Sentencia 33826 de mayo 5 de 2010

 

Sentencia 33826 de mayo 5 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 33826

Aprobado acta 137

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Competencia

1. Comoquiera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdo estima que el cambio de radicación de los cinco procesos que se siguen en el despacho de la Juez Promiscuo de Riosucio, a su vez originados en la acusación proferida el 21 de diciembre de 2007 por el fiscal 14 de la unidad de derechos humanos y derechos internacional humanitario, debe operar hacia un distrito judicial distinto, dicha circunstancia, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, le otorga a la Corte competencia para resolver de plano sobre el cambio de radicación solicitado.

Fundamentos y fines del cambio de radicación

2. El cambio de radicación es un mecanismo jurídico perentoriamente regulado a través del cual puede exceptuarse la regla general de competencia deducida por el factor territorial, cuando se compruebe de manera fehaciente que en el territorio donde se está adelantando el juicio existen circunstancias que pueden afectar el orden público, la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, y la seguridad o integridad personal de los sujetos procesales o de los funcionarios judiciales, como lo estipula el artículo 85 ibídem. Se trata pues de motivos externos al juzgador y ajenos devenir procesal de las actuaciones judiciales.

Es, entonces, uno de los fines primordiales del cambio de radicación asegurar que el fallo sea proferido por un juez que esté en el medio adecuado para que pueda dispensar una recta, cumplida y eficiente administración de justicia, cuando por converger alguna de las circunstancias anteriores, la serenidad ideal en el funcionario judicial competente se hubiere quebrantado.

Las circunstancias concretas en que se ubique la solicitud de cambio de radicación que formule alguno de los sujetos procesales deberán estar probadas, o poder comprobarse objetivamente en las actuaciones, siendo obligatorio para quien las propone señalar específicamente y de manera sustentada las razones que motivan la petición.

Sin embargo, la exposición de tales motivos no podrá consistir en raciocinios subjetivos, ni en suposiciones, ni en valoraciones aisladas acerca de la conveniencia de variar la sede del juzgamiento, sino en el aporte o señalamiento de los medios de convicción idóneos que permitan adoptar la decisión con respaldo en la realidad.

El funcionario llamado a resolver sobre la solicitud de cambio de radicación no puede sustituir en la labor probatoria al sujeto procesal que lo ha promovido, porque la decisión debe adoptarse de plano, y en atención a la naturaleza del procedimiento que regula la materia, que radica la carga de la prueba básicamente en cabeza del interesado.

Se deduce de lo anterior que el cambio de radicación es una medida residual y extrema que se concede cuando definitivamente ya no existan mecanismos jurídicos alternativos destinados a neutralizar las causas que lo generan, o cuando pese a haber acudido a otras formas de prevenir o remediar el conflicto latente y extraño al proceso penal, no se hubieren obtenido los resultados esperados.

El caso concreto

Dos son las circunstancias que para la funcionaria judicial de Riosucio han de justificar el cambio de radicación que solicita:

1. En primer lugar la “persecución y descrédito extraproceso” de que se ha valido la abogada Sara María Mejía Botero para descalificar su gestión, así como las “prácticas inadecuadas y desleales con la administración de justicia” que ha implementado la misma profesional para evadir el cumplimiento de una sentencia dentro de un caso agrario.

En particular, la funcionaria lamenta que tanto la Corte Constitucional (al adoptar medidas cautelares a favor de los representados por la abogada Mejía Botero) como también la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (al disponer el cambio de radicación solicitado por la misma a favor de Willinton Cuesta Córdoba) hubiera acogido las mentiras sobre las que se fundó para obtener dichos pronunciamientos, los cuales fueron el resultado de maniobras encaminadas a desprestigiar su gestión y evadir el cumplimiento de una sentencia agraria.

El argumento que formula la juez promiscuo de Riosucio no tiene la idoneidad para sustentar alguno de los motivos que permiten el cambio de radicación.

Lo anterior, por cuanto su raciocinio deja ver no un motivo externo al proceso sino una indisposición de ánimo respecto de las maniobras acometidas por la abogada Mejía Botero, encaminadas a oponerse a sus decisiones judiciales y —según dice— desprestigiar su gestión. Ello se trasluce en el soporte argumentativo del escrito por medio del cual formula aquí la petición de cambio de radicación, como también encuentra un claro antecedente que quedó plasmado en el auto del 15 de diciembre del año anterior, a través del cual se le dio respuesta a sus inquietudes, según las cuales: “no son ciertas las afirmaciones sobre las cuales la abogada solicitante fundó la petición de cambio de radicación, en especial aquellas por medio de las cuales sostiene que el despacho a su cargo adoptó decisiones en contra de los derechos de las comunidades de Curbaradó”.

Pues bien, la Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio, como también el Tribunal del Chocó al avalar su argumento, incurren en un desatino al apoyar la petición de cambio de radicación en el argumento según el cual la Sala —al disponer lo propio respecto del proceso seguido contra Willinton Cuesta Córdoba— descalificó su gestión y, por lo tanto, no podría ahora seguir conociendo de ninguno de los procesos penales que tuvieron el mismo origen que aquél seguido contra el mencionado acusado.

Es verdad que la abogada solicitante del cambio de radicación de la actuación seguida contra Willinton Cuesta Córdoba cuestionó la gestión de la funcionaria y expresó que ésta habría proferido decisiones en contra de la comunidad.

No obstante, basta una lectura desprevenida del auto de la Sala del 30 de septiembre de 2009 para entender que el cambio de radicación entonces dispuesto no se fundó en lo que la abogada peticionaria estimó constituían irregularidades procesales supuestamente cometidas por la Juez. El cambio de radicación se dispuso porque a favor del citado ciudadano existía una petición proveniente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Estados Americanos, a través de la cual requería al Estado colombiano para adoptar medidas de protección a su favor.

Dicho requerimiento —de obligatorio cumplimiento, dados los compromisos internacional adquiridos por el Estado para la protección de los derechos humanos— fue el fundamento para que la Corte accediera al cambio de radicación solicitado, mas no —insiste la Sala— la denuncia de presuntas irregularidades cometidas por la juez promiscuo del distrito de Riosucio al impartir justicia en la correspondiente actuación procesal.

Recuérdese cómo, respecto del caso de Willinton Cuesta Córdoba, enmarcado dentro de las dinámicas de las Comunidades de los Ríos Jiguamiandó y Curvaradó, el organismo internacional de Derechos Humanos, recavó en la obligación de protección que pesa sobre el Estado Colombiano, según lo dispuesto en las aludidas resoluciones del 6 de marzo de 2003, 17 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005. A través de dichos instrumentos se requiere a las autoridades nacionales para:

“Adoptar medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó y asegurar que ellos puedan seguir viviendo en su residencia habitual(1), sin ningún tipo de coacción o amenaza, y que los desplazados regresen a sus hogares o a las “zonas humanitarias” establecidas por estas Comunidades. Igualmente, debe investigar los hechos que motivaron la adopción y el mantenimiento de las medidas provisionales con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes”.

Por lo tanto, mal puede hoy la Juez de Riosucio invocar como antecedente el cambio de radicación dispuesto en el auto del 30 de septiembre del año anterior, Radicado 31553, como uno de los fundamentos para formular hoy la misma petición frente a otros cinco procesos, solamente por el hecho de que éstos hubiesen tenido el mismo origen. Así las cosas, que se hubiese dispuesto el cambio de radicación del proceso seguido contra de Cuesta Córdoba por razón de las medidas de protección requeridas a su favor por la CIDH no permite extender, sin más, dicha medida excepcional a los demás procesos.

Ahora bien, si para la funcionaria las decisiones adoptadas la Corte Constitucional, Corte Suprema, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la creación de la reseñada zona humanitaria fueron determinadas por maniobras fraudulentas, podrá ejercer las medidas conducentes para que esas precisas circunstancias se investiguen.

Del mismo modo, si considera que la actuación de la abogada Sara María Mejía Botero no se ajusta a los parámetros del ejercicio ético y legal de su profesión, podrá también poner en conocimiento de las instancias correspondientes —disciplinarias, penales y policivas— los hechos que estima irregulares, y acudir a los mecanismos que establecen los ordenamientos legales para garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales.

Lo cierto es, entonces, que las circunstancias reseñadas en primer lugar no son idóneas para sustentar el cambio de radicación, pues como tales no afectan el medio dentro del que transcurre el proceso de manera tal que impidan la imparcialidad en el funcionario judicial, sino que están referidas a las diferencias sobre la manera en que uno de los sujetos procesales ejerce su gestión.

2. La otra circunstancia que alega la juez para fundar la petición de cambio de radicación la hace consistir en hechos de alteración del orden público que impiden garantizar la imparcialidad en la administración de justicia; así, sostiene que las maniobras efectuadas por la abogada Mejía afectan su integridad; aduce que junto a dichas actuaciones debe considerarse la muerte violenta de Manuel Moya Lara, denunciante y víctima dentro de la investigación que originó los procesos respecto de los cuales pide el cambio de radicación.

Para asumir una postura respecto del argumento formulado, se hace indispensable insistir en que las circunstancias de orden público que se dan en el territorio donde se desenvuelve el trámite procesal y que impiden su imparcial y recta solución, deben tener una incidencia clara en la actuación judicial. Lo anterior, por cuanto, de no ser así, podría llegarse al extremo de justificar el cambio de radicación de todos los expedientes que cursan en un determinado territorio en el que hay alteraciones de orden público en mayor o menor grado, sin que exista un claro vínculo entre la situación de violencia y la recta impartición de justicia en un caso dado.

Es precisamente por lo anterior que la Corte ha establecido lo siguiente:

“Sin información concreta, debidamente sustentada, sobre alguno de los factores que harían viable el cambio de radicación a un distrito judicial diferente, se insiste, la petición es improcedente, pues es sabido que la situación de todo el país tiene cierto grado de dificultad para el ejercicio de la función pública en todos los órdenes, de modo que no se vislumbra el efecto positivo orientado hacia las garantías de un juzgamiento en estricto derecho, que eventualmente se conseguiría si se autoriza el cambio de radicación” (subraya la Sala en esta oportunidad)(2).

Y en el mismo sentido en que la corporación aquí insiste, dijo lo siguiente:

“Es preciso insistir en que la medida excepcional que aquí se adopta responde a una situación de tipo coyuntural, de donde no es dable suponer, ni que todo proceso que por el delito de rebelión que se adelante en determinadas regiones del país, per se deba ser radicado en un distrito judicial diferente al que naturalmente corresponde; ni tampoco que en ciertos casos la decisión de cambio de radicación se convierta en precedente judicial de obligatorio acatamiento; sino que, se insiste, es una medida de tipo excepcional, que obliga en cada caso a un análisis de las circunstancias invocadas y la demostración de los presupuestos exigidos por la ley para acceder a la variación competencial, además del deber que le asiste al funcionario de agotar en principio su trámite dentro del mismo distrito judicial”(3).

Así las cosas, la corporación debe admitir que en verdad en el departamento del Chocó mantienen presencia grupos armados al margen de la ley, entre ellos las FARC. No obstante lo anterior, la funcionaria judicial no acredita con suficiencia de qué manera dicha situación de violencia es razonablemente determinante para prever la falta de imparcialidad en las decisiones que han de resolver de fondo los procesos respecto de los cuales se pide el cambio de radicación.

La Juez de Riosucio resalta que (aparte de las maniobras desplegadas en perjuicio de la administración de justicia por la abogada Mejía Botero) en los meses anteriores, en episodios separados, perdieron la vida de manera violenta Argénito Díaz Tapias, Manuel Moya Lara y Graciano Blandón, miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó. Con todo, aún cuando los referidos decesos encontraran demostración dentro de estas diligencias, no aparece claro que tengan una relación decisiva con el curso procesal de las actuaciones relacionadas al inicio de este proveído. Se sabe de las víctimas —según lo que refiere la funcionaria peticionaria y la prensa local— que todas ellas eran miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó, pero sólo por eso la Corte no alcanza a avizorar cuál es la relación entre la dinámica que dio lugar a su muerte y el trámite procesal de cada una de las actuaciones de las cuales se pide cambio de radicación.

Un tal vínculo no se vislumbra con suficiente claridad, además, porque no debe perderse de vista que la funcionaria judicial admite que desconoce la relación que pueda existir entre los condenados con ocasión del proceso agrario por ella fallado y los procesados en los casos penales de los que reclama la modificación de competencia territorial; simplemente —así lo reseña— ha visto que a partir de la sentencia condenatoria proferida en el proceso agrario ha sido objeto de “toda clase de persecución y descrédito extraproceso”.

De allí entonces que la verdadera injerencia de la endémica alteración del orden público en el recto trámite de las actuaciones procesales tantas veces citadas es apenas hipotética, pues la funcionaria la funda en “las prácticas inadecuadas y desleales con la administración de justicia” desplegadas por la abogada para lograr su descalificación, las cuales lejos están de constituir un constreñimiento de tal magnitud que sea imposible de resistir, o bien constitutivos de amenazas insuperables. Por el contrario, lo que se conoce es la crónica alteración del orden público en el departamento del Chocó que afecta por igual a todas las instancias administrativas y judiciales.

3. Recuérdese en este punto que —como la Sala lo advirtió en precedencia— el cambio de radicación es una excepción a la competencia territorial; por ello a quien lo solicita le asiste la carga de demostrar sus presupuestos. Así, resulta obligatorio aquí entrar al estudio de los elementos de juicio que allega la funcionaria judicial para apoyar su pedimento, con el fin de constatar su alcance demostrativo respecto de alguna de las circunstancias que justifican el cambio de radicación.

i) Fallo de tutela de segunda instancia, proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 5 de agosto de 2009. A través de dicha determinación, la funcionaria peticionaria busca demostrar la legalidad de su gestión dentro del proceso agrario tantas veces mencionado en este proveído.

Luego de revisar el contenido del fallo en estudio, la Sala concluye en que éste no tiene la virtud de demostrar aquello que la juez pretende, pues la corporación de segundo grado omitió pronunciarse de fondo sobre el caso propuesto, en la medida en que estimó improcedente, al igual que el fallador de primer grado, el uso del mecanismo de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales.

Con todo, aun cuando la Sala Civil hubiese entrado a estudiar el fondo de la demanda de tutela, de todos modos ello en nada serviría para acreditar o desvirtuar los motivos que dan lugar al cambio de radicación que en esta actuación se reclama, pues el pronunciamiento en sede de tutela habría de versar sobre una actuación distinta a aquella dentro de la cual se solicita el cambio de competencia territorial.

ii) La Juez reclamante cita y allega un derecho de petición suscrito por el líder comunitario Manuel Moya Lara, pero omite enseñar a la Corte de qué manera dicho documento demuestra alguno de los presupuestos del cambio de radicación. Así, no ve esta Corporación cómo el documento aludido que tenga esa aptitud, pues basta revisar su contenido para constatar que se trata de una petición para que la funcionaria judicial de Riosucio certifique el estado procesal de las actuaciones derivadas del Radicado 2022 de la Unidad de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por lo tanto, ningún elemento de juicio se desprende de la prueba en comento que permita acreditar la concurrencia de alguno de los presupuestos justificantes del cambio de radicación.

iii) Un ejemplar del periódico Chocó 7 Días que registra la noticia de la muerte violenta de Argenito Díaz Tapias, Manuel Moya y Graciano Blandón, de los que —según dice— eran miembros del Consejo Comunitario de Curvaradó, al tiempo que refiere que el homicidio de los dos últimos “fue cometido por miembros de las FARC”. Tampoco la reseña periodística tiene la virtud probatoria que la Juez le pretende asignar, pues no pasa de registrar el hecho, mas no ofrece elemento de juicio alguno que permita asociar razonablemente el trámite de los cinco procesos penales con la situación de orden público.

iv) Copia de las declaraciones de Graciano Blandón y Manuel Moya Lara rendidas el 28 y 29 de septiembre de 2004, las cuales obran dentro de todos los procesos respecto de los cuales se solicita el cambio de radicación. En dichos testimonios, los deponentes refieren su vinculación con el Consejo Comunitario de Curvaradó, la influencia en ese organismo de la guerrilla de las FARC, así como sus diferencias con ese grupo armado ilegal. Una vez más, de las pruebas en mención se desprende la condición de denunciantes y víctimas de los declarantes, así como la influencia regional del grupo subversivo, mas no se alcanza a vislumbrar cómo la muerte de los entonces deponentes, ocurrida casi 6 años después de rendidas las aludidas declaraciones, dentro de procesos que ya han transcurrido en su mayor parte y están próximos a terminar, sea una advertencia para torcer la administración de justicia.

v) La apertura de indagación preliminar en contra de la juez promiscuo del circuito de Riosucio, como así lo comunica el oficio del primero de septiembre de 2009 emanado de la fiscalía 11 delegada ante el Tribunal Superior de Quibdo, no puede constituir una circunstancia de aquellas que permiten el cambio de radicación, pues por sí misma no denota una amenaza o coerción indebidas, encaminadas a hacer prevalecer en el territorio donde cursan los procesos un clima de alteración de orden público, o que pueda afectar la imparcialidad en su resolución.

Ahora bien, ello no obsta para llamar la atención en cuanto que de proseguir la actuación procesal en contra de la funcionaria judicial de Riosocio posiblemente pueda concurrir a futuro algunas de las causales de impedimento que enuncia el artículo 99 de la Ley 600 de 2000, figura del todo distinta al cambio de radicación.

No obstante en lo que tiene que ver con el asunto que aquí se resuelve, la mera apertura de una indagación preliminar no configura una situación que justifique apartarse del conocimiento del caso, menos aún se constituye en motivo que configure una situación de las que permiten materializar los presupuestos del cambio de radicación.

Por último, ya se precisó cómo la decisión del 30 de septiembre de 2009, a través de la cual la Sala dispuso el cambio de radicación respecto del proceso adelantado contra Willinton Cuesta Córdoba sea idóneo para, con los mismos argumentos, justificar la misma medida en este caso.

4. En conclusión, la Sala no halla acreditados en este momento los presupuestos del cambio de radicación, según los argumentos que aquí propone la funcionaria judicial que así lo solicita.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ABSTENERSE DE ORDENAR el cambio de radicación de los procesos identificados al inicio de esta proveído, los cuales se tramitan ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio (Chocó).

Comuníquese esta decisión al Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio (Chocó) y a los sujetos procesales.

Contra esta determinación no procede recurso alguno».

(1) Cfr., inter alia, caso de las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, supra nota 1, considerando décimo; caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, supra nota 1, considerando octavo, y caso Giraldo Cardona,medidas provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de febrero de 1997, considerando quinto.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 28 de marzo de 2006, Radicación 25191.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 31 de julio de 2009, Radicación 32157.