Sentencia 3370 de agosto 30 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EXPORTACIONES

PROHIBICION LEGAL DE GRAVARLAS

EXTRACTOS: «La Dirección de Impuestos Distritales de Bogotá, gravó con el impuesto de industria y comercio, el ingreso que la sociedad actora percibió el año gravable de 1979 por concepto de exportaciones, apoyándose en los siguientes argumentos:

1. Que el derecho a cualquier exención tributaria municipal, sólo podría aceptarse previo pronunciamiento de la Junta Distrital de Hacienda que así lo reconociera.

2. Que en las actividades industriales no se permite la utilización de descuentos por ventas para fuera del Distrito Especial, como serían las exportaciones.

3. Que si bien la sociedad realizó su actividad industrial en un determinado establecimiento y lo comercializó en otro, se configuró en ella el presupuesto del artículo 6º, del Decreto 950 de 1975, por lo cual debía declarar en el establecimiento comercial la totalidad de las ventas brutas realizadas en Bogotá, “incluyendo la trilla de café para la exportación'''' y descontando únicamente lo ya declarado en la actividad industrial.

Las anteriores precisiones que llevaron a la administración al rechazo de los descuentos solicitados por exportaciones, fueron encontradas válidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la decisión objeto de este recurso.

La Sala acepta que en sus inicios, el alcance de la prohibición del artículo 169 del Decreto 444 de 1967 dio lugar a diferentes interpretaciones, no solo por parte de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, sino incluso por parte de los jueces. Por esto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se pronunció al respecto afirmando: ``el artículo 169 del Decreto-Ley 444 de 1967 no versa sobre el impuesto de industria y comerció'' y en numerosas actuaciones administrativas fueron sometidas a gravamen. Sin embargo, interpretaciones como la anterior, se encuentran revaluadas por la prolija interpretación que al respecto ha proferido esta Sección, en la que, consultando el verdadero espíritu de la ley de tratamiento preferencial para las exportaciones, se ha despejado cualquier duda sobre el cubrimiento de la prohibición legal de gravarlas.

Repetidamente se ha sostenido que la facultad de los entes territoriales en materia de impuestos, está subordinada a la ley, de manera que si la ley prohíbe que se imponga un gravamen, no puede válidamente el ente territorial desconocer la voluntad del legislador. Y como el objetivo buscado al expedir el Decreto 444 de 1967 fue la promoción del desarrollo económico y social del país, a través de herramientas tales como el fomento y diversificación de las exportaciones, los municipios no pueden someterlas a gravámenes internos, principalmente, por la subordinación de su facultad impositiva.

Tal como ha quedado consignado en la numerosa jurisprudencia citada y como acertadamente se sostiene en la demanda, la Ley 14 de 1983 aclaró definitivamente la anterior situación, al interpretar, en su artículo 33 y por vía de autoridad, qué elementos deben descontarse en el cálculo de los ingresos para fijar la base del gravamen en el impuesto de industria y comercio y fundamentalmente, cuando en su artículo 39, afirma que continuará vigente la prohibición de gravar los artículos de producción nacional destinados a la exportación, con lo cual presupone la existencia anterior de dicha prohibición.

Por lo demás, la exigencia de un pronunciamiento previo de la Junta Distrital de Hacienda sobre la procedencia legal del descuento de la base gravable del ingreso proveniente de las exportaciones, obedece simplemente a la confusión de los términos exención y prohibición, que en materia impositiva son bien diferentes, no pudiendo asimilarse la prohibición a la exención, para exigir requisitos formales para su aceptación. En las exportaciones, por expreso mandato legal, no se origina el impuesto municipal aquí discutido. Prohibición que exime de cualquier interpretación sobre si la exportación la realizó quien produjo el bien o quien lo está comercializando, pues el beneficio fiscal cubre el hecho en sí de la exportación, sin consultar quién lo realiza.

En consecuencia, como en la actuación administrativa demandada se negó el reconocimiento de la exención por exportaciones a la sociedad demandante, con argumentos improcedentes frente a la prohibición legal de someterlas a gravamen, procede, previa la anulación de la actuación, efectuar una nueva liquidación que confirma los datos consignados en la liquidación privada del impuesto del año de 1979, vigencia de 1980».

(Sentencia de agosto 30 de 1991. Radicación 3370. Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos).

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