Sentencia 3388 de septiembre 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Ref.: Exp. 3388

Recurso de apelación contra la sentencia de 13 de septiembre de 1996, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Actor: Rafael Díaz Martínez

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del Distrito Capital de Santafé de Bogotá contra la sentencia de 13 de septiembre de 1996, proferida por la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto declaró la nulidad del artículo 8º del acuerdo 20 de 1994, expedido por el Concejo Distrital de Santafé de Bogotá, contentivo del reglamento del dicha corporación.

I. Antecedentes

I.1. El ciudadano y abogado Rafael Díaz Martínez, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción siguiendo dicha jerarquía se tiene que en la Carta Política nada se dice en relación con la instalación del Concejo del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, a que se contrae el acto administrativo acusado.

En el Decreto 1421 de 1993 se reguló en el artículo 10 lo relativo al período, clases de reuniones: ordinarias (duración de las mismas y prórroga) y extraordinarias (convocatoria por el alcalde mayor y duración fijada por éste, así como su temario).

Si bien es cierto que el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 sí consagro lo concerniente a la instalación de los concejos y señaló fecha para que ésta se llevara a cabo: los primeros diez días del mes de enero, también lo es que ello no significa que el Decreto 1421 de 1993 hubiera dejado un vacío, que deba ser llenado con las disposiciones de la citada ley, por las siguientes razones:

El referido artículo 35 previó, como ya se dijo, la instalación de los concejos, pero al mismo tiempo señaló que en dicha instalación se haría la elección de funcionarios del concejo.

Por su parte, el artículo 16 del Decreto 1421 de 1993 estableció que la elección de funcionarios se hará en las sesiones ordinarias correspondientes a la iniciación del período constitucional. Como ya se vio, el artículo 10, inciso 2º ibídem estatuyó que “El concejo distrital se reunirá ordinariamente, por derecho propio, cuatro veces al año, así: el primero (1º) de febrero; el primero (1º) de mayo; el primero (1º) de agosto; el primero (1º) de noviembre”. Luego debe entenderse, al tenor de este precepto, que la instalación del concejo debe hacerse durante el período de sesiones ordinarias y por obvias razones en la primera sesión de esta naturaleza, esto es, la que se verifica la primera vez en el año, o sea, a partir del 1º de febrero del primer año del período.

La Ley 136 de 1994 en parte alguna se refiere a la junta preparatoria y, por el contrario, de su contenido se infiere que no la hay y que la elección de funcionarios que se hace en el acto de instalación no es provisional.

Ahora, el argumento del recurrente consistente en que si no se dispone un acto de instalación previo de la primera sesión ordinaria, quedaría sin control político el concejo entre el 1º de enero y el 31 del mismo mes, no es de recibo, pues, conforme se prevé en el inciso 1º del artículo 10 del Decreto 1421 de 1993, los concejales serán elegidos para períodos de 3 años que se iniciarán el 1º de enero siguiente a su elección y concluirán el último día del mes de diciembre, en que termine el respectivo período, Luego, siempre están habilitados para ejercer el control político, si las circunstancias así lo ameritan, verbigracia, a través de la convocatoria por el alcalde mayor a sesiones extraordinarias. Tan cierto es esto que la propia norma acusada prevé la actuación de los nuevos concejales antes de la primera sesión ordinaria, sólo que mediante el mecanismo de una junta preparatoria que ni el Decreto 1421 de 1993, ni la Ley 136 de 1994 dejaron entrever.

Por último, cabe resaltar que el hecho de que las disposiciones del reglamento, como en este caso, estén inspiradas por razones de buena fe y de propósitos altruistas que persigan mayor eficiencia en el cumplimiento de las funciones que corresponde desarrollar al Concejo Distrital de Santafé de Bogotá, no por ello están relevadas de observar su sujeción a los preceptos de carácter superior.

Lo anterior conduce a la Sala a confirmar la sentencia recurrida, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Confirmase la sentencia apelada, proferida por la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese en los anales del Consejo de Estado y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de septiembre de 1997.

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