Auto 337 de noviembre 3 de 1993 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

JURISDICCIÓN COACTIVA

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

EXTRACTOS: «El juicio ejecutivo de jurisdicción coactiva se tramita con aplicación del procedimiento señalado por el proceso ejecutivo en el Código de Procedimiento Civil, según su cuantía, en cuanto ese procedimiento no se oponga a lo previsto en el capítulo de la “ejecución para el cobro de deudas fiscales” (cap. VIII, título XXVIII, sección segunda, libro 3º del CPC).

Pero por su finalidad, el cobro de créditos fiscales a favor de las entidades públicas, está revestido de excepcionales caracteres de fondo y forma que lo distinguen, muy precisamente, del proceso ejecutivo ordinario. De esos caracteres, en cuanto a los primeros, basta señalar los que configuran los privilegios de la administración en cuanto ella misma ejecuta el cobro, cumpliendo el doble papel de juez y parte, y su capacidad para crear el título de recaudo (art. 68 del CCA).

Desde el punto de vista formal, entre los muchos que pudieran señalarse basta indicar el que no se precise la presentación de demanda en forma, el procedimiento especial para notificar el mandamiento de pago, no poder proponer como excepciones “...cuestiones que debieron ser objeto de recursos por la vía gubernativa...”, limitarse los medios exceptivos de mérito aducibles a los enumerados taxativamente en el numeral 2º, art. 509 del C.P. Civil (numeral 269, art. 1º del Decreto 2282 de 1989), etc.

Es bajo esa perspectiva como deben interpretarse las normas que determinan el trámite del proceso ejecutivo de jurisdicción coactiva, y no con el estricto criterio de aplicación que el recurrente pide dar a esa normatividad, con lo cual quedarían de lado aspectos propios del proceso y, sobre todo, su finalidad.

Por ello en la aplicación del artículo 521, numeral 3º, del C.P. Civil es preciso tomar en cuenta que si la parte ejecutada no formuló objeciones a la liquidación del crédito efectuada por la ejecutante, que simultáneamente funge de juez, éste se limita a aprobar su propia liquidación en auto que pasa a ser de mero impulso procesal y que, como tal, no puede ser pasible de apelación.

En efecto, el precitado inciso contempla que una vez vencido el traslado de la liquidación del crédito tiene el juez dos opciones, expresadas con proposiciones unidas con la conjunción disyuntiva “o”, indicativa de su condición de excluyentes entre sí. Aprobar o modificar la liquidación, esta segunda por auto apelable en el efecto diferido.

Si el texto del inciso tuviera una coma (,) después del sustantivo “liquidación”, cabría entender que la oración “por auto apelable en el efecto diferido” afectaría a las dos proposiciones disyuntivas en mención. Pero ante la ausencia de este signo de puntuación la oración transcrita alude a la segunda proposición, determinando que sólo es apelable el auto por el que el juez “modifica la liquidación”.

Esta interpretación es acorde con la que corresponde al numeral 5º del art. 351 del C.P.C., pues con criterio estrictamente literal es de entender que la inflexión verbal “resuelva” que expresa la acción del juez respecto de la liquidación se refiere a la decisión que adopta en cuanto a las objeciones o a la modificación de la liquidación. No así a la que aprueba ésta por no haber cuestiones qué resolver o motivos para modificarla. Mucho menos a la del juez de ejecución coactiva que aprueba la liquidación no objetada que él mismo elaboró o que hizo suya, como en el presente caso.

Además, no pretendiendo aplicar el aforismo latino de que a igual razón corresponde el mismo derecho, ubi aedem est ratio, lidem ius, sino porque se impone “...un mínimo de lógica, ese mínimo de lógica que acostumbramos llamar técnica jurídica...” para “sustituir estas viejas recetas del pensamiento por principios de interpretación sistemática del derecho, tomadas de la índole propia del derecho particular que nos reclama la empresa interpretativa...” (cita de Coutere en auto de 9 de julio de 1980, mag. ponente Dr. Horacio Montoya Gil, Corte Suprema de Justicia), el criterio sentado para la liquidación de costas en el artículo 393, numeral 5º, del C.P. Civil es valedero en el caso en examen, puesto que no siendo procedente recurso alguno contra el auto que aprueba esa liquidación, cuando no es objetada, igual cabe concluir respecto del auto aprobatorio de la liquidación del crédito no objetada».

(Auto de noviembre 3 de 1993. Expediente 0337. Consejero Ponente: Dr. Amado Gutiérrez Velásquez).

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