Sentencia 33581 de abril 21 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Proceso 33581

Aprobado Acta 120

Bogotá, D.C., veintiuno de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Previo a examinar los cargos presentados por el impugnante en contra de la sentencia objeto de censura, debe relevarse cómo, con el advenimiento de la Ley 906 de 2004, se ha buscado resaltar la naturaleza de la casación en cuanto medio de control constitucional y legal habilitado ya de manera general contra todas las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales, cuando quiera que se adviertan violaciones que afectan garantías de las partes, en seguimiento de lo consagrado por el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, así redactado:

“Finalidad. El recurso pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la unificación de la jurisprudencia”.

Precisamente, en aras de materializar el cumplimiento de tan específicos intereses, la Ley 906 de 2004, faculta a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, de la potestad de superar los defectos de que pueda adolecer la demanda, a efectos de que pueda emitirse pronunciamiento de fondo —art. 184, inc. 3º—.

Es necesario, sin embargo, inadmitir la demanda si, como postula el inciso segundo de la norma citada: “el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso”.

Atendidos estos criterios, ha señalado la Corte(1):

“De allí que bajo la óptica del nuevo sistema procesal penal, el libelo impugnatorio tampoco puede ser un escrito de libre elaboración, en cuanto mediante su postulación el recurrente concita a la Corte a la revisión del fallo de segunda instancia para verificar si fue proferido o no conforme a la constitución y a la ley.

“Por lo tanto, sin perjuicio de la facultad oficiosa de la Corte para prescindir de los defectos formales de una demanda cuando advierta la posible violación de garantías de los sujetos procesales o de los intervinientes, de manera general, frente a las condiciones mínimas de admisibilidad, se pueden deducir las siguientes:

“1. Acreditación del agravio a los derechos o garantías fundamentales producido con la sentencia demandada;

“2. Señalamiento de la causal de casación, a través de la cual se deja evidente tal afectación, con la consiguiente observancia de los parámetros lógicos, argumentales y de postulación propios del motivo casacional postulado;

“3. Determinación de la necesariedad del fallo de casación para alcanzar alguna de las finalidades señaladas para el recurso en el ya citado artículo 180 de la Ley 906 de 2004.

“De otro lado, con referencia a las taxativas causales de casación señaladas en el artículo 181 del nuevo código, se tiene dicho que:

“a) La de su numeral 1º —falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso—, recoge los supuestos de la que se ha llamado a lo largo de la doctrina de esta corporación como violación directa de la ley material.

“b) La del numeral 2º consagra el tradicional motivo de nulidad por errores in iudicando, por cuanto permite el ataque si se desconoce el debido proceso por afectación sustancial de su estructura (yerro de estructura) o de la garantía debida a cualquiera de las partes (yerro de garantía).

“En tal caso, debe tenerse en cuenta que las causales de nulidad son taxativas y que la denuncia bien sea de la vulneración del debido proceso o de las garantías, exige clara y precisas pautas demostrativas(2).

“Del mismo modo, bajo la orientación de tal causal puede postularse el desconocimiento del principio de congruencia entre acusación y sentencia(3).

“c) Finalmente, la del numeral 3º se ocupa de la denominada violación indirecta de la ley sustancial —manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia—; desconocer las reglas de producción alude a los errores de derecho que se manifiestan por los falsos juicios de legalidad —práctica o incorporación de las pruebas sin observancia de los requisitos contemplados en la ley—, o, excepcionalmente por falso juicio de convicción(4), mientras que el desconocimiento de las reglas de apreciación hace referencia a los errores de hecho que surgen a través del falso juicio de identidad —distorsión o alteración de la expresión fáctica del elemento probatorio—, del falso juicio de existencia —declarar un hecho probado con base en una prueba inexistente u omitir la apreciación de una allegada de manera válida al proceso— y del falso raciocinio —fijación de premisas ilógicas o irrazonables por desconocimiento de las pautas de la sana crítica—.

Ello, en lo que a la fundamentación o soporte argumental de los cargos corresponde, porque, más importante aún, en la práctica lo que busca el demandante es obtener una imposible retractación del allanamiento de su representado legal, pasando por alto que ese tema no puede ser objeto de discusión por la vía ordinaria del recurso de apelación, ni tampoco por la extraordinaria de la casación, así busque revestírsele de un matiz, ajeno a lo que el trámite procesal enseña, de protección de garantías fundamentales.

Ya la Sala reiterada y pacíficamente ha sostenido, en consonancia con lo expuesto en vía de exequibilidad por la Corte Constitucional, que en tratándose de esas formas de terminación anticipada del proceso acusatorio, insertas dentro de la llamada justicia premial, referidas al allanamiento a cargos y los preacuerdos o negociaciones, no es factible, una vez verificado que se trató de una aceptación de responsabilidad penal que operó libre, voluntaria y completamente informada, desdecir de lo pactado, no importa si ello proviene, en el caso de los acuerdos, de la fiscalía o el acusado.

Para el caso, la verificación de las actas y registros de audiencia, permite observar que, en efecto, el procesado no solo estuvo asistido siempre de su defensor, sino que conoció amplia y suficientemente los cargos por los cuales se le acusaba.

Así, expresamente, se consigna en el registro de la audiencia de formulación de imputación, que certifica la aceptación libre, voluntaria y completamente informada del procesado.

Supo siempre el acusado, entonces, cuáles eran los hechos —y su correspondiente denominación jurídica— que aceptaba, las consecuencias punitivas concretas y el monto de rebaja al que podía acceder, teniendo también oportunidad de consultar al profesional del derecho que lo asistía.

De esta forma lo comprobó el funcionario judicial, al punto de aceptar el allanamiento, una vez verificado que no se violaban garantías fundamentales.

Y si ello es así, como incluso lo acepta el casacionista en su escrito, carece de sentido recurrir ahora al medio de impugnación extraordinario, como lo intentó en la apelación del fallo de condena, para deshacer lo pactado, como si de verdad los efectos del instituto jurídico de terminación anticipada del proceso pudieran estar sujetos al capricho de las partes, abjurando de la firmeza y seguridad que le son consustanciales.

Acerca de lo discutido, expresó la Corte(5):

“La Sala ha precisado que el acusado o su defensor tienen interés jurídico para recurrir por vía de apelación e, incluso mediante la casación, la sentencia obtenida a través de la aceptación de cargos en el nuevo sistema penal acusatorio, si la alegación se refiere a la vulneración de sus garantías fundamentales, o al quantum de la pena y los aspectos operacionales de la misma, pero no así cuando se pretende discutir aspectos relacionados con el injusto y su responsabilidad. Así lo señaló, entre otras, en la sentencia de casación del 20 de octubre de 2006(6):

La aceptación de cargos es precisamente una de las modalidades de terminación abreviada del proceso, que obedece a una política criminal cifrada en el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la administración de justicia mediante el consenso de los actores del proceso penal, con miras a que el imputado resulte beneficiado con una sustancial rebaja en la pena que habría de imponérsele si el fallo se profiere como culminación del juicio oral, de una parte, y de otra, que el Estado ahorre esfuerzos y recursos en su investigación y juzgamiento.

En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las partes deben acatar, por surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral del procesado, que decide allanarse a los que le fueron formulados en la audiencia de imputación con el fin de obtener una rebaja significativa en el quantum de la pena —como ocurre en este caso—, no hay lugar a controvertir con posterioridad a la aceptación del allanamiento por parte del juez, la lesividad del comportamiento, o a aducir causales de justificación o de inculpabilidad.

En otras palabras, luego de que el juez de control de garantías acepta el allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no es posible retractarse de lo que se ha admitido y el juez de conocimiento debe proceder a señalar fecha y hora para dictar sentencia e individualizar la pena (L. 906/2004, arts. 131 y 293). En consecuencia, es incompatible con el principio de lealtad, toda impugnación que busque deshacer los efectos del acuerdo o la aceptación de la responsabilidad.

Por lo mismo, y es una primera conclusión, la demandante carece de interés para controvertir en sede de casación (y desde luego también en las instancias) aspectos relacionados con el injusto y su responsabilidad. En consecuencia, la Corte se abstendrá de considerar, por esas razones, el tercer cargo de la demanda.

Ahora bien, si la aceptación de los cargos corresponde a un acto libre, voluntario y espontáneo del imputado, que se produce dentro del respeto a sus derechos fundamentales y que como tal suple toda actividad probatoria que permite concluir más allá de toda duda razonable que el procesado es responsable de la conducta, el juez no tiene otra opción que dictar sentencia siendo fiel al marco fáctico y jurídico fijado en la audiencia de imputación.

De ello se sigue una segunda conclusión: el procesado tiene facultad para discutir en apelación y posteriormente alegar en casación la vulneración de sus garantías fundamentales, el quantum de la pena y los aspectos operacionales de la misma, aspecto este último que le está vedado controvertir a quien preacuerda con la fiscalía los términos de su responsabilidad y el quantum de la pena, siempre y cuando el juez, como le corresponde, los haya respetado (L. 906/2004, art. 351, inc. 4º).

Interpretación concordante con el contenido del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, en cuanto preceptúa que la aceptación de la imputación por parte del indiciado no admite retractación, cuando la misma es voluntaria, libre y espontánea:

ART. 293.Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación.

Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y la sentencia”.

El precepto en cuestión fue revisado por la Corte Constitucional y declarado conforme a la Carta Política en la Sentencia C-1195 del 22 de noviembre de 2005, en la que precisó que el principio de irretractabilidad —con antecedentes en la admisión de fallos anticipados en nuestro ordenamiento procesal a partir de 1991 y con mayor preponderancia e incidencia procesal en el sistema acusatorio actualmente vigente—, es consecuente con el ejercicio de la facultad que el indiciado tiene de renunciar a algunas garantías en virtud de la aceptación de los cargos por iniciativa propia o de la celebración de acuerdos con la fiscalía, con el cometido de terminar anticipadamente el proceso y lograr así a cambio una rebaja de la pena imponible.

En el aludido fallo advirtió la Corte Constitucional que si el imputado o procesado renuncia a las garantías de guardar silencio y/o al juicio oral, corresponde al juez de control de garantías o al de conocimiento verificar que se está frente a una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa (art. 131); que los preacuerdos de los posibles imputados y la fiscalía no pueden comprometer la presunción de inocencia y solo proceden si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad (art. 327); que los preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan las garantías fundamentales (art. 351) y que serán inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor”.

Ahora, no porque el demandante alegue la violación de derechos o garantías, se allana el camino para que la Corte se ocupe del asunto, cuando claro se ofrece que esa manifestación carece de soporte y únicamente se encamina a soslayar los imperiosos efectos del allanamiento a cargos y consecuente imposibilidad de retractación.

Es ello precisamente lo que aquí ocurre, pues, consciente de las limitaciones impugnatorias arriba citadas, el demandante presenta una bastante artificiosa propuesta de nulidad, sustentada en presuntas violaciones al debido proceso y la inexistencia de la conducta punible aceptada por su representado legal.

La Sala no abordará independientemente cada cargo, pues, se repite, han sido utilizados como mecanismo directo para derrumbar el principio de irretractabilidad, sin que comporten soporte probatorio, jurídico o fáctico serio que permita advertir vulneradas cualesquiera garantías fundamentales del acusado.

Mucho menos, si ambos cargos parten de un hecho hipotético, jamás demostrado, ahora presentado como incontrovertible por el casacionista.

En efecto, para sustentar que su antecesor en el cargo desatendió gravemente el compromiso adquirido con la defensa del procesado, el recurrente advierte cómo éste, durante la entrevista previa a las audiencias preliminares desarrolladas ante el juez de control de garantías, confió al profesional del derecho que la droga llevada consigo iba a ser consumida por sus compañeros.

De allí extracta que en lugar de aconsejar a su prohijado legal allanarse a cargos, debió su predecesor en la defensa alegar ante el juez de control de garantías la inexistencia del delito —porque supone que dividida en varias personas, los supuestos consumidores, la cantidad encontrada, ello no ascendería, para cada caso particular, a monto superior a la dosis personal y, en consecuencia, emerge atípico el hecho—.

Empero, no dice el impugnante en qué pruebas se basa esa afirmación aislada suya o por qué, con la sola manifestación del abogado anterior del procesado, debería entenderse desvirtuado el elemento de antijuridicidad y facultado el juez de control de garantías para enervar los cargos presentados por la fiscalía.

Olvida el casacionista que para la formulación de imputación el fiscal no requiere haber decantado completamente la investigación, ni mucho menos, como claramente lo consagra la norma (L. 906/2004, art. 288, num. 2º, declarado exequible en todos sus efectos por la Corte Constitucional), presentar elementos materiales probatorios, evidencia física o información.

En el caso concreto, capturado el procesado en flagrancia, llevando consigo la droga, era obligación de la fiscalía realizar de inmediato la solicitud de legalización de esa aprehensión.

Ahora, el allanamiento a cargos implica, para el defensor y su protegido legal, determinar la mejor estrategia, en torno de lo cual se hace necesario advertir si efectivamente los medios con los cuales se cuenta permiten ir a juicio a demostrar algún tipo de eximente de responsabilidad penal.

Porque, huelga resaltar, el solo hecho de que el capturado afirme haber llevado la droga para el consumo, o con intención de repartirla con sus compañeros, no asegura, como parece entenderlo el recurrente, el buen suceso de la tesis, en tanto, la sola formulación resulta insuficiente para probar el hecho, y ni siquiera existe certeza de que el juez de conocimiento acoja ese criterio jurídico de dividir entre todos los supuestos propietarios la cantidad encontrada.

No es que, como lo aventura el impugnante, con solo mencionar la hipótesis, sin nada que la sustente, el juez de control de garantías hubiese “atisbado que la conducta resultaba atípica”.

Entonces, como únicamente el defensor y el procesado tenían a la mano los elementos de juicio suficientes para advertir si esa posibilidad podía demostrarse probatoriamente o alegarse con buen tino en el juicio, el hecho de allanarse a cargos ninguna vulneración del derecho de defensa técnica representa, pues, debe entenderse, porque nada lo infirma, que dentro de la evaluación de cuál en el caso concreto era el mejor camino, se decidió aceptar los cargos para obtener, de entrada, la enorme rebaja de pena, en lugar de correr el albur de que en el juicio se derrotara cualquier hipótesis de exculpación o, incluso, se allegaran otros elementos mucho más gravosos para el acusado.

Ello porque, debe relevarse, el sentido del allanamiento a cargos representa la imposibilidad de que se sigan practicando pruebas, ora a favor del procesado, como corresponde a la defensa, ya en su contra, cual podría hacer la fiscalía.

Esas renuncias mutuas parten de la base de la irretractabilidad del allanamiento o el acuerdo y de aceptar que la sentencia se construye, para no afectar el principio de legalidad, cuando existen elementos mínimos que delimitan la existencia del hecho y consecuente participación del procesado (L. 906/2004, art. 327, inc. 3º), asunto que perfectamente es dable significar materializado aquí, dado que al procesado se le capturó llevando consigo cantidad superior a la dosis personal de marihuana. En contrario, se repite, ninguna prueba fue aportada, pues, sobraría anotar, la simple manifestación del defensor en curso de la audiencia de legalización de captura, sosteniendo que su representado legal le confió llevar la droga para varias personas, de ninguna manera puede entenderse como tal.

No ve la Corte que de alguna manera la actuación del profesional del derecho, representada por la aceptación de cargos de su representado legal, comporte vulneración efectiva y trascendente del derecho de defensa o implique, como de manera gratuita lo señal el casacionista, desconocimiento u omisión grave en su labor.

Y, si previo a la realización de la audiencia de individualización de pena y sentencia, presentó el apoderado anterior un escrito buscando derrumbar la aceptación unilateral de cargos, ello no representa, como lo estima el hoy impugnante, flagrante desconocimiento de la sistemática acusatoria, sino el intento inane de imposible retractación que ahora, por similares medios, busca él.

Lo anotado en precedencia resulta suficiente para rechazar lo pretendido por el casacionista, pues, debe recordarse, el cargo segundo se ocupa de intentar verificar que el procesado no cometió el delito, partiendo del hecho, carente de soporte probatorio, de que llevaba consigo la droga para repartirla con sus compañeros, en asunto que, por lo demás, directamente está vedado discutir cuando de allanamiento a cargos se trata, como ampliamente se anota en la jurisprudencia arriba transcrita.

Dado que la Corte no advierte, de la revisión de lo actuado, vulneración de garantías que impliquen su intervención oficiosa, inadmitirá la demanda en su totalidad.

Cuestión final

Habida cuenta de que contra la decisión de inadmitir la demanda de casación procede el mecanismo de insistencia de conformidad con lo establecido en el artículo 186 de la Ley 906 de 2004, impera precisar que como dicha legislación no regula el trámite a seguir para que se aplique el referido instituto procesal, la Sala ha definido las reglas que habrán de seguirse para su aplicación(7) como sigue:

a) La insistencia es un mecanismo especial que solo puede ser promovido por el demandante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia por cuyo medio la Sala decida no seleccionar la demanda de casación, con el fin de provocar que esta reconsidere lo decido. También podrá ser provocado oficiosamente por alguno de los delegados del Ministerio Público para la casación penal —siempre que el recurso de casación no hubiera sido interpuesto por un procurador judicial—, el magistrado disidente o el magistrado que no haya participado en los debates y suscrito la providencia inadmisoria.

b) La solicitud de insistencia puede elevarse ante el Ministerio Público a través de sus delegados para la casación penal, o ante uno de los magistrados que haya salvado voto en cuanto a la decisión mayoritaria de inadmitir la demanda o ante uno de los magistrados que no haya intervenido en la discusión.

c) Es potestativo del magistrado disidente, del que no intervino en los debates o del delegado del Ministerio Público ante quien se formula la insistencia, optar por someter el asunto a consideración de la Sala o no presentarlo para su revisión, evento último en que informará de ello al peticionario en un plazo de quince (15) días.

d) El auto a través del cual no se selecciona la demanda de casación trae como consecuencia la firmeza de la sentencia de segunda instancia contra la cual se formuló el recurso de casación, salvo que la insistencia prospere y conlleve a la admisión de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR las demandas de casación presentadas en nombre de Camilo Andrés Orozco Velásquez, en seguimiento de las motivaciones plasmadas en el cuerpo del presente proveído.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, es facultad del demandante elevar petición de insistencia en relación con el punto.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Auto del 2 de noviembre de 2006, Radicado 26.089

(2) Cfr. auto de casación del 24 de noviembre de 2005, Radicación 24.323.

(3) Cfr. auto de casación del 24 de noviembre de 2005, Radicación 24.530.

(4) Ib. Radicación 24.530

(5) Auto del 12 de septiembre de 2007, Radicado 28.221

(6) Radicado 24.026

(7) Providencia del 12 de diciembre de 2005. Radicación 24322.