Sentencia 33826 de diciembre 12 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Mauricio Fajardo Gómez

Proceso: 660012331000200400634 01

Radicación: 33826

Actor: Alejandro Londoño Hoyos y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Apelación sentencia. Reparación directa

Bogotá, D.C., diciembre doce de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Al momento de entrar a decidir el recurso ordinario de súplica, advierte la Sala que en este caso se configuró la falta de competencia, causal de nulidad que por ser de aquellas insaneables (1) y que debe declararse de oficio en cualquier estado del proceso (2) habrá de decretarse de conformidad con los siguientes razonamientos:

En el texto de la demanda, la parte actora solicitó que se profirieran las siguientes condenas:

“(...) Daño emergente (...)

La actividad profesional de los abogados Álvaro Eduardo Rodríguez Monsalve y Oscar Barrera Rivera, quienes representaron al señor Londoño Hoyos desde la instrucción del sumario y en su calificación ante la fiscalía, así como la etapa del juicio en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, fue contratada por la abogada Gloria Montes García debidamente autorizada por el procesado, defensa que tuvo un costo global de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000.00) cuyo pago actualizado se reclama.

De otra, se representa el daño emergente en la pérdida total de la suma de veinticinco mil novecientos dólares (US 25.900.00) de propiedad de Alejandro Londoño Hoyos (...)

Lucro cesante

Equivalente al dinero que a título de salarios dejó de percibir Alejandro Londoño Hoyos durante el tiempo que estuvo privado de su libertad, y que obtenía como miembro del ejército de los Estados Unidos, respecto del cual ya había terminado un contrato de trabajo un mes antes de su captura, pero cuya vinculación seguía vigente, como bien lo demuestra carta de trabajo en la que se le ofrece continuidad laboral con la institución. Se estima el lucro cesante en la suma de dos mil dólares norteamericanos (US 2.000.00) mensuales durante el tiempo que el señor Londoño H. permaneció en prisión, esto es, quince meses y medio aproximadamente.

Se reclama adicionalmente, la suma de dieciocho mil dólares (US 18.000.00) norteamericanos que por concepto de prima por reinserción al ejército, le había ofrecido el cuerpo militar de la Marina al señor Londoño Hoyos para que volviera a sus filas, cuya propuesta no pudo ser aceptada por encontrase privado de la libertad (...).

Por perjuicios morales

Se reconocerán y pagarán a favor de Alejandro Londoño Hoyos (privado de la libertad), Mónica Hoyos Aponte (esposa) y Jesús Antonio Hoyos Zuluaga y María Dilia López de Hoyos (abuelos) o de quien o quienes sus derechos represente para la época del fallo el valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos por este concepto, para la fecha de ejecutoria de la sentencia (...)” (negrillas fuera de texto).

Por otra parte estimó la cuantía en los siguientes términos:

Alejandro Londoño Hoyos reclama indemnización de los perjuicios morales y materiales que la privación injusta de su libertad le ocasionó. Respecto de los primeros, la pretensión es de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que atendiendo el valor actual de un salario de $ 358.000, arrojaría un monto de treinta y cinco millones ochocientos mil pesos ($ 35.800.000), que sería igual a las demás pretensiones de aquellos que deprecan resarcimiento del prejuicio moral.

Además de lo anterior, el señor Londoño Hoyos impetra indemnización de los perjuicios materiales, que según el capítulo pertinente de la pretensiones y condenas en este libelo, se discriminó su ocurrencia en la suma del daño emergente y el lucro cesante, constituyendo como variables en el primero, el dinero pagado por concepto de honorarios a los abogados que asumieron la defensa técnica en el proceso penal, fijados en $ 25.000.000.00 así como los US 25.900.00 dólares norteamericanos de su propiedad que jamás regresaron a su peculio; en tanto que el segundo —el lucro cesante— se determinó una cantidad de dos mil dólares (US 2.000.00) mensuales que dejó de percibir el detenido por espacio de quince meses y medio, dando un total de treinta y un mil dólares (US 31.000.00), a los que debe sumarse la cantidad de dieciocho mil dólares (US 18.000.00) que por concepto de reinserción a las filas del ejército norteamericano se hubiera ganado de no mediar su detención.

En resumen, por concepto de perjuicios materiales se reclama a favor de Alejandro Londoño Hoyos: en dólares, US 74.900.00 que según la tasa representativa del mercado a la fecha de $ 2.700.00 equivalen a doscientos dos millones doscientos treinta mil pesos ($ 202.230.000.00 pesos), cantidad esta a la que se agregan veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000.00), para un monto definitivo por este rubro de doscientos veintisiete millones doscientos treinta mil pesos ($227.230.000).

El señalamiento de la cuantía tiene por objeto determinar la competencia del juez y el procedimiento a seguir, aspectos que han de quedar definidos desde el comienzo de la controversia y que no pueden variar por apreciaciones posteriores del juez o de las partes.

Al respecto, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“Determinación de la cuantía. La cuantía se determinará así:

1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.

Por su parte el artículo 137 numeral 6º del Código Contencioso Administrativo señala:

“ART. 137.—Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.

De allí que, con la finalidad de establecer la cuantía del proceso y, por ende, decidir sobre la procedibilidad del recurso de apelación, el juez debe tener en cuenta las pretensiones contenidas en la demanda, así como la estimación razonada de su cuantía (3) .

Cuando en la demanda se formulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por la pretensión mayor formulada por cada uno de los demandantes. Así, se tiene que los perjuicios por daño moral, daño emergente y lucro cesante son pretensiones autónomas entre sí y respecto de cada demandante, por lo tanto no se pueden sumar para efectos de determinar la cuantía, las pretensiones formuladas por cada concepto para cada uno de ellos.

En este caso, la cuantía de la pretensión mayor de la demanda es de $ 133''721.000.00 que corresponde a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante reclamados por el señor Alejandro Londoño Hoyos. Esta cifra resulta de multiplicar US 2.000 por quince meses y medio tiempo en que este permaneció en prisión según lo afirma en la demanda, sumado a US 18.000 que el mismo demandante reclama como prima de reinserción al Ejército de Estados Unidos de América que le había sido ofrecida.

Nótese que el cálculo anterior se hace con base en la tasa de cambio representativa del mercado a la fecha de presentación de la demanda, esto es el 13 de mayo de 2004, día en el cual se estimó un valor de $ 2.729 por dólar americano. Por lo tanto se encuentra que por concepto de lucro cesante se solicitaron US 49.000 correspondientes a US 2.000 dólares mensuales durante 15 meses y medio, sumados a US 18.000 los cuales multiplicados por el valor en pesos corresponden a $ 133''721.000.00, operación que permite establecer que la cuantía de la pretensión mayor no supera la legal establecida para que este proceso se tramite en segunda instancia como se explicará a continuación.

Ahora bien, la cuantía de los procesos quedó establecida en la Ley 954 de 2005 que dio aplicación inmediata a lo que, sobre este particular, establece la Ley 446 de 1998, en los siguientes términos:

“El parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, quedará así:

“PAR.—Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los juzgados administrativos, así:

Los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100, 300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos. Así mismo, en única instancia del recurso previsto en los artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985, en los casos de los municipios y distritos y de los procesos descritos en el numeral 9º del artículo 134b adicionado por esta ley, salvo los relativos a la acción de nulidad electoral de los alcaldes de municipios que no sean capital de departamento, que serán revisados en primera instancia”

De manera que, a partir del 28 de abril de 2005, fecha en que entró en vigencia la Ley 954, los tribunales administrativos conocen en única instancia de los procesos de reparación directa cuya cuantía sea inferior a 500 salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.

Una vez en funcionamiento los juzgados administrativos cobraron nuevamente rigor las disposiciones de la Ley 446 de 1998, en cuyo artículo 164 dispone:

“ART. 164.—Vigencia en materia contencioso administrativa. (...)

Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los tribunales y que quedaron de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia” (...).

Advierte la Sala que este proceso, en vigencia de la Ley 954 de 2005, se transformó en un proceso de única instancia del tribunal administrativo respectivo puesto que la cuantía legal para tramitar las dos instancias era de más de 500 salarios mínimos mensuales que a la fecha de presentación de la demanda, esto es el 13 de mayo de 2004, equivalían a $ 179''000.000.00, suma superior a la establecida como pretensión mayor en la demanda.

De este modo se encuentra que cuando entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, circunstancia esta que dio lugar a la aplicación inmediata de las normas de competencia que establece la Ley 446 de 1998 según las cuales los juzgados administrativos conocen en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales, este proceso no había entrado al despacho para ser fallado, razón por la cual, el tribunal no debió conservar la competencia para conocer del mismo y por el contrario debió haberlo enviado al juzgado administrativo correspondiente.

Por lo anterior, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de Risaralda no tenía competencia para proferir el fallo de 30 de noviembre de 2006, motivo por el cual se declarará la nulidad de todo lo actuado a partir de que el proceso entró para fallo al despacho en el tribunal.

En mérito de lo expuesto, este despacho

RESUELVE:

1. DECLARASE la nulidad de lo actuado en este proceso desde que el proceso entró para fallo al despacho en el tribunal.

2. Ejecutoriada esta providencia, envíese el expediente al Tribunal Administrativo de Risaralda para lo de su cargo.

(1) Artículo 140 numeral 2º Código de Procedimiento Civil y artículo 144 último inciso del Código de Procedimiento Civil.

(2) Artículo 145 Código de Procedimiento Civil.

(3) Ver, entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera, autos proferidos el 2 de febrero de 2002, dentro de los expedientes números 18252 y 18786.

__________________________________