Sentencia 3365-2003 de febrero 21 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: Expediente 110010325000200300332 01

Número interno 3365-2003

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Lemos Bustamante

Actor: Víctor Hugo Arturo Villalba Buitrago

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veintiuno de febrero de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El problema jurídico

Corresponde al Consejo de Estado decidir si se ajustan a la legalidad los apartes demandados del Acuerdo 5 de 15 de febrero de 1993, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “Por el cual se provee a la correcta aplicación del Decreto 57 de 1993 en lo relativo a la remuneración adecuada para cargos nominados, existentes en las corporaciones y despachos de la rama judicial”.

Análisis del caso

El artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política, establece:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejercerá las siguientes funciones:

(...).

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

(...).

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública.

f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales (...)” (destacado por la Sala).

La Ley 4ª de 18 de mayo de 1992, por medio de la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, y se dictan otras disposiciones, en su artículo 10 dispone:

“ART. 10.—El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:

a) Los empleados públicos de la rama ejecutiva nacional, cualquiera que sea su sector, denominación o régimen jurídico;

b) Los empleados del Congreso Nacional, la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República;

c) Los miembros del Congreso Nacional, y

d) Los miembros de la fuerza pública” (resaltado por la Sala).

De acuerdo con las disposiciones anteriores la competencia para determinar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama judicial es compartida entre el legislativo y el ejecutivo; al primero corresponde establecer los lineamientos generales por medio de ley, y al segundo fijar, con sujeción a los criterios legales, el correspondiente régimen salarial y prestacional.

En ejercicio de la facultad referida el Presidente de la República expidió el Decreto 57 de 1993, por medio del cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar que, en su artículo 3º, estableció:

“A partir del 1º de enero de 1993 la remuneración mensual de los empleos de la rama judicial y de la justicia penal militar será la siguiente:

(...).

2. Para los siguientes empleos de los tribunales judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los consejos seccionales de la judicatura:

(...).

Escribiente $ 325.000

(...)” (destacado por la Sala).

El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, por medio del Acuerdo 5 de 15 de febrero de 1993, clasificó los grados de escribiente, grados 07 y 08, en escribiente nominado y les asignó una remuneración de trescientos veinticinco mil pesos ($ 325.000) y los de escribiente, grados 06 y 05, en escribiente, grados 09 y 08, con una remuneración de trescientos siete mil cuatrocientos noventa pesos ($ 307.490) y doscientos setenta y cinco mil quinientos cincuenta y tres mil pesos ($ 275.553), respectivamente (fls. 23 a 28).

De lo anterior se colige que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al contemplar para el cargo de escribiente de Tribunal Nacional, Tribunal Superior, Tribunal Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura una remuneración inferior a la prevista en el artículo 3º, numeral 2º, del Decreto 57 de 1993 lo contrarió y de paso desconoció el mandato contenido en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política.

El Acuerdo 5 de 1993, dice expedirse en desarrollo de las facultades conferidas por el artículo 11 del Decreto 57 de 1993. Tal disposición consagra: “La incorporación del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3º se hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura”.

Como se advierte, el precepto transcrito faculta al Consejo Superior de la Judicatura para establecer requisitos y condiciones para determinados cargos, pero en modo alguno lo autoriza para fijar o disminuir las escalas de remuneración fijadas por el Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 4ª de 1992. No podía el Consejo Superior de la Judicatura so pretexto de fijar la nomenclatura de cargos variar la escala salarial.

El artículo 3º del Decreto 57 de 1993 consagra una sola denominación del cargo de escribiente y le asigna una sola remuneración mensual, que fue desconocida por el aparte impugnado del acuerdo citado. En caso análogo fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, la subsección A de la sección segunda de esta corporación sostuvo:

“Así entonces, como el cargo de escribiente se encontraba contemplado en el artículo 3º del Decreto 57 de 1993, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, carecía de la facultad para determinarle grados y, además, no era competente para fijar su remuneración, pues ello, como se dijo, correspondía al Presidente de la República en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

En esas condiciones, la actuación del Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— al señalar grados para el cargo de escribiente y, como consecuencia, variar la remuneración con ocasión de la fijación de los requisitos para el desempeño del cargo, resulta inconstitucional” (1) .

No se requiere entonces abundar en razonamientos adicionales para llegar a establecer que la presunción de legalidad que cobijaba a los apartes impugnados del Acuerdo 5 de 1993 logró ser desvirtuada, motivo por el cual se despacharán favorablemente las súplicas de la demanda.

Decisión

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

DECLÁRASE la nulidad parcial del literal e), del artículo 1º, del Acuerdo 5 de 15 de febrero de 1993, en lo relacionado con el cargo de escribiente del Tribunal Nacional, tribunales superiores de distrito judicial, tribunales administrativos y consejos seccionales de la judicatura por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada esta providencia archívense las diligencias. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la fecha».

(1) Fallo proferido el 6 de diciembre de 2001, Expediente 11001-03-25000-1998-0130-01 (1711-98), actor Óscar Conde Ortiz, Consejero Ponente doctor Alberto Arango Mantilla.

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