Sentencia 3360 de marzo 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. interna 3360

Rad.: 440012331000200300868-01

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Actor: Clareth Enrique Ramírez Carrillo y José Erasmo Dangond Carrillo.

Electoral-Segunda instancia.

Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil cinco.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra el fallo proferido el 24 de marzo de 2004 por el Tribunal Administrativo de la Guajira, dentro del proceso electoral acumulado promovido por los señores Clareth Enrique Ramírez Carrillo y José Erasmo Dangond Carrillo.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Por la naturaleza del asunto esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo de la Guajira, conforme a los artículos 129-1, 132-4 y 231 del Código Contencioso Administrativo.

2. La doble militancia política no es causal de inhabilidad.

Las demandas electorales invocan como fundamento jurídico de su petición de anulación del acto que declaró la elección del señor Darío Carrillo Cortés como concejal del municipio de Villanueva para el período 2004-2007, su inelegibilidad por la trasgresión del mandato constitucional contenido en el inciso 2º del artículo 107, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2003, argumento que fue acogido en la sentencia impugnada, con base en la falta de prueba de que el demandado hubiera renunciado a su calidad de militante del Partido Liberal Colombiano previo a su inscripción como candidato a esa investidura con el aval del partido Polo Democrático.

Al respecto se observa:

El artículo 107 de la Constitución Política dispone:

“ART. 107.—(Modif. por A.L. 1/2003, art. 1º). Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos (sic) con personería jurídica.

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente. Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos podrán celebrar consultas populares o internas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos. En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos”.

El tribunal acogió el cargo de la demanda bajo la consideración de que el ciudadano Darío Enrique Carrillo Cortés no reunía las calidades constitucionales para ser elegido concejal del municipio de Villanueva, Guajira, período 2004-2007, por tener doble militancia política porque al momento de su elección pertenecía a dos vertientes políticas, al Partido Liberal Colombiano, por el cual fue inscrito y elegido concejal del municipio de Villanueva para el período constitucional 2001-2003, y al Partido Polo Democrático Independiente, colectividad que lo avaló e inscribió para aspirar al mismo cuerpo colegiado, resultando electo para el período constitucional 2004-2007.

Como ya lo han establecido la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta corporación (1) y esta Sala de Decisión (2) , la inobservancia de la prohibición contenida en el inciso 2º del artículo 107 constitucional, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2003, sobre doble militancia política, por sí sola no constituye una inhabilidad para acceder a cargos o corporaciones públicas de elección popular, de la que puedan derivarse las causales de pérdida de investidura o de nulidad electoral, porque la norma constitucional no estableció tales consecuencias en forma expresa.

En este proceso no se invocó alguna otra norma constitucional o legal que así lo instituya, teniendo en cuenta que el artículo 293 de la Constitución indica con claridad que, sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, corresponde a la ley determinar las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales.

Lo anterior teniendo en cuenta que la Constitución le ha otorgado al legislador la amplia atribución para establecer las causales de inelegibilidad, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política. Al legislador le corresponde evaluar y definir el alcance de cada uno de los hechos, situaciones o actos constitutivos de incompatibilidad o inhabilidad así como el tiempo durante el cual se extienden y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas.

La infracción del inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política, por lo tanto, no puede ser considerada como causal de inelegibilidad, conforme al principio de la taxatividad que rige las normas sobre inhabilidades, por su carácter restrictivo, al igual que las relativas a las incompatibilidades y en general todas las normas que establecen excepciones o restricciones, conforme al principio de interpretación de la ley consagrado en el artículo 31 del Código Civil. Así lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia de esta Sala, como por ejemplo en providencia del 28 de octubre de 1999, expediente 2313, en que dijo, refiriéndose a la inhabilidad establecida en el artículo 95, numeral 5º, de la Ley 136 de 1994:

“... esa disposición como todas las que establecen excepciones, no puede ser aplicada a casos distintos, por analogía. Por ellos, las normas de excepción no pueden ser aplicadas por analogía, lo cual solo tiene lugar cuando se trata de decidir acerca de casos no regulados expresamente por la ley, y es así que los casos que no estén comprendidos en las normas de excepción lo están en las normas generales, y son estas, por tanto, las que resultan aplicables, es decir, que hay norma exactamente aplicable al caso y resulta por ello impertinente la aplicación por analogía de norma que regule situación distinta”.

No puede afirmarse, por lo tanto, que el señor Darío Enrique Carrillo Cortés estaba inhabilitado para ser elegido concejal del municipio de Villanueva (Guajira), por la supuesta doble militancia política, para deducir de allí la nulidad del acto administrativo que declaró su elección, por la causal señalada en el artículo 223, numeral 5º del Código Contencioso Administrativo, porque la prohibición genérica de pertenecer simultáneamente a dos partidos o movimientos políticos, que la Constitución extiende a todos los ciudadanos, no ha sido consagrada ni en la Constitución, ni en la ley como una inhabilidad para ser elegido en una corporación o cargo público de elección popular, como lo estimó el tribunal en la sentencia que se impugna.

Se advierte además que el mismo precepto constitucional comentado, contenido en el artículo 107 de la Carta, garantiza a todos los ciudadanos la libertad de afiliarse o retirarse de los partidos políticos; y si bien en este caso concreto no se ha probado que el demandado hubiera expresado por escrito a los directivos del Partido Liberal Colombiano su voluntad de retirarse de esa colectividad, el acto positivo de su militancia en otro partido o movimiento político dotado de personería jurídica tiene como efecto automático su desafiliación, según el artículo 7º de los estatutos del mencionado partido, que en su inciso 2º prevé:

“Quienes se afilien a otro partido o movimiento político con personería jurídica expedida por el Consejo Nacional Electoral, perderán automáticamente la calidad de afiliados al Partido Liberal Colombiano”.

Lo anterior permite concluir que en este caso no se configuró la doble militancia invocada por los demandantes, y que en todo caso, esa doble militancia no ha sido consagrada como causal de inhabilidad para ejercer el cargo de alcalde municipal.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia impugnada, pues el único cargo formulado en las demandas acumuladas no prospera.

III. La decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado —Sala de lo Contencioso Administrativo— Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE el fallo proferido el veinticuatro (24) de marzo de dos mil cuatro (2004) por el Tribunal Administrativo de la Guajira, dentro del proceso electoral acumulado promovido por los ciudadanos Clareth Enrique Ramírez Carrillo y José Erasmo Dangond Carrillo, mediante el cual se declaró la nulidad del acto de elección del ciudadano Darío Enrique Carrillo Cortés como concejal del municipio de Villanueva para el período 2004-2007. En su lugar se niegan las peticiones de las demandas acumuladas.

Una vez ejecutoriado este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese».

(1) Sentencias PI-1441 y PI-1463 del 11 y 25 de mayo de 2004, respectivamente.

(2) Sentencia del 26 de agosto de 2004. Expediente 3343, en que se confirmó la sentencia del 18 de marzo de 2004 del Tribunal Administrativo de la Guajira, que negó las súplicas de la demanda contra la elección de la señora Elaine Minela Zabaleta Montero como alcaldesa municipal de El Molino para el período 2004-2007.

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