Sentencia 33705 de julio 25 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 76001-23-31-000-1999-01387-01

Número interno: 33.705

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: Jhon Jairo Cardona Gaviria

Demandado: Emcali Eice ESP y otro

Proceso: reparación directa

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil siete.

EXTRACTOS: «1. Auto impugnado.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de 29 de septiembre de 2006, denegó el llamamiento en garantía formulado por Energizar Ltda., con apoyo en el siguiente razonamiento (fls. 334 a 337, cdno. ppal. 2ª instancia):

1.1. El Consejo de Estado en numerosos pronunciamientos, ha considerado que junto al escrito en que se fundamenta el llamamiento, se debe acompañar la prueba siquiera sumaria del derecho a formularlo así como la relativa a la existencia y representación legal que fueren necesarias, en aras de garantizar que su uso sea serio, razonado y responsable.

1.2. En el asunto en concreto, se negará el llamamiento en garantía formulado por Energizar Ltda., por cuanto no aporta con su escrito de llamamiento, la prueba siquiera sumaria del derecho legal o contractual que le permita exigir del tercero, el reintegro del pago que tuviere que hacer con ocasión de un fallo en su contra.

1.3. En efecto, la solicitud que hace el llamante de que se tenga en cuenta como prueba sumaria la declaración extraproceso que rindió el ingeniero Carlos Humberto Gómez —la que además fue aportada por el demandante como sustento de los hechos de la demanda—, de manera alguna se puede tomar como sumaria, en tanto que con la misma no se acredita la existencia de una relación de garantía, legal o contractual entre la firma Enegizar Ltda. y la sociedad CH Ingeniería Ltda.

1.4. No sobra advertir, además, que en la declaración extraproceso a que se refiere la sociedad Energizar Ltda., que obra a folios 46 y 47 del cuaderno principal, no se vislumbra la subcontratación que aquella hiciere con el o los citados en su escrito de llamamiento; por consiguiente, no es suficiente la misma para los fines pretendidos en el llamamiento en garantía que fue planteado.

(...).

II. Consideraciones

1. Consideraciones generales sobre el llamamiento en garantía.

En repetidas ocasiones, esta corporación ha dicho que el llamamiento en garantía procede cuando entre el llamado y llamante existe una relación de garantía de orden real o personal, de la que surge la obligación, a cargo de aquel, de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso (1) . En el mismo sentido, se ha precisado adicionalmente que, la procedencia del llamamiento en garantía está supeditada a la existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la misma litis principal se defina la relación que tienen aquellos dos.

Como lo ha sostenido la Sala, los requisitos que debe reunir el escrito de llamamiento en garantía son los establecidos en el Código de Procedimiento Civil, es decir, el nombre de la persona llamada y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí mismo al proceso; la indicación del domicilio del denunciado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación —bajo juramento— de que se ignoran; los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho que se invoquen, y la dirección de la oficina o habitación donde el denunciante y su apoderado recibirán notificaciones personales.

También ha quedado claro que la exigencia de que, en el escrito de llamamiento, se expongan los hechos en que se apoya la citación del tercero y los fundamentos de derecho que sustenten la actuación, tiene por finalidad establecer los extremos y elementos de la relación sustancial que se solicita sea definida por el juez, y de otro lado, ofrecer un fundamento fáctico y jurídico mínimo del derecho legal o contractual en que se apoya el llamamiento en garantía que se formula, en orden a que el uso de ese instrumento procesal sea serio, razonado y responsable y, al propio tiempo, se garantice el derecho de defensa de la persona que sea citada en tal condición al proceso.

Se tiene entonces que si bien la remisión que para efectos del trámite se hace en la parte final del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil está referida tan solo a los artículos 55 y 56 del mismo código, la exigencia contenida en el inciso segundo del artículo 54 del mismo es igualmente predicable para el caso del llamamiento en garantía y no exclusivo para la figura de la denuncia del pleito allí regulada (2) .

En efecto, la exigencia así planteada, supone el acompañamiento al escrito de vinculación de al menos prueba sumaria, esto es aquella que no ha sido sometida al contradictorio, con el fin de brindar fundamento a los supuestos fácticos —los que a su vez deben ser serios y razonados— en que se apoya la solicitud.

Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección ha puntualizado:

“(…) [I]ndefectiblemente se concluye que, para que proceda legalmente el llamamiento en garantía se deben cumplir a cabalidad con el conjunto de requisitos formales y sustanciales de que tratan los artículos 57, 56, 55 y 54 del Código de Procedimiento Civil, y concretamente respecto de este último, debe reiterarse la necesidad de que se acompañe al escrito de llamamiento la prueba siquiera sumaria, que sea demostrativa de la existencia del vínculo jurídico sustancial que fundamenta la vinculación del tercero pretendida” (3) .

2. La prueba sumaria del vínculo contractual o legal.

La prueba sumaria es aquella que, independientemente de su valor probatorio, no ha sido sometida al principio de contradicción y, por ende, no ha sido objeto de conocimiento y confrontación por la parte en contra de quien se aduce.

El ordenamiento jurídico, en precisas ocasiones, se vale del concepto de prueba sumaria con miras a facilitar el acceso a la administración de justicia, en los términos del artículo 228 de la Carta Política (4) , en cuanto, en ciertas y precisas situaciones se torna necesario facilitar o suavizar la exigencia probatoria, a efectos de garantizar, como ya se señaló, el referido postulado constitucional.

Esta clase de prueba, ha sido definida por la doctrina nacional en los siguientes términos:

“La prueba sumaria es aquella que lleva al juez la certeza del hecho que se quiere establecer, en idénticas condiciones de las que genera la plena prueba, pero, a diferencia de esta, no ha sido sometida al requisito de la contradicción de la parte contra quien se hace valer.

“Pone de presente lo anterior que la única diferencia que existe entre los dos conceptos [se refiere a la relación entre plena prueba y la sumaria] es el no haber surtido el requisito de la contradicción, pero su poder de convicción es siempre igual y la prueba sumaria también debe llevar certeza al juez acerca del hecho que con ella se quiere establecer” (5) .

Es importante señalar que, por regla general, si bien la prueba sumaria parte del reconocimiento de unos efectos en contra de quien se aduce, sin que se haya tenido la posibilidad de controvertir los supuestos fácticos que de la misma se desprenden, lo cierto es que dicha circunstancia no es óbice para que en instancias posteriores del proceso la parte correspondiente pueda, a través de otros medios idóneos de prueba, controvertir la certeza que, en principio, se desprende del instrumento probatorio de naturaleza sumaria.

En ese orden de ideas, en materia de vinculación de terceros al proceso, corresponderá a la parte llamante, en cada caso concreto, aportar o al menos señalar junto con el escrito de llamamiento o denuncia, el medio probatorio que respalde la relación o el vínculo legal o contractual a partir del cual se pretende soportar dicha situación, siempre que el mismo haga parte integral del correspondiente expediente».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto 15871 de 1999.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, autos 15871 de 1999 y 17969 de 2000.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 11 de octubre de 2006, expediente 32324.

(4) “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.

(5) López Blanco, Hernán Fabio “Instituciones de procedimiento civil”, tomo III, Ed. Dupré, 2001, pág. 69.

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