Sentencia 33752 de octubre 20 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta 334

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Cuestión previa.

La censura planteada por la defensa de Eustaquio Efraín Angulo Angulo, quien se apoya en el numeral 2º del artículo 181 de la Ley 906 de 2004 para invocar la nulidad de la actuación por el desconocimiento del debido proceso y la violación del derecho de defensa, se torna insuficiente en su fundamentación, puesto que se limita a enunciar una serie de hechos que considera irregulares, sin ningún tipo de soporte argumentativo y con total desprendimiento de los razonamientos contenidos en los fallos impugnados.

En efecto, debe partirse por iterar que la doble condición de acierto y legalidad de que llega prevalida la sentencia a esta sede, implica que para desarticularla con apoyo en una causal de nulidad, tal como se expresa en el único cargo formulado, es necesario que el casacionista compruebe la existencia de una irregularidad sustancial con virtualidad de socavar la estructura del proceso o las garantías de los sujetos procesales; y que fundamente el cargo de manera tal que a simple vista sea perceptible el motivo por el cual resulta inexorable la aplicación de tan extremo remedio de la invalidación de una parte del proceso, a fin de rehacerlo.

En este evento, el memorialista no enuncia ni desarrolla en su libelo con la suficiente claridad y precisión que se exige en el especial trámite del recurso extraordinario, que la sentencia fue epílogo de un proceso viciado de nulidad. Así, aunque es claro que deja el cargo en el mero enunciado, la Sala no se detendrá en el análisis de las deficiencias argumentativas de la demanda de casación, toda vez que los defectos fueron superados al momento de su admisión, actuación que implica dejar de lado las falencias formales evidenciadas en ella, para decidir de fondo acerca del cargo admitido, es decir, se verificará si se presentan o no los yerros denunciados, para luego determinar su trascendencia y si tuvieron alguna incidencia en la declaratoria de responsabilidad del procesado Angulo Angulo, como autor del concurso delictual de violencia intrafamiliar.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala abordará en dos apartados el estudio del asunto, en el primero de los cuales analizará la intervención como defensor del estudiante de derecho adscrito a un consultorio jurídico, teniendo en cuenta que es el tópico referido con mayor amplitud por el demandante; en tanto que, en el segundo se pronunciará sobre los otros aspectos que someramente enuncia el impugnante, los cuales tienen que ver con afectaciones al derecho de defensa y, en especial, con la infracción al principio de congruencia.

2. La defensa ejercida por el estudiante de derecho adscrito a un consultorio jurídico.

2.1. Planteamiento del reproche.

Sostiene el recurrente que el ejercicio defensivo a partir de la audiencia de formulación de imputación fue meramente formal, ya que el acusado estuvo representado inicialmente por un estudiante de derecho “que no conocía el sistema acusatorio, ni estaba preparado” y, por consiguiente, no ejerció en correcta forma su oficio, como quiera que no interpuso recursos ni se opuso a la medida de aseguramiento.

Cuestiona, igualmente, que el defensor que asistió al procesado en la audiencia de formulación de acusación, pese a ser su abogado de confianza, no solicitó en ese escenario la nulidad por violación al derecho de defensa, a raíz, precisamente, de lo ocurrido en las diligencias preliminares.

2.2. Respuesta de la Sala.

2.2.1. La Corte revisó las actas y registros audiovisuales, pudiendo verificar que, en efecto, el estudiante Ángel Buitrago, perteneciente al Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Colombia, fungió en ciertas actuaciones como defensor del imputado Angulo Angulo.

En principio, intervino en las audiencias previas de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, celebradas el 25 de marzo de 2009 ante el Juzgado 58 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.

Luego, presentado el escrito acusatorio por la fiscalía local —dado que, no hubo allanamiento a cargos—, el implicado le otorgó poder al abogado Enrique Pinto Ortiz para que lo asistiera en la audiencia de formulación de acusación, que se llevó a cabo por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá, el 28 de mayo de ese año.

En dicha diligencia, aunque el abogado Pinto Ortiz cumplió con su mandato, al final renunció al poder, razón suficiente para que el juez de conocimiento dispusiera que Angulo Angulo siguiera siendo representado por el “defensor público, doctor Ángel Buitrago”.

Así, el estudiante adscrito al consultorio jurídico retomó el ejercicio defensivo y participó en la primera de las cuatro sesiones que se precisaron para realizar la audiencia preparatoria.

La diligencia en comento, que tuvo lugar el 11 de junio de 2009, fue necesario suspender, debido a que el acusado exteriorizó su insatisfacción y desconfianza frente a la persona que ejercía su defensa técnica, motivo por el cual el juez penal municipal solicitó la designación de abogado de la Defensoría Pública, no sin antes destacar el buen desempeño del estudiante.

En lo sucesivo, vale aclarar, el procesado fue representado por abogados titulados; en efecto, por el defensor público Jesús Emel de la Hoz Romero, quien lo acompañó en la segunda sesión de la audiencia preparatoria, y por el abogado Esteban Bonilla Vente, a quien le confirió poder para su representación, la cual ejerció desde la tercera sesión de esa diligencia, hasta la presentación de la demanda de casación posteriormente admitida por la Sala.

2.2.2. Planteado así el reproche postulado por el libelista, lo primero que advierte la Sala es que no existe ningún reparo frente a la defensa técnica temporalmente ejercida en este evento por un estudiante de derecho adscrito a consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida, como quiera que la ley autoriza dicha intervención, bajo ciertos presupuestos que, como se verá mas adelante, aquí fueron acatados.

Claro está, sin desconocer que la Ley 906 de 2004 no se refiere al tópico, como sucedía en anteriores legislaciones, lo cierto es que la Ley 941 de 2005(4) sí se ocupó de regular ampliamente la materia.

En efecto, en el Capítulo II del Título IV —Partes e Intervinientes— del Código de Procedimiento Penal de 2004, al regularse en el artículo 118 la integración y designación de la defensa, se dice que “estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que le sea asignado por el sistema Nacional de Defensoría Pública”.

Nada dice el precepto acerca de la defensa ejercida por los miembros de los consultorios jurídicos, que, por el contrario, sí son mencionados expresamente al regularse en el artículo 137 la intervención de las víctimas en la actuación penal, señalando como regla tercera que “para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada”.

De la anterior forma, la expresa alusión respecto a la representación de las víctimas y la falta de mención en la disposición concerniente a quiénes pueden ejercer la defensa de los indiciados, imputados o acusados en el marco del proceso penal acusatorio, permitiría colegir, como lo manifestó la casacionista en la audiencia de sustentación oral, que los estudiantes de derecho adscritos a consultorios jurídicos, quedaron marginados para el ejercicio de la última.

Sumado a ello, tal como se anotó, las codificaciones adjetivas penales anteriores sí se referían expresamente al tópico.

La Ley 600 de 2000, por ejemplo, en el artículo 131 regula la defensoría de oficio, destacando en el inciso segundo que “los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales”.

En tanto que, el Decreto 2700 de 1991 contemplaba en su artículo 148 que “los estudiantes de derecho, pertenecientes a consultorios jurídicos o los egresados, podrán intervenir en las actuaciones procesales, en las condiciones previstas en los estatutos de la profesión de abogado y de la defensoría pública”.

Así las cosas, se tiene claro que a diferencia de lo que ocurre en la Ley 906 de 2004, que, como se dijo, limitó a las víctimas la defensa técnica por parte de los estudiantes de derecho vinculados a los consultorios jurídicos, en las normatividades procesales penales anteriores sí se aludía expresamente a esa posibilidad, debiendo acatarse, desde luego, las precisiones decantadas por la jurisprudencia nacional a través de los años, en torno a dicho ejercicio.

Efectivamente, la Corte Constitucional emitió múltiples pronunciamientos, algunos de los cuales del siguiente tenor: en la Sentencia T-572 del 9 de diciembre de 1993 advirtió que los estudiantes de derecho adscritos a Consultorios Jurídicos no podían actuar en acciones de tutela, lo cual ratificó en la Sentencia T-1020 del 30 de octubre de 2003; en la Sentencia SU-044 del 9 de febrero de 1994 destacó que en los procesos penales dicha intervención procedía sólo de manera excepcional, lo cual reiteró en las Sentencias C-037 y C-617 del 5 de febrero y 13 de noviembre de 1996, en las que declaró exequibles los artículos 3º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y 30 del Decreto 196 de 1971, respectivamente; en la Sentencia C-744 del 2 de diciembre de 1998 volvió a referirse a los consultorios jurídicos, indicando que sus miembros sí podían fungir como defensores penales; en la Sentencia C-143 del 7 de febrero de 2001 declaró exequible la modificación introducida al artículo 30 del Decreto 196 de 1971, pero precisó en esta ocasión que dicha forma de defensa era viable siempre y cuando los estudiantes lo hicieren con supervisión; y, en la Sentencia C-040 del 28 de enero de 2003 declaró exequible el ya citado artículo 131 de la Ley 600 de 2000, permitiendo la defensa oficiosa de los estudiantes de los consultorios jurídicos, con la condición de no haber otros abogados titulados o defensores públicos para ejercerla.

La Corte Suprema de Justicia, por su parte, en varias oportunidades ha avalado la actuación de los estudiantes de derecho adscritos a los consultorios jurídicos; en efecto, en el auto del 14 de agosto de 1996 (Rad. 10.716) se abstuvo de decretar la nulidad de la actuación, tratándose de un caso ventilado ante un juzgado penal municipal en primera instancia; ello lo ratificó en sentencias del 8 de junio de 2000 y 2 de septiembre de 2008 (Rads. 11.994 y 25.153, en su orden); igualmente, en la sentencia del 19 de julio de 2001 (Rad. 13.495) reconoció que era irregular la intervención de los estudiantes de los consultorios jurídicos, en un caso tramitado ante un juzgado de instrucción criminal(5), pero se abstuvo de declarar la nulidad al advertir que dicha informalidad era intrascendente.

Retomando el punto, tiénese que no obstante lo anterior, al margen de que el Código de Procedimiento Penal de 2004 no haya consagrado expresamente la posibilidad de que los integrantes de los consultorios jurídicos puedan ejercer la defensa de los procesados, lo cierto es que sí pueden hacerlo, ya que el legislador, en últimas, autorizó su intervención.

Lo hizo a través de la Ley 941 de 2005(6), por medio de la cual “organiza el Sistema Nacional de Defensoría Pública” que, como se recordará, fue designado de manera expresa en la Ley 906 de 2004 —artículo 118—, junto con el abogado principal que libremente designe el imputado, para que ejerza la defensa técnica en el marco del proceso penal acusatorio.

En efecto, el artículo 14 de la citada Ley 941 enuncia los “Componentes” del Sistema Nacional de Defensoría Pública, en estos términos:

“El Sistema Nacional de Defensoría Pública está compuesto por la Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública, los Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales, los coordinadores administrativos y de gestión, los coordinadores académicos, los personeros municipales, los defensores públicos, los abogados particulares vinculados como defensores públicos para las excepciones previstas en esta ley, los investigadores, técnicos y auxiliares, los judicantes, los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, las personas y asociaciones científicas dedicadas a la investigación criminal y las organizaciones que brinden capacitación a los componentes del sistema.

También pertenecerán al Sistema los programas jurídicos que las autoridades indígenas establezcan”. (destaca la Sala)

Se agrega, en el precepto siguiente, que dicho servicio será prestado por profesionales del derecho vinculados al Sistema en el territorio nacional, con excepción de lo previsto en los dispositivos 16 y 17 de la referida ley, es decir, respecto de los egresados que estén realizando la judicatura y los estudiantes de los consultorios jurídicos.

A los últimos se refiere específicamente el artículo 17 citado, de esta forma:

“Los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de las universidades legalmente reconocidas en el país, que formen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, podrán prestar servicio de asistencia y representación judicial en materia penal”.

Para el efecto, la Ley 941 ha establecido como requisito adicional la existencia de un contrato o convenio suscrito entre la Defensoría del Pueblo y el consultorio jurídico de la respectiva facultad de Derecho.

Así lo señala el inciso final del artículo 20 (Dirección y Coordinación del Sistema Nacional de Defensoría Pública), así redactado:

“PAR.—Para los efectos de este artículo se entiende por operadores del Sistema Nacional de Defensoría Pública los defensores públicos vinculados mediante contrato de prestación de servicios profesionales y los abogados particulares que intervengan como defensores públicos para las excepciones previstas en esta ley. También harán parte los judicantes y los estudiantes de consultorios jurídicos de las facultades de Derecho que se encuentren vinculados al servicio de defensoría pública de la Defensoría del Pueblo, siempre que hayan suscrito contratos o convenios con la Defensoría del Pueblo”. (destaca la Sala)

Finalmente, de manera más precisa el artículo 34 de la ley regulatoria del Sistema Nacional de Defensoría Pública alude a los consultorios jurídicos, en los siguientes términos:

“Los estudiantes pertenecientes a los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho de las universidades oficialmente reconocidas por el Estado apoyarán, con la coordinación de la Dirección Nacional de Defensoría Pública y la supervisión directa en cada actuación del personal académico que designe la respectiva universidad, la prestación del servicio de defensoría pública en los asuntos penales de su competencia.

La intervención de los estudiantes de los consultorios jurídicos en calidad de defensores públicos en los procesos penales se hará ante los jueces municipales cuando actúen como jueces de conocimiento o como jueces de control de garantías en los asuntos de su competencia”.

En conclusión, a pesar de que no se mencione expresamente su intervención en la Ley 906 de 2004, es claro que los estudiantes de derecho adscritos a consultorios jurídicos de universidades debidamente aprobadas sí pueden fungir como defensores públicos, en algunos trámites que se ventilen bajo la sistemática penal acusatoria, siempre y cuando medie la existencia de un convenio entre dichas instituciones y la Defensoría del Pueblo y, además, un funcionario adscrito a la última supervise la gestión del practicante, en los términos indicados por la jurisprudencia constitucional.

En concreto, la misma ley lo ha determinado, pueden actuar en los procesos penales que se ventilen ante los jueces penales municipales, independientemente de que actúen como jueces de conocimiento o como jueces de control de garantías, pero, en lo concerniente a estos últimos, sólo en los asuntos de su competencia.

A manera de ejemplo, lo dicho quiere significar que los estudiantes de derecho acreditados ante un consultorio jurídico pueden ejercer como defensores en diligencias preliminares celebradas por jueces municipales de garantías, en un proceso que se ventile por el delito de lesiones personales(7), y lo pueden hacer, igualmente, en la fase del juicio ante el juzgado de conocimiento. En cambio, no pueden representar a una persona investigada por el delito de homicidio(8), aun cuando las actuaciones previas se adelanten, conforme a la sistemática acusatoria, ante los mismos jueces penales municipales de control de garantías.

En el asunto del rubro, se insiste, ningún reparo encuentra la Sala frente a la designación del estudiante Ángel Buitrago como defensor del imputado Eustaquio Efraín Angulo Angulo, pues, desde el comienzo de la actuación se acreditó su calidad de “miembro activo” del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica de Colombia con sede en Bogotá, y el juez de control de garantías constató no sólo la existencia de convenio con el Sistema Nacional de Defensoría Pública(9), sino también la supervisión por parte de un profesional adscrito a esa institución.

Además, al sujeto pasivo de la acción penal se le atribuye una conducta de violencia intrafamiliar, cuya competencia asignó el legislador a los jueces penales municipales en el artículo 37 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 2º de la Ley 1142 de 2007.

Y aunque en el acápite siguiente se analizará en concreto la actuación desplegada por el estudiante del consultorio jurídico, por ahora basta decir que tampoco es de recibo la afirmación genérica realizada por el actor, en el sentido de que su antecesor no conoce el sistema acusatorio ni está preparado para ejercer la defensa, pues, en estos casos la ley ha presumido un mínimo de formación profesional que le permite ejercer la defensa en los eventos citados.

Ello lo ha avalado la Sala(10), apoyada en la Corte Constitucional, considerando que “la ley pueda habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, desde luego, garantizando un mínimo de formación o idoneidad técnica y profesional para que pueda atender a las necesidades profesionales del defendido. Se trata simplemente de permitir que personas calificadas por sus estudios profesionales, bajo la coordinación científica y académica de los consultorios jurídicos de las universidades con facultades de derecho y egresados de las mismas, en trance de obtención del título profesional o del cumplimiento de los requisitos especiales para el mismo como el de la judicatura, pongan sus conocimientos profesionales adquiridos y actúen como abogados en la defensa de los intereses de los sindicados en los procesos penales, durante las etapas de investigación y juzgamiento”.

2.2.3. Mirado el caso concreto, tampoco se advierte irregularidad alguna en la gestión transitoriamente desempeñada por el estudiante del consultorio jurídico, defensor de los intereses del acusado Eustaquio Efraín Angulo Angulo en las audiencias preliminares.

En sentido estricto, la labor del estudiante se limitó a su intervención en las audiencias de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento.

Recuérdese que para la audiencia de formulación de acusación, el procesado le otorgó poder al abogado Enrique Pinto Ortiz, quien al final de la diligencia renunció a su mandato(11). Por esa circunstancia, el juez de conocimiento tomó la determinación de que la defensa siguiera siendo ejercida por “el defensor público, doctor Ángel Buitrago”.

Posteriormente se instaló la audiencia preparatoria, la cual precisó de cuatro sesiones para su culminación. El estudiante sólo intervino en la primera de ellas, pues, fue necesario suspenderla y removerlo del cargo, a petición del implicado, quien se mostró inconforme con que una persona no profesional lo representara. El juez, para garantizar los derechos del imputado, accedió a su pedimento, no solo suspendiendo el acto, sino también oficiando a la Defensoría Pública para que asignara el asunto a un abogado titulado.

Fue así como se designó al profesional Jesús Emel de la Hoz Romero, quien participó en la segunda sesión, igualmente suspendida a solicitud suya, dado que, requería estudiar el caso.

Al parecer tampoco el defensor público le brindó la confianza suficiente al procesado, quien nuevamente otorgó poder a abogado titulado, este vez al doctor Esteban Bonilla Vente, quien lo representó desde ese momento hasta la presentación del libelo casacional.

Con el doctor Bonilla Vente, entonces, se agotó la audiencia preparatoria en dos sesiones, en las que incluso se rehicieron algunas de las actuaciones adelantadas en la primera, para preservar, precisamente, el derecho a la defensa del acusado.

Lo anterior es necesario resaltarlo para determinar que el estudiante de derecho, en últimas, no participó en la fase de juzgamiento, pues, no actuó en la audiencia de acusación y solo lo hizo en una primera fase de la preparatoria, que en lo pertinente se repitió para respetar las garantías del implicado.

Su actuación, por consiguiente, se limitó a participar en las ya referidas audiencias preliminares de imputación y medida de aseguramiento, respecto de las cuales, la única crítica concreta que eleva el casacionista es que no se haya opuesto a la última, ni hubiese interpuesto recursos.

Pero, no indica, cuál era su deber, el efecto de las eventuales oposición o impugnación, sobre todo en materia de trascendencia, dado que, era menester explicar el por qué la no imposición o la revocatoria de la medida de aseguramiento tendrían la virtualidad de socavar la estructura del proceso, con la entidad suficiente para propiciar la nulidad de la actuación.

No bastaba, entonces, con denunciar de manera genérica la supuesta inactividad de su antecesor, tópico sobre el cual, ha sido bastante prolífica la producción jurisprudencial de la Corte en un tema de suyo subjetivo que dice relación con la independencia y autonomía propias del profesional del derecho en la que entiende la mejor manera de afrontar la estrategia defensiva, cuando claro se halla que en este tipo de asuntos no existen verdades reveladas ni mecanismos únicos y es precisamente la particularidad de cada caso el factor a examinar para definir si hubo o no comportamiento negligente u omisivo y, a renglón seguido, si esta falta de actividad tuvo efectos trascendentes que perjudicaron la condición sub iudice del vinculado penalmente.

En el auto del 20 de febrero de 2008 (Rad. 29.029), esto anotó la Corte sobre el particular:

“El solo silencio u omisión en presentar alegatos o controvertir las decisiones judiciales, no materializa “per se”, la violación de los deberes del profesional del derecho, ni mucho menos conduce a significar automático el perjuicio para el procesado, dado que la mejor defensa no es necesariamente aquella que se caracteriza por la profusión en el alegato o la enconada controversia con lo decidido por los funcionarios judiciales.

Tantas como abogados hay, pueden ser las estrategias defensivas pasibles de hacer operar en el proceso penal y ninguna de ellas debe ser descalificada de antemano solo porque el observador externo tenga una diferente óptica acerca de cómo pudo desarrollarse la labor en pro de la persona vinculada al proceso.

Y, claro, ya “ex post”, cuando se conoce que la justicia ha fallado adversamente a los intereses del procesado, emitiendo sentencia de condena, siempre será posible aventurar muchas hipótesis que de manera más o menos elaborada indiquen factible haber cambiado el curso de los hechos a favor del condenado.

Pero, desde luego, no pueden ser estas lucubraciones el factor que soporte la existencia del vicio hecho radicar en la ausencia de defensa técnica, cuando claro se tiene que la tarea defensiva opera de medio y no de resultado.

En consideración a ello, del demandante en casación se reclama, para que su postulación por la vía de la nulidad radicada en la falta de defensa técnica tenga buena fortuna, precisar adecuadamente los hechos, acorde con lo que el expediente informa, y a partir de allí determinar de manera objetiva no solo el comportamiento del profesional del derecho que se estima lesivo a los intereses del procesado, explicando por qué dentro del contexto concreto de lo habilitado en el expediente era otra la actividad que debía esperarse, sino los efectos que la omisión o mala praxis tuvieron respecto de la condición particular del procesado, a la manera de entender que de haberse actuado como el recurrente lo postula, otra, bastante más favorable, hubiese sido la suerte de su protegido legal”.

Para el caso concreto, la Sala halla que el demandante pasó por alto en su argumentación tan elementales principios de fundamentación, sin que sean de recibo las explicaciones entregadas para obviar la sustentación, basadas genéricamente en la inactividad del primer defensor —al que descalifica por ser estudiante de derecho—, por la potísima razón que en el asunto específico analizado sí se ha demostrado que hubo defensores idóneos —el propio memorialista entre ellos— que siempre estuvieron presentes en el trámite, como así se hace ver en el recuento del decurso procesal.

De otro lado, la medida de aseguramiento aplicada no asoma ilegal ni desproporcionada, advirtiéndose que fue debidamente sustentada por el fiscal del caso y el juez de control de garantías(12), quienes fundamentaron la misma en el peligro que el imputado representaba para las víctimas, pues, a pesar de haber transcurrido más de uno año desde que fuere denunciado, continuó las agresiones y amenazas en contra las integrantes de su familia(13), y mostró total desprecio por los múltiples requerimientos y ofrecimientos de ayuda sicológica que le hizo el ente instructor, todos ellos tendientes a solucionar el problema por otra vía.

Entonces, como lo sostuvo la procuradora en la audiencia de sustentación oral, la solidez de los argumentos expuestos por la Fiscalía —al solicitar— y el juzgado de garantías —al resolver—, dejaron a la defensa sin fundamento para impugnar la imposición de la medida de aseguramiento.

De todos modos, también lo advirtió la delegada, no se entiende cómo el defensor convencional que lo representó desde la audiencia preparatoria hasta la interposición del recurso extraordinario de casación, no solicitó la revocatoria o modificación de la misma con base en el artículo 318 de la Ley 906 de 2004, sí, como lo sostuvo en su libelo, no había mérito para la misma.

En suma, no se advierte irregular la actuación desplegada por el estudiante en las audiencias preliminares y, por la misma razón, tampoco merece reproche alguno que el defensor convencional que representó al imputado en la audiencia de formulación de acusación, no haya impetrado la nulidad, siendo obvio que ninguna informalidad afectaba lo actuado hasta ese momento.

Por lo tanto, el cargo, en lo que respecta a la falta de defensa técnica, no prospera.

3. Los restantes reparos.

De manera indiscriminada, pero sin ningún tipo de fundamentación, el impugnante enuncia lo que considera son una serie de irregularidades que se presentaron en el curso del proceso y refuerzan la denunciada violación de las garantías al debido proceso y defensa.

Con dicha omisión, para la Corte es imposible, ahora, determinar el querer del recurrente y la trascendencia de los supuestos yerros, pues, era su deber indicar de qué manera resultaron conculcadas aquella prerrogativas y cómo la única solución posible es la invalidación de lo actuado. En efecto,

3.1. Asegura que se le ocultó información porque no se le entregó copia del registro correspondiente a la audiencia de imputación, pero no solo da cuenta de lo sucedido en ese acto, sino también del desarrollo de la diligencia de imposición de medida de aseguramiento que, aunque es independiente de la primera, forma parte de la misma grabación, por tratarse de una actuación concentrada adelantada en igual fecha y por el mismo juez de control de garantías.

Evidente surge, por la misma actuación del defensor, que si efectivamente la omisión se hubiese presentado, ella ninguna trascendencia tuvo para la labor que como representante legal del proceso le correspondió adelantar, por la obvia manifestación de que en efecto tuvo acceso a la información y pudo valerse de ella para ejercer su función.

De todos modos, la fiscal del caso certificó que el defensor del acusado recibió íntegramente toda la documentación y actuación cumplida a lo largo del proceso.

3.2. Por otra parte, el censor trae a colación algunos reparos en el tópico de pruebas, como criticar que su antecesor no haya realizado descubrimiento probatorio y afirmar que no se sabe qué ocurrió con un dictamen que favorece los intereses de su defendido.

Nada de lo alegado se compadece con la realidad, siendo claro que el libelista parte de premisas falsas y acomodadas.

Recuérdese que la audiencia preparatoria en este evento, tuvo lugar en cuatro sesiones.

Las dos primeras, llevadas a cabo el 11 y 25 de junio de 2009, se suspendieron.

La primera por cuanto el acusado pidió la remoción de su representante judicial, el estudiante del Consultorio Jurídico Ángel Buitrago, y la segunda a solicitud del defensor público designado, doctor Jesús Emel de la Hoz Romero, quien explicó que debía estudiar la actuación.

La tercera se celebró el 2 de julio de ese año, con la intervención del defensor público de la Hoz Romero, a quien el juez de conocimiento le solicitó que hiciera el descubrimiento probatorio, razón por la cual enunció una serie de elementos de juicio que le señaló el propio acusado.

En el curso de dicha diligencia compareció el doctor Esteban Bonilla Vente, quien fue apoderado por el procesado para asumir su defensa; así, reconocida la personería para actuar, pidió la suspensión con el fin de conocer el proceso, lo cual fue aceptado por el juez de conocimiento(14).

En la cuarta y última sesión, adelantada el 17 de julio de 2009, intervino en la defensa el abogado Bonilla Vente (actor en casación), quien fue el encargado de presentar las solicitudes probatorias, abogando por múltiples testimonios, documentos y pericias que, en su mayoría, le fueron negadas por el juez de la causa.

El doctor Bonilla Vente apeló la decisión denegatoria de pruebas, pero el recurso fue declarado desierto por el Juzgado 12 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, el 12 de agosto siguiente, ante la no comparecencia del impugnante.

Entonces, de lo anterior se tiene que falta a la verdad el casacionista cuando se aventura a señalar que su antecesor no realizó descubrimiento probatorio, pues, no solo consta en los registros que sí lo hubo, sino también que el mismo fue el soporte de las posteriores solicitudes probatorias que le correspondió presentar.

Asimismo, si alguien tiene que dar cuenta de un dictamen que favorece a los intereses del imputado es el propio demandante, sobre todo cuando quedó demostrado que ningún reparo se hizo al proceso de descubrimiento probatorio de la fiscalía, el cual fue avalado por el juez de conocimiento.

Y, en el evento de que dicho medio de convicción hubiese sido practicado a instancia de la defensa, es ella quien debe informar la suerte del mismo y por lo menos explicar si hizo parte de su solicitud probatoria y cuál fue la decisión del juzgador.

De todos modos, el decurso procesal enseña que si se trataba de una prueba pedida por la defensa y rechazada por el juez de la causa, en últimas consideró que no era útil para su teoría del caso, pues, aunque apeló la decisión, optó por no comparecer a la audiencia de sustentación oral ante el despacho de segunda instancia, propiciando así que se declarara desierta la alzada, con la consiguiente firmeza del auto denegatorio de pruebas.

En suma, ningún yerro logra evidenciar el impugnante, en lo concerniente al aspecto probatorio.

3.3. En otro apartado, el recurrente asevera que el Tribunal se equivocó en la edad de una de las víctimas, pero no aclara cuál fue la repercusión de dicho error.

El reproche así planteado es tan carente de seriedad, que no amerita ningún pronunciamiento exhaustivo por parte de la Sala.

3.4. Finalmente, el censor asegura que se violó el principio de congruencia por cuanto su defendido fue condenado por unos hechos diferentes a los denunciados, que posteriormente fueron el objeto de la imputación y aplicación de medida de aseguramiento. Agrega que incluso se le sentenció por episodios ya conciliados.

De manera más específica, en la audiencia de argumentación oral insistió en que el sustento fáctico de la condena es diferente al de la denuncia, acusación y debate del juicio oral, toda vez que recayó sobre unas lesiones padecidas por la denunciante y su hija, que no constaban en la declaración inicial de la primera, y, por consiguiente, no hicieron parte de la controversia.

Una vez más, el actor parte de una premisa falsa y acomodada, apoyándose en un error de digitación contenido en el fallo de primera instancia, que en manera alguna conduce a confundir acerca de los hechos por los cuales se investigó y finalmente recayó el juicio de reproche en contra de Eustaquio Efraín Angulo Angulo.

En efecto, estudiada minuciosamente la actuación, encuentra la Sala que esos acontecimientos, de acuerdo con la prueba obrante, no son otros que los ocurridos los días 5 y 24 de febrero de 2008.

Se verificará, entonces, que no hay incongruencia entre la acusación y la condena, como quiera que el soporte fáctico es el mismo y este, a su vez, es coincidente con el que fundamentó decisiones anteriores como la imputación y aplicación de medida de aseguramiento.

En este orden de ideas, tiénese que el caudal probatorio enseña que a los múltiples actos constitutivos de violencia intrafamiliar que desde meses atrás venía cometiendo el señor Angulo Angulo en contra de su compañera de varios años, María Besayda Castillo Rivera, y su hija menor D.A.C, se sumaron los sucedidos las fechas en comento, que fueron los que finalmente colmaron la paciencia de la primera.

La señora Castillo Rivera refiere que en más de una ocasión acudió ante las autoridades para pedir protección y aunque cierta vez logró una medida de protección por parte de una Comisaría de Familia de Bogotá, su compañero persistió en el maltrato.

En particular, manifiesta la declarante que el martes 5 de febrero de 2008, cuando Angulo Angulo se encontraba golpeando a su hija de 13 años de edad, intentó defenderla, con tan mala suerte que su compañero la emprendió en su contra, propinándole patadas, atacándola con una tabla y parándosele encima. A raíz de ello, se le dictaminó una incapacidad definitiva de 10 días.

Cuenta también que unas semanas más tarde, el domingo 24 de los mismos mes y año, de nuevo Angulo Angulo arremetió en contra de su hija, a quien golpeó con una varilla, causándole lesiones que le generaron una incapacidad provisional de 7 días.

Y como si lo anterior fuera poco, Angulo Angulo, aunque enterado de la denuncia presentada en su contra, continuó los improperios en contra de ambas mujeres, a quienes amenazó de muerte y “con regarles gasolina”.

La fiscalía, en consecuencia, inició la investigación penal por los hechos concretos ocurridos en esas fechas, es decir, 5 y 24 de febrero 2008, sin dejar de desconocer que trascendieron otros acaecidos antes, seguramente objeto de conciliación que, contrario a lo aducido por el casacionista, no fueron tenidos en cuenta por el ente instructor para efectos de imputación o acusación, sino apenas como referencia para definir el perfil del sujeto pasivo de la acción penal.

En efecto, en la audiencia de formulación de imputación, al momento de describir los hechos jurídicamente relevantes, el representante de la fiscalía delimitó con total claridad los dos episodios violentos que se le imputan a Angulo Angulo(15); el ocurrido el 5 de febrero de 2008, del cual fue víctima María Besayda Castillo Rivera, quien sufrió una incapacidad de 10 días; y el sucedido el 24 de los mismos mes y año, padecido por su hija menor, quien sufrió una incapacidad certificada médico legalmente de 7 días.

Dicha diligencia tuvo lugar el 25 de marzo de 2009, en el Juzgado 58 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, en la que finalmente se le imputó a Eustaquio Efraín Angulo Angulo el concurso homogéneo de conductas punibles de violencia intrafamiliar agravada, en los términos del artículo 229-2 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007.

El mismo día y ante igual autoridad se verificó, a renglón seguido, la audiencia de solicitud e imposición de medida de aseguramiento, en la que la fiscalía, al fundamentar su procedencia, clarificó que las agresiones objeto de la investigación e imputación previa se circunscribían a las acaecidas los días 5 y 24 de febrero de 2008, si bien refirió nuevamente los hechos anteriores y posteriores a esas fechas, con la finalidad de sustentar la necesidad de la detención intramural(16).

Posteriormente, como el imputado no se allanó a esos cargos, la fiscalía presentó escrito de acusación el 23 de abril de 2009(17), ratificando que se procedía por el concurso delictual endilgado en la audiencia de imputación, referido a

los hechos del cinco (5) de febrero de 2008, medicina legal le dictaminó a María Besayda Castillo Rivera diez días sin secuelas médico legales, y por los hechos de agresión del veinticuatro (24) de febrero del mismo año, medicina legal le dictaminó a su hija D.A.C. de trece años de edad, siete días sin secuelas médico legales” (destaca la Sala).

En dicho documento, entonces, se delimita que la acusación versa sobre esos hechos del 5 y 24 de febrero de 2008.

Luego, en la audiencia de formulación de acusación celebrada el 28 de mayo de 2009 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá, la fiscal del caso, además de ratificar la imputación jurídica, repitió que los hechos materia de investigación ocurrieron los días 5 y 24 de febrero de 2008, haciendo expresa referencia a los dos informes medico legales reportando que las víctimas padecieron sendas incapacidades de 10 y 7 días(18).

Finalmente, en el juicio oral, llevado a cabo el 14 de septiembre de 2009, si bien la fiscalía aludió en su alegación a múltiples actos de agresión que se le atribuyen al acusado, en últimas pidió condena por los perpetrados los días 5 y 24 de febrero de 2008.

Como soporte de su teoría del caso, durante la fase probatoria del juicio introdujo como evidencias 1 y 2(19), los experticios practicados por médicos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, en los cuales se le conceptúa a María Besayda Castillo Rivera una incapacidad definitiva de diez (10) días, y a D.A.C. una incapacidad provisional de siete (7) días.

En ambas pericias consta que la primera fue evaluada el 5 de febrero de 2008, en tanto que, la segunda fue examinada el 24 de febrero siguiente.

Ahora bien, luego de anunciado el sentido de la decisión, el juzgado de conocimiento emitió sentencia del 29 de septiembre de 2009, condenando a Angulo Angulo por el “concurso homogéneo y sucesivo” de delitos constitutivos de violencia intrafamiliar y agravada, “perpetrados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar conocidas en el infolio”.

Los hechos que generaron el juicio de reproche, de acuerdo a lo consignado en la parte motiva, son los ocurridos el 5 y 24 de febrero de 2008, dado que, el acusado

“en su núcleo familiar agredió a su esposa e hija menor de edad, tan así, que la entidad legista les fija incapacidad médico legal de diez (10) y siete (7) días, respectivamente, sin que aparezca en el comportamiento delictivo una causal de ausencia de responsabilidad”.

Asimismo, se descarta que la acusación haya recaído por hechos diferentes, dado que, si bien el defensor aludió a unos episodios de violencia ya denunciados y objeto de conciliación, se verificó que estos ocurrieron en el año 2007, es decir, mucho antes de los que finalmente propiciaron el ejercicio de la acción penal en este evento.

Clarificado lo anterior, tiénese que lo ocurrido en el presente asunto, como lo indicó la procuradora delegada en la audiencia de argumentación, es que el juez de conocimiento incurrió en un lapsus calami en la redacción de la sentencia, es decir, se equivocó en la consignación de las fechas, pues, aunque tenía claro que se trataba de los hechos acaecidos los días 5 y 24 de febrero de 2008, en la reseña fáctica de la providencia señaló los días 24 de febrero y 25 de marzo de 2009.

Y es de ese error del que se vale el demandante, precisamente, para atacar la sentencia por vía de casación, alegando que se violó el principio de congruencia, por cuanto a su prohijado se le condenó por hechos por los cuales no se le acusó ni investigó.

Dicha premisa es totalmente falaz, pues, como acaba de detallarse, en ningún momento se sorprendió a la defensa con hechos que no constaban en la acusación.

Ello, porque desde el primer momento quedó decantado que la investigación se dirigía a establecer las circunstancias que rodearon los presuntos actos constitutivos de violencia intrafamiliar acaecidos los días 5 y 24 de febrero de 2008, independientemente de que en el curso del proceso se hayan mencionados otros tantos, anteriores o posteriores que, como se dijo antes, fueron útiles para definir la personalidad del procesado, pero no para ser parte de la incriminación.

De todos modos, conviene señalar que el punto ya había sido resuelto por el tribunal, pues, en la sustentación del recurso de apelación que interpusiere en contra de la condena, con base en ese yerro el defensor alegó, entre otras razones, la “falta de tipicidad por incongruencia sobre la real ocurrencia de los hechos”.

Argumento que fue acertadamente contestado por el ad quem, así:

“Sobre el particular, observa la Sala que, en la sentencia, el juez de instancia incurrió en un error al digitar en el documento las fechas de ocurrencia de los hechos, pues según lo consignado estos habrían tenido lugar en el presente año (2009, se aclara). La razón por la cual se advierte prima facie que se trata de un error, está en que si los hechos hubiesen tenido ocurrencia en el presente año el radicado de la causa no debería incorporar el año 2008, sino el 2009. La duda se aclara cuando se observa el acápite correspondiente al escrito de acusación (fl. 34), donde se aprecia que las agresiones a la compañera e hija del procesado, tuvieron lugar el 5 y el 24 de febrero de 2008 respectivamente, fechas que concuerdan con aquellas en las que fueron realizados los dictámenes médico-legales.

Por ello, resulta abiertamente inadmisible el pedimento del recurrente basado en esta situación, pues tratar de explotar esa falla del juez, con la pretensión de atribuirle consecuencias jurídicas, es una actitud oportunista que riñe con los postulados de la buena fe y la lealtad procesal consagrados en el artículo 12 de la Ley 906 de 2004”.

No obstante lo anterior, a través del extraordinario recurso el impugnante insiste en que se desconoció la congruencia, afirmación que, tal como se demostró, es absolutamente falsa.

Ello porque a pesar del error de digitación en que incurrió el juez de primer grado, nunca ha habido duda acerca de las fechas de los hechos objeto de investigación, esto es, 5 y 24 de febrero de 2008, pudiendo asegurarse, entonces, que la condena recayó por los mismos sucesos que previamente fueron objeto de debate en el juicio oral, acusación, aplicación de medida de aseguramiento y formulación de imputación.

Así las cosas, como no existe duda alguna sobre el sustento fáctico de la condena y además el tópico fue resuelto por el tribunal, innecesaria se torna la aclaración solicitada por la delegada del Ministerio Público, pues, ello equivaldría a darle consecuencias jurídicas a un simple error de digitación que ninguna confusión generó.

3.5. Por todo lo anterior, es viable concluir que el recurrente tampoco logró demostrar yerro alguno en los restantes reparos formulados en su demanda.

En consecuencia, no se casará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

 

(4) No es la Ley 975 de 2005 —Justicia y Paz— que en dos ocasiones citó erradamente la delegada del Ministerio Público, en la audiencia de argumentación oral.

(5) Despachos que hasta la creación de la Fiscalía General de la Nación adelantaban la fase investigativa y calificaban los sumarios, en los delitos de competencia de los juzgados penales del circuito y superiores.

(6) Publicada en el Diario Oficial 45.791, del 14 de enero de 2005.

(7) De competencia de los juzgados penales municipales, acorde con el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 906 de 2004.

(8) Cuya competencia, de conformidad con la cláusula general del numeral 2º del artículo 36, ibídem, corresponde a los juzgados penales del circuito.

(9) CD correspondiente a la audiencia de formulación de imputación, records 2’ y 16’40.

(10) Sentencia del 8 de junio de 2000, radicado 11.994.

(11) Grabación 2 de la audiencia de acusación, record 10’.

(12) La diligencia tuvo lugar, conforme quedó reseñado en el decurso procesal, el 25 de marzo de 2009, ante el Juzgado 58 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. En el record 21’30 de la grabación Nº 1 de las audiencias preliminares, puede escucharse la argumentación de la fiscal, en tanto que, la decisión de la jueza consta en la grabación Nº 2, a partir del record 0’28.

(13) Concretamente, amenazaba de muerte y con “regarles gasolina” a su compañera permanente e hija.

(14) Ello puede verificarse en el CD correspondiente a la tercera sesión de la audiencia preparatoria, en los records 12’46 y 22’10 de la grabación Nº 1, y en la grabación Nº 2 en su totalidad.

(15) CD correspondiente a las audiencias preliminares de imputación e imposición de medida de aseguramiento, record 3’50.

(16) Ib., record 21’30.

(17) Folios 35, carpeta.

(18) CD correspondiente a la audiencia de acusación, grabación 2, record 0’25.

(19) Folios 143 y 145, carpeta.