Sentencia 33590 de abril 10 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso: 760012331000200202259 01

Rad. 33590

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Dikonn Ltda.

Demandado: Empresa de Telecomunicaciones de Buenaventura S.A.

Ref.: Recurso de apelación contra auto. Acción contractual

Bogotá, D.C., abril diez de dos mil ocho.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Seguros del Estado S.A., contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 13 de octubre de 2006, mediante la cual se decretó la perención del proceso.

I. Antecedentes

1. Antecedentes procesales.

1.1. En escrito presentado el 31 de mayo de 2002, la Sociedad Dikonn Ltda., actuando mediante apoderado judicial, instauró demanda contractual contra la Empresa de Telecomunicaciones de Buenaventura S.A. ESP, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 556 de diciembre 10 de 2001, mediante la cual se declaró la caducidad administrativa del Contrato de suministro 016-99 suscrito entre Telbuenaventura S.A. ESP, y Dikonn Ltda., y la Resolución 281 de febrero 1º de 2002, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Sociedad Seguros del Estado S.A., contra la número 556 de diciembre 10 de 2001, ambas resoluciones proferidas por la entidad demandada y, en consecuencia, que se ordenara la restitución de los dineros que la parte actora pagó o llegare a pagar, así como el pago de los perjuicios por parte de la sociedad demandada, conforme lo disponen los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. En auto del 30 de octubre de 2002, el tribunal a quo admitió la demanda y ordenó notificar personalmente a la parte demandada, diligencia que se surtió el día 4 de marzo de 2003 (fls. 52-52 (sic) y 105, cdno. 1).

1.3. Mediante memorial allegado a la Secretaría del Tribunal el día 26 de septiembre de 2003, el señor Luis Jorge Góngora Navia, quien actúa como apoderado de la Sociedad Seguros del Estado S.A., informó que el apoderado de la parte demandante había fallecido el 27 de junio de 2003, tal como lo acreditaba el correspondiente registro civil de defunción aportado con el escrito. Por esta razón, solicitó, con fundamento en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, se interrumpiera el proceso y se dispusiera la citación a la parte actora con el fin de que designara un nuevo apoderado (fls. 166 y 167, cdno. 1).

1.4. A través de auto de fecha 19 de abril de 2004, el tribunal de primera instancia dispuso la interrupción del proceso a partir de la fecha del deceso del apoderado de la parte demandante, hasta que dicha parte nombrara nuevo apoderado judicial. Con este propósito, en el mismo proveído, se requirió al representante legal de la Sociedad Dikonn Ltda. —actora— para que designara un nuevo mandatario judicial dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esa providencia (fls. 182 y 183, cdno. 1).

1.5. El día 14 de abril de 2004, la Sociedad Seguros del Estado S.A., presentó escrito a través del cual coadyuvó la demanda contractual instaurada por la sociedad actora.

Por consiguiente, formuló las mismas pretensiones de la parte actora, esto es, que se declare la nulidad de las resoluciones expedidas por la Empresa de Telecomunicaciones de Buenaventura S.A. ESP y, como consecuencia de tal declaración, que se ordenara la restitución actualizada de los dineros que la Sociedad Seguros del Estado S.A., hubiere pagado o llegare a pagar en virtud de los actos cuya nulidad se pretende; así como también que se condenara a la parte demandada al pago de los perjuicios ocasionados, equivalentes a los gastos que ha debido cubrir para atender la acción contenciosa promovida por Dikonn Ltda., así como los pagos del proceso de ejecución que se pueda originar por razón de la ejecutoria de las resoluciones expedidas por Telbuenaventura, las cauciones, la afectación del balance, las reservas de siniestros y provisiones, gastos de transporte y los judiciales y los demás que se lograran demostrar (fls. 186 a 188, cdno. 1).

1.6. Luego, en escrito presentado el 27 de mayo del 2004, la parte demandada solicitó abrir el asunto a pruebas, puesto que ya había vencido el término de la interrupción procesal y, por tanto, debía continuarse con su trámite (fl. 190, cdno. 1).

1.7. Mediante auto del 6 de agosto de 2004, el tribunal a quo aceptó la petición de coadyuvancia de la demanda formulada por la Sociedad Seguros del Estado S.A., y ordenó continuar con el trámite del proceso. Dicho proveído quedó ejecutoriado el 23 de agosto de 2004 (fls. 194 a 195, cdno. 1).

1.8. Por su parte, el 20 de octubre de 2004, el apoderado de la Sociedad Seguros del Estado S.A., solicitó abrir el proceso a etapa probatoria (fl. 196, cdno. 1).

1.9. Tan solo hasta el 16 de diciembre de 2004, la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dio cumplimiento a la decisión adoptada por el magistrado ponente, en cuanto requirió al representante legal de la sociedad actora para designar nuevo apoderado judicial (fl. 197, cdno. 1).

1.10. Mediante escrito allegado el 20 de enero de 2005, la parte demandada solicitó nuevamente abrir el proceso a etapa probatoria (fl. 198, cdno. 1).

1.11. Así mismo, la sociedad Seguros del Estado S.A., reiteró su solicitud en el sentido de que el proceso se abriera a pruebas (fl. 199, cdno. 1).

1.12. El proceso entró a despacho del magistrado ponente el 1º de agosto de 2005, advirtiéndose que la parte demandante no había designado un nuevo apoderado (fl. 200, cdno. 1).

1.13. A través de auto del 8 de agosto de 2005, el Tribunal a quo requirió nuevamente al representante legal de la Sociedad Dikonn Ltda., con el fin de que efectuara la designación de un nuevo apoderado judicial, puesto que el proceso se encontraba interrumpido y debía reanudarse. Esta decisión quedó en firme el 18 de agosto de 2005 (fl. 201, cdno. 1).

1.14. Mediante Oficio 2259 del 22 de agosto del 2005, la secretaría del tribunal dio cumplimiento al anterior auto (fl. 202, cdno. 1).

1.15. Posteriormente, el apoderado de la Sociedad Seguros del Estado S.A., mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 2005, solicitó al tribunal que ante la renuencia de la parte demandante en nombrar nuevo apoderado, se sirviera dar impulso al proceso, es decir, dispusiera la apertura del proceso a su respectiva etapa probatoria (fl. 203, cdno. 1).

1.16. Ante la falta de impulso procesal, tanto la parte demandada, como nuevamente el apoderado de la Sociedad Seguros del Estado S.A., mediante sendos escritos fechados el 26 de septiembre de 2005 y el 5 de abril de 2006, respectivamente, reiteraron sus peticiones para que se continuara con el trámite del proceso (fl. 204 y 205, cdno. 1).

1.17. Mediante oficios 2259 de abril 19 de 2006 y 2259 (sic) de abril 24 de 2006, la secretaría del tribunal comunicó nuevamente a la parte demandante el auto del 19 de abril de 2004, con el fin de que designara un nuevo apoderado judicial (fls. 206 y 207, cdno. 1).

1.18. El 4 de julio de 2006, el apoderado judicial de la sociedad demandada presentó ante el magistrado ponente una petición, con el propósito de que el Tribunal informara cuál era la razón para que el proceso se hubiese interrumpido por más de un año y por qué el mismo no se encontraba en su etapa probatoria pese a las reiteradas solicitudes radicadas en tal sentido (fl. 208, cdno. 1). Ese mismo día —jul. 4/2006—, la parte demandada presentó, a su vez, memorial en el cual solicitó, por cuarta ocasión, que se abriera el proceso a pruebas (fl. 209, cdno. 1).

1.19. El proceso entró a despacho el 10 de julio de 2006 con el fin de pronunciarse sobre la petición presentada por el apoderado de la parte demandante (fl. 210, cdno. 1).

1.20. Mediante oficio de 12 de julio de 2006, la magistrada ponente encargada de la época, dio respuesta a la petición, en el sentido de informar que ese mecanismo no era el procedente para dar marcha al aparato judicial del Estado; por lo tanto, se abstuvo de darle trámite a la solicitud. No obstante, aclaró que el proceso se encontraba interrumpido desde la fecha del deceso del apoderado judicial de la parte demandante, hecho que ocurrió el 27 de junio de 2003 y a la fecha, la sociedad demandante no había designado un nuevo apoderado (fls. 211 y 211(sic), cdno. 1).

1.21. En escritos presentados el 11 de julio de 2006 y el 15 de agosto de ese mismo año, la Sociedad Seguros del Estado S.A. y la parte demandada, respectivamente, reiteraron sus solicitudes para que se abriera el proceso a etapa probatoria. La Sociedad Seguros del Estado S.A., argumentó que en aplicación de los artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento Civil, si bien la muerte del apoderado de una de las partes es causal de interrupción del proceso, lo cierto es que el juez debe citar a la parte correspondiente para que comparezca al proceso dentro de los diez días, de lo contrario el proceso debe reanudarse. Teniendo en cuenta que dicho periodo se encontraba ampliamente vencido sin que el representante legal de la sociedad actora hubiese designado apoderado, no había razón alguna para que el proceso no se reanudara.

Por su parte, la parte demandada, además de acudir al artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, transcribió algunos apartes del tratadista Hernán Fabio López Blanco relacionados con este tema, en el cual se expresa que si la parte que dejó de estar representada judicialmente, no obstante se le hubiere requerido para que nombrara un nuevo apoderado no lo hace, el proceso debe reanudarse, puesto que en el derecho civil no es obligación designar abogado y, por lo tanto, se podría colegir que no se desea utilizar los servicios de un profesional del derecho, lo cual no implica que el proceso no se adelante de forma válida (fls. 214 a 218, cdno. 1).

1.22. El proceso entró a despacho el 18 de agosto de 2006, según constancia secretarial, la cual obra a folio 220 del cuaderno primero.

1.23. Previo a resolver la petición realizada por el apoderado de la parte demandada, el magistrado ponente en auto de fecha 28 de agosto de 2006, ofició a la Empresa de Correos —Adpostal—, con el fin de que certificara la fecha y el nombre de la persona que recibió los oficios mediante los cuales se requirió a la sociedad demandante para que designara un nuevo apoderado (fl. 221, cdno. 1).

1.24. El 13 de septiembre de 2006 y el 27 de septiembre, la parte demandada y la Sociedad Seguros del Estado S.A., respectivamente, solicitaron, una vez más, que se continuara con el trámite del proceso, abriendo el proceso a pruebas (fls. 223 y 225, cdno. 1).

1.25. La secretaría del tribunal a quo anexó copia de la planilla de imposición de mensajes telegráficos con franquicia, en la cual consta que ese tribunal, envió 4 oficios a la Sociedad Dikonn Ltda., los cuales fueron devueltos, toda vez que la sociedad mencionada está descontinuada, se terminó o que no existe. En el expediente fueron incorporados dos de los 4 oficios que fueron enviados según la planilla antes referenciada (fls. 228 a 233, cdno. 1).

1.26. El proceso entró a despacho el 11 de octubre de 2006 informando que los requerimientos realizados al demandante fechados 30 de agosto de 2006 y 20 de septiembre de ese mismo año fueron enviados por Adpostal, pero que habían sido regresados al tribunal, señalando como causal de devolución las notas “Entidad descontinuada-Se terminó-No existe” (fl. 234, cdno. 1).

2. El auto apelado.

Mediante auto proferido el 13 de octubre de 2006, el tribunal Administrativo de Valle del Cauca decretó la perención del proceso y, en consecuencia, declaró su terminación.

El tribunal, en aplicación del artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, adujo que el proceso estuvo paralizado por más de 6 meses, toda vez que si bien con el auto del 19 de abril 2004 se interrumpió el proceso por el término de 10 días, ese plazo se encontraba ampliamente vencido y la parte actora no designó nuevo apoderado, pese a los numerosos requerimientos que en tal sentido se efectuaron.

A juicio del a quo, el expediente permaneció en la secretaría por más de seis meses contados a partir del 19 de abril de 2004, sin que la parte actora le hubiese dado impulso al proceso, cumpliendo así los requisitos contemplados en la ley y desarrollados, a su vez, por el Consejo de Estado, para que proceda la perención del proceso.

3. El recurso de apelación.

Contra la anterior decisión la Sociedad Seguros del Estado S.A., interpuso recurso de apelación y señaló:

Que no es cierto que el proceso hubiere permanecido por más de seis meses sin actuación alguna, puesto que tanto la demandada como la misma sociedad impugnante solicitaron, en 12 ocasiones, que el proceso iniciara su etapa probatoria, sin que el tribunal hubiese acogido alguna de tales peticiones; por esta razón, adujo el recurrente, que mal podía señalarse que el proceso hubiere permanecido inactivo durante seis meses, puesto que las solicitudes que obraban en el expediente no podían ser desconocidas por el a quo.

Argumentó que el auto que abre a pruebas el proceso no depende exclusivamente de la parte demandante, puesto que el juez, en aplicación del artículo 2º del Código de Procedimiento Civil, tiene el deber de impulsar el proceso, razón por la cual no puede ser de recibo el argumento según el cual el proceso estuvo paralizado, puesto que, insiste, se formularon 12 peticiones mediante las cuales se solicitó que se abriera el proceso a pruebas, sin que hubiesen sido respondidas.

Por último, manifestó que la renuencia a nombrar nuevo apoderado no constituye un obstáculo, que impida la reanudación del proceso, puesto que el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, expresamente dispone que si una vez citada la parte correspondiente para que comparezca al proceso esta no concurre dentro de los 10 días siguientes, el proceso deberá reanudarse, situación que fue precisamente la que ocurrió en el presente asunto; sustentó esta cita en un aparte doctrinario.

4. Trámite ante el Consejo de Estado.

En auto del 23 de febrero del 2007, se admitió el recurso de apelación ante esta corporación y se dispuso mantener el escrito en secretaría a disposición de las partes por el término de 3 días.

Durante este término, la Sociedad Seguros del Estado S.A., reiteró los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación (fls. 239-240, cdno. ppal.).

A su turno, la parte demandada solicitó que se confirme la providencia impugnada, puesto que el proceso se reanudó una vez transcurrieron los 10 días sin que se hubiese observado actuación alguna por parte de la Sociedad Dikonn Ltda. y, teniendo en cuenta que la sanción prevista en la ley deviene precisamente de la desidia y la negligencia de la parte actora, resultaba evidente entonces que del proceder de la sociedad Dikonn Ltda., se desprendía que declinaba de sus pretensiones.

Adujo que el proceso permaneció durante más de 6 meses paralizado, no solo por la renuencia de Dikonn Ltda., en designar un nuevo apoderado, sino también por la falta de solicitud para que se reanudara la actuación por parte de Seguros del Estado, dado que transcurrieron más de 9 meses sin que dicha sociedad realizara gestión alguna, esto es, desde el 20 de octubre de 2004, fecha en la cual solicitó que el proceso se abriera a pruebas, hasta el 27 de julio de 2005, momento en el cual reiteró tal petición, por tal razón, la inactividad procesal no solo fue imputable a la sociedad actora sino también a la aseguradora impugnante.

Señaló, además, que las facultades del coadyuvante, tal como fueron admitidas por el tribunal de instancia, están circunscritas a sus propios intereses, pero no podían extenderse hasta invadir la órbita patrimonial de Dikonn Ltda., la cual abandonó totalmente sus pretensiones económicas, de modo que la actitud asumida por la sociedad actora, consistente en demandar y luego desatenderse del asunto por completo, debe acarrear una consecuencia jurídica procesal determinada.

Advirtió finalmente, que el interés perseguido por Seguros del Estado en el presente asunto se relaciona con el proceso ejecutivo que Telbuenaventura S.A. ESP, posee en contra de esa sociedad y dentro del cual, se profirió mandamiento de pago, haciéndose efectiva la póliza única de cumplimiento emitida para amparar los riesgos del contrato al cual se refiere esta acción.

II. Consideraciones

La perención del proceso está consagrada en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

“Cuando por causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, en su caso.

En el mismo auto se decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el expediente.

La perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá intentarse una vez más.

En los procesos de simple nulidad no habrá lugar a la perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación, una entidad territorial o una descentralizada.

El auto que decrete la perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo”.

Es numerosa la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado que se ha referido al fenómeno de la perención; así, se le ha definido como una forma de terminación anormal del proceso, que se aplica como consecuencia al incumplimiento en que incurre la parte actora, respecto de sus deberes de supervisión, impulso y vigilancia de los distintos trámites que se vayan presentando en desarrollo de la actuación judicial, siempre y cuando tal incumplimiento acarree la parálisis del proceso (1) .

Por el carácter de esta figura procesal, su alcance se encuentra restringido y delimitado a aquellos eventos de inactividad de la parte actora para los cuales la ley tenga prevista dicha consecuencia jurídica. Por lo tanto, en estricto sentido, la perención solo procede en aquellos eventos en los cuales el impulso del proceso corresponda única y exclusivamente a la parte demandante (2) .

Por esta razón y contrario sensu, si el adelantamiento o prosecución del proceso en un caso determinado no corresponde, única y exclusivamente a la parte demandante y aun así, este se paraliza por un término de seis meses, la perención, en estos eventos, no procedería.

Igualmente, la Sala ha dicho que la perención no ocurre automáticamente por el solo transcurso de los 6 meses unido a la paralización del proceso debido a la inactividad de la parte actora, sino que es necesario que exista una declaración judicial. Por ello, ha manifestado la Sala: “sí tal declaración no se produce, bien puede la parte actora proceder a realizar la actuación que corresponde, con el fin de promover el trámite del proceso, sin que se le pueda oponer la perención, porque se insiste, la existencia de esta figura procesal requiere de la declaración judicial” (3) .

Ahora bien, los requisitos para que esta figura opere, los cuales deben presentarse de manera concurrente, son los siguientes (4) :

i) Que el expediente permanezca en secretaría, durante la primera o única instancia, por un término mínimo de seis meses, contados desde la notificación del último auto, o desde el día de la práctica de la última diligencia, o desde la notificación del auto admisorio de la demanda al Ministerio Público, según su caso;

ii) Que la causa de la paralización del proceso debe obedecer a la falta de impulso a cargo del actor, siempre y cuando este no sea o la Nación o una entidad territorial o descentralizada por servicios;

iii) Que la inacción no tenga su causa en la suspensión legal del proceso; y

iv) Que no se trate de un proceso de simple nulidad.

Pasa la Sala a determinar si en el presente asunto se cumple con los requisitos antes enunciados.

i) Que el expediente permanezca en secretaría por un término mínimo de seis meses.

Respecto de este requisito habría que entrar a establecer desde cuándo se produjo la notificación del último auto, fecha a partir de la cual debieron empezar a contar los 6 meses. Para el efecto, conviene hacer un recuento de las diferentes actuaciones procesales que se surtieron a lo largo del proceso antes de la declaratoria de la perención, las cuales guarden relación directa con lo que en este punto interesa.

En auto del 19 de abril de 2004, el tribunal decretó la interrupción del proceso debido al deceso del apoderado de la parte actora; por esta razón requirió al representante legal de la sociedad demandante (Dikonn Ltda.) para que designara nuevo apoderado, en un período de 10 días siguientes contados a partir de la ejecutoria de esa providencia (fls. 182 y 183, cdno. 1).

Si bien el mencionado auto fue notificado por estado el 11 de mayo de 2004, el inciso segundo del artículo 169 del Código Contencioso Administrativo prevé, en los casos en que se presente la muerte de un apoderado, que se deberá citar a la parte correspondiente y esta deberá comparecer dentro de los diez días siguientes a su notificación. Por su parte, el inciso tercero del mencionado precepto legal, dispone que la respectiva notificación se surtirá mediante el envío de un telegrama a la parte respectiva a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales, cuando en la sede del despacho exista ese servicio o, en su defecto, como lo disponen los numerales 1º y 2º del artículo 320.

En el presente asunto, se observa que la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tan solo envió el telegrama el 16 de diciembre de 2004; por lo tanto, de acuerdo con la mencionada disposición jurídica, es a partir de ese momento que deben contabilizarse los 10 días hábiles de la interrupción del proceso (CPC, art. 169), término que feneció el 20 de enero de 2005, teniendo en cuenta el periodo de vacancia judicial. Así pues, a partir del 20 de enero de 2005, el proceso se reanudó y, por lo tanto, desde ese momento se debió contar el término de los seis meses previsto en el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, para que operara el fenómeno jurídico de la perención del proceso (fl. 197, cdno. 1).

El proceso aguardó en la secretaría del tribunal hasta el 1º de agosto de 2005, fecha en la cual el expediente retornó al despacho, es decir, el proceso permaneció inactivo por un periodo de tiempo superior a los 6 meses (fl. 200, cdno. 1).

No obstante, el magistrado ponente profirió auto el 8 de agosto de 2005, mediante el cual se requirió nuevamente al representante legal de la sociedad actora para que designara nuevo apoderado, lo cual produjo la reiniciación de los 6 meses, puesto que el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, es claro al determinar que dicho término deberá comenzar a correr desde la notificación del último auto (fl. 201, cdno. 1).

La secretaría dio cumplimiento al anterior proveído, con el envío del respectivo telegrama el 22 de agosto de 2005, a la dirección denunciada por la parte actora para recibir notificación, por lo tanto, a partir de esa fecha comenzó a correr nuevamente el término de los seis meses (fl. 202, cdno. 1).

El proceso permaneció en la secretaría hasta el 10 de julio de 2006, fecha en la cual entró nuevamente al despacho, es decir, que el proceso permaneció durante más de diez meses en la secretaría del tribunal a quo (fl. 210, cdno. 1).

Sin embargo, la magistrada encargada de la época, en oficio TCA 008/2006 del 12 de julio de 2006, dio respuesta a una petición elevada por la parte demandada y posteriormente en auto de mejor proveer, la Sala Unitaria del tribunal ofició a la Empresa de Correos, Adpostal, con el fin de que certificara el día de recibo y la persona que recepcionó los oficios mediante los cuales se comunicó a la sociedad demandante del auto del 19 de abril de 2004 por medio del cual se le requirió para que efectuara el nombramiento de nuevo apoderado; en ambas actuaciones, cabe resaltar que el tribunal no hizo ningún pronunciamiento acerca de la perención del proceso y, teniendo en cuenta que así como lo dispone la ley y lo ha ratificado la jurisprudencia, la perención no opera automáticamente, sino que tiene que ser declarada, desde que el proceso entró a despacho (así hayan transcurrido los seis meses) y el tribunal realizó las actuaciones antes señaladas, el término de los seis meses volvió a comenzar.

Así pues, desde el 29 de agosto de 2006, fecha en la cual el proceso retornó a la secretaría, el término de los 6 meses comenzó a correr de nuevo.

El 11 de octubre de 2006, el proceso nuevamente entró a despacho y, en esta oportunidad se declaró de oficio la perención del proceso, es decir, el expediente permaneció más de un mes en la secretaría, razón por la cual no se cumplió con el requisito de los seis meses.

En conclusión, si bien, el proceso estuvo durante algunos lapsos en la secretaría del tribunal durante más de seis meses, lo cierto es que el proceso entró al despacho en varias ocasiones con el fin de resolver algunas peticiones de las partes y de apremiar a la sociedad actora para que designara nuevo apoderado, ocasiones en las cuales, si bien se contaba con el término de los 6 meses, el despacho no procedió a declarar la perención, produciendo como consecuencia la reiniciación del término y, por tanto, el no cumplimiento del primer requisito para decretar la perención del proceso.

ii) Que la causa de la paralización del proceso debe obedecer a la falta de impulso a cargo del actor, siempre y cuando este no sea la Nación, una entidad territorial o descentralizada por servicios.

En gracia de discusión y en el evento en que se llegara a contar con el primer requisito, esto es, con que el proceso hubiere permanecido en la secretaría durante 6 meses, se entrará a analizar si en el presente asunto se cumple con la segunda exigencia legal.

Este presupuesto se refiere a que la perención del proceso debe ser decretada cuando el mismo hubiere permanecido paralizado durante seis meses en la secretaría por causas imputables a la parte demandante o, en otros términos, que la declaración de la perención solo procede en aquellos eventos en que el impulso del proceso (entendido como aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada una de las etapas procesales que lo componen (5) ) corresponda única y exclusivamente a la parte actora.

En el presente caso la Sala entra a determinar si la paralización del proceso o la falta de adelantamiento o prosecución del mismo, se debió únicamente a la inacción por parte del demandante.

El presente asunto estuvo paralizado en la etapa de la notificación a la parte demandada, dado que a partir de ese momento el proceso nunca pudo abrirse a la etapa de pruebas. Lo anterior ocurrió toda vez que se presentó una causal de interrupción, consistente en la muerte del apoderado de la sociedad demandante, lo cual derivó en que, en cumplimiento de los artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento Civil, se procediera a citar al representante legal de la sociedad para que en el término de 10 días nombrara nuevo apoderado, situación que nunca ocurrió pese a los constantes requerimientos hechos por el tribunal de instancia, lo cual condujo a que el proceso no prosiguiera con su curso normal.

En este punto, la Sala estima conveniente analizar si la falta de designación de un abogado en el evento de los artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento Civil, constituye una carga suficiente que determine la paralización del proceso, es decir, si en este caso el impulso procesal depende única y exclusivamente de la parte demandante, para lo cual resulta pertinente examinar el significado y alcance de los artículos 168 y 169 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen:

“ART. 168.—El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:

(…).

2. Por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o por exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión de él.

(…).

ART. 169.—El juez, inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará citar al cónyuge, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, según fuere el caso.

Los citados deberán comparecer al proceso personalmente o por conducto de apoderado, dentro de los diez días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso (resaltado fuera del texto).

(…)”.

En este orden de ideas, la muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de cualquiera de las partes implica, ipso jure, la paralización del proceso hasta tanto desaparezcan sus efectos, de tal manera que si el proceso se siguió adelantando por el desconocimiento de la casual de interrupción, se podrá dejar sin efecto lo actuado a partir de la ocurrencia del hecho.

Esta causal encuentra su justificación en el hecho de que la muerte del apoderado o su enfermedad grave, deja desprotegida a la parte correspondiente, para lo cual, la norma establece que se deberá citar a dicha parte para que comparezca al proceso, ya sea en nombre propio o a través de abogado, según fuere el caso.

No obstante lo anterior, el artículo 169 antes citado prevé que la paralización del proceso por la interrupción del mismo, cuando se trata de la causal segunda del 168, será temporal, es decir, tendrá un término definido que una vez agotado determinará la reanudación automática del proceso.

En efecto, una vez se hubiere citado a la parte cuyo apoderado falleció o que sufrió una enfermedad grave, esta deberá comparecer al proceso, ya sea personalmente o por conducto de abogado durante los diez días siguientes contados desde la respectiva notificación de la citación; y, después de vencido este término o antes cuando se designe un apoderado, la norma es clara al establecer que, el proceso deberá continuar.

En el presente caso, la muerte del apoderado de la parte actora ocurrió el 27 de junio de 2003, según registro civil de defunción que obra a folio 167 del cuaderno 1. El tribunal, en auto del 19 de abril de 2004 decretó la interrupción del proceso desde la fecha del deceso del apoderado de la parte demandante, hasta que dicha parte nombrara nuevo apoderado judicial. Con este propósito, en el mismo proveído se ordenó al representante legal de la Sociedad Dikonn Ltda., que designara un nuevo abogado dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia (fls. 182 y 183, cdno. 1).

La notificación de la citación que en virtud del inciso tercero del artículo 169 se realiza a través de telegrama dirigido a la dirección denunciada por la parte actora para recibir notificaciones, ocurrió solo hasta el 16 de diciembre de 2004, según oficio secretarial que obra a folio 197 del cuaderno primero.

Por lo tanto, a partir de la fecha del envío del telegrama, es decir del 16 de diciembre de 2004, comenzó a contar el término de los diez días hábiles para que el representante legal de la sociedad actora designara un nuevo apoderado, término que se venció hasta el 20 de enero del 2005, teniendo en cuenta el periodo de vacancia judicial. Así pues, a partir del 20 de enero de 2005, el proceso, en aplicación del artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, se reanudó.

Ahora bien, según el tribunal, el proceso estuvo “suspendido” a causa de su interrupción, únicamente durante los diez días que dispone le ley para que la parte cuyo abogado murió designara uno nuevo, pero que una vez concluyó dicho término el proceso efectivamente se habría reanudado y permaneció en la secretaría por más de seis meses por la falta del impulso procesal que le correspondía a la parte actora, precisamente en el nombramiento de un nuevo apoderado, razón por la cual procedió a decretar la perención.

La Sala no acoge el anterior criterio, tenido en cuenta por el tribunal para decretar la perención del proceso, por las siguientes razones:

En aplicación del principio interpretativo del “efecto útil” de las normas, en virtud del cual deberá preferirse aquel sentido de un precepto que produce consecuencias jurídicas frente a aquel que a nada conduce, si el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, dispone expresamente que el proceso podrá reanudarse, continuarse o adelantarse aun sin que la parte cuyo abogado falleció hubiese nombrado uno nuevo, es claro que esa “reanudación” implica necesariamente que el proceso deberá continuarse desde la etapa en la cual se produjo la interrupción y no, como lo aduce el tribunal, reanudarse a la espera de que la parte a la cual se requirió proceda a realizar el mencionado nombramiento, puesto que lo que la norma consagra —se reitera—, es que el proceso podrá reanudarse aun sin procurador judicial, por lo cual resulta inocuo paralizar el proceso a la espera de esta designación cuando la ley no lo exige ni lo prevé; así pues, si se produjo la interrupción del proceso en la etapa de pruebas, el proceso debió reanudarse en esa misma etapa y por lo tanto, deberán continuar con las diligencias pertinentes, aun si en el caso respectivo la parte actora no designara nuevo apoderado.

En otros términos, lo que la norma dispone, en los casos en que ocurra la interrupción del proceso debido a la muerte del apoderado de cualquiera de las partes, es que el impulso del proceso, cuando la parte afectada dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la citación no designa apoderado, no depende única y exclusivamente de dicha parte, sino que el proceso se reanuda automáticamente aun cuando no se cumpla con la carga impuesta a la parte correspondiente.

En estos eventos se deberá dar aplicación al artículo 2º del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que salvo los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deberán adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya.

De esta manera, dado que el impulso del proceso en el presente asunto no dependía únicamente de la parte actora, el tribunal, en estricta aplicación de los artículos 2º y 169 del Código de Procedimiento Civil, debió darle impulso al proceso, prosiguiendo con el trámite normal a la fecha en que se interrumpió el mismo, que era la apertura a etapa probatoria.

En este punto resulta conveniente aclarar que no en todos los casos en que se requiera a determinada parte para que cumpla con una actuación específica y esta no lo hiciere, el juez, en este caso, deba darle impulso al proceso en aplicación del artículo 2º del Código de Procedimiento Civil (dado que esto implicaría que la perención del proceso nunca podría aplicarse), sino únicamente en aquellos casos en los cuales el cumplimiento de dicha carga no guarda una relación directa con la paralización del proceso o, en otras palabras, cuando la misma ley disponga que el no cumplimiento de cierta carga no implica la detención del proceso.

Son numerosos los casos en los cuales el no cumplimiento de cierta carga impuesta a determinada parte implica la paralización del proceso dado que el impulso procesal recae exclusivamente en la parte a quien le corresponde cumplir con la carga respectiva.

Por ejemplo y solo para citar alguno, en el caso del no pago por parte del demandante de los gastos necesarios para surtir la notificación de la demanda, es evidente que el no cumplimiento de esta carga conlleva necesariamente la paralización del proceso, puesto que sin la cancelación de estos recursos no se puede llevar a cabo la respectiva notificación, lo cual hace imposible la prosecución del proceso.

En conclusión, la perención deberá decretarse —como lo ha dicho la jurisprudencia— siempre que la paralización del proceso se produzca por la falta de impulso procesal cuando le corresponda exclusivamente a la parte actora, excepto en aquellos casos en que la ley expresamente disponga que el no cumplimiento de cierta carga impuesta al demandante no implica la detención del proceso (6) , tal como ocurre en el caso que hoy nos ocupa.

Se advierte, además, que en el expediente obran 12 memoriales a través de los cuales tanto la sociedad Seguros del Estado S.A. y Telbuenaventura S.A. ESP, solicitaron que se abriera el proceso a etapa probatoria, sin embargo, el tribunal hizo caso omiso a estas peticiones.

Considera la Sala que era deber del tribunal de primera instancia dar respuesta a cada una de estas peticiones, antes de proceder, como lo hizo, a declarar la perención del proceso, atendiendo, en primer lugar, al derecho que le corresponde a cada parte en el proceso de recibir completa y oportuna contestación a las solicitudes presentadas ante un funcionario judicial. Lo anterior, aunado al hecho de que dichas peticiones versaban sobre la intención de las partes de continuar con el proceso, lo cual, teniendo en cuenta su paralización durante un considerable periodo, debió ser suficiente para que el a quo manifestara las razones por las cuales no procedió a darle impulso al trámite, aún más, cuando las mismas partes, expresamente manifestaban que la falta de nombramiento de un nuevo apoderado no constituía razón suficiente para que el proceso no se abriera a etapa probatoria.

Es más, las numerosas solicitudes presentadas por las partes demuestran dos situaciones, reiterando lo expuesto: la primera, que el impulso del proceso en este caso no correspondía únicamente a la parte actora, toda vez que tanto Seguros del Estado S.A., como interviniente en el proceso y Telbuenaventura S.A. ESP, como entidad demandada, tenían la intención de continuar con el trámite procesal, independientemente de que la parte actora no hubiese procedido a nombrar nuevo apoderado y la segunda, como consecuencia de lo anterior, se relaciona con que el tribunal, en aplicación del Código de Procedimiento Civil, debió darle impulso al proceso, dadas las numerosas solicitudes encaminadas para este propósito, lo cual pone en evidencia a su vez, que a pesar de la paralización causada por la omisión en que incurrió el tribunal, el proceso permaneció activo, por cuenta de la intención de las partes en continuar con el desarrollo procesal.

De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que en el caso en concreto no se presentó el segundo requisito para declarar la perención del proceso, pues si bien este estuvo paralizado, esto no se debió a causas imputables al actor por la falta de impulsión del mismo.

Por lo expuesto, la Sala revocará el auto del 13 de octubre de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar se dispondrá que se continúe con el trámite del proceso pendiente desde la fecha en que se produjo la interrupción del mismo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

1. Revocar el auto del 13 de octubre de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se decretó la perención del proceso.

2. Ejecutoriada esta providencia, enviar el expediente al Tribunal de origen para que continúe con el trámite del proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Myriam Guerrero de Escobar, presidente de la Sección—Ruth Stella Correa Palacio—Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero —Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 24 de enero de 2007. C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. 76001-23-31-000-2003-04977-01(30595).

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2006, Exp. 05001-23-31-000-2003-02486-01(29752). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de marzo de 2006, Exp. 25000-23-26-000-2004-00271-01(31972), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 28 de abril de 2005, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 07001-23-31-000-2002-00181-01(28001).

(5) Guasp, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Cuarta Edición. Editorial Civitas. Madrid. 1998, pág. 434.

(6) Caso en el cual es evidente que el impulso procesal no recaía expresamente en la parte actora.

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