Sentencia 33797 de enero 23 de 20123

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado Acta 11

Bogotá, D.C., veintitrés de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS:«Consideraciones de la Corte

5. Según lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, en armonía con el numeral 2º del artículo 76 ibídem, es competente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para conocer en segunda instancia de la apelación al fallo condenatorio que por el delito de prevaricato por acción dictó el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Quibdó (Chocó), contra Carmelo Emilio Perea Benítez, quien para la época del comportamiento imputado en la acusación se desempeñaba como Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano.

Atendiendo la regla prevista en el artículo 204 de la citada codificación penal adjetiva, para depurar la discusión bueno es precisar que ninguna controversia hay en cuanto a la cabal demostración del carácter de servidor público que ostentaba el procesado para la época de los hechos y que exige para su configuración el tipo penal analizado, de suerte que el debate, según las consideraciones del fallo atacado y la réplica ofrecida por el apelante, se circunscribe, de manera principal, a esclarecer si en efecto la decisión contenida en el auto 217 del 25 de octubre de 2005 es manifiestamente contraria a derecho por desconocer o ir en contra del principio de cosa juzgada que tanto en la acusación como en la sentencia de primer grado se predica de la análoga determinación expresada en la providencia 50 del 12 de agosto de 2002 dentro del mismo proceso ejecutivo laboral.

Y en forma subsidiaria, de hallar respuesta asertiva ese problema jurídico, a dilucidar si en tal proceder del acusado se configura la tipicidad subjetiva de la conducta punible, esto es, el haber obrado con conocimiento y voluntad de transgredir el ordenamiento jurídico, o si su acción se encuentra amparada, como lo propone el apelante, en la causal excluyente de responsabilidad consagrada en el artículo 32, numeral 10, de la Ley 599 de 2000, al haber actuado convencido de que con su conducta no realizaba los elementos constitutivos del delito de prevaricato por acción.

6. Delimitado en los anteriores términos el objeto del recurso, con el fin resolver las dos cuestiones que lo componen, es bueno precisar unas breves reflexiones acerca de los elementos estructurales de la citada conducta punible, consagrada en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, norma de acuerdo con la cual el “servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley” incurrirá en penas de prisión, multa e inhabilitación de derechos y funciones públicas.

Mediante esa prohibición, entre otras previstas por el legislador en el Libro Segundo, Título XV, del Código Penal, se pretende resguardar el bien jurídico de la administración pública, el cual,

“...protege diversos valores propios de la actividad estatal; en realidad, tiene una significación estrecha con el funcionamiento del sistema, con la forma cómo se actúa y cómo se ejecutan las decisiones públicas. No por otra razón, los tipos penales vinculados con el bien jurídico de la administración pública protegen el interés general, la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que son entre otros, valores esenciales de la administración pública, a mas de sus bienes materiales”(5).

En lo referente a la tipicidad objetiva del delito de prevaricato por acción, la hipótesis normativa prevé un sujeto agente calificado, pues se trata de servidor público, un verbo rector consistente en proferir, y dos clases de ingredientes normativos: de una parte, “dictamen, resolución o concepto”, y de otro “manifiestamente contrario a la ley”.

En lo que a este último aspecto atañe, la Sala ha sido enfática y reiterativa al considerar que su configuración no sólo contempla la valoración de los fundamentos jurídicos que el servidor público expuso en el acto judicial o administrativo (o la ausencia de ellos), sino también el análisis de las circunstancias concretas bajo las cuales lo adoptó, así como el de los elementos de juicio que contaba al momento de proferirlo, pues:

“(...) la ley, a cuyo imperio están sometidos los funcionarios judiciales en sus decisiones, no surge pertinente al caso concreto de manera automática, sino como fruto de un proceso racional que le permite al juez o al fiscal determinar la validez, vigencia y pertinencia de la norma a la que se adecua el supuesto de hecho que pretende resolver.

“Pero ésa que es, o intenta ser, la verdad jurídica es apenas una parte del contenido de una providencia judicial. Esta se halla igualmente conformada por la verdad fáctica. Tal concepto corresponde a la reconstrucción de los hechos de acuerdo con la prueba recaudada, siendo necesario que entre esta y aquélla exista una correspondencia objetiva en cuanto las específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el acontecimiento fáctico, [que deben] estar demostradas con el material probatorio recaudado en la actuación. El prevaricato puede entonces ocurrir en uno de los dos aspectos de la solución del problema jurídico. En el fáctico o en el jurídico. O en los dos simultáneamente, pero, en todo caso, el uno no puede desligarse del otro en cuanto la función judicial consiste precisamente en determinar cuál es el derecho que corresponde a los hechos”(6).

Igualmente hay que recalcar que el análisis de la contradicción de lo decidido con la ley se debe hacer mediante un juicio ex ante, al ubicarse el operador jurídico al momento en que el servidor público emitió la resolución, el dictamen o el concepto, examinando el conjunto de circunstancias por él conocidas, siendo por lo mismo improcedente un juicio de verificación ex post con nuevos elementos y conocimientos, ya que:

“...la dirección típica de la norma sobre el prevaricato exige primero y directamente una confrontación entre la decisión proferida por el acusado y la ley. Puede ser que el juicio de reproche requiera de la clarificación que eventualmente surge de las explicaciones del procesado en el curso de sus intervenciones, o de las reflexiones de los distintos sujetos procesales en torno a lo que significa el presupuesto fáctico y jurídico sobre el cual se edifica la prevaricación, o de los pareceres de otras autoridades judiciales, pero lo primero que debe enfrentar el juzgador es lo que hizo el inculpado en la resolución redargüida de ostensiblemente ilegal, pues, por lo obvio, es en este momento cuando se realiza la conducta juzgada y no, verbigracia, en la indagatoria o la audiencia pública, oportunidades éstas en las cuales se producen los descargos o explicaciones sobre los hechos que ya se habían consumado.

De igual manera, la adecuación típica del delito de prevaricato debe surgir de un cotejo simple del contenido de la resolución o dictamen y el de la ley, sin necesidad de acudir a complejas elucubraciones o a elocuentes y refinadas interpretaciones, pues un proceso de esta índole escaparía a una expresión auténtica de lo ‘manifiestamente contrario a la ley. Así entonces, para la evaluación de esta clase de conductas delictivas se adopta una actitud más descriptiva que prescriptiva, es decir, sujeta a lo que realmente hizo el imputado en la respectiva actuación, asistido de sus propios medios y conocimientos, no a lo que debió hacer desde la perspectiva jurídica y con base en los recursos del analista de ahora (juicio ex ante y no a posteriori). Desde luego que si el objeto de examen es una decisión ostensiblemente contraria a la ley, el juzgador no puede abstenerse de señalar el ‘deber ser’ legal que el infractor soslayó maliciosamente, pero como un ‘deber ser’ que éste conocía (no aquél) y que obviamente estaba al alcance de sus posibilidades”(7).

En conclusión, el juicio o valoración acerca del carácter manifiestamente ilegal del dictamen, resolución o concepto debe hacerlo el operador jurídico ubicándose en el momento histórico en el que el servidor público emitió el acto reprochado, y tal análisis puede comprender, además de un problema jurídico, uno fáctico, es decir, que no sólo concierne a groseras o caprichosas discordancias con la ley, sino también apreciaciones probatorias sesgadas u opuestas a la realidad del proceso, que propenden por otorgar una apariencia de adecuada motivación a lo que en últimas constituye un pronunciamiento tan injusto como ostensible en dicho aspecto.

7. Con el fin de resolver el problema jurídico principal inherente a la manifiesta contradicción de la ley que en la sentencia revisada se predica del auto Nº 217 del 25 de octubre de 2005, hay que considerar que en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (D. 2158/48), el trámite del juicio ejecutivo por acreencias laborales está previsto en los artículos 100 a 108, y la misma legislación, en su artículo 145, señala que, en general, en los aspectos no regulados por ese ordenamiento se aplicarán los preceptos análogos del Código de Procedimiento Civil.

Dado que la discusión estriba en la probable vulneración de la garantía de cosa juzgada y como en la codificación laboral adjetiva no está desarrollada esa temática, hay que acudir a las normas habilitadas para llenar ese vacío.

Por lo tanto, de conformidad con la legislación procesal civil, aplicable por remisión expresa a asuntos laborales, únicamente las sentencias ejecutoriadas hacen tránsito a cosa juzgada. Así lo consagra su artículo 332:

“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.

La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes.

Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.

Y el mismo compendio normativo en su artículo 333 relaciona qué sentencias, por excepción, no hacen tránsito a cosa juzgada:

“No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:

1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria.

2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley.

3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.

4. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio”.

El artículo 302 de la codificación en cita define como sentencias las “...que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión”, y agrega que son autos, de trámite o interlocutorios, las demás providencias que adopte el juez (laboral o civil).

A su turno el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil consagra los requisitos o formalidades sustanciales de toda sentencia, entre ellas la exigencia en el sentido de que la parte resolutiva debe ir precedida de la fórmula: “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”.

Las anteriores precisiones normativas llevan a una conclusión obvia y contundente: en los juicios ejecutivos, tanto en la jurisdicción civil como en la laboral, el mandamiento de pago no es una sentencia y por lo mismo lo allí resuelto no hace tránsito a cosa juzgada, habida cuenta que ese auto es apenas, de conformidad con las propias disposiciones legales, la primera providencia que se dicta en el proceso dando con ella inicio al trámite de cobro coactivo, la cual debe comunicarse al demandado con el fin de que ejerza su derecho de defensa (Códigos Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de Procedimiento Civil, artículos, 41, literal A, numeral 1, y 314, numeral 1, respectivamente).

Es más, la aludida decisión tampoco puede agruparse dentro de aquéllas que, de acuerdo con la doctrina, se asimilan a una sentencia y pueden acarrear los efectos de cosa juzgada:

“Por vía de excepción hay autos que siendo esencialmente interlocutorios, tienen fuerza de sentencia, y se asemejan a ésta por cuanto ponen fin al proceso una vez quedan ejecutoriados, tal como atrás se mencionó:

Estos autos son, entre otros, los siguientes:

1. El que declara probada ‘alguna de las excepciones previstas en los numerales 1, 3, 4,5,6, 10 e inciso final del artículo 97, sobre la totalidad de las pretensiones o de las partes’, eventos en los cuales se declarara terminado el proceso por así indicarlo el numeral 6º del artículo 99.

2. El que declarar extinguido el proceso cuando se ha ordenado su reconstrucción y las partes no se hacen presentes en la audiencia (art. 133, num. 5º).

3. El que acepta una transacción cuando ésta versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas (art. 340).

4. El que acepta el desistimiento cuando éste es incondicional (art. 342).

5. El que declara la perención del proceso en primera instancia (art. 346).

6. El que declarar terminado el proceso de ejecución por pago de la obligación.

7. El que admite la conciliación en todos los procesos donde está prevista la audiencia de conciliación o la del art. 101, y en los procesos verbales(8).

Cabe advertir que aun cuando dichos autos ponen fin al proceso, algunos de ellos no impiden presentar nueva demanda sin que se pueda alegar la excepción de cosa juzgada, como en el caso de la declaratoria de excepciones previas, cuando se declara extinguido el proceso y cuando se decreta la perención; en otros casos sí generan efectos de cosa juzgada, como acontece al decretar la finalización del juicio por pago de la obligación, cuando se admite el desistimiento o la transacción y estos no están sometidos a ninguna condición, y al darse la conciliación en la separación de cuerpos, de bienes o en el divorcio”(9).

Para concluir este aspecto, en la referida especie de procesos, por expreso mandato legal (CPC, art. 512), solo reviste el carácter de sentencia la providencia que resuelve las excepciones de mérito, excepto en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del artículo 333 del Estatuto Civil Adjetivo y, de acuerdo con la doctrina, el otro pronunciamiento que en los juicios ejecutivos civiles o laborales del que también es predicable la condición de sentencia es el auto “que ordena seguir adelante con la ejecución cuando el demandado no propuso ninguna excepción”(10).

8. Ahora bien, atendiendo el contenido sustancial del Auto 50 del 12 de agosto de 2002 en lo concerniente a la sanción moratoria reclamada por los demandantes con base en la Ley 244 de 1995, artículo 2º, de manera contraria a lo sostenido en la acusación y en la sentencia, resulta evidente que el funcionario de entonces no resolvió el fondo de esa pretensión, sino que, como en forma atinada lo alegó el defensor ante la primera instancia, se inhibió de adoptar pronunciamiento a ese respecto.

En efecto, el juez de entonces, después de totalizar las acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos emitidos el 19 de septiembre de 2000 por el municipio de Bajo Baudó a favor de los demandantes (entre ellas, sueldos de distintos periodos —oscilantes entre 1991 y 1998—, primas de diferente naturaleza, auxilios de alimentación, entre otros, cesantías definitivas, etc.), puntualizó el siguiente análisis acerca de la solicitud de librar mandamiento de pago por la mora en cancelar las cesantías:

“...el despacho se abstendrá de librar mandamiento de pago por la sanción moratoria según la Ley 244 de 1995, reconocida a algunos demandantes, por cuanto no se estableció en cada caso a cuanto valor ascendía la misma, ya que la ley por sí sola no presta mérito ejecutivo por no provenir del deudor, donde de manera clara, expresa y exigible reconozca una obligación”(11).

Y en consonancia con lo anterior, tras “ADMITIR la demanda”, en el numeral “SEGUNDO” de la parte resolutiva precisó:

“ABSTENERSE de librar mandamiento de pago por lo consignado en la Ley 244 de 1995, por las razones tenidas en cuenta de precedencia (sic)”(12).

De los fundamentos transcritos resulta claro que la pretensión en comento no fue negada, como se advera en la sentencia recurrida, sino que al no estar liquidada en una determinada cantidad, el fallador consideró procedente abstenerse (o inhibirse, que es lo mismo) de librar mandamiento ejecutivo de pago por ese concepto, dejando así latente y pendiente de una decisión definitiva el cobro coactivo de la respectiva acreencia laboral.

Con el Auto 217 del 25 de octubre de 2005, en el que, con base en solicitud de la parte actora, se reconsideró la pretensión de librar mandamiento de pago por la sanción moratoria y en efecto así se dispuso, tampoco se desconoció, como se afirma en la sentencia recurrida “el principio de cosa juzgada al interior del mismo trámite”, conllevando ello la configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil(13).

Como se destacó párrafos atrás, el auto del 12 de agosto de 2002 no tiene la categoría de sentencia, ni es de aquéllas providencias a las que la doctrina le reconoce efectos semejantes, además que por su contenido expreso y sustancial tampoco resolvió de fondo acerca de la pretensión formulada, y dado que en ese aspecto —ni en los demás allí resueltos— se interpusieron recursos, mal puede asegurarse que con la posterior decisión reprochada al aquí procesado éste “procedió en contra de providencia ejecutoriada del superior” y menos que revivió “un proceso legalmente concluido”, que son las dos hipótesis por las que podría configurarse el motivo enervante que se enrostra al enjuiciado como pretermitido con base en doctrina de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que, dicho sea de paso, el tema de estudio es la técnica para proponer en sede de casación la violación del principio de cosa juzgada en su estricta comprensión, frente a la configuración de irregularidades como las aludidas, las que deben ser alegadas con base en el numeral 5º del artículo 368 Código de Procedimiento Civil, y no con sustento en el numeral 1º de ese precepto(14).

9. Hasta aquí la Sala advierte que resultan demolidos los fundamentos sustanciales del reproche plasmado en la sentencia atacada en cuanto a la predicada contrariedad con la ley del Auto 217 del 25 de octubre de 2005; sin embargo, dado que contra ese pronunciamiento resultó favorable una acción de tutela, tanto en primera como en segunda instancia, es necesario puntualizar que, en estricto rigor, de acuerdo con los fundamentos del fallo de segundo grado (que es el vinculante para lo aquí discutido)(15), el funcionario acusado dejó de tramitar con las formalidades previstas en la ley adjetiva civil (art. 540) una nueva demanda presentada por la parte actora “pues al librar mandamiento de pago no dio aplicación a lo preceptuado en tal norma especialmente en su numeral tercero que ordena suspender el pago a los acreedores y emplazar a todos los que tengan créditos con título de ejecución contra el deudor”; empero, si bien esa irregularidad pudo ser calificada como constitutiva de una vía de hecho desencadenante del amparo concedido por el juez constitucional, igualmente es verdad, como lo destaca el apelante, que no por ello puede afirmarse que la providencia generadora del vicio sea, per se, prevaricadora.

A este respecto cabe recordar lo puntualizado por esta Sala en un asunto de aristas semejantes:

“La doctrina de la vía de hecho (hoy conocida como ‘causales de procedibilidad’) ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela con el propósito de establecer criterios, de naturaleza restrictiva y excepcional, para la prosperidad de la acción prevista en el artículo 86 de la Carta Política en contra de las providencias emitidas por los funcionarios judiciales.

El tipo de prevaricato por acción, en cambio, consagra una conducta en la cual el sujeto activo calificado (que, dicho sea de paso, puede ser cualquier servidor público) profiere decisión, resolución, dictamen o concepto “manifiestamente contrario a la ley”, elemento normativo esencial que no siempre ni de manera necesaria coincidirá con alguno de los defectos (sustantivo, fáctico o procesal) que en las actuaciones judiciales configuran la vía de hecho, al menos en lo que a un modo conceptualmente vinculante se refiere.

Si se tratase de crear alguna suerte de conexión (o de relación de dependencia) entre esta figura de la jurisprudencia constitucional y el tipo objetivo del delito en comento, debería decirse que (además de innecesaria en materia penal) toda coincidencia quedaría sometida al estudio de las circunstancias particulares del caso, pues más allá de la predicable entre los presupuestos del uno y las características del otro, aún podrían presentarse situaciones en las que la vía de hecho no se adecuaría a lo estimado por el juzgador del servidor público como manifiestamente ilegal (aunque podría darse lo contrario: que toda decisión judicial apartada de la ley constituiría una vía de hecho siempre que sea evidente la contrariedad).

Es cierto que la Corte Constitucional ha señalado que la procedencia del amparo por una causal de esta índole “clara y plenamente probada (...) debe dar lugar a que el juez de tutela corra traslado de las diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que se inicie el correspondiente proceso penal por prevaricato”(16). Pero esto último no significa que la acción penal desatada a raíz de una tal remisión deba estar ligada a las consideraciones que acerca de la configuración de determinado defecto aparezcan en las sentencias de tutela, ni tampoco que la argumentación en dichos fallos sea susceptible de ser debatida ante esta jurisdicción y especialidad. Tan solo ostentarían cierto interés como antecedente procesal, en cuanto motivaron el inicio de la actuación”(17).

De acuerdo con las precisiones hechas en precedencia la Corte encuentra que la decisión reprochada no es manifiestamente contraria a derecho, o notoriamente ilegal, o producto del capricho del funcionario con la finalidad de retorcer la ley, buscando violentar flagrante y conscientemente lo dispuesto en el ordenamiento sustantivo, y a este respecto son ilustrativas las consideraciones que expuso el juez acusado al responder la solicitud de nulidad elevada por el apoderado del municipio demandado con base en que se había pretermitido lo resuelto en el auto del 12 de agosto de 2002, frente a la cual señaló lo siguiente el encausado:

“Sobre el particular no podemos aceptar la afirmación... en el sentido de que se revive un proceso legalmente concluido, pues por el hecho de abstenerse el otrora juez del circuito de concederla [la sanción moratoria] en el interlocutorio Nº... ello no hace tránsito a cosa juzgada o la deja sin efecto definitivamente... el operador judicial interpretó incorrectamente la situación fáctico jurídica, pues ya la sanción estaba reconocida para varios acreedores o demandantes, y al presentar la demanda no negó aquellas, sino que profirió un mero formalismo que no dijo nada de fondo sobre el particular, como por ejemplo, que los trabajadores no tenían derecho al pago de la sanción moratoria; y por qué, reiteramos, solo se abstuvo por un simple formalismo de no estar establecido en cada caso el monto a cancelar por dicho concepto.

Por lo anterior y no habiendo demostrado el pago de dicha sanción por parte del ejecutado empleador, el abogado reitera que le sean canceladas las sumas respectivas por concepto de la sanción moratoria, y el Despacho las plasma a tenor de la liquidación secretarial efectuada y a tenor del fallo del Consejo de Estado allí aludido, y ordena su pago bajo la premisa también de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, previstos en la Carta Magna, artículo 53...

(...).

En últimas concluimos que no procede la causal de nulidad alegada, toda vez que no se procedió contra providencia ejecutoriada del superior, no se revivió un proceso legalmente concluido que había hecho tránsito a cosa juzgada, no operó el fenómeno de la preclusión para hacer las reclamaciones relacionadas, no se transigió sobre la sanción moratoria, y el despacho en su momento sólo se abstuvo de decretar su pago por meros formalismos legales mas no porque el acreedor no tenía derecho al pago de las mismas”(18).

Ponderada la finalidad del auto censurado y las razones que lo determinaron, la Corte no encuentra una vulneración al ordenamiento jurídico sustancial con el mismo, en tanto que, de una parte, no se desconocieron las garantías pregonadas en el fallo de primer grado, y de otra, la irregularidad de no dar estricto cumplimiento al trámite previsto en el artículo 540 del ..Código de Procedimiento Civil, acerca de la acumulación de demandas, no constituye una decisión manifiestamente contraria a la ley que trascienda a los linderos del reproche penal.

De acuerdo con decantada doctrina de esta corporación, con el tipo penal analizado, se busca:

“...sancionar contradicciones superlativas y no disfunciones menores en la aplicación de la ley. De responder, tratándose de la administración de justicia, ante conductas que desdicen de la esperada expectativa de que los conflictos se solucionan aplicando la ley y no apartándose groseramente de ella.

Esas definiciones, que son nucleares a la hora de interpretar la densidad antijurídica de las conductas, se explican en el principio de progresiva protección de los bienes jurídicos, según el cual el derecho penal se ocupa solo de lo injusto merecedor de pena y no de todos los atentados contra la relación social que el tipo penal protege. En fin, de lo que en realidad es delito y no de lo que se le parece o lo que de él solo tiene su apariencia.

En ese giro se ha dicho, con razón, que ‘acogiendo el sentido del mandato de ser los actos de autoridad manifestamente contrarios a la ley, no configura realización del tipo penal, cualquier error en que incurra el funcionario. Se requiere, como viene en juzgarlo la Sala, que entre lo que decidió o dictaminó, y la ley o el derecho aplicable, se presente contradicción clara y evidente’(19)(20).

Lo que indica la realidad fáctica aquí analizada es la estructuración de un vicio de procedimiento en el trámite de un proceso ejecutivo laboral, que según el particular criterio de protección progresiva de derechos fundamentales del juez de tutela ameritó calificar el pronunciamiento como una vía de hecho, pero ello no traduce como consecuencia necesaria que la decisión se erija como conducta delictual, ya que el error en la correcta aplicación de la norma no tiene el carácter de manifiesto y ostensible, lo cual impide pregonar como configurada la tipicidad objetiva del delito de prevaricato del que se ocupó la presente actuación, sin que sobre también aclarar que como la irregularidad en cuestión no fue el aspecto medular del pliego de cargos y de la condena emitida en primera instancia, ello también enerva la posibilidad de reproche penal, deviniendo como consecuencia necesaria la revocatoria del fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR el fallo de primera instancia y en su lugar ABSOLVER a Carmelo Emilio Perea Benítez, de condiciones civiles y personales conocidas en la actuación, de los cargos formulados por el delito de prevaricato por acción, atribuido con base en las circunstancias fácticas de las que se ocupó este proceso, en armonía con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

 

(5) Cfr. Sentencia de única instancia del 13 de octubre de 2004, radicación 18911.

(6) Cfr. Sentencia de 8 de noviembre de 2001, radicación 13956. Criterio reiterado en el mismo sentido en sentencias de 25 de abril de 2007, radicación 27062, 22 de abril de 2009, radicación 28745, 16 de marzo y 31 de mayo de 2011, radicaciones 35037 y 34112, respectivamente, entre otras.

(7) Cfr. Sentencia del 26 de mayo de 1998, radicación 13628.

(8) “En el proceso ejecutivo el auto que acepta la conciliación sólo le pone fin al proceso cuando lo conciliado se ha cumplido, tal como lo consagra el artículo 7º del Decreto 2651 de 1991”.

(9) López Blanco, Hernan Fabio. “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”. Tomo I, Parte General, Sexta Edición 1993, pág. 511 y 512. Editorial ABC Bogotá. (Todas las normas invocadas en el fragmento transcrito son del Código de Procedimiento Civil).

(10) López Blanco, Hernan Fabio. “Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano”. Tomo II, Parte Especial, Sexta Edición 1993, pág. 365 y 366. Dupré Editores. Bogotá.

(11) Cuaderno de anexos 1, folio 183.

(12) Ídem, folio 184.

(13) “Artículo 140. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo en parte, solamente en los siguientes casos: ... 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite integralmente la respectiva instancia”.

(14) Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 24 de julio de 2002 (S-132), expediente 5887. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles.

(15) Cuaderno de la causa, folios 68-69.

(16) Corte Constitucional, Sentencia T-118 de 1995.

(17) Cfr. sentencia de segunda instancia del 16 de marzo de 2011, radicación 35037 (negrillas ajenas).

(18) Cuaderno de anexos 2, folios 207 y 208.

(19) Cfr., Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencias de julio 10 de 1980, agosto 16 de 1983, mayo 22 de 1984, febrero 13 de 1991, marzo 2 de 1993 y 3 de septiembre de 2003.

(20) Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala Penal, auto del 23 de febrero de 2006, radicación 24692.