comprobantes de folios 74 y 91 dan cuenta de que el actor recibió por concepto de comisiones en el mes de diciembre de 2001 la suma de $ 900.877, y en el de abril de 2002 la suma de $ 717.273, aparte de los pagos efectuados por sueldo y por anticipo de comisiones, lo cual indica que, al promediar todas las sumas recibidas por el actor, se obtiene un guarismo superior al afirmado por el recurrente y que se corresponde con el que tuvo por probado el tribunal con base en el documento de folio 13, esto es, la suma de $ 2’135.163.

Por manera que de lo que acreditan los comprobantes de egreso no se desprende un desacierto evidente.

Por otra parte, el recurrente afirma que los anticipos de comisiones no podían ser considerados como salario, pues no hay prueba de que esas comisiones pagadas de forma anticipada efectivamente se causaran, porque la gestión del actor no produjo los resultados esperados y por esa razón los pagos resultaron excediendo el valor de las comisiones que en verdad han debido ser pagadas. Sin embargo, no acredita en realidad a cuanto ascendió el monto de las comisiones que efectivamente se causaron, para establecer si lo que dedujo se corresponde con esa cifra. Y esta prueba a él le incumbía y tenía forma de acreditarlo, pues en el interrogatorio de parte dio a entender cómo supuestamente se establecía el monto de las comisiones a las que el actor tenía derecho y los documentos que debían ser presentados para ello, ya que afirmó que “... para establecer las cuantías él (refiriéndose al demandante) debía relacionar los clientes que había trabajado, los negocios que estos habían llevado, par (sic) que en contabilidad le fueran pagando mensualmente en la medida en que ingresaban los pagos correspondientes, por ello hay que revisar en cada mes el pago de la factura para poder establecer el pago de las comisiones...”.

Incluso, si en gracia de discusión se admitiera que las partes en este asunto pactaron una remuneración salarial básica de $ 1.500.000, más comisiones, con un pago adelantado por este último concepto, que después se deduciría de las comisiones realmente causadas, se hallaría que el demandado Hermann Pieschacón Fonrodona afirmó a lo largo del proceso que las comisiones causadas por el actor durante el último año de servicios tuvieron un promedio mensual de $ 373.095, luego la suma descontada en la liquidación final de prestaciones sociales por pago adelantado de comisiones, de $ 2.311.476, aparece injustificadamente desfasada, pues según los comprobantes de egreso antes indicados, los anticipos por comisiones suman, durante toda la vigencia de la relación laboral $ 5.663.997, en tanto que el total de las comisiones, según la propia aseveración del demandado ascendería a la cantidad de $ 4.477.140, de modo que, de haber existido una diferencia a favor del accionado, habría sido solo de $ 1.186.857.

Para la Corte, por otra parte, no es atendible el razonamiento de la impugnación, según el cual los pagos anticipados o a buena cuenta no se hicieron como remuneración del servicio, porque si la intención de las partes fue retribuir de manera anticipada el trabajo del demandante, es claro que el pago efectuado adquirió la naturaleza salarial, en cuanto tuvo como claro objetivo retribuir de manera directa un trabajo subordinado, con lo que cumplió las condiciones señaladas en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo para que un pago pueda ser considerado como salario.

Y en esa consideración no incide que se hiciera de manera anticipada, pues la naturaleza del pago está determinada por su propósito y no por la oportunidad en que se haga. Cuestión diferente es que ese pago, sin mutar su estirpe jurídica, pueda ser descontado si efectivamente no se verifica el hecho que dio origen a su causación, pero para ello se requiere cumplir con las exigencias legales, como con acierto lo puso de presente el tribunal y que, por otra parte, se den los supuestos para el descuento, en este caso, la ausencia del trabajo generador de las comisiones.

Afirma el censor que no era requerida la autorización legal para efectuar un descuento de las prestaciones sociales del actor, pero, aunque esa afirmación se corresponde con el criterio mayoritario de esta Sala, de todos modos, en las pruebas del proceso, como se dijo, no existe claridad acerca del monto que podía ser descontado por no haberse causado las comisiones y la prueba de ese hecho, desde luego, le correspondía a la parte demandada, conforme arriba se explicó.

En las condiciones anotadas, no se avizoran los errores de hecho denunciados y en particular ninguno que justifique el proceder del demandado al efectuar el descuento al accionante por la suma de $ 2.311.476. Esto por cuanto la Corte no encuentra que el juzgador de segundo grado se haya equivocado al tomar como salarios percibidos por el actor los que sirvieron de base al demandado para liquidar los aportes por cuenta de este al fondo de pensiones obligatorias “Protección S.A. y, particularmente, porque la confrontación de las sumas pagadas al señor Luis Jorge González Harker por conceptos salariales era tan elemental, que permitía detectar sin dificultad cualquier equivocación en su cuantificación.

Respecto de la condena a la sanción por mora, en el cargo se arguye que el demandado en el interrogatorio de parte que le fue practicado fue minucioso al explicar las razones por las cuales consideró que siempre el salario fijo asignado al actor fue de $ 1’500.000 y las razones por las cuales se hicieron los anticipos de comisiones y el descuento. Empero, en este caso específico no puede la Corte examinar si hubo un error en la valoración de ese interrogatorio, por tratarse de un medio de convicción que no es hábil en la casación del trabajo, salvo que de lo depuesto surja una confesión. Y en relación con la buena fe del demandado, el tribunal no consideró probado ningún hecho apoyado en el interrogatorio en cuestión.

Cuanto a las demás pruebas a que se hace referencia en el cargo en relación con la conducta del demandado, encuentra la Corte que los comprobantes de folios 52 a 101 no permiten obtener ninguna conclusión sobre las razones para que el descuento efectuado al actor por concepto de anticipo de comisiones haya sido superior al que correspondía según los medios de convicción del proceso; la resolución de nombramiento y la liquidación del contrato de trabajo informan el salario básico acordado, hecho que no desconoció el tribunal, pero no las razones del descuento; y, por último, los testimonios tampoco son probanza idónea en la casación del trabajo, salvo que se hubiere probado un desacierto valorativo en relación con la prueba calificada, lo que en ese caso no ha acontecido.

El cargo, conforme a lo expuesto, no está llamado a prosperar. En consecuencia, las costas en el proceso son de cuenta de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 20 de abril de 2007, dentro del proceso ordinario laboral que le adelanta Jorge González Harker al señor Hermann Pieschacón Fonrodona.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».