Sentencia 33900 de junio 30 de 2010

 

Sentencia 33900 de junio 30 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 33900

Aprobado Acta 206

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., treinta de junio dos mil diez.

Vistos:

Procede la Sala a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la defensora del procesado Fernando de Jesús Vinasco Blandón contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira que confirmó la proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esa ciudad, mediante la cual se le condenó por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Hechos y actuación procesal:

1. Los primeros fueron tratados en los fallos de instancia de la siguiente manera:

Se dieron a conocer a través de denuncia penal formulada por el señor fiscal doctor Henry López Toro para la época jefe de la unidad de delitos contra la salubridad pública, quien puso en conocimiento que el señor Fernando de Jesús Vinasco Blandón, para entonces secretario de esa unidad, con la colaboración de su amiga Martha Liliana Rodríguez López, cobró irregularmente el Título Judicial 457030000073851, por valor de $ 1.438.050, correspondiente a dinero incautado a Nelly Dahiana Brand Ortiz dentro de la investigación adelantada en su contra por la Fiscalía 12 de esa unidad.

Para lograr el cometido, se asegura que Vinasco Blandón llevó a cabo las gestiones necesarias para obtener el pago del título, tales como: elaboración del oficio que ordenó el pago a la señora Martha Liliana Rodríguez López y la obtención de la firma del fiscal jefe de unidad que debía autorizar el pago.

2. Abierta la investigación y vinculados mediante indagatoria Fernando de Jesús Vinasco Blandón y Martha Liliana Rodríguez López, la Fiscalía 17 Delegada Seccional mediante resolución del 27 de octubre de 2005 se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.

3. Cerrada la instrucción la misma Fiscalía el 11 de mayo de 2006 profirió resolución de acusación contra Vinasco Blandón como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. A su vez, precluyó la investigación a favor de Martha Liliana Rodríguez López respecto de esos comportamientos, pero la acusó de la conducta punible de encubrimiento por favorecimiento, providencia que logró ejecutoria el 16 de agosto de 2006 cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Pereira la confirmó.

4. Correspondió al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira adelantar el juicio y celebrada la audiencia de juzgamiento, el 21 de noviembre de 2008 condenó a Fernando de Jesús Vinasco Blandón a las penas de treinta y seis (36) meses de prisión, multa por valor de un millón cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta pesos ($ 1.438.050), inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tiempo igual como autor de los delitos referidos, y a Martha Liliana Rodríguez López a la pena de doce (12) meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de un (1) año como autora de la conducta punible de encubrimiento por favorecimiento.

5. La providencia anterior fue apelada por el defensor de Vinasco Blandón y el tribunal superior de esa ciudad el 12 de noviembre de 2009 la modificó de manera parcial al rebajar la multa a novecientos cincuenta y ocho mil setecientos pesos ($ 958.700), y en lo demás confirmó. Esta decisión fue objeto del recurso de casación.

La demanda:

Al amparo de la causal primera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, la impugnante formuló dos censuras, así:

1. En los cargos primero y segundo con argumentos repetidos acusó que en el fallo de segundo grado se violó de manera directa la ley sustancial por indebida aplicación de los artículos 397 y 286 de la Ley 599 de 2000, y por falta de aplicación del artículo 7º inciso 2º de la Ley 600 de 2000 en lo que dice relación con el in dubio pro reo.

Adujo que a Vinasco Blandón se le condenó por los delitos de referencia sin tener en cuenta que “se había posesionado en cargo público diferente a donde se produjo el insuceso”, esto es, no era “el secretario del despacho” de lo cual infiere que los resultados del punible no se dieron en ejercicio de sus funciones.

Trascribió apartes de lo dicho por el tribunal cuando afirmó que “los títulos judiciales no solo estaban bajo custodia del fiscal sino también del secretario de la unidad”.

De otra parte, manifestó que la actuación se halla viciada por menoscabo al postulado de investigación integral porque no se recibieron los testimonios de Amparo Blandón López y María Yaneth Mazo, no se permitió al defensor del acusado “intervenir en la declaración de Nelly Dahiana Brand Ortiz, ni a Vinasco Blandón se lo escuchó en ampliación de indagatoria imputarle el delito de falsedad ideológica en documento público”.

Expresó que en la actuación “salta a la vista la duda” toda vez que “si no se estableció fehacientemente que Vinasco Blandón realizó las conductas punibles” no es dable pregonar con certeza su responsabilidad, máxime cuando a este no le correspondía probar su inocencia, ni se le podía reinvertir la carga de la prueba en la forma como lo hizo el tribunal.

Por lo anterior, solicitó a la Sala casar la sentencia y proferir una de reemplazo en sentido absolutorio a favor de su defendido aplicando el in dubio pro reo.

Consideraciones de la Corte:

1. El recurso extraordinario de casación entendido como control de constitucionalidad y legalidad de las sentencias proferidas en segundo grado se halla des-formalizado en lo relativo a las exigencias rigurosas de debida técnica que en el pasado inmediato se demandaban, a las que en el presente no se les debe otorgar preponderancia pues ello implicaría contrariar el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, en la medida que los controles de referencia no recaen sobre lo formalmente demandado sino sobre el proceso en sí, esto es, sobre lo sustancialmente decidido en las instancias.

El anterior postulado se debe hacer extensivo incluso para las impugnaciones que se efectúen contra las sentencias de segundo grado proferidas en vigencia de la Ley 600 de 2000, pero la des-formalización no convierte a la casación penal en una tercera instancia para prolongar en libre discurso los debates dados en los fallos de instancia sobre unas presuntos menoscabos a los postulados de in dubio pro reo e investigación integral, aspectos que de manera general y entremezclada se enunciaron en la demanda sin que los mismos proyecten ninguna trascendencia en orden a la mutación total o parcial de lo decidido en las instancias.

En esta sede extraordinaria a efecto de la prosperidad de los cargos antes que exigencias formales de debida técnica lo que se demandan son requerimientos lógicos y jurídicos que sean desarrollados con razones suficientes en la finalidad de evidenciar a la Corte que la declaración de justicia objeto de impugnación, la cual llega a esta sede extraordinaria amparada por el principio de la doble unidad jurídica de decisión, se fundó en errores de hecho o de derecho manifiestos o se profirió al interior de un juicio viciado por irregularidades que afectaron la estructura o la garantía del debido proceso o del derecho de defensa, errores in iudicando o in procedendo claramente diferenciados en sus realidades y alcances que reclaman el correspondiente control legal o constitucional y los necesarios correctivos sustanciales o procesales de que se trate.

2. Por tanto, cuando en la demanda de casación se omiten las exigencias relacionadas con una adecuada formulación de los cargos y se deja de señalar con claridad y precisión debida sus fundamentos o cuando lo acusado se queda en el plano de los enunciados como aquí ha ocurrido sin demostración ni incidencias reales de infirmación ni de mutación total o parcial de lo resuelto en la segunda instancia, la consecuencia procesal inmediata no puede ser otra que la inadmisión según así lo estatuye el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.

3. Las siguientes son las falencias que se advierten en la impugnación presentada por la defensora de Fernando de Jesús Vinasco Blandón.

3.1. En los cargos primero y segundo elaborados con repetidos argumentos desacierta al acusar que el tribunal incurrió en violación directa de la ley sustancial por indebida aplicación de los artículos 397 y 286 de la Ley 599 de 2000 y falta de aplicación del artículo 7º inciso 2º de la Ley 600 de 2000.

En la violación directa de la ley sustancial, el error del juez es de juicio o in iudicando al momento de aplicar o interpretar la ley llamada a regular el caso a resolver, y se consolida por uno de estos sentidos:

(i) falta de aplicación, cuando se ignora que la norma existe, se considera que no está vigente o se estima que está vigente, pero no es aplicable.

(ii) aplicación indebida, cuando la norma escogida y aplicada no corresponde al caso concreto.

(iii) interpretación errónea, falencia que se constituye en un error de hermenéutica, cuando la norma seleccionada es la correcta, pero el juez debiéndola aplicar no le da el alcance que tiene haciéndole comportar consecuencias extensivas o restrictivas.

Frente a esta causal la jurisprudencia ha enseñando de manera reiterada que el demandante debe aceptar los hechos y la valoración probatoria tal y como fueron plasmados por los jueces de instancia en la sentencia, debiendo proponer una discusión en estricto jurídica en la cual demuestre el error o errores al momento de aplicar o interpretar la ley y la correspondiente trascendencia del yerro en los sentidos del fallo.

En esa medida, cuando se demanda una sentencia por violación directa de la ley sustancial, como el propio concepto lo denota, la censura deberá centrarse en razones de derecho, por errores de los jueces dados en la sentencia en los sentidos de falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, modalidades en las que no tienen cabida la discusión de los hechos, ni controversia alguna sobre los medios de convicción en la forma como fueron producidos o valorados por el juzgador, falencias para las cuales el legislador ha dispuesto el sendero de la violación indirecta por errores de hecho o de derecho.

3.2. En la censura extraordinaria es permitido formular cargos conforme a las distintas causales de casación, pero deberán efectuarse por separado y de manera subsidiaria, sin que sea dable discursivamente por virtud de la coherencia argumentativa entremezclar al interior de un mismo cargo impugnaciones aparejadas que correspondan a la violación directa y a la nulidad por menoscabo del postulado de investigación integral como en efecto lo hizo la impugnante.

3.3. En esa medida, al adentrarse en la impugnación de una sentencia por violación directa de la ley sustancial, como se formulara por la libelista, se constituye en un desacierto con el que se infringe el “postulado de no contradicción” deslizarse hacia debates referidos a omisión de práctica de pruebas, pues esas falencias debieron formularse, objetivarse y demostrarse con trascendencia argumentativa por la senda de la causal tercera, esto es, de manera separada mas no fusionada como se advierte aquí en la demanda.

3.4. Debe resaltarse que las impugnaciones en casación penal cualquiera fuere la causal elegida y máxime tratándose de una censura por violación directa, no pueden sustentarse al estilo de un discurso personalista como aquí ha ocurrido, sino que por el contrario, en desarrollo del principio de trascendencia, obligan al casacionista a desarrollar una confrontación que sea lógica, jurídica, sustancial y contundente, pues los juicios que se plasman en una demanda no son de libre formulación, y en sus desarrollos el censor debe abstenerse de plasmar sus particulares criterios de apreciación, de derecho, probatorios o procesales en ligera y abierta oposición a como los plasmara el tribunal, pues la casación penal como de manera plural lo ha dicho la Corte, no es una tercera instancia.

En esa medida, las acusaciones que se plasmen en el libelo, no pueden quedarse en el simple plano de citas de la doctrina y la jurisprudencia acerca del instituto reclamado aquí ha ocurrido con las que la impugnante se dedicó a pregonar la ausencia de certeza y la aplicabilidad del in dubio pro reo pero si evidenciar los contenidos de la duda.

Para el evento debe recordarse que:

Este apotegma es un estadio cognoscitivo en el que en la aprehensión de la realidad objetiva concurren circunstancias que afirman y a la vez niegan la existencia del objeto de conocimiento de que se trate. En esa medida en los supuestos de duda se plantea una relación probatoria de contradicciones en la que concurren pruebas a favor y en contra, de cargo y descargo, de afirmaciones y negaciones las cuales como fenómenos proyectan sus efectos de incertidumbre respecto de alguna o algunas categorías jurídico-sustanciales en discusión dentro del singular proceso penal objeto de examen.

En igual sentido se integran aspectos objetivos y subjetivos desde los cuales se puede inferir que el in dubio pro reo no se materializa por los simples efectos unilaterales de los dilemas relacionados con lo subjetivo o con lo objetivo dados en los fenómenos en contradicción.

Con lo anterior se significa que en orden a la consolidación de este instituto y su correlativa aplicación, la labor fundamental no está dada ni puede quedarse en pregonar en abstracto su existencia como aquí ha ocurrido, ni en identificar las circunstancias de perplejidad, sino que por el contrario se debe proceder a discernir hacia dónde se inclina la balanza de exclusiones, es decir, se deberá formular la pregunta y resolverla determinando si los contenidos probatorios de cargo tienen la capacidad de excluir de manera total o parcial a los descargos o a la inversa, aspectos de los cuales para nada se ocupó el impugnante, ni desde la prevalencia del derecho sustancial se observan lagunas en orden a su aplicación oficiosa respecto de los delitos objeto de control legal y constitucional.

Resulta pertinente recordar que la Sala ha señalado desde antaño que la impugnación extraordinaria del in dubio pro reo no es un ejercicio libre de exigencias:

Un tal principio corresponde no únicamente a un imperativo constitucional y legal, sino que precisamente, a uno de los postulados máximos que gobiernan la valoración probatoria y en general el proceso penal.

Pero, claro está, que el reconocimiento de un tal principio probatorio, en ninguna forma está significando que para su aplicación sea suficiente su sola afirmación, desconociendo que la contradicción subyacente en el proceso de valoración probatoria se quede en la dinámica primaria de su aducción, ya que, precisamente, su máxima expresión dialéctica se encuentra es en el juicio que de ellas debe hacer el juzgador, quien como titular de la jurisdicción es el que debe confrontar en su integridad los elementos probatorios allegados legalmente al proceso, para con fundamento y límite en la sana crítica, excepción hecha en aquellos casos en los que eventualmente la ley les reconozca tarifa legal, colija cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual esta que le impone una apreciación, inicialmente individual, pero acto seguido, como en todo proceso analítico, confrontativa con el universo probatorio válidamente aportado al proceso, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio imprescindiblemente debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal, resultando intrascendente la sola afirmación de certeza o duda, según el caso, pues lo que importa es su demostración.

Este procedimiento, impone, entonces, la elaboración de un juicio probatorio, que de suyo, conlleva un raciocinio, una conclusión, que en el campo valorativo viene a significar la convicción que se tenga sobre la existencia de un hecho o su negación, con el ítem de que en punto de la actividad probatoria procesal, su apreciación no puede partir de hipótesis, sino de hechos probados, los que contradictoriamente valorados, permitan o que todos los medios obtenidos para su demostración, conduzcan a una sola verdad o que, por el contrario, su conjunto haga que, de la misma forma, con base en la lógica, la ciencia y la experiencia común, unos de ellos sucumban frente al objeto por demostrar, o que quedando los dos extremos en igual grado de credibilidad, imposibiliten llegar a la certeza sobre la existencia de una determinada conducta, de un hecho o de un preciso fenómeno, pudiendo, entonces, llegarse a uno de los dos extremos viables, o la certeza o la duda de su inexistencia.

En todo caso, sea que el sujeto cognoscente llegue a uno y otro grado de credibilidad, lo que no puede ser jurídicamente admisible es que, a priori, se pueda privilegiar el valor de una determinada prueba, dejando de lado la imprescindible confrontación que se impone concretar con la integridad de su conjunto, ya que cada una de ellas puede contener una verdad, o más precisamente dar origen a un criterio de verdad, que como tal debe estar predispuesto a ser confrontado con los demás, para que en su universo, integrados todos, sea dable deslindar los que puedan calificarse de lógicos, no contrarios a la ciencia ni a la experiencia y descartar aquellos que se escapan a estos cánones exigidos por la ley para efectos de la apreciación probatoria y así de ellos, sí inferir la conclusión que irá a producir una determinada relevancia jurídica, tanto en lo sustantivo como en lo procesal, por haberse llegado a la certeza sobre el objeto que se pretende demostrar, o por el contrario, a la duda sobre el mismo(1).

De otra parte, téngase en cuenta que los jueces de instancia arribaron a la decisión de condena de acuerdo con un convencimiento de certeza excluido de dudas probatorias, y desde la perspectiva de la prevalencia del derecho sustancial no concurren soportes materiales con los que se pueda insinuar una hipótesis de in dubio pro reo. El ad quem, al respecto dijo:

El apoderamiento del dinero representado en ese título a órdenes del despacho fiscal y del cual era su única beneficiaria la señora Nelly Dahiana Brand Ortiz, perfecciona la relación ilícita entre la actuación del servidor público y el incumplimiento a sus deberes oficiales con el consiguiente detrimento patrimonial, de allí que contrario a lo referido por el defensor recurrente, si se incursionó en el punible de peculado por apropiación y el delito de falsedad ideológica que sirvió de medio.

Con relación a este último punible cobra superlativa importancia lo aseverado por el denunciante cuando se refirió a los hechos, porque si bien aceptó que la firma contenida en el oficio era la suya, dijo haber obrado mediante engaño porque el secretario le pasó el documento con otros oficios más donde también se estaba ordenando el pago de otros títulos judiciales a la abogada Gloria Cortés, además y ante todo, el empleado no le advirtió acerca de la irregularidad presentada con la identificación de la señora que estaba haciendo el cobro. En este punto la Sala comparte el cuestionamiento que hace el juez a quo cuando llama la atención en cuanto el hoy acusado, no obstante ser una persona de amplia experiencia en la Fiscalía y quien estaba desempeñando un cargo con funciones tan delicadas como la custodia de títulos judiciales, no se percatara de dejar copia de la autorización de Nelly Dahiana Brand Ortiz a Martha Liliana en el expediente, máxime cuando sabía la situación que se estaba presentando con la dueña del título y su documento de identidad.

No obstante que los dictámenes grafotécnicos no permiten una conclusión asertiva acerca del verdadero confeccionador, si hay certeza en cuanto fue el hoy acusado quien elaboró el oficio mediante el cual se ordenó pagar a favor de la señora Rodríguez López el título judicial perteneciente a Nelly Dahiana Brand Ortiz y por esa vía obtuvo furtivamente la firma de su superior para de esa manera darle visos de autenticidad al contenido del documento que finalmente sirvió de soporte a la entidad bancaria para desembolsar el dinero.

Contrario a lo afirmado, es forzoso asegurar que su condición de servidor público y las funciones que desempeñaba, sirvieron para disponer del título judicial al punto de haber elaborado el oficio que así lo autorizaba. Si posteriormente colaboró para reponer el dinero y hacer cesar el perjuicio ocasionado, ese proceder fue una derivación natural del descubrimiento y del deseo por evitar mayores consecuencias (...).

En síntesis, si el empleado tenía injerencia directa en la elaboración y trámite de los títulos judiciales, si existe contradicción entre los dichos de la señora Martha Liliana, si es evidente que ella cambió su versión para afianzar la de su amigo Fernando de Jesús Vinasco Blandón, si este no comunicó a su jefe la situación presentada con la supuesta dueña del título, si al requerírsele los libros de contabilidad afirmó que los tenía en su casa porque los estaba cuadrando y solo los vino a entregar por requerimiento de la dirección, si no milita prueba a su favor para desvirtuar o al menos poner en tela de juicio la acusación que pesa en su contra, indudablemente la corporación le corresponde declarar que la ilicitud atribuida es una realidad y que en ella estuvo comprometido el servidor público cuya actividad se censura.

Conforme a lo anterior se advierte sin dificultad que en las consideraciones de la sentencia de segunda instancia no se concibió desde lo fáctico la ausencia de certeza ni la existencia de dudas acerca de la autoría y responsabilidad penal de las conductas punibles derivadas a Vinasco Blandón, de donde se infiere que la censura de violación directa por falta de aplicación de las normativas en cita y la falta de aplicación del artículo 7º inciso 2º de la Ley 600 de 2000, no tienen ninguna vocación de éxito.

3.5. De otra parte la acusación en sentido de que la actuación se encuentra viciada porque el principio de investigación integral sufrió menoscabo, está llamada a la no prosperidad. En efecto:

El principio en cita de que trata el artículo 20(2) de la Ley 600 de 2000 que a su vez es desarrollado por el artículo 234(3) ejusdem, es uno entre otros, de los postulados que integran la categoría jurídica general de debido proceso penal entendido este como un estadio de conocimiento y determinación de una verdad concreta y singular referida a un injusto penal.

En la búsqueda de dicho estado de saber, esto es, en su trayectoria de ignorancia hacia la duda y en especial hacia los resultados de certeza se hace necesario que el funcionario por obligación de acuerdo con los términos vinculantes del artículo 20 en cita se ocupe de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable respecto de los objetos de que trata el artículo 331 ejusdem.

Como es de la esencia de la normativa en cita, los aspectos de investigación respecto de una conducta punible específica, tienen como referentes la determinación acerca de quién o quiénes son los autores, partícipes, cuáles los motivos y factores que influyeron en la violación de la ley penal, las circunstancias modales y temporales, las condiciones sociales y los daños y perjuicios.

Aún cuando en el esclarecimiento de comportamientos delictuosos no hay reglas rígidas sino que por el contrario existe la libertad probatoria que en todo evento se vincula al postulado heurístico de la verificabilidad, se ha considerado por la jurisprudencia de esta Sala que el principio de investigación integral, el cual se halla ligado en forma estrecha al derecho defensa y contradicción probatoria, sufre menoscabo cuando existiendo soportes materiales útiles y conducentes en orden a la determinación de la verdad el funcionario en detrimento de la facultad oficiosa o en desconocimiento de las peticiones de prueba de alguno de los sujetos procesales, no se hubiere interesado en decretarlas ni practicarlas, en la medida de que de haberse allegado como hipótesis verificadas y como probabilidades, de alguna manera, habrían podido incidir sustancialmente en las dispositivas de la sentencia.

En forma reiterada la Corte ha sostenido que no toda omisión en el decreto y práctica de pruebas genera afectación a la investigación integral y por ende, para viciar el procedimiento se hace necesario que esas falencias hubiesen sido trascendentes, es decir, incidentes en la verdad sustancial y material declarada y de correspondencia haber afectado el derecho de defensa, esto es, que se trate de medios de convicción que de haberse practicado habrían tenido la potencialidad de dar un giro total o parcial sustantivo diferente a los resultados del fallo de que se trate.

Cuando se impugna en casación penal y se propugna por una nulidad por violación al principio de investigación integral, corresponde la casacionista formular, objetivar y demostrar que la omisión ya sea singular o plural de pruebas las que deberá identificar, comportaba trascendencia en los contenidos de lo favorable a la situación jurídica del procesado y además, argumentar que de no haberse incurrido en esas omisiones probatorias las que eran conducentes por tener directa relación con el thema probandum, se habrían podido llegar a consolidar otros resultados como de infirmación o cambio en el grado de participación en el reato, exclusión o aminoración de la responsabilidad penal atribuida, atenuación, degradación de adecuación típica o que los efectos de incidencia podrían haber dado lugar a la aplicación de la duda probatoria.

De los anteriores aspectos, los que hacen parte necesaria de la argumentación lógico-sustancial cuando de censurar violación al principio de investigación integral y menoscabo al derecho de defensa y contradicción probatoria se trate, no se ocupó la demandante.

En efecto, la casacionista se limitó a enunciar que no se recepcionaron los testimonios de Amparo Blandón López y María Yaneth Mazo y no se permitió al defensor del acusado “intervenir en la declaración de Nelly Dahiana Brando Ortiz”, planteamiento fragmentado sin incidencias en la demostración del menoscabo del postulado en cita, pues para nada se ocupó de plantear ni siquiera en vía de la posibilidad cuál era el propósito de escuchar a esas personas y los fines del contra-interrogatorio por parte del defensor a Nelly Dahiana Brand Ortiz, ni la trascendencia de los eventuales resultados en la situación jurídica de Vinasco Blandón.

La demandante apenas planteó que para el caso era obligación investigar tanto lo desfavorable como lo favorable, predicado que escribió en forma ligera sin haberse ocupado en especificar y demostrar cuáles eran los aspectos de interés sustancial y probatorio omitidos como investigación integral de lo favorable y cuál su trascendencia de mutación total o parcial en los fallos de instancia.

Debe recordarse que para que el citado principio se afecte generando violación al debido proceso en lo relativo al esclarecimiento de aspectos favorables, se requiere de la presencia de manifiestas omisiones investigativas en las que se ponga de presente una desestabilización del extremo de defensa y contradicción probatoria dadas al interior de la respectiva actuación penal.

En esa medida, no se trata de cualquier negligencia instructiva como puede derivarse el menoscabo a dicho principio. Por el contrario, deberá ser trascendente en lo favorable y ello como juicio sustancial se determina planteando y demostrando en lo concreto a través de un nuevo ejercicio de revaloración probatoria en la que se incluyan las pruebas dejadas de practicar integradas a los restantes medios de convicción, que de no haberse dado esas omisiones y por resultado de su incorporación y mérito persuasivo la sentencia no se sostendría y conllevaría unos efectos diferentes, como podrían ser los de exclusión de la adecuación típica, de las formas de participación (modalidades de autoría o de participación), ausencia de la antijuridicidad o de las expresiones de culpabilidad atribuidas, etc., aspectos de los que para nada se ocupó la demandante.

Por las anteriores razones más que suficientes, se concluye que lo acusado como vició por menoscabo al principio de investigación integral de igual manera está llamado a la no prosperidad.

4. Puede afirmarse que los desarrollos de lo aquí impugnado no convocan ni persuaden a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda ni desde la perspectiva oficiosa se advierte violación de derechos o garantías fundamentales de incidencia sustancial o procesal que permitan superar los defectos de lo demandado y suscitar un pronunciamiento sustitutivo de reemplazo de absolución por duda a favor de Fernando de Jesús Vinasco Blandón.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Inadmitir la demanda presentada por la defensora de Fernando de Jesús Vinasco Blandón.

2. Advertir que contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

Secretaria. Teresa Ruiz Núñez.

(1) Véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia del 4 de septiembre de 2002, Radicación 15884 y sentencia de casación del 26 de enero de 2005, Radicación 15834.

(2) Ley 600 de 2000, ART. 20.—“El funcionario judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los intereses del imputado y de los demás intervinientes en el proceso”.

(3) Ley 600 de 2000, ART. 234.—“Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario judicial buscará la determinación de la verdad real. Para ello debe averiguar con igual celo, las circunstancias que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su inocencia”.