Auto 33558 de abril 21 de 2010

 

Auto 33558 de abril 21 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 120

Magistrado Ponente:

Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán

Bogotá, D.C., veintiuno de abril de dos mil diez.

Asunto

La Sala se pronuncia sobre el desistimiento que, del recurso de casación interpuesto, presentó el Fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Sobre la manifestación de desistimiento por el órgano fiscal.

Al tenor del artículo 199 de la Ley 906 de 2004, “[p]odrá desistirse del recurso de casación y de la acción de revisión antes de que la Sala las decida”.

En uso de esa facultad, el Fiscal Noveno Delegado ante esta corporación, manifestó el desistimiento del recurso de casación promovido contra la sentencia del 24 de septiembre de 2009, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, sin aducir ningún argumento que lo soporte.

Al respecto, pertinente se ofrece precisar que bajo la égida del sistema de enjuiciamiento penal regido por la Ley 906 de 2004, la Fiscalía es la titular de la acción penal y en ese sentido, el desistimiento del recurso por ella presentado, en principio, habría de extinguir para el Estado la potestad de seguir examinando los hechos materia del proceso.

No obstante, aunque es cierto que el órgano investigador goza de la potestad legal dispositiva de desistir del recurso de casación artículo 199 ibídem , a partir de una interpretación sistemática de las normas que regulan este extraordinario medio de impugnación, es posible afirmar que el interés para desistir de la parte concluye cuando se califica el libelo, en este caso, el promovido por uno de sus delegados.

En efecto, después de admitida la demanda por la Corte, el interés particular de la parte recurrente debe ceder para garantizar el interés general, la efectivización de los fines esenciales de la casación previstos en el artículo 180 del ordenamiento procesal penal vigente: la guarda de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios, la unificación de la jurisprudencia, especialmente, la realización del derecho material, y el principio de prevalencia de lo sustancial sobre las formas, postulados que rigen en provecho de la justicia y del conglomerado social y por supuesto, de los sujetos intervinientes en el proceso penal.

De lo anterior, se puede colegir que tal como lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional(1), si el desistimiento en sede de revisión de tutela, solo es viable cuando están comprometidas con exclusividad las pretensiones individuales de uno de los extremos procesales, la manifestación en tal sentido, una vez admitido el recurso carecería de eficacia, en tanto son el interés público y los fines de la casación los que rodean el asunto, por lo que se decidirá de fondo.

Es así que ante la verificación de eventuales defectos que de manera evidente y protuberante tengan la virtualidad de violar sustancialmente la ley, conforme a la facultad oficiosa que le es propia a la Corte, derivada de la competencia que le asiste para garantizar la constitucionalidad y la legalidad del fallo impugnado, se impone i) aceptar el desistimiento propuesto por la Fiscalía, y ii) entrar a conocer de fondo el asunto objeto de examen.

Esta posición, pese a la ineptitud sustancial de la demanda de casación, resulta coherente con el sistema de derecho penal colombiano, pues la Corte viene haciendo uso de la cardinal facultad oficiosa de estudiar de fondo la actuación sometida a su consideración para conjurar la flagrante transgresión de las garantías fundamentales de cualquiera de los intervinientes.

Sobre este tópico, se diría que si bien en otro ámbito, ante el desistimiento de la acción de tutela por el ciudadano, el inciso 2º del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que ella debe archivarse, en decantada jurisprudencia(2), la Corte Constitucional ha indicado que en procura de salvaguardar las garantías esenciales de la persona, tal petición resulta improcedente en sede de revisión del amparo ante esa corporación, justamente porque “(i) esta etapa no es una instancia adicional dentro del proceso de tutela, por tanto, el interés de las partes no es relevante ni para adelantarla, ni para dejar de hacerlo; (ii) el objetivo más importante de esta etapa, es el análisis de fondo sobre la manera como se ha interpretado y aplicado por los jueces los preceptos contenidos en el ordenamiento superior y la doctrina fijada por la Corte Constitucional en asuntos similares; y (iii) la revisión es una etapa que trasciende los intereses concretos de las partes, y por tanto lo que en ella se resuelva es un asunto de interés público que incumbe a toda la colectividad”.

En nuestro caso, ante un evento procesal similar al que hoy nos ocupa(3), en pasada oportunidad la Sala encontró pertinente admitir el desistimiento formulado por la Fiscalía y solicitar el regreso del expediente al despacho del ponente para proyectar de oficio el fallo casacional, sin que para tal efecto, se diera trámite a la audiencia de sustentación oral. Dijo en esa oportunidad:

“Una vez efectuado el anterior breve recuento histórico del principio de limitación, sin dificultad advierte la Sala que el desistimiento del recurso de casación presentado por la Fiscalía no tiene la virtud de despojar a la Corte de su medular papel funcional como guardiana de las finalidades de la mencionada impugnación, proceder que ya ha sido reconocido en los siguientes términos:

“El derecho a la prerrogativa que tienen los sujetos procesales de desistir del recurso extraordinario de casación no puede impedir a la Corte, como órgano límite de la jurisdicción ordinaria y guardiana de la Constitución Política, enmendar las irregularidades atentatorias contra los derechos fundamentales so pretexto de la finalización o culminación de su competencia por razón del desistimiento, máxime cuando el debido proceso como máxima expresión del principio de legalidad se erige en garantía fundamental. Lo contrario implicaría una actitud permisiva e inadmisible frente a una decisión injusta, sin sustento legal y, por lo mismo, constitutiva de una vía de hecho”(4).

Si dados los siguientes presupuestos: que se trate de sentencia de segunda instancia, que el recurso se haya interpuesto por quien tenga interés jurídico, que lo haya presentado dentro del término legal, y que la impugnación haya sido concedida por el ad quem, por ello la Sala de Casación adquiere competencia para dar trámite al ataque, bien porque haya admitido la demanda por llenar las exigencias legales o porque no cumpliéndolas a cabalidad se hubieren superado los defectos del libelo (L.906/2004, inc. 3º del art. 184), ora porque oficiosamente considera necesario proferir fallo de fondo para proteger garantías fundamentales.

Así las cosas, dado que la Sala advierte oficiosamente en el fallo de segundo grado la eventual presencia de errores de hecho por indebida apreciación de las pruebas que condujeron a la aplicación del principio in dubio pro reo, es claro que de conformidad con su función constitucional y legal está obligada a pronunciarse de fondo en este asunto, con mayor razón si viene precisado que la facultad de casar de oficio las sentencias no se encuentra subordinada a la admisión del libelo casacional ni al interés del recurrente, al punto que aún frente a demandas inadmitidas o ausencia de interés del impugnante, la Sala tiene competencia para decidir de fondo en salvaguarda de la Carta Política y de la ley, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria y garante de la protección de los derechos y garantías fundamentales.

Finalmente es necesario dilucidar que si al momento de examinar los requisitos del libelo presentado por la Fiscalía, la Sala consideró que el cargo primero se ajustaba a dichas exigencias, pero ahora, el mismo sujeto procesal desiste del recurso, es evidente que en subsidio de tal posición del ente acusador, asiste a la Corte la facultad de pronunciarse de fondo”.

Acogiendo el precedente jurisprudencial y, como quiera que i) la sentencia demandada fue proferida en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, ii) el recurso fue interpuesto dentro del término legal por la Fiscalía —parte con interés jurídico para recurrir en casación—, iii) la impugnación se concedió válidamente por la Sala Penal de ese cuerpo colegiado y, iv) el libelo fue admitido por esta corporación pese a los defectos técnicos de que adolecía, por virtud de su facultad oficiosa, la Sala de Casación adquirió competencia para dar trámite a la censura.

Con ese objeto, la demanda de casación constituye el marco de reflexión frente al cual se ha de emitir el pronunciamiento de fondo, en tanto son múltiples las falencias demandadas que ameritan un estudio de fondo por parte de la Sala a efecto de verificar si hay lugar a casar o no, el fallo impugnado por vía indirecta, en procura de salvaguardar las garantías esenciales de las partes.

Así las cosas, se admitirá el desistimiento postulado por el Fiscal Noveno Delegado ante esta corporación y se retornará el expediente al despacho del Magistrado Ponente para la emisión del fallo definitivo.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Aceptar el desistimiento del recurso de casación presentado por el Fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

2. Retornar el expediente al despacho del magistrado ponente a efecto de emitir la sentencia respectiva.

Notifíquese y cúmplase».

(1) Sobre el particular, ver Auto A-235 de 2007.

(2) Ver entre otras las Sentencias T-550 de 1992, T-433 de 1993, T-260 y 297 de 1995, T-360 de 1997 y los autos 286 de 2001, 313 de 2001, 171 de 2005 y 314 de 2006.

(3) Ver auto del 20 de noviembre de 2007. Radicado 28432.

(4) Providencia del 31 de agosto de 2005. Radicado 21862. En sentido similar proveídos del 16 de marzo de 2005. Rad. 21296 y del 20 de octubre de 2004. Rad. 21302.

Salvamento de voto

Con el respeto que siempre profeso por las decisiones de la Sala, doy a conocer a continuación las razones que me llevan a apartarme de la mayoría en el presente caso.

Para el efecto, debo señalar que en oportunidad anterior, respecto de decisión con similares efectos tomada por la Sala, hice manifiesta mi inconformidad, con argumentos completamente pertinentes para lo que ahora nos ocupa, que me permito transcribir(5):

“Es indiscutible que a través del recurso extraordinario de casación, la Corte propende por la salvaguarda de los derechos esenciales de las personas, la tutela del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y la garantía del acceso a la administración de justicia. Pero alcanzar esos loables propósitos no justifica el empleo de cualquier medio, porque aún dentro de ese contexto toda función está sometida a muy precisos límites y se desarrolla con arreglo a determinadas competencias.

En las ocasiones en las cuales esta corporación ha abierto la puerta a la casación oficiosa de una sentencia, lo ha hecho con plena competencia, en ejercicio cabal de las atribuciones que como Tribunal de Casación le confiere el artículo 235-1 de la Constitución y las normas pertinentes de los estatutos procesales que en cada caso rigen el proceso (L. 600/2000 , arts. 205 a 217 y L. 906/2004, arts. 180 a 191).

No obstante, con el respeto que merecen las decisiones de la Sala, considero que la solución que se adoptó en este particular caso está por fuera del ámbito dentro del cual la Corte puede ejercer de manera legítima su atribución como Tribunal de Casación.

En efecto, la auscultación sobre el respeto de las garantías fundamentales de los intervinientes en el proceso penal, se puede presentar en dos ocasiones en esta instancia excepcional: la primera, al momento de verificar si la demanda satisface los condicionamientos para su admisibilidad, oportunidad en la cual puede ocurrir, que la admita, ya porque la demanda satisface esos condicionamientos mínimos o porque la Sala encuentra necesario superar sus defectos para alguno de los fines de la casación, caso en el que, en consecuencia, le da traslado al procurador delegado para que emita su opinión sobre el mérito del libelo en el trámite de la Ley 600 de 2000, o cita a audiencia de sustentación en el de la Ley 906 de 2004.

En tal evento, la competencia de la Sala queda atada al objeto de la demanda, pues el recurso de casación se rige por el principio de limitación, según el cual la Corte no puede tener en cuenta ninguna causal distinta de la expresamente alegada por el censor, sin que ello signifique que no pueda extenderse, con base en esa competencia, a restablecer los derechos que observe vulnerados al estudiar el fondo del caso, pero, cabe destacar, esa ampliación del objeto de la decisión viene como consecuencia necesaria de la facultad de pronunciamiento adquirida por la vía de la admisión de la demanda.

También puede suceder que al estudiar los requisitos legales de admisibilidad de la demanda, encuentre que no se reúne ninguno de ellos, pero que se necesita del fallo de casación para proteger las garantías fundamentales de los intervinientes o para el desarrollo de la jurisprudencia. En tales casos, la Sala inadmite la demanda, pero entra a conocer directamente del fallo, atada a la competencia que le dispensa esa facultad de revisión oficiosa, que se manifiesta y desarrolla en el instante mismo del estudio formal del escrito introductorio.

Ahora bien, en los casos en que la competencia de la Corte quedó atada a la demanda, es claro que el desistimiento del interesado hace cesar el trámite de la casación y lo que tenía carácter suspensivo, esto es, la sentencia demandada, adquiere firmeza y, por tanto, el carácter de cosa juzgada.

La cosa juzgada, huelga resaltar, también representa una garantía para las partes —no apenas a favor del procesado—, pues, desarrolla los principios de non bis in ídem y seguridad jurídica, caros a un sistema democrático de derecho.

Y, precisamente por esa importancia toral que reviste, su verificación opera como principio general solo derrumbable por vía excepcionalísima dígase la acción de revisión o eventual acción de tutela, dentro de precisos motivos y conforme específica tramitación.

Esa seguridad jurídica, además, implica señalar de manera concreta y taxativa el momento en el cual cesa la actividad estatal encaminada a determinar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, pues, resulta obvio, no es del resorte del operador jurídico, pasando por encima de lo que la ley dispone, señalar a su antojo el momento en que ello ocurre o incluso, revivir oportunidades procesales perdidas para dejar sin efecto uno de esos momentos o actividades procesales que determinan cubierto el asunto con el manto de la cosa juzgada.

Así las cosas, dentro de la actuación que le es facultativa a la Corte al momento de analizar la demanda de casación, ella no puede conservar la competencia para examinar oficiosamente un caso, si no lo advirtió así en la providencia que determinó admitir la demanda, superar sus defectos o inadmitirla, y menos aún, asumir el papel del demandante para hacer propios los reparos de éste en el libelo, porque de ser así se impone revisar si materialmente el desistimiento al recurso de casación no procede o su admisibilidad debe diferirse para el momento en que la Corte emita el pronunciamiento de rigor, pues la atribución que tiene como Tribunal de Casación, conferida por el artículo 235-1 de la Carta Política, dirigida a cumplir las elevadas finalidades que traza el artículo 206 de la ley 600 de 2000 o el artículo 180 de la ley 906 de 2004, se desarrolla, de un lado, de conformidad con los fines y principios que inspiran la Constitución y, por otro, de acuerdo con los parámetros legales.

Por lo tanto, no puede la Corte entrar a sustituir al sujeto procesal que desistió de su pretensión casacional, cuando el trámite habilitado de adelantar y que, precisamente, faculta la intervención de la Sala, deviene precisa y exclusivamente de la pretensión contenida en la demanda, pues ello representa una injerencia indebida en el asunto, porque admitido el desistimiento de la intervención de parte que le daba competencia para conocer del caso, sin ella, no puede entrar a corregir eventuales entuertos que no advirtió en la oportunidad que tenía para ello, así se invoque la potestad oficiosa consagrada en la ley.

Además, porque el desistimiento —sin condicionamientos— vuelve las cosas al original estado de la interposición del recurso, al punto que debe entenderse que en ningún momento existió inconformidad con lo resuelto en la instancia, a menos que fueran varios los recurrentes y no todos desistieran, o que el desistimiento fuese parcial.

Ello porque, como se advirtió en líneas anteriores, el efecto específico e ineludible para esa actuación procesal de la parte que desiste de la casación, no es otro diferente a la ejecutoria del fallo que se pretendía controvertir. Y ya ejecutoriado el fallo, o mejor, dotado de la condición de cosa juzgada, mal puede la Corte, pasando por alto esas precisas condiciones que facultan derrumbar por vía excepcional el principio, establecer, por su propio arbitrio, una tramitación ad latere que, en la práctica, tiene como finalidad y sustento material, revivir el contenido y efectos de la demanda, y particularmente, del cargo que allí se desarrolla, so pretexto de proteger derechos fundamentales hechos decaer por la parte facultada legalmente para el efecto. Y no puede olvidarse que en ese momento nacen derechos para los sujetos procesales, que no pueden ser desconocidos por la Corte.

En tal escenario, es evidente para el suscrito que la Corte ya no actúa de conformidad con la facultad que le defiere el artículo 235-1 constitucional, sino como una corporación de plena jurisdicción, quizá a la manera del grado de consulta, hoy expurgado del proceso penal, pero en todo caso la determinación que llegare a adoptar no tiene el carácter de sentencia —menos de una de casación— ni puede incidir en algo que ya ha tomado la fuerza de cosa juzgada material, pues se tratará de una decisión sin competencia del órgano que la produce.

La competencia es un presupuesto para que las autoridades judiciales apliquen la regla de la prevalencia del derecho sustancial consagrada en el artículo 228 Constitucional.

La decisión de la Sala vulnera las garantías judiciales que pretende defender, pues pone en riesgo la seguridad jurídica de los asociados en este y los demás procesos que lleguen a su conocimiento, al permitir que las reglas procesales se puedan aplicar al acomodo de una situación concreta so pretexto de buscar una solución que tiene remedio por otras vías previstas en la ley.

Aunque se admite la evolución del recurso de casación en Colombia a dimensiones completamente afines con el vigente Estado Social y Democrático de Derecho (C.N., art. 1º), al punto que sus modernos desarrollos le han permitido a la corporación revisar oficiosamente el proceso, incluso en los casos de inadmisión de la demanda de casación, ello no puede significar, por contera, que se abjure del debido proceso, como quiera que este constituye bastión insustituible de legitimidad de las decisiones judiciales.

Aún si la irregularidad observada por la Sala afecta las garantías de justicia, verdad y reparación de las víctimas del delito, y es necesaria su corrección para asegurar la vigencia de un orden justo, la forma adoptada por la Sala no se ajusta a los cánones legales, porque establece una novedosa tramitación que pasa por alto los remedios excepcionalmente consagrados para derrumbar la cosa juzgada penal.

Procedimiento, el instituido ahora por la Corte que, por lo demás, sorprende de manera superlativa a las partes e intervinientes —no en vano, completamente perplejo la representante del Ministerio Público pidió se le otorgara la palabra para clarificar los tantos puntos problemáticos de lo decidido por la Sala, aunque esa posibilidad le fue negada—.

En este sentido, desde luego que la oficiosidad representa un actuar autónomo de la corporación, sin intervención de las partes, no obstante sean ellas quienes finalmente se afecten positiva o negativamente con la decisión que, no cuesta mucho adivinarlo, terminará casando la sentencia de segundo grado. Con la “oficiosidad” la Corte adquiere competencia solo en aspectos que no han sido demandados por las partes en el respectivo libelo, porque, a la inversa, el carácter rogado del recurso, liga la competencia a la demanda.

Pero, se pregunta el suscrito, si esa “oficiosidad” determinada por la Corte, no solo usurpando competencia, sino de manera extemporánea, se nutre precisamente de la demanda y los cargos que la contienen; y si además, es claro que las partes e intervinientes ya se aprestaban, con ocasión de la audiencia de sustentación convocada pero finalmente fallida ante el desistimiento de la fiscalía, a sustentar su posición en torno de lo alegado, ¿no será conveniente y adecuado, para preservar los derechos que les asisten y, en el caso concreto, la garantía de defensa, permitir que se pronuncien sobre el contenido del escrito introductorio, cuando, además, es claro que lo por decidir, en punto de derechos presuntamente vulnerados con la decisión de segunda instancia, no corresponde a un hecho objetivo, sino, ha de relevarse, a la auscultación valorativa que de las pruebas surja?

Porque, para culminar, asoma bastante paradójico que, si no hubiese desistido de su pretensión la fiscalía, necesariamente, a pesar de advertirse desde el momento de la admisión de la demanda, como se anota en el proyecto de la mayoría, la posibilidad de vulneración de garantías fundamentales, se habría escuchado a las partes en la audiencia de sustentación y el fallo de casación obligadamente habría de considerar estos argumentos, pero ello no ocurra ahora, con la tramitación estimada menester adelantar por la Sala una vez aceptado el desistimiento, no obstante tratarse de los mismos hechos y cargos.

En este caso, además, debe mirarse detenidamente la vigencia de la Ley 906 de 2004, y particularmente, la naturaleza adversarial que informa la nueva tramitación penal, pues, a diferencia de los sistemas inquisitivos o mixtos del pasado, ahora la oficiosidad se halla bastante limitada, en cuanto, se estima propio de las partes formular una pretensión particular y oponerse a ella, también con la posibilidad, íntimamente ligada a ese presupuesto adversarial, de desistir de lo pretendido, o deponer el particular interés que los asiste.

Y si bien, no es posible determinar que en Colombia el juez es un simple árbitro, tampoco se encuentra sustento para dotarlo de los plenos poderes que antaño poseía, simplemente porque ello conduce a desnaturalizar los cimientos básicos del sistema vigente.”

En torno de lo resuelto ahora, en auto que se dirige a no aceptar el desistimiento del recurso de casación presentado por el fiscal Noveno Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, disponiendo a la par que se continúe con el trámite de la “audiencia de sustentación oral”, estimo necesario agregar a lo anotado, lo siguiente:

No puede erigirse en fundamento sólido que faculte el trámite por encima del querer del casacionista, la remisión a la facultad discrecional de revisión que posee la Corte Constitucional, en sede de tutela, sencillamente porque, como lo dijo precisamente esa corporación: “(i) esta etapa no es una instancia adicional dentro del proceso de tutela, por tanto, el interés de las partes no es relevante, ni para adelantarla, ni para dejar de hacerlo…”.

No se niega que la casación se erige recurso extraordinario, y por tanto, no se trata, al igual que la revisión en sede de tutela, de una instancia adicional. Pero, es imposible negarlo, opera diferencia fundamental entre ambos institutos, la referida al interés de las partes, pues, es claro que si el mismo no se manifiesta, resulta completamente improcedente que el asunto llegue a conocimiento de la Sala Penal.

En ese sentido, tampoco se discute que el recurso extraordinario de casación, emerge completamente ajeno, por ejemplo, a la consulta u otros mecanismos de revisión que operan directamente por Ministerio de la Ley, independientemente del interés de parte.

Bajo esa premisa, evidente surge lo inapropiado del argumento consignado en la decisión de la cual me aparto, dada la disimilitud esencial que separa las figuras de la revisión de tutelas y el recurso extraordinario de casación.

Precisamente, el que se trate, la casación, de un mecanismo eminentemente rogado, implica que es el querer de las partes el que activa la intervención judicial y, por ende, el que se halla facultado para terminarla, cuando se manifiesta oportunamente.

Es que, finalmente, hermanar la casación con el trámite de revisión de las acciones de tutela, o hacerlo similar a la consulta, busca apenas eliminar los requisitos de debido proceso que informan el recurso extraordinario, facultando que, por vía de selección aleatoria, en el primero de los casos, o a través de la obligatoriedad expresa, en el segundo, los asuntos lleguen a conocimiento de la Sala Penal sin necesidad de intervención de las partes, eliminando de tajo el carácter rogado del recurso y sus efectos.

Y, me temo, si se abre la compuerta de la oficiosidad extrema —por lo demás ajena a un sistema de partes como el acusatorio—, ya nada obsta para que ni siquiera por virtud del recurso, sino en sede de las instancias, cualquier operador jurídico entienda que el asunto abarca derechos inalienables de las víctimas y deba motivar la intervención de la Corte, sin cortapisas o respeto de procedimiento alguno.

Ahora bien, en el texto del cual me aparto, se cita, para fundamentar lo decidido, el salvamento de voto de uno de los respetados magistrados, en ocasión anterior.

Al respecto, debo también disentir de los efectos que se dan a esa manifestación, pues, siempre será posible por el desbordado cauce de los derechos ilimitados, pasar por alto el debido proceso, derecho de defensa o cualquier tipo de derechos de otras de las partes, con la elusiva consigna de que el fin justifica los medios o, como se estila decir ahora, “todo vale”.

Cuando se tiene claro, en el caso concreto, que la Fiscalía es la parte con interés jurídico que activó el mecanismo de la casación —y, desde luego, no se advierte mala fe en la decisión de renunciar a la impugnación—, único medio habilitado para facultar la intervención de la Corte, de ninguna manera puede hacerse tábula rasa de su decisión de dejar sin efecto ese medio, no solo porque caros principios procedimentales así lo obligan, sino en atención a que claramente la ley delimita esa como posibilidad suya (L. 906 /2004(6), art. 199).

Deberá decir la Sala, entonces, que ya no tiene ningún efecto la norma en cuestión, dado que con lo decidido se le ha vaciado completamente de contenido.

Pero, a la vez, ha de explicar la Sala mayoritaria cuál es el efecto de su posición, vale decir, si esa negativa a aceptar el desistimiento opera únicamente en el caso de las víctimas, o también cuando se afectan derechos sustanciales del procesado —diríase, para respetar el derecho de igualdad—, o en los casos que se adviertan otras afectaciones trascendentes a principios constitucionales. Esto, por cuanto, ya se advierte, finalmente la decisión de negar el desistimiento opera subjetiva, llevándose de calle principios basilares referidos a la seguridad jurídica y la igualdad, para no hablar del debido proceso, como ampliamente se ha expuesto en precedencia.

Sigifredo Espinosa Pérez 

(5) Auto del 20 de noviembre de 2007, Radicado 28432.

(6) “podrá desistirse del recurso de casación y de la acción de revisión antes de que la sala las decida”.