Sentencia 3382 de noviembre 25 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL

PRINCIPIOS APLICABLES

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss

Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Ref.: Expediente 3382

Mediante sentencia de fecha cuatro (4) de junio del año en curso, la Corte casó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el veinticuatro (24) de mayo de 1990, en el proceso ordinario promovido por Luis y Rubén Rosensvaig de la Torre, junto con Berta Rosensvaig de Restrepo, contra la sociedad Mercados y Almacenamientos Tequendama Ltda. Compete ahora, por lo tanto, dictar en sede de instancia la decisión que debe reemplazar la del Tribunal, desatándose así el recurso de apelación que había interpuesto la parte demandada contra el fallo de primer grado que con fecha once (11) de julio de 1989, profirió el Juzgado 8º Civil del Circuito de esta capital, ello en atención a que la relación procesal existente en este caso se configuró regularmente, que su desenvolvimiento se encuentra libre de vicios y, en fin, dentro de lo posible se practicaron las pruebas oficiosamente decretadas en la sentencia de casación.

Allí se resumieron los pormenores del litigio en la siguiente forma:

“...En demanda presentada el 18 de noviembre de 1986 y cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá, Luis y Rubén Rosensvaig de la Torre y Berta Rosensvaig de Restrepo, todos mayores de edad y vecinos de Bogotá los dos primeros y de Barranquilla la tercera, solicitaron se declare, previo proceso ordinario, que la sociedad Mercados y Almacenamientos Tequendama Ltda., domiciliada en Bogotá, es civilmente responsable por la muerte ocasionada a Cecilia Rosensvaig de la Torre por la camioneta de placas EW 4476, de propiedad de la demandada y conducida por el señor Rigoberto Duarte, en accidente ocurrido el 29 de agosto de 1985 en la carrera 24 con la calle 49 de esta ciudad; en consecuencia solicitan que se condene a la sociedad demandada a pagarles la totalidad de los perjuicios materiales y morales que resulten demostrados, así como las costas del proceso.

Como causa de pedir afirmaron los demandantes: a) El 29 de agosto de 1985 la camioneta Dodge blanca de placas EW 4476 torpemente conducida por Rigoberto Duarte se subió a la acera de la carrera 24 con la calle 49 y atropelló a Édgar César Upegui y a Cecilia Rosensvaig de la Torre, hermana de los demandantes (...) b) Como resultado del accidente Cecilia Rosensvaig murió y Édgar César Upegui perdió un brazo (...) c) El vehículo causante de la tragedia es de propiedad de Mercados y Almacenamientos Tequendama Ltda., sociedad que tenía la custodia y era guardián jurídico del automotor, de lo que se deriva la obligación de indemnizar los perjuicios causados ...”.

Perjuicios acerca de cuya naturaleza y entidad dijo el escrito de demanda lo siguiente: “... Los perjuicios que la trágica muerte de Cecilia Rosensvaig ha ocasionado (...) son principalmente en el orden moral y, por lo tanto, naturalmente comprensibles. El dolor, la aflicción moral no requieren de mayor explicación para comprenderse en el sentimiento lastimado de sus hermanos. Que se han causado, pues, resulta evidente, de lo que sigue que deben ser indemnizados, tomando como base el criterio previsto en el artículo 106 del Código Penal, aplicable por analogía al asunto de que se trata, hasta un máximo de 1.000 gramos oro ...”, agregando enseguida que igualmente deben serles indemnizados a los demandantes “... los gastos en que ellos incurrieron en razón de las atenciones médicas, hospitalarias y de drogas ...” junto con los “gastos funerarios” que la sociedad demandada tiene que reembolsar.

Notificado el auto admisorio de la demanda, Mercados y Almacenamientos Tequendama Ltda. contestó para afirmar en síntesis y en cuanto a lo que ahora cumple destacar en esta providencia, que es posible que los hermanos de doña Cecilia “... tengan derecho a indemnización, pero ésta no es de su cargo por cuanto no tuvo responsabilidad alguna en los hechos ...” (cfr, fl. 31 del cuaderno principal).

La sentencia apelada

Tramitada en debida forma, la primera instancia del proceso terminó con la sentencia de fecha once (11) de julio de 1989 en la cual, el juzgado del conocimiento, declaró infundada la defensa propuesta de “inexistencia de responsabilidad” y, en consecuencia, declaró así mismo que Mercados y Almacenamientos Tequendama Ltda. es civilmente responsable de la muerte de Cecilia Rosensvaig de la Torre, condenando a dicha entidad a pagarle a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en dinero a 1.000 gramos de oro para cada uno; de otro lado, denegó la reclamación por perjuicios materiales y le impuso a la demandada la obligación de pagar las costas del proceso.

En su providencia y luego de transcribir apartes del artículo 106 del Código Penal, en una motivación a todas luces defectuosa sobre el tema y que adolece además de inusitado simplismo, el Juzgado 8º Civil del Circuito expresó acerca de la reparación por perjuicios morales que, tratándose en este caso de los de ese linaje causados por “... el daño mayor que se puede causar a una persona, cual es la muerte de uno de sus familiares, debe tomarse el máximo señalado por el dispositivo legal citado, para cada uno de los demandados ...”. Y en lo que atañe a la pretensión indemnizatoria deducida respecto de perjuicios con contenido patrimonial, la desestimó en su integridad pues “... ningún elemento de juicio aportaron los actores para demostrarlos (...).”

El recurso interpuesto

Contra el fallo en esos términos proferido únicamente recurrió en apelación la parte demandada; y lo hizo en procura de obtener la revocación integral de las decisiones adoptadas por el a quo y, en subsidio, para que sea reducida “... sensiblemente ...” la cuantía de la condena impuesta por concepto de perjuicios morales, apoyándose para tal fin en doctrina jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado acerca de los criterios que deben seguirse cuando son los hermanos de la víctima fallecida quienes piden ese tipo de satisfacción, e indicando en consonancia con esa orientación que, en la especie en estudio, los actores “... son todos mayores de edad, doña Berta Rosensvaig de Restrepo está domiciliada en Barranquilla (...), ninguno de ellos tiene relación de dependencia económica con la difunta Cecilia Rosensvaig de la Torre, ninguno de ellos habitaba con doña Cecilia, ninguno tenía la relación de padre o madre a hijo con doña Cecilia Rosensvaig, sino que tenían una relación de consanguinidad menos cercana pues eran hermanos legítimos ...”, concluyendo líneas adelante el apelante (cfr. fl. 7 del cuaderno 4) que la condena debe ir hasta un máximo de 250 gramos de oro para cada uno, “... pues de lo contrario se estaría arbitrariamente equiparando el daño moral sufrido por el cónyuge o el hijo de la víctima del daño con el daño moral que pudiera sufrir un hermano de la misma víctima ...”.

Puestas así las cosas y bajo el entendido que, en primer lugar, la atribución de responsabilidad civil a la entidad demandada frente a los demandantes, por fuerza de las razones expuestas a espacio para infirmar la sentencia absolutoria de segunda instancia, constituye ahora firme punto de partida que no admite nueva controversia, y en segundo lugar que por mandato del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y en cuanto el fallo de primer grado se abstuvo de reconocer indemnización por perjuicios patrimoniales, en este preciso extremo no es él modificable en forma alguna que redunde en detrimento de la demandada atendida su condición de única apelante, procede la Corte entonces a resolver acerca del mérito del recurso interpuesto por lo que atañe a la estimación efectuada de los daños morales, y en orden a hacerlo bastan las siguientes

Consideraciones

1. Bien sabido es que por fuerza de una larga y fecunda evolución jurisprudencial que inició la Corte hace setenta años (G. J. num. 1515 pág. 220), hoy en día es principio de vigencia indubitable en el ordenamiento nacional aquél de acuerdo con el cual, por mandato del artículo 2341 del Código Civil leído en consonancia con el primer inciso del artículo 2356 ibídem, todo daño es resarcible, aún el no patrimonial, en la medida en que sea resultado de un ataque antijurídico a un interés que ante el derecho deba juzgarse digno de protección. En otras palabras, todo daño derivado de un acto generador de responsabilidad civil extracontractual es de suyo indemnizable, independientemente de que las consecuencias de esa acción antijurídica representen menoscabo para un patrimonio, afectando su actual composición o sus posibilidades económicas futuras —evento en el que se dice que el daño es “material”—, o constituyan por el contrario, dichas consecuencias, lesión a los sentimientos de una persona y causa para ella “... de padecimientos de orden síquico ...” (G. J. T. CXIX, pág. 259), de inquietud espiritual y de agravio a sus íntimas afecciones, configurándose así el llamado “daño moral” que no por ser refractario a precisas apreciaciones pecuniarias, deja de admitir a la vez reparación; de aquí entonces que, aludiendo a este punto en concreto del fundamento mismo de la indemnización del daño moral y para responder a conocidos reparos que contra su reconocimiento se han formulado de vieja data, tenga dicho esta corporación que “... tratrándose de estimar perjuicios que pueden llamarse morales, por no referirse al daño pecuniario en la hacienda y patrimonio del damnificado, se presenta el escollo de la indeterminación de la cuantía por falta de unidad de medida para su apreciación; pero ello no es motivo para desconocer el hecho de la reparación, aun cuando ésta sea difícil o imposible ...”.

“... En estos casos, insiste la Corte, debe buscarse una reparación pecuniaria que de alguna manera reemplace o permita reemplazar el bien perdido o el dolor sufrido, haciendo la pena menos sensible, abriéndole al querellante una nueva fuente de alivio y bienestar ...” (G. J. T. XXXI, pág. 83), lo que con claridad pone de manifiesto que la reparación, cuando de daños morales se trata, la identifica un sentido resarcitorio de significado especial que, para decirlo con palabras de un renombrado expositor (K. Larenz. Derecho de Obligaciones, Tomo II, pág. 69), consiste en “... proporcionar al perjudicado o lesionado una satisfacción por la aflicción y la ofensa que se le causó, que le otorgue no ciertamente una indemnización propiamente dicha o un equivalente mensurable por la pérdida de su tranquilidad y placer de vivir, pero sí una cierta compensación por la ofensa sufrida y por la injusticia contra él personalmente cometida ...”, concepto este que muestra cómo, a diferencia de la que por definición debe cumplir en la indemnización de perjuicios patrimoniales, la función que el dinero desempeña en el ámbito inherente a la reparación de aquella clase de agravios no es la de rigurosa equivalencia con vista en una determinada situación anterior que es preciso restablecer al estado que tendría de no haber acaecido el hecho que obliga a indemnizar, sino de razonable compensación para quien injustamente ha sido lesionado en sus intereses no patrimoniales.

2. Pero es importante no perder de vista que el hecho de aceptar como postulado de general observancia el reconocimiento de la resarcibilidad de los daños no patrimoniales, de suyo no quiere significar que esa clase de reparación sea ilimitada, bastándole por lo tanto a los demandantes, en un caso dado, reclamarla para dejarle el resto a la imaginación, al sentimiento o al cálculo generoso de los jueces llamados a imponer su pago. Verdad es que, como en su tiempo lo enseñaron Planiol y Ripert (Tratado, Tomo VI, pág. 751), cualquier clase de perjuicio justifica una acción en juicio, “tanto si afecta a la persona como a los bienes, sea material o moral e independientemente de que sea susceptible o no de exacta evaluación en dinero ...”, más sin embargo en este último evento, vale decir cuando del daño moral puro se trata, son condiciones indispensables para su compensación que sea personal de quien acciona y, además, que sea cierto, implicando esta segunda exigencia que la existencia y la intensidad del agravio alegado encuentren consistente respaldo procesal “... toda vez que —para decirlo con palabras de la Corte— es apenas su cuantificación monetaria, y siempre dentro de restricciones caracterizadamente estrictas, la materia en la que al juzgador le corresponde obrar según su prudente arbitrio ...” (C. S. J., auto de 13 de mayo de 1988 sin publicar).

Pues bien, ante la necesidad de precisar el alcance que dichas condiciones tienen en algunos de los aspectos que les conciernen y que resultan relevantes frente a situaciones litigiosas concretas con particularidades semejantes a las que ofrece la especie sub lite, es lo indicado llamar la atención sobre los siguientes puntos:

a) En primer lugar, el que del daño moral se afirme que debe ser “personal” trae consigo que por norma y en tanto por definición hiere derechos de la personalidad, pueda reclamar su reparación tan solo la víctima directa a título propio, entendiéndose que cuando ella no sobrevive al suceso, su muerte envuelve una legítima aflicción que generalmente experimentan aquellos con quienes estaba ligada por vínculos de parentesco cercano o de alianza, vínculos que en esencia son los que les permiten a los últimos ejercitar la acción indemnizatoria correspondiente ya que, en atención a esa “... urdimbre de las relaciones que se entretejen con ocasión de los vínculos propios de la familia ...” (C. S. J., casación civil de 28 de febrero de 1990 sin publicar), es de suponer que el fallecimiento del damnificado directo trae para sus allegados pesares, sensaciones dolorosas de entidad más o menos apreciable que el derecho no puede, sin caer en notoria injusticia, dejar de contemplar bajo el argumento, tantas veces repetido por quienes se declaran enemigos de admitir la modalidad resarcitoria de la cual viene hablándose, de que por este camino podría llegar a abrirse paso una cascada indefinida de demandas por pretendidos daños morales contra el responsable. Y es por eso que en procura de conjurar este riesgo, la doctrina jurisprudencial en el país se ha esforzado siempre por imprimirle a esta delicada materia un tratamiento claro, preciso y razonable, declarando por ende que la aludida legitimación para exigir reparación por daños no patrimoniales inferidos por contragolpe a raíz de la muerte accidental de una persona, debe fundarse por principio en el trato familiar efectivo, criterio que como es bien sabido, la Corte ha venido manteniendo en reiterados pronunciamientos; “... por el aspecto de los perjuicios morales —expresa por ejemplo en fallo de casación de 18 de octubre de 1967 (G.J. T. CXIX, pág. 259)— es obvio que la muerte accidental de una persona puede herir los sentimientos de afección de muchas otras y causarles sufrimientos, más o menos intensos y profundos. En principio, todos estos ofendidos estarían legitimados por el daño moral que cada uno de ellos recibe para demandar la reparación correspondiente; pero como el reconocimiento indeterminado de este derecho podría dar lugar a una ilimitada multiplicidad de acciones de resarcimiento, la doctrina y la jurisprudencia han considerado necesario reservar este derecho a aquellas personas que, por sus estrechas vinculaciones de familia con la víctima del accidente, se hallan en situación que por lo regular permite presumir, con la certeza que requiere todo daño resarcible, la intensa aflicción que les causa la pérdida del cónyuge o de un pariente próximo ...”, de donde se sigue que originándose el ameritado derecho en las relaciones de familia, el demandante del resarcimiento por daños morales quedará legitimado en causa demostrando, con prueba idónea desde luego, la real existencia de tales relaciones.

b) En segundo lugar es del caso hacer ver que cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre la prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de presunciones legales que en este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de grande importancia, toda vez que quien pretenda ser compensado por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un ser querido, tendrá que poner en evidencia —según se lee en brillantes páginas que forman parte de los anales de jurisprudencia administrativa nacional— no sólo el quebranto que constituye factor atributivo de la responsabilidad ajena “... sino su vinculación con el occiso (...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad y, por lo mismo, la realidad de su afectación singular y la medida de esta ...”, añadiéndose que a tal propósito “... por sentido común y experiencia se reconocen presunciones de hombre de modo de partir del supuesto de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca al otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias de sus descendientes y a la inversa, o que hay ondas de percusión sentimental entre parientes inmediatos ...” (Consejo de Estado, Sección 3ª; expediente 1651, aclaración de voto del conjuez doctor Fernando Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), siendo por cierto esta línea de pensamiento la misma prohijada por la Corte (cfr, casación civil de 28 de febrero de 1990, arriba citada)(3), hace poco menos de tres años, al proclamar sin rodeos y con el fin de darle al tema la claridad indispensable, que cuando en el campo de la prueba del daño no patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de presunción “ha querido decir que esta es judicial o de hombre. O sea que la prueba dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a cabo. Las bases de este razonamiento o inferencia no son desconocidas, ocultas o arbitrarias. Por el contrario, se trata de una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia de carácter antropológico y sicológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social, experimentan por sus padres, hijos, hermanos o cónyuges ...”, presunción que naturalmente puede ser destruida puesto que “...necio sería negar —prosigue la Corte— que hay casos en los que el cariño o el amor no existe entre los miembros de una familia; o no surge con la misma intensidad que en otra, o con respecto a alguno o algunos de los integrantes del núcleo. Más cuando esto suceda, la prueba que tienda a establecerlo o, por lo menos, a cuestionar las bases factuales sobre las que el sentimiento al que se alude suele desarrollarse —y por consiguiente a desvirtuar la inferencia que de otra manera llevaría a cabo el juez— no sería difícil, y si de hecho se incorpora al proceso, el juez, en su discreta soberanía, la evaluará y decidirá si en el caso particular sigue teniendo cabida la presunción o si, por el contrario, ésta ha quedado desvanecida ...”; resumiendo, entonces, no obstante ser tales, los perjuicios morales puros también “... están sujetos a prueba, prueba que, cuando la indemnización es reclamada por los parientes cercanos del muerto, las más de las veces puede residir en una presunción judicial. Y nada obsta para que ésta se desvirtúe por el llamado a indemnizar, poniéndole de presente al fallador aquellos datos que, en su sentir, evidencian una falta o una menor inclinación entre parientes ...”.

c) Finalmente, incidiendo el daño moral puro en la órbita de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos y consistiendo el mismo, como al comienzo de estas consideraciones se dejó apuntado, en el pesar, la afrenta o sensación dolorosa que padece la víctima y que en no pocas veces ni siquiera ella puede apreciar en toda su virulencia, de ese tipo de agravios se ha dicho que son “... económicamente inasibles ...” (G. J. Ts. CXLVIII, pág. 252 y CLII, pág. 143, reiterada en casación civil de septiembre 9 de 1991 sin publicar), significándose con ello que la reparación no puede ser exacta y frente a esta deficiencia, originada en la insuperable imposibilidad racional de aquilatar con precisión la magnitud cuantitativa que dicha reparación debe tener, es claro que alguno de los interesados habrá de salir perdiendo, y discurriendo con sentido de justicia preferible es a todas luces que la pérdida recaiga sobre quien es responsable del daño y no sobre quien ha sido su víctima, debiendo buscarse por lo tanto, con ayuda del buen sentido, muy sobre el caso específico en estudio y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos, proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamadas a cumplir. En otras palabras, ante el imperativo jurídico de que el lesionado por el daño moral reciba en compensación de sus padecimientos y en orden a que “... se haga más llevadera su congoja ...” cierta cantidad, y como ese dinero del dolor (pretium doloris) no puede traducirse en un “quántum” tasable del modo que es propio de aquellos destinados al resarcimiento de perjuicios patrimoniales, el problema neurálgico radica entonces en definir ese “quántum” en el que habrá de expresarse la reparación, quedando reservado este difícil cometido al discreto arbitrio de los jueces, arbitrio que contra lo que en veces suele creerse, no equivale a abrirle paso a antojadizas intuiciones pergeñadas a la carrera para sustentar condenas excesivas, sino que a dichos funcionarios les impone el deber de actuar con prudencia, evitando en primer lugar servirse de pautas apriorísticas que cual acontece con el acostumbrado recurso al artículo 106 del Código Penal, en este campo únicamente son de recibo en tanto mandatos legales expresos las consagren (cfr, G. J., CXLVIII, pág. 253, CLXXII, pág. 253, CLXXXVIII, pág. 19, reiteradas en casación civil de fechas 26 de julio de 1989, 8 de mayo de 1990 y 9 de septiembre de 1991, sin publicar), y en segundo lugar teniendo en cuenta, para de nuevo decirlo con apoyo en la autoridad del renombrado escritor alemán citado líneas atrás (K. Larenz, op. cit. T. II, pág. 642), “... todas las circunstancias que contribuyan a caracterizar especialmente el caso dañoso en concreto ...”, de donde se desprende que por estos rumbos es la jurisprudencia la que con el curso de los años, y valga señalar que es eso lo que en términos de principio viene sucediendo en Colombia desde 1922, sin cortapisas artificiales establezca, según esos casos y las circunstancias que los rodean, el prontuario de instrumentos serios de análisis que legítimamente pueden y deben ser utilizados por jueces y tribunales para fijar la cuantía de las prestaciones destinadas a satisfacer el daño moral.

3. Aplicando lo expuesto en los párrafos precedentes al caso presente, inevitable es concluir que la sentencia objeto del recurso de apelación interpuesto, justamente por aplicar de modo indebido el artículo 106 del Código Penal y en consecuencia por haber fijado la reparación a título de daños morales en cuantías que a simple vista resultan exageradas, tendrá que ser modificada y en orden a hacerlo, en ejercicio de las facultades de juzgador de instancia que le asisten por haber prosperado el recurso de casación, la Corte estima pertinentes las siguientes observaciones: 

a) Comprobada la muerte accidental de doña Cecilia Rosensvaig de la Torre y que los tres demandantes, Berta, Luis y Rubén Ronsensvaig, fueron sus hermanos legítimos (cfr. documentos obrantes a folios 3 a 6 del cuaderno principal y 48 a 50 del cuaderno No. 2), se hace manifiesta la legitimación sustancial de estos últimos para ejercer el derecho a obtener satisfacción por agravios morales y de allí aflora, así mismo, la seria presunción judicial de que el fallecimiento de aquella en las circunstancias trágicas de las que suministra cumplida razón el expediente, tuvo que ocasionarles intenso dolor, toda vez que es de sentido común inferir que por lo común, y por fuerza de aquello que un vínculo de familia implica, también la muerte de un hermano causa inquietud espiritual, sufrimientos y penas a los que le sobreviven, inferencia que se hace todavía más consistente cuando, como en la especie sub lite aconteció, la prueba personal practicada por iniciativa oficiosa de esta corporación (cfr. actas que corren a folios 99 a 111 del cuaderno de casación) y constituida por declaraciones de suyo convincentes aun cuando se las aprecie con el extremado rigor que pide la ley, pone en evidencia que aparte de los lazos de sangre, a los demandantes los unía con su hermana un trato afectivo de especial significado que a la ligera no puede hacerse de lado. Por este primer aspecto, pues, la decisión del a-quo tiene base legal suficiente y no son necesarios mayores comentarios para sostenerla.

b) Pero no sucede lo propio con la estimación cuantitativa de la reparación fijada con referencia al oro en favor de cada uno de los demandantes, aspecto este de la providencia donde el exceso es de proporciones y por ende, al quejarse de ello, le asiste razón al apelante. En efecto, basta una rápida ojeada del informe rendido por el Banco de la República, visible a folios 65 a 97 de este cuaderno, para concluir que la condena impuesta equivale, en signos monetarios corrientes desde luego, a una suma que en total superaba los catorce millones de pesos para la fecha en que el fallo recurrido habría de quedar ejecutoriado (agosto de 1989) y que de mantenerse dicho proveimiento, para julio de 1992 llegaría a pasar de los veintitrés millones de pesos, es decir que la satisfacción habría sido a razón de siete millones setecientos mil pesos ($ 7.700.000) por cabeza para los actores, cosa que es inusitada si se toma en consideración que en aquellos eventos en que del dolor en su máximo grado se trata, las compensaciones económicas por agravios morales que la jurisprudencia ha aceptado recientemente se expresan en cifras considerablemente inferiores.

Puesto en este estado el asunto y en atención a que la prestación en disputa no puede referirse a nada diferente que a una cierta cantidad de dinero destinada a representar la justa medida de una satisfacción personal para los damnificados demandantes, ahora el cometido a cargo de la Corte es el de dar pie en el punto a una decisión de equidad, vale decir a una condena que tenga en cuenta, además del dolor que debe presumirse experimentaron estos últimos a raíz de la muerte de su hermana Cecilia, las características mismas que ofrece el hecho generador de responsabilidad, partiendo de la premisa de que reparar valores morales por la vía del “arbitrium iudicis” no importa crear ganancias para nadie, sino corregir con sentido de justicia, satisfacer o desagraviar sentimientos heridos sin derecho, factores todos estos que llevan a justipreciar en la cantidad de un millón de pesos ($ 1.000.000) el valor del daño moral subjetivo que a cada uno de los demandantes le será resarcido por la sociedad demandada, siendo de advertir que la muerte sobrevenida de uno de aquellos (fl. 112 de este cuaderno) no impide que en cuanto a él atañe, tal pronunciamiento se haga, puesto que en vida y dado su carácter de directamente lesionado en sus legítimos sentimientos, optó por la instancia judicial para transformar en una satisfacción pecuniaria lo que hasta el momento de presentar la respectiva demanda, 18 de noviembre de 1986, constituía una afrenta confinada a su conciencia.

Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR los puntos primero, segundo, cuarto y quinto en que se dividió la parte dispositiva de la sentencia que con fecha once (11) de julio de 1989, en el proceso ordinario de la referencia profirió el Juzgado 8º Civil del Circuito de Bogotá.

2. CONDENAR a la sociedad Mercados y Almacenamientos Tequendama Ltda. a pagarle a cada uno de los demandantes o a sus sucesores universales, por concepto de perjuicios morales padecidos por ellos con ocasión de la muerte de su hermana Cecilia Rosensvaig de la Torre, la cantidad de un millón de pesos ($ 1.000.000), sumas que se pagarán una vez ejecutoriado el auto que disponga obedecer y cumplir lo resuelto por esta sentencia, y sobre las cuales, a partir de ese momento, se causarán y liquidarán intereses a la tasa legal.

En estos términos queda modificado el punto tercero de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia.

Sin costas en segunda instancia y tampoco en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al tribunal de origen.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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