Sentencia 33749 de julio 22 de 2010

 

Sentencia 33749 de julio 22 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 230

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Gómez Quintero

Vistos

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Ajustada como fuera la demanda de casación discrecional por encontrarse debidamente justificado el motivo para acudir a ella, la Sala decidirá de fondo el reproche propuesto a la sentencia del Tribunal de Pasto, sin ocuparse de puntualizar las falencias de técnica que pudiera presentar el cargo, ya que una declaración de tal naturaleza presupone el cumplimiento de los requisitos mínimos para que hubiera dispuesto su trámite.

Cargo único. Sustentado el reparo en la causal primera cuerpo segundo del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, la impugnante acusa a la sentencia de incurrir en errores de hecho por falso raciocinio que derivan en la violación indirecta de la ley sustancial.

Considera que el tribunal acudió a la falacia de petición de principio y a la razón suficiente, en tanto el a quo vulneró reglas de la experiencia para dar por supuesta la responsabilidad penal de José de Jesús Uribe Silva, afirmando que la prueba ofrece certeza a través de los errores reprochados por desconocimiento de las reglas de la sana crítica, vinculadas con la lógica y la experiencia.

En principio, se tiene que el acusado Uribe Silva acudió a las autoridades a denunciar al doctor José Alfredo Escobar Araújo por los delitos de abuso de autoridad y hurto calificado, al señalar que el 18 de diciembre de 2003 con sus escoltas, sacó de su taller sin su autorización una máquina planeadora debido a su incumplimiento del contrato de obra civil suscrito con él.

El deber de denunciar que tiene toda persona previsto en el artículo 27 de la Ley 600 de 2000 —artículo 67 de la Ley 906 de 2004— con la excepción prevista en la Constitución y la Ley, se vincula con su derecho fundamental de acceso a la justicia y de la correlativa obligación de poner en conocimiento de las autoridades los delitos de cuya comisión tenga conocimiento.

Ese derecho-deber únicamente exige que el denunciante haga una narración veraz de los sucesos que como persona común le parece han de ser denunciados, sin que esté obligado a probar que esos hechos constituyan infracción a la ley penal, lo cual a su vez le permite cumplir con el deber de solidaridad con la comunidad al contribuir con la administración de justicia.

La demostración de la verdad y la calificación jurídica de los hechos son aspectos propios de los fines de la investigación penal(6), porque lo reprochado por la ley es la denuncia de una conducta típica, referida a los elementos del tipo objetivo sin ningún juicio relacionado con la tipicidad, antijuridicidad o culpabilidad del hecho denunciado, adecuaciones y valoraciones atribuidas a los funcionarios judiciales competentes.

En esas circunstancias, el tipo penal no pretende —y no es esa su pretensión— abarcar la conducta del lego bajo el supuesto de ser preciso en la imputación jurídica; lo que él sanciona, es la denuncia objetivamente contraria a lo acaecido en el mundo exterior, esto es, la falsedad sobre algunos de los supuestos previstos en la norma, es decir que la persona señalada como autora o partícipe de un hecho no lo ha cometido o participado en él.

Así como su obligación no comprende esos aspectos, también es claro que no surge el deber ineludible de tener la certeza o la prueba del hecho que denuncia, porque lo que permite estructurar el delito es en realidad el abuso de la eficaz y recta impartición de justicia, el cual surge del conocimiento que el autor tiene de la inexistencia del hecho que da lugar a la activación del aparato judicial(7).

De ahí que la Sala sostenga de tiempo atrás que

“al denunciante no se le puede exigir que previo al acto de denunciar realice un juicio de valor en torno a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los hechos que va poner en conocimiento de las autoridades. Para efecto de la imputación de esta conducta punible se debe advertir que el sujeto sabía que su denunciado era inocente del cargo que le atribuye; que se trataba de una conducta punible en la que éste no ha había tomado parte ya sea a título de autor o de partícipe; y que era consciente que dicho acontecer fáctico no correspondía a la verdad”(8).

Y haya ratificado que

“Es de la esencia de la conducta la maliciosa intencionalidad que debe acompañar el comportamiento de su autor, vale decir, el denunciante temerario debe saber y tener la certidumbre de que la conducta que enrostra a una persona determinada, o no ha existido o en relación con ella el denunciado fue totalmente ajeno.

De este modo, si objetivamente la conducta puesta en conocimiento de la autoridad, se exhibe como real y existente y, dadas las circunstancias antecedentes o concomitantes, el denunciante la asume y deduce razonablemente conectada con razones y motivos estrechamente ligados con quien señala como su autor o participe, el solo acto de la denuncia bajo juramento en tales eventos no agota ni perfecciona el carácter punible de la conducta, por ausencia de dolo, única especie de culpabilidad que tolera la infracción”(9).

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, resulta evidente que las instancias incurrieron en los errores reprochados por la impugnante —petición de principio(10), razón suficiente y reglas de la experiencia— en la valoración de las pruebas cuando no de los hechos, conforme se verá enseguida.

El tribunal da por supuesto que la prueba personal recaudada muestra a “completud” que el acusado en forma consciente y voluntaria hizo entrega de la maquinaria en garantía de pago al doctor Escobar Araújo, como también que las versiones de los escoltas de él dejan de ser sospechosas e inútiles porque “hay elementos de los cuales razonablemente se llega a conclusión diversa, esto es, que aquellos dicen la verdad”, sin indicar cuál es la prueba ni cuáles los elementos que le permiten hacer tal afirmación.

Bajo la misma línea argumentativa, advierte que el testimonio de Strahlen Bustamante “contrario sensu a desacreditar, adquiere robustez, se ofrece con entidad axiológica necesaria para tenerla digna (sic) de credibilidad” y remata que a pesar del esfuerzo dialéctico de la defensa, “el injusto acusa de innegable objetividad, pues, Uribe Silva, como quiera que sea, quiso y dispuso de la entrega de la maquinaria”.

Desde esa perspectiva tiene razón la casacionista, en cuanto el tribunal no hace esfuerzo alguno por demostrar las afirmaciones las cuales da por sentadas a partir de que “la juzgadora de primer grado, con criterio axiológico, como que recurrió a su análisis y confrontación, no solo entre tales piezas entre sí, sino con sujeción al contexto probatorio” observó los principios que informan la sana crítica, mientras concluye que los “hechos se encargan de advertir su propósito [el de Uribe Silva] para consumar el ilícito quehacer”.

Recabando que la prueba personal demuestra que dispuso de la entrega voluntaria de la máquina, el tribunal recrimina a Uribe Silva que hubiera buscado con Escobar Araújo un arreglo económico para retirar la denuncia, sin “meditar que los hechos denunciados pertenecen al rango de oficiosa investigación”.

A su vez, en el fallo de primera instancia se analizan los ingredientes normativos de los delitos de abuso de autoridad y hurto calificado, conductas que el procesado Uribe Silva le endilgara al doctor Escobar Araújo, para concluir que al actuar “como una persona del común desprovisto de envestidura (sic) que ostenta” y que él junto con sus escoltas “en ningún momento irrumpieron o ejercieron algún tipo de amenaza o intimidación y mucho menos cualquier violencia sobre las personas o las cosas”, no se les podía enrostrar ninguno de los comportamientos imputados como tampoco la denuncia del acusado encontraba respaldo lógico y jurídico en esos hechos.

Antes había señalado que como no hubo apoderamiento ni buscaba un provecho económico, porque lo que pretendía era tenerla como garantía del cumplimiento del contrato, apuntaba “más bien al Ejercicio arbitrario de las propias razones”.

Sin embargo, establece que en razón del contrato de obra civil en el que Uribe Silva se comprometió a elaborarle unos muebles, repararle otros e instalarlos en su apartamento, el 18 de diciembre de 2003 hacia las diez de la mañana el doctor Escobar Araújo llegó al taller de aquél acompañado de dos escoltas, del conductor y de un amigo, en el cual se hallaban dos trabajadores del procesado, con el propósito de reclamar al carpintero el persistente incumplimiento del objeto contractual.

Así mismo que al llegar y tocar la puerta, el denunciado fue recibido por Uribe Silva con quien habló dentro del taller, para después de algunos minutos pedir a José Jairo Mendoza Prieto(11) contratar un camión, al cual con ayuda de su compañero Moreno Beltrán, del conductor del doctor Escobar Araújo, del dueño del vehículo de acarreos y de su ayudante, subió la máquina planeadora para llevarla a otro sitio.

Todos los testigos presenciales sin excepción, acompañantes del doctor José Alfredo Escobar Araújo(12) y trabajadores de José de Uribe Silva(13), al igual que Jesús Antonio Vega Cancino, conductor del camión, en lo que a él le concierne, corroboran esos hechos.

Luego no es cierto que el acusado haya mentido o faltado a la verdad, porque los hechos por él denunciados existieron en el mundo exterior y en ellos participó el doctor Escobar Araújo, con independencia de que los mismos hayan tenido o no la connotación penal otorgada por el procesado, porque salvo lo dicho por Uribe Silva en la audiencia pública acerca del archivo de la denuncia presentada por él, sin que conozca las razones que tuvo la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes para hacerlo, nada se sabe en este proceso.

La averiguación de las circunstancias dentro de las cuales fue sacada del taller la máquina planeadora y llevada a otro lugar desconocido para su propietario, esto es, si fue contra su voluntad como lo denunciara Uribe Silva o si la entregó en garantía del cumplimiento del contrato como lo sostiene el doctor Escobar Araújo, eje de esta investigación según la sentencia impugnada, indudablemente era competencia de los funcionarios judiciales encargados de conocer y decidir acerca de la denuncia presentada por el procesado, ignorándose además qué ocurrió con su trámite respecto de la responsabilidad que pudiera recaer en contra de los escoltas José Jairo Mendoza Prieto y Danilo de Jesús Moreno Beltrán, sujetos también de ella.

Los hechos mudos o naturalísticos no permiten la conclusión a la cual arribaron las instancias, lo que se explica en los errores cometidos por el tribunal al confirmar la sentencia de primer grado dando por establecida la conducta punible y atribuyéndole consecuencia jurídicas a unos sucesos objetivos ciertos, al estar acreditado plenamente que el doctor José Alfredo Escobar Araújo fue al taller de Uribe Silva a reclamarle por el incumplimiento de la obra, acompañado de tres (3) personas más y con ayuda de sus escoltas, sacó la máquina planeadora y la hizo llevar a un inmueble suyo, en un camión que contrató con ese fin.

Incontrastable se evidencia dicho acontecer fáctico que al mismo tiempo que el mencionado abogado lo reconoce, muestra de otro lado que ninguna necesidad tenía de acudir al taller para exigir el cumplimiento de un contrato de obra escrito, que él más que nadie por su sólida formación de abogado sabía del mérito que prestaba en la justicia civil el contrato escrito, para obligar al contratista a terminar de hacer la obra contratada y/o a resolver el mismo con la consiguiente devolución de lo pagado.

Si ello era así, tampoco puede negarse que Uribe Silva, viejo conocido de la familia Escobar Araújo, se haya sentido compelido no por la presencia del magistrado sino por la de sus escoltas y del amigo abogado, para que en esas circunstancias tan dispares la “entrega voluntaria” de la máquina planeadora fuese más bien consecuencia de la “presión psicológica” como siempre lo sostuvo, y no de la violencia física o de las agresiones que echan de menos los falladores para concluir que los hechos de la denuncia no existieron.

Por lo demás, si la máquina planeadora es una herramienta importante en la carpintería y sin ella el taller no podía continuar funcionando, como al parecer efectivamente ocurrió, por lo menos era discutible el acto de su “entrega voluntaria”, porque la experiencia enseña que nadie se despoja de su propia herramienta de trabajo, con el riesgo de privarse de la actividad que con ella desempeña. No observó entonces que al contrariar dicha regla, Uribe Silva se quedaba sin la posibilidad de concluir la obra incumplida u obtener ingresos tanto para su subsistencia como para devolver lo recibido.

Así mismo el a quo dejó de aplicar las reglas de la sana crítica que dice observar, porque al tiempo que advierte cierta parcialidad que le resta credibilidad a las afirmaciones de los trabajadores de Uribe Silva, a partir de un motivo inexistente porque para la fecha en que ambos rindieron declaración ningún grado de subordinación tenían con él(14), afirma que “[e]quilibrando la balanza están las aseveraciones de los testigos que acompañaban” al doctor Escobar Araújo.

Ignoró o pasó por alto en la valoración de los testimonios de los escoltas, a quienes les otorgó “plena credibilidad al apreciarse de manera razona (sic) teniendo en cuenta factores personales y sociales, las condiciones como fueron percibidas y oídas aquellas circunstancias que relatan y su versión fue recibida por autoridad competente con el lleno de los requisitos legales”, que al igual que el doctor Escobar Araújo habían sido denunciados, razón por la cual no estaban obligados a auto incriminarse, además del interés predicable de ellos sí, por el grado de subordinación con él para la época en que rindieron declaración(15).

Desacierto en el que persiste al señalar que las apreciaciones de Víctor Hugo Benavides Rodríguez, conductor para la época de los hechos del magistrado, denotan “resentimiento hacia su ex jefe por la forma como se produjo su desvinculación” de ahí que las reciba con “beneficio de inventario”, olvidando que prescindió de su servicio no por desavenencias sino porque necesitaba ayudar a otra persona que se había quedado sin empleo y él ya tenía el derecho a la pensión.

De ahí que frente a las dos vertientes probatorias abiertamente opuestas que fueron puestas de presente en la apelación, una apoyando la versión del doctor Escobar Araújo según la cual la máquina planeadora fue ofrecida voluntariamente por el acusado en garantía del cumplimiento de la obra y en esa condición la sacó de allí, la otra lo dicho en la denuncia por Uribe Silva conforme con la cual “tenían que llevarsen (sic) una maquinaria para que respondiera por un contrato que yo le había incumplido”(16), nada se dijera, aun cuando —se insiste— ese no el tema que debía decidirse en este proceso.

Esas falencias de tipo probatorio que obedecen a errores de juicio y no a disparidad de criterios en la valoración de las pruebas no las observó el tribunal, en razón a las consideraciones generales que hiciera acerca de los motivos de la impugnación y al dar por sentado sin prueba que ofreciera certeza de la existencia de una relación jurídica procesal que poco importaba a este proceso, en la medida que los hechos denunciados por Uribe Silva existieron en el mundo fenomenológico.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala casará la sentencia del tribunal porque los errores reprochados en la demanda quiebran la doble presunción que la ampara y en su lugar absolverá a Uribe Silva del delito de falsa denuncia contra persona determinada, por el cual la Fiscalía General de la Nación lo acusó en este proceso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CASAR el fallo de origen, naturaleza y contenido indicados de acuerdo al cargo propuesto en la demanda, y en su lugar ABSOLVER a José de Jesús Uribe Silva del delito de falsa denuncia contra persona determinada, por el cual la Fiscalía General de la Nación le formulara cargos, de acuerdo con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de esta sentencia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(6) Casación agosto 10 de 2005, radicación 21422; auto única instancia junio 17 de 2009, radicación 31700.

(7) Auto única instancia, julio 13 de 2009; radicación 30593. En la sentencia de agosto 10 de 2005 la Corte ha dicho que la “conducta forma parte de los comportamientos que atentan contra la eficaz y recta administración de justicia, es decir, que con ella se busca que la actividad judicial no se vea afectada en la extralimitación en el normal ejercicio del deber de denunciar, esto es, cuando el ciudadano incurre en un abuso o en una desviación del mecanismo de la denuncia para imputar falsamente a otro conductas punibles que no ha cometido o en cuya ejecución no participó”.

(8) Casación de agosto 10 de 2005; radicación 21422.

(9) Auto única instancia de marzo 12 de 2008, radicación 28972.

(10) La petición de principio es aquella falacia, de acuerdo con la cual la proposición a probar se encuentra implícitamente incluida entre las premisas. Es una forma de argumentar contraria a la lógica, no prueba nada y es un sofisma o pseudo razonamiento.

(11) Escolta del doctor José Alfredo Escobar Sierra.

(12) José Jairo Mendoza Prieto (escolta), Danilo de Jesús Moreno Beltrán (escolta), Víctor Hugo Benavides Rodríguez (conductor) y Arturo Rafael Donado Barrios (abogado y amigo).

(13) Licinio Beleño Mendoza y Eliberto de Jesús López Betancourt.

(14) Licinio Beleño Mendoza era auxiliar regular de la Policía Nacional en Chita (Boyacá), declaración de febrero 22 de 2005; folio 181 cuaderno original 1; Eliberto de Jesús López Betancourt para la fecha en que rindió declaración no trabajaba con Uribe Silva, marzo 17 de 2005; folio 185 cuaderno original 1.

(15) El 24 de febrero de 2004 fecha en que rindieron testimonios, hacían parte del esquema de seguridad del doctor Escobar Araújo; folios 29 y 32 del cuaderno original 1.

(16) Copia de la denuncia presentada el 18 de enero de 2004 en la URI de Usaquén; folio 44, cuaderno original 1.