Sentencia 33665 de marzo 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33665

Aprobado Acta 89

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Bogotá, D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diez.

La Sala se ocupa de la definición de competencia propuesta por un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, para presidir la audiencia preliminar de formulación parcial de cargos dentro del proceso que se sigue contra el desmovilizado Fredy Rendón Herrera, solicitada por la Fiscal Cuarenta y Ocho de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Medellín.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Corte es la llamada a resolver el incidente de definición de competencia promovido por un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, por aplicación de los artículos 32.4 y 341 del Código de Procedimiento Penal.

La definición de competencia es el mecanismo diseñado en la Ley 906 de 2004 para precisar, en caso de duda, cuál de los distintos jueces o magistrados es el llamado a presidir el diligenciamiento de determinados asuntos, de acuerdo con los factores que la generan, y el procedimiento establecido para su trámite es el previsto en los artículos 54 y 55 de la misma normativa.

En el asunto que ahora atrae la atención de la Corte, resulta incuestionable que la competencia para conocer de la audiencia de formulación de cargos, está asignada por la Ley 975 de 2005 al magistrado con funciones de control de garantías, con independencia de que en ella se incluya la totalidad o solo una parcela de los cargos por los que pudiera llegar a ser condenado el desmovilizado.

Más bien, en el fondo del asunto puesto a consideración de la Sala, subyace como problema jurídico la procedibilidad de las formulaciones parciales de cargos.

Frente a este tópico vale la pena resaltar que la Corte ha venido sosteniendo la viabilidad de las imputaciones parciales(1), inicialmente admitiendo la posibilidad también de sentencias parciales (lo que supone igualmente formulación parcial de cargos); y en algunos casos advirtiendo que solo procede en eventos excepcionales y que la incompletud solo puede subsistir hasta la audiencia de formulación de cargos.

Así, por medio del auto de 23 de julio de 2008, radicado 30120, la Sala admitió abiertamente la posibilidad de sentencias parciales, al advertir:

“Finalmente, como se sabe, y está dispuesto en la ley (art. 18), una vez formulada la imputación la Fiscalía dispone de un término de sesenta (60) días para adelantar labores de investigación y verificación de —entre otros— los hechos admitidos por el imputado, plazo que finalizado conducirá al fiscal a solicitar la programación de una audiencia de formulación de cargos, debiendo el magistrado de control de garantías fijarla dentro de los diez (10) días siguientes, en cuyo curso deberán aceptarse los cargos por el postulado.

Lo anterior implica que agotado aquel paso, el esquema procesal debe seguir su curso normal con la audiencia pública —ya por parte de la Sala de Justicia y Paz— para que previa verificación de libertad, voluntariedad y espontaneidad en la autoadmisión de los cargos, se abran campo el trámite del incidente de reparación integral y la audiencia de individualización de pena y sentencia.

Así vista tal secuencia, parece obvio que una imputación parcial pueda concluir también en una sentencia parcial y en la imposición de una pena, que desde luego no cobijaría todos los hechos, pues algunos de ellos investigados y aceptados en la actuación originada en la ruptura de la unidad también comportarían la imposición de otra pena. La solución para efectos de una única sanción la regla el artículo 20 de la Ley 975, bien para acumular esos procesos independientes (de darse tal posibilidad) o —en extremo— para acumular las penas impuestas por separado, acudiéndose a los criterios que sobre la materia regula el Código Penal” (resaltados no originales).

Posteriormente la Sala condicionó la parcialidad de la imputación, de una parte, a que fuera excepcional, y con la advertencia de que en todo caso la formulación de cargos, incluyera ya el universo completo de los hechos por los que debía responder el desmovilizado con ocasión de su accionar armado, de manera que existiera solo una sentencia.

Así, por medio del auto calendado el 31 de julio de 2009, radicado 31539, la Sala advirtió:

“c) Las imputaciones parciales aceptadas dentro del proceso de justicia y paz, no pueden convertirse en práctica generalizada, y cuando a ellas haya lugar, las actuaciones adelantadas en forma paralela y separada, deben fusionarse en el acto de formulación de cargos”.

Así también, en el auto de 21 de septiembre de 2009, radicado 32022, indicó:

“Ahora bien, es necesario precisar, conforme la última postura jurisprudencial de la Sala, que a fuerza de su naturaleza excepcional, las imputaciones parciales no perduran indefinidamente en el tiempo, ni facultan llegar a la sentencia con el trámite escindido, por manera que, dada la innegable unidad temática y finalística que ata la formulación de cargos con la legalización de la misma, la fiscalía debe tener presente que el escrito de acusación opera integralmente y ha de contener, por ello, todas las conductas que se atribuyen al procesado, sea porque él así las aceptó o en razón de lo que la investigación reflejó.

Entonces, debe decirse expresamente, el límite máximo para que las imputaciones parciales corran independientes lo es la audiencia de formulación de cargos, dado que el escrito de acusación ha de consignar todas y cada una de las conductas a aceptar por el postulado”.

Sin embargo la Corte recogió dichas limitaciones a la formulación parcial en el auto de diciembre 14 de 2009, radicado 32575, al excluir la excepcionalidad de la parcialidad y la posibilidad de sentencias parciales, al señalar:

“De todas maneras, es necesario señalar que el éxito de todo este proceso cobra sentido en la medida en que se avance en la verificación parcial o total de actos que, reconocidos o asumidos como propios por sus autores o partícipes, permitan develar ante las víctimas, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, aspectos fácticos que efectivamente ocurrieron y que como tales, son condignos de las sanciones regladas en la Ley de Justicia y Paz.

Es por ello, que la Sala considera que en casos como el de la especie, y siguiendo lo que ya antes de la decisión del postulado Wilson Salazar Carrascal se dijo, las imputaciones parciales son de recibo, en la medida que constituyen un avance en esa reconstrucción conjunta de un cruento cuadro histórico de la realidad colombiana, desde luego, se reitera, sin olvidar que el acceso a este procedimiento especial supone como condición necesaria la imputación por el delito de concierto para delinquir como punible base y condición, supuesto del tratamiento benéfico del cual se harán acreedores quienes se sometan a la Ley 975 de 2005.

La anterior decisión consulta, en primer lugar, la necesidad de avanzar en cada uno de los procesos, pues de exigirse la acreditación total de todos los comportamientos, se harían casi que nugatorios los fines esenciales de la Ley de Justicia y Paz, enmarcada en un contexto de justicia transicional propia de aquellos momentos en los que los Estados deben definir prácticas judiciales y de punibilidad propicias para lograr la reconciliación y continuar hacia delante en procura de caminos más prósperos para generaciones futuras.

En tal sentido, en la exposición de motivos del proyecto que culminó siendo la Ley 906 de 2004, se dijo que lo mínimo esperado de los miembros de grupos armados ilegales es que no cambien su rutina y desmovilicen el grupo que organizaron durante tantos años. Por dicha razón, no parece jurídicamente justificable que se confieran tan importantes beneficios a una persona que, pese a haber creado poderosas estructuras criminales, decida entregarse individualmente, mientras el grupo que creó y comandó sigue operando como si nada hubiera pasado”.

En segundo término se tiene, que permitir la formulación de acusación parcial no excluye la ulterior inclusión de nuevos comportamientos, en la medida que nada imposibilita la acumulación jurídica de penas regladas por el referido instrumento legislativo especial para quienes actuaron con ocasión de su pertenencia a un grupo armado al margen de la ley, siempre que, como ya se advirtió, se incluya como delito base, condición para acceder a este instituto legislativo especial, el delito de concierto para delinquir, pues en otro marco no tiene aplicación la benévola pena que para los delitos cometidos con ocasión de la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley ha dispuesto el legislador.

En tercer lugar se observa que también la misma Ley 975 de 2005 entrega elementos para resolver los casos ocultados por los postulados, pues se dispone que se tratarán conforme a la legislación ordinaria, lo cual les implica privarse de los beneficios derivados de la pena alternativa dispuesta en dicha legislación.

En cuarto lugar constata la Sala que solo en la medida que se acepten las imputaciones parciales se podrá avanzar en un proceso histórico, de por sí lleno de difíciles averiguaciones y constataciones.

Como quinto aspecto debe advertir la Sala que de ninguna manera ha sido ni será su propósito entorpecer un desarrollo legislativo dentro de su reglada competencia de sometimiento al imperio de la ley, y por el contrario, se encuentra empeñada en hacer expeditos los caminos para que tal finalidad se cumpla, sin olvidar, el respeto por las garantías y derechos tanto de los postulados, como especialmente de las víctimas de tales sucesos.

En sexto lugar impera señalar, en cuanto se refiere a lo expuesto en la decisión impugnada, que no se aviene con la noción de Estado social y democrático de derecho archivar ciertas diligencias por no hallar pruebas sobre la materialidad y responsabilidad penal, pues ello supondría entronizar en el derecho patrio una especie de principio de oportunidad sin reglamentación alguna, cuando lo cierto es, que si bien no todos los atroces casos podrán ser documentados, si es preciso seguir en la búsqueda de la verdad de ellos, inclusive después de impuesta la correspondiente pena a su autor, pues ello es consecuencia del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, de modo que nada impide ulteriormente formular cargos adicionales, ni dictar nuevas sentencias contra las mismas personas, amén de dosificar las sanciones conforme a las reglas de la acumulación jurídica de penas (L. 975/2005, art. 20)”.

A su turno, por medio de decisión adoptada el 11 de marzo de 2010, radicado 32852, la Corte, al reiterar este criterio, supera la excepcionalidad de la imputación parcial condicionando el fraccionamiento de su formulación a criterios de razonabilidad, al advertir:

“De manera que (sin perder de vista que, como lo precisó la tesis de la Sala del 14 de diciembre anterior, lo ideal sería la imputación total) la conclusión que se impone es que del mecanismo de las imputaciones parciales, o acusación parcial, habrá de hacerse uso de manera excepcional, en todo caso, acudiendo a criterios de razonabilidad que tengan en cuenta la ponderación de diversos aspectos, entre ellos, los derechos de las víctimas, los estándares internacionales en la materia, las garantías debidas al postulado, la racionalización de los recursos y esfuerzos investigativos, la facilidad o dificultad para avanzar en el proceso, la debida celeridad, en fin, todo aquello que hace que la concepción y operatividad del trámite del proceso de justicia y paz sea, de por sí, extraordinario, sin necesidad de establecer en su implementación diferentes grados de ‘extraordinariedad’.

Todo lo anterior supone, necesariamente, la obligación correlativa de la fiscalía de encaminar sus esfuerzos de modo tal que se cumpla la regla consistente en llegar a los momentos más decisivos del trámite con la imputación o acusación lo más completas posible, para así evitar que la priorización de casos —que se traduce en las imputaciones o acusaciones parciales— se convierta, como en su momento lo señaló el magistrado cuya decisión acá se estudia, en el ejercicio disfrazado del principio de oportunidad”.

Así, el criterio actual, el que ahora se ratifica, producto de la evolución necesaria en la construcción del derecho a partir de la confrontación con la realidad, que como en los casos de la llamada Ley de Justicia y Paz, ha desbordado todas las perspectivas legales; supone que se pueden hacer, tanto imputaciones como formulaciones parciales de cargos; y, en consecuencia, proferir sentencias parciales, que a la postre podrán ir acumulándose con otras que se profieran contra el mismo desmovilizado; parcialidades que deben consultar criterios de razonabilidad, los cuales deben ser presentados y justificados por la Fiscalía en cada caso.

En punto de ahondar en argumentos adicionales a los expresados en las providencias reseñadas anteriormente, la Sala llama la atención sobre que el objetivo de la Ley 975, declarado en su artículo primero, es “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y la reparación”; el mandato al juez está dado precisamente en la materialización de los dos verbos contenidos en la declaración misional de dicha ley, como son: facilitar y garantizar.

Facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin(2), y tiene como sinónimos simplificar, allanar y solucionar. Pero, cuando el artículo 1º condiciona la facilitación a la garantía de los derechos de las víctimas, explícitamente impone al juez la obligación de verificar y confirmar, frente cada interpretación y desarrollo legal alcanzado, que tales derechos de que son titulares las víctimas, permanezcan incólumes en cada situación.

Así entonces se debe afirmar que los derechos de las víctimas no se ven afectados con la parcialidad de los cargos, ya que por el contrario lo que se busca con tal medida es imprimirle celeridad y operatividad a la labor de la Fiscalía, en el propósito de avanzar en la declaratoria de responsabilidades penales y la imposición de sanciones a todos los desmovilizados que han desangrado al país en esta desgarradora confrontación. Solo en la medida que avancen los procesos y se produzcan las sentencias condenatorias, se estará materializando la satisfacción de los derechos de las víctimas, por lo que a ello debe propender la administración de justicia.

Es claro que el ideal estético de los fines contenidos en la Ley 975 de 2005 está reflejado en procesos dinámicos y céleres que conduzcan a imputaciones y formulaciones de cargos totales e integrales, que a su vez propicien prontamente las sentencias condenatorias que el país espera; sin embargo, en tanto que, de una parte la realidad de toda la crueldad contenida en las versiones supera la capacidad operativa del sistema judicial dispuesto para su resolución, y de otro lado, que del éxito de la aplicación de dicha fórmula normativa, depende precisamente el futuro del proceso de reconciliación, habrá que sacrificar un poco de estética procesal en función de la paz nacional; erigida constitucionalmente en una doble dimensión de derecho y deber de obligatorio cumplimiento(3).

Si el objetivo de la ley es facilitar los procesos de paz garantizando los derechos de las víctimas, y si, al decir del artículo 2º, la Ley 975 de 2005 “regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley... que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”; es claro que la meta legal está cifrada en la facilitación de la investigación, sanción y concesión de beneficios judiciales a tales desmovilizados, todo en la expectativa de conocer la mayor cantidad posible de verdad, y garantizar reparación y justicia en los términos de dicha ley.

Estando ello claro, no puede permitirse que el método por el cual se busque la satisfacción de dichos objetivos, sature e imposibilite su desarrollo, cuando por el contrario la ingeniería procesal ha de conducir a que la forma o el método sirva precisamente para definir el camino por el cual se debe llegar a la meta propuesta por el legislador.

Frente a la audiencia de formulación de cargos conviene precisar que la intervención del magistrado con funciones de control de garantías se agota con la audiencia en que el desmovilizado se pronuncia respecto de la aceptación de los hechos contenidos en la formulación de cargos, de suerte que lo aceptado debe ser enviado a la secretaría de la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial a la que corresponda su conocimiento(4); con lo que el temor del magistrado que propone este incidente queda superado, en tanto no está dentro de su competencia pronunciarse sobre la legalidad de los cargos.

Esta audiencia de formulación de cargos, ni sobra como lo insinúa el magistrado que promueve este trámite, ni resulta inconstitucional que esté en cabeza de un funcionario judicial con funciones de control de garantías(5); y tiene unos objetivos claramente delimitados por la jurisprudencia de esta corporación, que ha señalado lo siguiente(6):

“a) Audiencia de formulación de cargos. Se realiza ante el magistrado de control de garantías dentro de los 60 días siguientes, o antes si es posible, a la formulación de la imputación. Demanda de dos requisitos, uno formal, otro material: el segundo, corresponde a la investigación que necesariamente ha efectuado la fiscalía de las conductas confesadas en la versión libre por el postulado y de los otros hechos verificados; el primero, reclama de la presentación del escrito de acusación, que ha de contener como mínimo(7):

“1. La identificación y descripción del grupo armado al margen de la ley, el grupo de autodefensa o de guerrilla, o de la parte significativa del bloque o frente u otra modalidad que revista la organización, de que trata la Ley 782 de 2002 que decidió desmovilizarse —cuándo, dónde— y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional(8).

2. La individualización del desmovilizado, incluyendo su nombre, los datos que sirven para identificarlo, su domicilio, la fecha en que ingresó al grupo armado al margen de la ley, las zonas, regiones o localidades donde ejerció la militancia, las funciones que desempeñó, quiénes fueron sus superiores y quiénes sus subalternos.

3. Una relación clara y sucinta de cada uno de los hechos jurídicamente relevantes que se imputen directamente al desmovilizado, con indicación de las razones de la comisión delictiva y explicación clara del por qué se reputan cometidos durante y con ocasión de la militancia del desmovilizado en el grupo armado al margen de la ley(9).

4. Una relación clara y sucinta de los daños que la organización armada al margen de la ley colectivamente haya causado, circunscritos a los cometidos dentro del marco temporal y espacial —áreas, zonas, localidades o regiones— en donde el desmovilizado desarrolló su militancia, con identificación puntual de cada una de las víctimas(10).

5. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de reparación y de los entregados por la organización en el acto de desmovilización.

6. La relación de los medios de convicción que permitan inferir razonadamente que cada uno de los hechos causados individual y colectivamente, ocurrieron durante y con ocasión de la militancia del desmovilizado en cuestión, con indicación de los testimonios, peritaciones, inspecciones y demás medios de prueba que indiquen la materialidad de las infracciones imputadas(11).

7. La identificación y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública.

8. En relación con los numerales 3º y 4º se deberá especificar, con miras a la sentencia y la adecuación típica, si se trató de hechos sistemáticos, generalizados o si se trató de hechos ocurridos en combate, diferenciando las condiciones de género, edad y cualificación del daño sufrido por cada una de las víctimas”(12).

La verificación que corresponde realizar al magistrado de control de garantías opera meramente formal, pues a pesar de que en la Ley 906 de 2004, también se le faculta para verificar que la aceptación de cargos sea libre, voluntaria, completamente informada y asistida de su defensor, en la Ley 975 de 2005, conforme lo estipulado en el inciso 3º del artículo 19, esa tarea le ha sido deferida a la Sala de Decisión de Justicia y Paz.

Entonces, el magistrado de control de garantías debe velar únicamente porque el escrito de acusación contenga esos mínimos atrás referenciados, a la par con la auscultación de que se ha hecho el correspondiente descubrimiento probatorio a las partes interesadas. Ya después, hará el interrogatorio al postulado acerca de su aceptación de cargos.

Si el postulado acepta solo parcialmente los cargos, el magistrado de control de garantías, acorde con lo estatuido en el artículo 21 de la Ley 975 de 2005, ordenará la ruptura de la unidad procesal, para que la justicia ordinaria asuma el conocimiento de los no aceptados”.

A su turno, la Sala de Conocimiento tiene como función legal la convocatoria a la audiencia pública en la que, de una parte verificará la legalidad de los cargos imputados, lo que equivale a un control de legalidad material, vale decir, del análisis de la coherencia de los cargos con la denominación jurídica hecha por la Fiscalía; y de otra, la verificación de la libertad, espontaneidad y voluntariedad de la decisión de allanamiento a los mismos por parte del desmovilizado(13).

Así las cosas, y sin que resulten necesarias mayores disquisiciones, el competente para conocer de la formulación de cargos, parcial o total, es el magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del tribunal correspondiente.

En mérito de lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. DECLARAR que el magistrado de justicia y paz con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, es el competente para presidir la audiencia de formulación de cargos al desmovilizado Fredy Rendón Herrera.

2. DEVOLVER inmediatamente las diligencias al tribunal de origen para que se continúe con el trámite correspondiente.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(1) Autos de 28 de mayo de 2008, radicado 29560; de 23 de julio de 2008, radicado 30120; de 9 de febrero de 2009, radicado 30955; de 18 de febrero de 2009, radicado 30775; de 16 de abril de 2009, radicado 31115; de 11 de mayo de 2009, radicado 31290; de 31 de julio de 2009, radicado 31539.

(2) Diccionario esencial de la lengua española, Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe 2006.

(3) Artículo 22 de la Constitución Política.

(4) Como expresamente lo indica la parte final del inciso 2º del artículo 19 de la Ley 975 de 2005.

(5) Tal como se concluyó en los siguientes autos de 2009: de abril 13, radicado 31527; de 21 de mayo, radicado 31620 y de 20 de mayo, radicado 31495.

(6) Auto de septiembre 21 de 2009, radicación 32022.

(7) Auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29.560.

(8) Artículo 1º, inciso 2º y artículo 2º, inciso 1º de la Ley 975 de 2005.

(9) ART. 2º—Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.

(10) El artículo 15 de la Ley 975 de 2005 ordena a la Fiscalía investigar los daños que individual o colectivamente haya causado la organización.

De conformidad con el inciso 3º del artículo 5º de la ley en cita, la condición de víctima se adquiere con independencia de que se procese o condene al autor de la conducta punible —autor material—; lo que se debe establecer, ante la imposibilidad de identificar al autor material del comportamiento delictivo, de conformidad con el artículo 42 ibídem es que el daño sufrido fue cometido por el grupo armado ilegal beneficiario de la ley.

(11) Teniendo en cuenta los umbrales de demostración probatoria de los procesos de justicia transicional y que los hechos a comprobar acontecieron regularmente antes de la entrada en rigor de la Ley 906 de 2004, el valor de la prueba de referencia, compilada y aducida en procesos gobernados por la Ley 600 de 2000, deberá ser valorada y estimada.

(12) Se trata de una exigencia que se corresponde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos contenida en los principios de Joinet en materia de reparación a víctimas de violaciones graves de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

(13) Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006, aspecto 6.2.3.2.2.9 del fallo.