Sentencia 33893 de mayo 5 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 33893

Aprobado acta 137

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil diez.

Vistos

La Sala define la competencia para adelantar la audiencia de legalización de formulación de imputación y la investigación que se sigue en contra de Gloria Constanza Sabogal Rojas por la conducta punible de hurto agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, de conformidad con el incidente promovido por el apoderado judicial de la investigada ante la Juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Hechos y antecedentes procesales

Los hechos objeto de investigación fueron relatados de la siguiente manera por el Fiscal 12 Local de Bogotá, en audiencia preliminar de legalización de la imputación llevada a cabo el 25 de marzo de 2010 ante la Juez 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá:

“Los hechos fueron denunciados por Edgar Pinilla Murillo, en su calidad de gerente y representante legal de la sociedad Jabones El Tigre y Roca S.A., a través de su apoderado el señor Jaime Enrique Pinilla Pinilla, quien manifestó que desde el año de 1992 la aquí indiciada Gloria Constanza Sabogal Rojas se encontraba laborando para esa empresa en el cargo de mercaderista y su función era recibir la mercancía que la empresa le enviaba para que la distribuyera en algunos municipios de Caldas, tales como La Dorada, Puerto Salgar, Honda, Mariquita, y otras zonas del Tolima y el Magdalena; la mercancía que recibía era jabón para lavar loza y ropa, distribuirla a través de venta a crédito a las empresas o establecimientos de comercio de la zona que le he indicado, y se le autorizó para que recibiera los valores por concepto de las facturas que debían pagar, a través de plazos que concedía la empresa los comerciantes que adquirían estos productos en dinero en efectivo o en cheques, valores que debía consignar a nombre de la empresa en las cuentas asignadas para ello, o entregarlos personalmente en las oficinas de Jabones El Tigre y Roca S.A., ubicadas en la zona industrial de Cazucá de Bogotá; es decir, el asiento de la empresa para la cual fue contratada la señora Gloria Constanza Sabogal Rojas era la ciudad de Bogotá.

Se indica, por parte del denunciante, que durante la mayor parte del tiempo esta persona cumplió con sus obligaciones, pero que a partir del mes de mayo de 2006 se hizo un arqueo de los cobros que manejaba la indiciada y se encontraron varias facturas que aparentemente no habían sido canceladas y que se encontraban en mora por parte de los clientes de la empresa Jabones El Tigre y Roca en estos lugares. Se indica entonces que se envió a algunos empleados de la empresa para que verificaran qué había sucedido con estas facturas, encontrándose con la sorpresa que estas facturas habían sido canceladas por parte de los clientes y que esos dineros se le habían entregado a la señora Gloria Constanza Sabogal Rojas. Con base en estos hechos, se realizó entonces un arqueo por parte de la empresa Jabones El Tigre y Roca S.A., y se logró determinar, a través de los arqueos y el cruce de facturas, que esta persona se había apoderado de la suma de $ 134.029,68. De estos dineros se apoderó esta persona desde el mes de octubre del año 2005 y el mes de mayo del año 2006.

Esta es la formulación fáctica que hace la Fiscalía General de la Nación; estos hechos están sustentados en unos elementos materiales probatorios y evidencia física que permiten inferir que la señora Gloria Constanza Sabogal Rojas puede ser la presunta autora del presunto delito de hurto agravado consumado en concurso sucesivo”.

Luego de lo anterior, el fiscal formuló en contra de la indiciada imputación jurídica por el delito de hurto agravado consumado, en concurso homogéneo y sucesivo, según los artículos 239 y 241-2 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 del mismo estatuto y el incremento punitivo dispuesto en la Ley 890 de 2004.

Manifestación de incompetencia

Enseguida, el defensor de la indiciada propuso incidente de definición de competencia, con apoyo en los siguientes razonamientos:

“Porque conforme a la narración fáctica que acaba de hacer el señor fiscal todos y cada uno de los apoderamientos que se le atribuyen a mi representada Gloria Constanza Sabogal Rojas mueren en el municipio de La Dorada, Mariquita y Honda; allí era donde mi representada trabajaba como mercaderista y allí fue donde la empresa recibió los dineros producto de los comerciantes que se los entregaron. Aquí en Bogotá, única y exclusivamente existe (...) donde trabaja mi representada era La Dorada, Honda y Mariquita.

Qué significa lo anterior? Que se conoce dónde fueron los hechos, se conocen dónde fueron las apropiaciones y apoderamientos. Y, en efecto, es cierto que el fiscal tiene competencia en todo el territorio nacional y él puede escoger el sitio para formular la imputación, pero lo que discuto es que este proceso cuando sea remitido ante el juez de conocimiento, tiene que ser ante el juez penal del circuito de La Dorada o los jueces penales municipales de La Dorada, porque así lo estipula el artículo 39 que dice (...), no existe un motivo de urgencia o de seguridad, ni hay persona capturada para hacer la imputación aquí, no obstante yo considero que es viable porque aquí se formuló la denuncia, pero en La Dorada, Honda y Mariquita están todos los elementos materiales probatorios, allí están los comerciantes que le entregaron los dineros a ella, allí era donde se desempeñaba mi representada como mercaderista...”.

Así las cosas, la Juez con Función de Control de Garantías de Bogotá se abstuvo de impartir legalidad a la imputación formulada por el fiscal y, conforme lo dispuesto en los artículos 54 y 32-4 de la Ley 906 de 2004, dispuso la remisión de la actuación a esta corporación.

Consideraciones de la Corte

1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención a lo normado en el artículo 32-4 de la Ley 906 de 2004, en asocio con el 54 del mismo estatuto, es competente para definir la competencia cuando —entre otros casos allí previstos— se trata de dirimir la competencia entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales.

La anterior, es la hipótesis que tiene lugar en el caso que ocupa la atención de la Sala, toda vez que el despacho judicial ante quien se propuso el trámite de definición de competencia por parte del apoderado judicial de la indiciada es el Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, mientras que aquél en quien supuestamente recaería la competencia para asumir el conocimiento de esta actuación sería su homólogo de La Dorada (Caldas), el cual hace parte del distrito judicial de Manizales.

2. De manera reiterada, la Sala ha precisado(1) que la intención del legislador al consagrar la figura de la definición de competencia fue la de crear un mecanismo ágil y expedito que permitiera al superior funcional, en caso de incertidumbre frente a este presupuesto procesal, dilucidar a cuál funcionario judicial debe asignársele la competencia, reduciendo significativamente el trámite en términos de pasos y tiempo, frente al anterior instituto de la colisión de competencia, previsto en la Ley 600 de 2000.

3. En lo referente al objeto de esta decisión, la discusión se contrae a determinar en qué lugar del territorio nacional tuvieron lugar los hechos que se le atribuyen a la indiciada, para luego establecer cuál es el despacho judicial que deberá continuar con el trámite hasta ahora surtido.

Así las cosas, vistos los hechos narrados por la fiscalía, no cabe duda que aquellos no tuvieron lugar en el distrito judicial de Bogotá, sino en circuitos judiciales y municipios que, a su vez, hacen parte de diferentes distritos, así:

Se sabe —según los hechos imputados por el fiscal— que la indiciada, como vendedora de la firma Jabones El Tigre y Roca, S.A., se habría apoderado de dineros que supuestamente le entregaron comerciantes ubicados en los municipios de La Dorada, Honda, Puerto Salgar y Mariquita. De allí entonces que resulte imperioso formular las siguientes precisiones:

El Distrito Judicial de Ibagué comprende, entre otros, los circuitos de Honda y Mariquita (Tolima). Por otra parte, al distrito judicial de Manizales pertenece el Circuito de La Dorada, y este —a su vez— abarca el municipio de Puerto Salgar (Cundinamarca). Por lo tanto, los hechos tuvieron lugar en diversos lugares localizados en los distritos judiciales de Manizales e Ibagué, particularmente en los que mantienen competencia los jueces penales municipales de Honda, Mariquita y La Dorada.

Lo anterior surge con claridad, tras considerar que fue en los municipios reseñados en donde —al decir del fiscal investigador— la indiciada Sabogal Rojas se apoderó de los dineros entregados por los clientes de la firma Jabones El Tigre y Roca S. A., a quienes aquella les vendía mercancía.

4. Por lo tanto, ninguna duda cabe en cuanto que es necesario entrar a dilucidar cuál es la regla procesal que opera en materia de competencia territorial cuando los hechos investigados tienen lugar en varios lugares: recuérdese, entonces, que el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, enseña que “es competente para conocer del juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el delito”.

No obstante lo anterior, cuando el hecho se hubiere realizado en varios lugares “la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación” (resalta la corporación). Y agrega la norma en su último inciso: “para escoger el juez de control de garantías en estos casos se atenderá lo señalado anteriormente”.

El mandato últimamente reseñado debe analizarse en concordancia con el artículo 39 de la Ley 906 de 2004 (modif. por L. 1142/2007, art. 3º), norma del siguiente tenor:

“La función de control de garantías será ejercida por un juez penal municipal del lugar en que se cometió el delito.

(...).

Si la captura se produjo en lugar distinto al de la comisión de la conducta punible, la función de control de garantías podrá efectuarla el juez penal municipal del territorio donde se realizó la aprehensión o de aquel donde por razones de urgencia o seguridad haya sido recluido el capturado. A falta de este se acudirá al juez municipal de otra especialidad.

Si después de ejercido el control judicial de la captura el fiscal formula imputación, solicita imposición de medida de aseguramiento o realiza cualquier otra solicitud dentro del mismo asunto, se aplicará la misma regla del inciso anterior”.

Recuérdese, además, que en cuanto a la definición de competencia, el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, textualmente señala:

“Trámite. Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa”.

A su vez, la norma últimamente citada, preceptúa lo siguiente:

“Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías”.

Ahora bien, es preciso recabar en que la Corte ha indicado que el trámite de definición de competencia puede ser promovido también en la audiencia preliminar de legalidad de la imputación, en términos similares a los que tienen lugar cuando se produce con ocasión de la audiencia de formulación de acusación. Así lo ha establecido la corporación:

“El estudio sistemático de las anteriores preceptivas (L. 906/2004, arts. 54 y 286), como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sala(2), lleva a concluir que si el juez de control de garantías ante el cual la fiscalía solicita audiencia para formular la imputación estima que no es el competente, o si las partes impugnan su competencia, necesariamente se debe acudir al trámite señalado en el citado artículo 54.

Por lo tanto, en el incidente de definición de competencia promovido en este asunto debe aplicarse lo contemplado en el artículo 286 de la Ley 906 de 2004, es decir, de aquellas que pueden originarse con motivo de la audiencia de formulación de imputación”(3).

Más recientemente reiteró lo anterior, en los siguientes términos:

“De este modo, al hacer una interpretación sistemática de las normas transcritas, se concluye que tanto en la audiencia de formulación de acusación la cual desarrolla el Juez competente (art. 338) como en el acto de formulación de imputación ante el juez de garantías (art. 286) es factible presentar incidente de incompetencia motivado por alguno de los intervinientes en el proceso, bien sea por el factor territorial o funcional, en este último caso tratándose de aforados constitucionales o legales”(4).

Así las cosas, existen casos en los que es factible que el hecho pueda cometerse en distintos lugares; cuando así ocurre —ha destacado esta Colegiatura(5)— es posible que

“[J]ueces de control de garantías de diferentes lugares, circuitos o distritos, sean a la vez competentes para adelantar las gestiones inherentes a la función de control de garantías”.

“Para determinar el Juez competente para adelantar el juzgamiento y para desplegar la función de control de garantías, respectivamente, el artículo 43 de la Ley 906 de 2004, prevé lo siguiente (...)”.

“Vale decir, —sigue la Corte— cuando el delito sea cometido en varias partes o en lugar incierto, el juez de control de garantías será aquel del lugar donde la Fiscalía formule la imputación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales para la imputación.

“El último aserto se explica, por cuanto en tales eventos, por disposición del inciso final de la norma transcrita, deben seguirse —mutatis mutandi— las mismas reglas que para la determinación del Juez competente en caso de acusación”(6).

5. De regreso al caso que concita la atención de la Sala, y en atención a los lineamientos normativos y jurisprudenciales enunciados, cabe concluir en que el funcionario judicial para impartir legalidad a la imputación formulada por la fiscalía en contra de Gloria Constanza Sabogal Rojas es el Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de La Dorada, pues fue allí donde se desarrollaron algunas de las conductas presuntamente desplegadas por la indiciada y donde, además, se encuentran los elementos fundamentales de la imputación, dado que es allí donde reside y tiene domicilio la señora Sabogal Rojas, sin que para estos efectos tenga relevancia alguna que la empresa para la cual aquélla distribuía mercancía tuviera su sede en Bogotá, pues un tal criterio no aparece contemplado para determinar la competencia territorial.

Por otra parte, salta a la vista que la hasta ahora indiciada Gloria Constanza Sabogal Rojas no ha sido capturada, motivo por el cual tampoco cabe dar aplicación a los criterios de que trata el inciso 3º del artículo 39 de la Ley 906 de 2004 (modif. por L. 1142/2007, art. 3º)(7) para determinar la competencia del juez de control de garantías.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. DECLARAR que la competencia para impartir legalidad a la imputación en contra de la indiciada Gloria Constanza Sabogal Rojas corresponde a un juez penal municipal con función de control de garantías de La Dorada (Caldas), despacho al que se remitirán las diligencias.

2. Por Secretaría de la Sala, envíense copias de esta decisión a la Juez Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al Fiscal Doce Local de esta ciudad, así como al defensor de la indiciada, para su conocimiento.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese y cúmplase.

Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de enero de 2009, Radicación 31141.

(2) Definición de competencia 27605 del 13 de junio de 2007.

(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 16 de abril de 2008, Radicación 29421.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 12 de febrero de 2009, Radicación 31209.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación 29421.

(6) Definición de competencia 27605 del 13 de junio de 2007.

(7) “Si la captura se produjo en lugar distinto al de la comisión de la conducta punible, la función de control de garantías podrá efectuarla el juez penal municipal del territorio donde se realizó la aprehensión o de aquel donde por razones de urgencia o seguridad haya sido recluido el capturado. A falta de este se acudirá al juez municipal de otra especialidad”.