Sentencia 33677 de noviembre 23 de 2010

 

Sentencia 33677 de noviembre 23 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 33677

Acta 41

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veintitrés de noviembre de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la apoderada del ciudadano Raúl Aguas Suárez, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 18 de julio de 2007, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra la sociedad Seatech International Inc.

Antecedentes

Raúl Aguas Suárez llamó a juicio a la sociedad Seatech International Inc., para que se declarara que había sido despedido sin justa causa, al encontrarse protegido por fuero circunstancial; que la relación laboral iniciada desde el 1º de marzo de 1991 mediante un contrato de trabajo a término indefinido, no ha concluido y, en consecuencia, fuera condenada a pagar los salarios y prestaciones sociales que se causen desde el 1º de junio de 2000 hasta cuando se produzca el cumplimiento de la sentencia que declare la ininterrupción del vínculo contractual; la prima de servicios proporcional del primer semestre de 2000; la indexación o corrección monetaria; lo ultra y extra petita, y las costas procesales.

De manera subsidiaria solicitó que se declarara la existencia del vínculo laboral a través de un contrato a término indefinido que inició el 1º de marzo de 1991 y culminó el 30 de mayo de 2000; que el despido fue injusto; y como consecuencia fuese condenada a pagar la indemnización por despido, las prestaciones sociales que no fueron pagadas en su totalidad, la prima proporcional de servicios del primer semestre de 2000, indemnización moratoria, con las condenas ultra y extra petita que resulten probadas en el proceso, y las costas.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que laboró para la demandada, desde el 1º de marzo de 1991 hasta el 30 de mayo de 2000, en virtud de un contrato a término indefinido; que su último salario mensual correspondió a la suma de $ 702.300; la causa invocada por la demandada para el despido nunca existió; al momento del despido el sindicato nacional de trabajadores de la industria alimenticia Sintralimenticia, al cual pertenecía, había presentado un pliego de peticiones a la demandada, por lo que se encontraba amparado por fuero circunstancial.

Al dar respuesta a la demanda (fls. 18 a 22), la accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó algunos y negó otros. Manifestó que el extrabajador fue despedido con justa causa, por tanto no puede alegar el fuero circunstancial; además, que el pliego era ilegal tal como lo confirmó la dirección territorial del Ministerio de Trabajo de Bolívar, mediante la Resolución 69 del 5 de diciembre de 2000.

En su defensa propuso la excepción que denominó carencia de obligación por no existir fundamentos fácticos ni jurídicos que soporten las pretensiones.

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 16 de febrero de 2005 (fls. 755 a 764), declaró injusto el despido de que fue objeto el demandante, y que no tenía la calidad de aforado a la fecha del despido; en consecuencia rechazó las pretensiones principales de la demanda; condenó a la sociedad demandada a cancelarle al actor, la suma de $ 4.916.100 por concepto de indemnización por despido injusto; así como la suma de $ 292.625 correspondiente a prima de servicio proporcional, por el primer semestre del año 2000; declaró no probada la excepción perentoria propuesta; absolvió a la demandada de las demás pretensiones subsidiarias y le impuso costas.

La sentencia del tribunal

Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por ambas partes, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante sentencia del 18 de julio de 2007, confirmó la sentencia del a quo.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal señaló que el despido fue injusto; que no eran muy claros los argumentos del a quo para concluir que no gozaba el trabajador demandante de la garantía del fuero circunstancial; que todo parecía indicar que basaba su convicción en el hecho de que, “la Resolución 40 de mayo 18 de 2000, mediante la cual la coordinadora del grupo de inspección y vigilancia de la dirección regional del trabajo requirió a la accionada para que recibiera a los delegados del sindicato que pretendían presentar un pliego de peticiones e iniciara las conversaciones o negociaciones correspondientes, había sido revocada mediante Resolución 69 de diciembre 5 de 2000 y ello tornaba ineficaz lo actuado” (fl. 32).

Seguidamente, el ad quem indicó que el sindicato de la industria alimenticia Sintralimenticia interpuso querella administrativa laboral contra la accionada porque, supuestamente, se negaba a negociar el pliego de peticiones presentado por dicha organización; a raíz de la mencionada querella la empleadora inició la negociación del pliego; que durante este período los trabajadores estaban protegidos por el fuero circunstancial previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 2351 de 1965, pues, el acto administrativo que revocó la resolución inicial surte efectos a partir de su proferimiento.

Adicionó el tribunal que, no obstante lo anterior, no se acreditó en qué fecha fue presentado el pliego y se ignoraba si para el día en que se produjo el despido, esto es, 30 de mayo de 2000, ya había ocurrido el hecho, pues, según “las documentales de folios 207 a 213, las conversaciones se iniciaron en el mes de julio y la Resolución 40 (fls. 46 a 50) que requirió a la empresa para que entrara a negociar fue expedida en mayo y no precisa el momento en que oficialmente fue notificado el pliego al empleador” (fl. 33).

Luego, arguyó el ad quem, que no existía certeza sobre la existencia del amparo afirmado, por tanto no accedió a la petición de reintegro basada en ese hecho.

El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida “solo en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la sociedad demandada Seatech International Inc., por la pretensión subsidiaria de la indemnización por despido sin justa causa” (fl. 16), para que, en sede de instancia, revoque la decisión del a quo en este aspecto y, en su lugar, teniendo por establecido la injusticia del despido, se condene a la demandada por cada una de las pretensiones principales, “consistente en el reintegro al cargo que venía desempeñando en el momento del despido, con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el 1º de junio de 2000 hasta que se produzca la reincorporación, la indexación y las costas a cargo de la demandada (fl. 16).

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y enseguida se estudia.

Cargo único

Acusa la sentencia impugnada de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los “artículos 25 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, en relación con los artículos 9º, 18, 21 y 140 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 8º de la Ley 153 de 1887, los artículos 53 y 55 de la Constitución Política, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 98 de 1949 y 154, aprobados por Colombia mediante las leyes 27 de 1976 y 524 de 1999, y los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 187 del Código de Procedimiento Civil” (fls. 16 a 17).

Expresa que la violación de las anteriores disposiciones se produjo como consecuencia de los errores de hecho que se enlistan a continuación:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que “... en el presente caso no se acreditó en que fecha fue presentado el pliego...” que dio origen al conflicto colectivo de trabajo suscitado entre la organización sindical Sintralimenticia y la empresa demandada Seatech International Inc.

2. Dar por demostrado, sin estarlo, que “... se desconoce si para el día en que se produjo el despido (mayo 30/2000)”, ya había ocurrido la presentación del pliego que dio origen al conflicto colectivo de trabajo suscitado entre la organización sindical Sintralimenticia y la empresa demandada Seatech International Inc.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que “... no existe certeza sobre la existencia del amparo afirmado”, no obstante de haberse establecido que se iniciaron las conversaciones o negociaciones correspondientes al pliego presentado por el sindicato Sintralimenticia.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el actor fue despedido el 30 de mayo de 2000, dentro de un conflicto colectivo en curso, originado del pliego de peticiones aprobado por la asamblea del sindicato Sintralimenticia el 14 de marzo de 1999 y notificado a la demandada Seteach(sic) International Inc. dentro de la querella laboral tramitada ante el Ministerio de Trabajo, a la cual se opuso en escrito presentado a través de apoderado el 3 de mayo de 1999, negándose a iniciar las conversaciones y negociaciones.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante estaba amparado por la garantía de estabilidad consagrada en el artículo 25 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 y 36 del Decreto 1469 de 1978, o fuero circunstancial, para la fecha en la cual fue dado por terminado el contrato de trabajo por decisión unilateral del empleador Seatech Internacional(sic) Inc.”. (fls. 17 a 18).

La censura señala que, el ad quem cometió esos errores evidentes de hecho por haber apreciado equivocadamente las siguientes piezas procesales y pruebas:

“— Contestación de la demanda folios 13 a 17 del cuaderno del juzgado.

— Resolución 40 de mayo 18 de 2000 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, folios 46 a 50 y se repite a folios 247 a 251 del cuaderno del juzgado.

— Querella instaurada por el sindicato de industria alimenticia Sintralimenticia contra la empresa Seatech International Inc. folios 60 a 72.

— Acta de iniciación de conversaciones - pliego de peticiones de Sintralimenticia a Seatech International Inc., del 31 de julio de 2000, folios 207 y 208 del cuaderno del juzgado.

— Acta de asamblea de la subdirectiva de la seccional de Sintralimenticia del 12 de agosto de 2000, para la solicitud de tribunal de arbitramento contra la empresa Seatech International Inc., folios 210 a 213 del cuaderno del juzgado” (fl. 18).

Igualmente, el recurrente le reprocha al tribunal la falta de apreciación de las siguientes pruebas:

“— Escrito de contestación de la querella administrativa instaurada por el sindicato Sintralimenticia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y radicada por la empresa Seatech Internacional (sic) Inc. el 3 de mayo de 1999, sobre la radicación del pliego de peticiones (fls. 241 a 246).

— Escrito de recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por la empresa Seatech Intrnacional(sic) Inc. contra la Resolución 40 de mayo 18 de 2000, folios 252 a 258 del cuaderno del juzgado.

— Resolución 69 de fecha octubre 5 de 2000 que revocó la Resolución 40 de mayo 18 de 2000 juntas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, folios 23 a 28 del cuaderno del juzgado.

— Resolución 2079 de fecha octubre 10 de 2000, por la cual el Ministerio de Trabajo ordena la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio en la empresa Seatech International Inc., folios 218 y 219, del cuaderno del juzgado.

— Escrito de acción de tutela instaurado por la empresa Seatech Internacional Inc. contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social obrante folios 340 a 351, del cuaderno del juzgado.

— Certificación del sindicato Sintralimenticia donde consta la afiliación del demandante Raúl Aguas Suárez a esa subdirectiva, folios 443 y 444 del cuaderno del juzgado.

— Actas de creación de la subdirectiva del sindicato Sintralimenticia y afiliación de los socios, de fechas 27 de febrero de 1999 y 11 de marzo de 1999, donde se relaciona al demandante Raúl Aguas Suárez” (fl. 19).

En la demostración del cargo, se controvierte la conclusión del tribunal, “en el sentido de que pese a existir conflicto colectivo y la protección foral para los trabajadores durante el periodo de las conversaciones, no era posible acceder al fuero circunstancial para el caso del demandante”, (fl. 20), por cuanto no se acreditó en qué fecha fue presentado el pliego y se desconoce si para el día en que se produjo el despido, esto es, 30 de mayo de 2000, ya había ocurrido el hecho.

De otra parte, sostiene el censor que las pruebas denunciadas, contrario a lo deducido por el ad quem, sí demuestran la presentación del pliego de peticiones por Sintralimenticia, con el cual se inició el conflicto colectivo, y que el despido se produjo en el transcurso del referido conflicto; que en la respuesta a la demanda, en ningún momento, la empresa adujo la falta de presentación del pliego de peticiones, ni, tampoco, la existencia del conflicto colectivo; que, por el contrario, al responder el hecho quinto, dijo que: “... Cuando hay una justa causa el fuero circunstancial no puede ser alegado. Amén de que el pliego era ilegal tal como lo confirmó la dirección territorial del Ministerio de Trabajo de Bolívar mediante la Resolución 69 de diciembre 5 de 2000” (fl. 13), y en las razones de la defensa expuso que la prohibición del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 era despedir a los trabajadores que hubieren presentado un pliego de peticiones “a menos que, existiere justa causa comprobada” (fl. 14), lo que, dice, indica que la demandada, desde la contestación de la demanda, aceptó la presentación del pliego de peticiones, y solo limitó su defensa a la existencia de justa causa.

Así mismo, la censura arguye que en la Resolución 40 del 18 de mayo de 2000, se verificó la presentación del pliego, en la que se expresó: “... el pliego que se pretende sea discutido fue presentado el día 17 de marzo de 1999… después de haber sido aprobado por la Asamblea General de dicha organización”, se estableció que el empleador se negaba a su discusión, toda vez que sus trabajadores ya estaban afiliados a un sindicato de industria y se requirió a la demandada para que recibiera a los delegados de esta última para iniciar conversaciones del pliego de peticiones presentado.

El censor continúa su argumentación así:

“Ahora, el tribunal da por establecido que con la querella radicada por el sindicato ante el ministerio (fls. 207 a 210), se inició la negociación del pliego y por ende el amparo del fuero circunstancial, pero no entendió si para el 30 de mayo de 2000 cuando se produjo el despido del demandante Raúl Aguas Suárez, ya había ocurrido el hecho, pues de acuerdo a las actas de inicio de conversaciones (fls. 207 a 213) estas se iniciaron en julio de 2000, y que la Resolución 40 (fls. 46 a 50) fue expedida en mayo, y no se precisa la notificación del pliego.

Lo que se vislumbra de tales conclusiones equívocas del tribunal, es que las pruebas antes citadas las apreció equivocada y olímpicamente y no entendió su contenido, y como tampoco analizó las que se relacionaron en el cargo por falta de apreciación, para establecer que el conflicto colectivo se inicio desde 17 de marzo de 1999 cuando se le notificó el pliego a la demandada (...).

Retrocediendo a la notificación del pliego de peticiones, se demuestra que en la respuesta radicada por la empresa Seatech International Inc. ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el día 13 (sic) de mayo de 1999 a la querella administrativa laboral radicada por el sindicato visible a folios 241 a 246 deI cuaderno del juzgado, la demandada a través de apoderado, se oponía al reconocimiento de la subdirectiva (fl. 241), y a negociar el pliego de peticiones (fl. 242) aprobado en la asamblea del sindicato el día 14 de marzo de 1999, al folio 244 manifiesta:

“... Mediante comunicación de fecha 17 de marzo de 1999, el Sr. Luis Fernando Muñoz Flores (sic), en su calidad de presidente nacional de Sintralimenticia; afirma que “el pasado 11 de marzo de 1999, se realizó la asamblea de creación de la subdirectiva del sindicato nacional de trabajadores de la industria alimenticia Sintralimenticia Cartagena, en la cual se aprobó el pliego de peticiones que le estamos anexando para su discusión...” (resaltado nuestro).

Lo anterior ratifica igualmente la notificación del pliego de peticiones.

Ahora en la Resolución 279 de fecha octubre 10 de 2000, por la cual el Ministerio de Trabajo ordena la constitución del tribunal de arbitramento obrante a folios 218 y 219, igualmente muestra el historial de la negociación colectiva frustrada en la etapa de arreglo directo, sobre el pliego de peticiones presentado por el sindicato Sintralimenticia” (fls. 23 a 24).

Adiciona que, tal como lo estableció el tribunal, la Resolución 69 de fecha 5 de diciembre de 2000, que revocó la Resolución 40 del 18 de mayo de 2000, solo tiene efectos a partir de su proferimiento, “entonces, para el momento del despido del actor en mayo 30 de 2000, existía el conflicto colectivo y por ende la protección del fuero circunstancial, y por tanto no era viable el despido injusto de que fue víctima el actor” (fl. 25).

La oposición

En síntesis dice que no se puede plantear como un hecho cierto la existencia de un conflicto colectivo, cuando no existía certeza jurídica sobre quienes eran interlocutores validos de la organización sindical; además dijo que:

“Denunciamos carácter limitado y fraccionado que intencionalmente tiene el análisis del casacionista, quien hace en la fundamentación del cargo una referencia a la Resolución 40 de mayo 18 de 2000, deI grupo de inspección y vigilancia de la dirección territorial del de (sic) trabajo y seguridad social de Bolívar: Pero no incluye en su análisis el colega recurrente referencia alguna al hecho de haber sido la citada resolución revocada en todas sus partes por la segunda instancia de la vía gubernativa, mediante Resolución 69 de diciembre 5 de 2000 (...).

En este orden de ideas carece de todo fundamento y así fue entendido por los juzgadores de instancia, la idea de la existencia de un conflicto colectivo de trabajo” (fl. 40).

Consideraciones de la Corte

En este caso la litis gira en torno a la existencia del conflicto colectivo al momento del despido del demandante, esto es, 30 de mayo de 2000.

Al respecto, esta Sala ha sostenido, que solo cuando ha ocurrido la presentación del pliego es cuando puede afirmarse que se ha dado inicio a un conflicto colectivo de trabajo y de igual manera solo desde ese momento comienza la protección para los trabajadores interesados en él (Sent. sep. 2/2004, rad. 22766).

Ahora, una vez revisada la Resolución 40 del 18 de mayo de 2000, proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —hoy Ministerio de la Protección Social—, la cual resuelve una querella de policía laboral instaurada por el presidente de la junta directiva nacional de “Sintralimenticia”, contra la sociedad demandada por presunta negativa a negociar el pliego de peticiones, encuentra la Sala, que si bien es cierto fue emitida con antelación a la fecha de despido del demandante, su notificación a la sociedad demandada se efectúo por edicto fijado el 15 de junio de 2000 cuya desfijación se realizó el 29 de junio de 2000, es decir, con posterioridad al despido, por tanto, de esta prueba no se puede deducir que la demandada tenía conocimiento del pliego de peticiones antes de efectuar el despido.

En cuanto al escrito de contestación de la querella administrativa instaurada por el sindicato “Sintralimenticia”, ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, hoy Ministerio de la Protección Social, la cual fue radicada en el referido ministerio el 3 de mayo de 1999, esto es, antes del despido del demandante, es necesario reproducir los siguientes pasajes:

“Este es el argumento central que nos lleva a aseverar que no existe para la empresa la obligación de sentarse a negociar el “pretendido pliego de peticiones” presentado”.

“(...) se tiene entonces, que no hay acto atentatorio contra el derecho de asociación sindical, el no sentarse a negociar en el plazo legal, un pliego de peticiones que no se haya avenido a las normas legales, que es precisamente lo que en este caso aconteció y lo que inspiró la querella que ahora nos ocupa”. “(...) nuevamente Seatch observa en la conducta de los afiliados a Sintralimenticia y quienes fueron los inspiradores del pliego petitorio”.

“(...) pues justamente su negativa a sentarse a negociar un pliego de peticiones obedece a que no nació en forma legal”.

“El pliego de peticiones, desde su nacimiento no ha sido conforme a la ley (...)”.

“Y no se diga que una cosa es la subdirectiva sindical y otra el sindicato de industria Sintralimenticia, persona jurídica distinta que a la postre fue la (sic) presentó el pliego de peticiones a la empresa (...)”.

“Nos oponemos a aceptar semejante falacia, sobre el material documental que nos ha sido allegado:

(...).

Mediante comunicación de fecha 17 de marzo de 1999, el Sr. Luis Fernando Muñoz Flores, en su calidad de presidente nacional de Sintralimenticia; afirma que “... en la cual se aprobó el pliego de peticiones que le estamos anexando para su discusión...”.

“Es pues claro, que ante el incumplimiento del sindicato de las normas que regulan instituciones tales como la organización sindical, el pliego de peticiones y la negociación colectiva, no le cabe la obligación al empleador Seatch International Inc., de sentarse a negociar un pliego de peticiones, por sustracción de materia, no existe pliego de peticiones pues el presentado adolece de objeto y de causa lícitas” (fls. 241 a 246).

Del contenido del antecitado escrito, se desprende sin dubitación alguna, que para el 3 de mayo de 1999, es decir, con anterioridad a la fecha del despido del demandante, que lo fue el 30 de mayo de 2000, la empresa tenía conocimiento del pliego de peticiones; que reconoció que dicho pliego se había presentado, situación diferente es que hubiese estimado que este “no nació en forma legal”.

En ese orden, el tribunal incurrió en los errores de hecho que le endilga la censura, por cuanto del escrito de contestación de la querella administrativa instaurada por el sindicato “Sintralimenticia”, contra la sociedad demandada, cabía colegir que, para la fecha del despido, ya había nacido el conflicto colectivo de trabajo, sin que se afectara tal situación porque la Resolución 40 del 18 de mayo de 2000, por medio de la cual se había requerido a la demandada para que entrara a discutir el pliego de peticiones con su sindicato, hubiere sido revocada por la 69 del 5 de octubre de 2000, la cual surte efectos a partir de su proferimiento.

Es suficiente lo anterior para concluir que la acusación es fundada.

En sede de instancia, además de las razones esbozadas, es imperioso dejar en claro el punto relativo al fuero circunstancial.

Esta Sala de la Corte, en sentencia de 2 de octubre de 2007, radicación 29822, precisó algunos conceptos, así:

“1. Fuente legal. Artículos 25 del Decreto 2351 de 1965 y 10 del Decreto 1373 de 1966.

2. A quiénes cobija. A “los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego de peticiones” que comprende a los “afiliados al sindicato o a los no sindicalizados”. Luego, es patente que esta garantía foral también protege a los trabajadores no sindicalizados que presenten un pliego de peticiones tendientes a la firma de un pacto colectivo. Se impone recordar lo que la Corte en sentencia de 11 de mayo de 2006, radicado 26726, razonó en el sentido de que están excluidos de este fuero los trabajadores que desempeñen cargos de alta dirección o jerarquía dentro de la empresa, con capacidad de compromiso y de representación, dado que no pueden “pretender estar acogidos por el pliego de peticiones que la organización sindical presentó, en tanto los intereses empresariales, de los cuales en su calidad de alto directivo lo comprometían, estaban en contraposición con los suyos propios, lo que resulta inadmisible”.

3. Periodo en que opera la protección. Desde el momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere pertinente o en aquellos casos en donde se verifique la terminación anormal del conflicto.

4. Para qué los ampara. Para no ser despedidos sin justa causa, desde el momento de la presentación del pliego de peticiones al empleador hasta que se haya solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o del pacto, o quede ejecutoriado el laudo arbitral, si fuere pertinente, o en aquellos casos en donde se verifique la terminación anormal del conflicto colectivo. En el evento en que el empleador considere que un trabajador incurrió en una justa causa, no es imperativo que acuda previamente ante el juez del trabajo para solicitar el permiso para terminar el contrato de trabajo, la justeza o no se determina posteriormente al fenecimiento de la relación laboral”.

Lo anterior demuestra de manera fehaciente, que el trabajador desvinculado estaba amparado por la garantía del fuero circunstancial, luego no podía ser despedido sin justa causa comprobada; no debe olvidarse que el tribunal determinó que el despido del demandante fue injusto, conclusión que no es objeto del recurso de casación, por tanto, la decisión de la sociedad demandada de terminarle el contrato en forma injusta, conlleva a la nulidad o la ineficacia del despido, que supone la continuidad del vínculo contractual con las subsiguientes incidencias salariales, hasta cuando se produzca la reinstalación del trabajador a su cargo, de conformidad con lo previsto por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965.

Esta corporación en providencia de 5 de octubre de 1998, radicación 11017, definió el tema que aquí se examina en los siguientes términos:

“Nuestro ordenamiento jurídico laboral, aún en vigencia de la Constitución de 1991, consagra la posibilidad del despido sin justa causa con el pago de la indemnización contemplada en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 que subrogó el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965. Por eso cuando el artículo 25 establece la prohibición legal expresa de despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores, desde que presentaron el pliego hasta que se resuelva el conflicto, el efecto no puede ser la indemnización, pues se estaría frente a la repetición del resultado previsto en la disposición consagrada en el artículo 8º, lo que resulta a todas luces impropio, por lo que debe interpretarse la norma de manera que produzca un resultado diferente, que corresponde al expresado anteriormente de no producir la decisión patronal el efecto natural de todo despido, aun injusto, que es la terminación del contrato. Esa situación, que bien puede entenderse originada en la nulidad absoluta o en la ineficacia, que es la figura jurídica que se encuentra plasmada específicamente en diversas disposiciones de naturaleza laboral, supone la continuidad del vínculo contractual con todas sus consecuencias, lo que apareja el pago de los salarios dejados de percibir con fundamento en el artículo 140 CST debido a que la ausencia del servicio se origina en una determinación del empleador, con los aumentos y reajustes que se produzcan en el interregno, pago de salarios que se proyectará hasta que se presente la reinstalación física del trabajador a su cargo. También, consecuencialmente y por la misma razón, se generarán los derechos prestaciones que la ley señala a cargo directamente del empleador y las obligaciones de este frente a la seguridad social en relación con el trabajador correspondiente” (lo resaltado no pertenece al texto).

Son suficientes las anteriores argumentaciones como consideraciones de instancia, por lo que habrá de revocarse la sentencia del a quo, en cuanto condenó a la demandada por la pretensión subsidiaria de la indemnización por despido sin justa causa, y en su lugar se ordenará la reinstalación del trabajador recurrente al cargo que desempeñaba al momento del retiro, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales causados entre la fecha del despido y del reintegro, debidamente indexados de conformidad con la siguiente fórmula:

 

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De donde:

VA = IBL o valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.

IPC final = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión.

IPC inicial = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.

En el caso bajo examen el actor no desempeñaba un cargo de alta dirección o jerarquía dentro de la sociedad, como para entender, de acuerdo con lo precisado por la jurisprudencia, que está excluido de la protección del fuero circunstancial. Su labor era de operador de cocinamiento, según consta en la liquidación de prestaciones sociales que obra a folio 7 del cuaderno del juzgado.

Sin costas en el recurso extraordinario; las de las instancias a cargo de la sociedad demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, el 18 de julio de 2007, en el proceso ordinario adelantado por el señor Raúl Aguas Suárez en contra de la sociedad Seatech International Inc., en cuanto confirmó la condena del a quo a la demandada por la pretensión subsidiaria de la indemnización por despido sin justa causa. NO LA CASA EN LO DEMÁS.

En sede de instancia, revoca parcialmente el fallo de primer grado, en cuanto condenó a la sociedad demandada a cancelarle al demandante, la suma de cuatro millones novecientos dieciséis mil cien pesos ($ 4.916.100) por concepto de indemnización por despido injusto, y en su lugar, se condena a la sociedad demandada a reintegrar al demandante Raúl Aguas Suárez al cargo que desempeñaba al momento del despido a partir del 1º de junio de 2000, en las mismas condiciones de empleo de que gozaba anteriormente, sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones, dejados de percibir entre la fecha del despido hasta cuando se produzca el reintegro, debidamente indexados de conformidad con la fórmula señalada anteriormente.

Costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Francisco Javier Ricaurte Gómez—Elsy del Pilar Cuello—Calderón Gustavo José Gnecco Mendoza—Camilo Tarquino Gallego.