Sentencia 33918 de julio 19 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 660012331000200700025 01

Número interno: 33.918

Consejero Ponente:

Dr. Enrique Gil Botero

Actor: José Pino Mosquera y otros

Demandados: Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil siete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. La caducidad de la acción de reparación directa.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la a efectos (sic) de que el respectivo litigio o controversia, sea definido con carácter definitivo por un juez de la república con competencia para ello.

Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga (1) a los asociados del conglomerado social para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva de los derechos reconocidos sustancialmente por las disposiciones jurídicas que de dichos supuestos fácticos se desprenden, sin que las partes puedan convenir en su desconocimiento, modificación o alteración.

Ahora bien, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998— establece lo siguiente:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por acusa de trabajo público o por cualquier otra causa”.

En ese contexto, la Sala ha señalado, en reiteradas ocasiones (2) , que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa del perjuicio.

Si bien, como lo pone de presente el impugnante, es posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de fundamento de la acción, lo cierto es que ello no puede significar que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma no consagra dicho supuesto. Es decir, la disposición no establece que el cómputo de la caducidad debe partir del momento en que el daño se concreta por completo, sino que por el contrario determina que el mismo debe empezar a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la pretensión, esto es la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquel con las secuelas o efectos del mismo.

Cosa distinta es que la parte demandante solo haya tenido conocimiento del daño tiempo después de la ocurrencia del hecho, omisión u operación, pues en tales eventos, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (C.P., art. 228), el conteo debe iniciarse a partir de la fecha en que la persona —o personas— tuvieron conocimiento del daño; una interpretación contraria supondría cercenar el mencionado derecho fundamental, así como el derecho de acción.

De otra parte, debe entenderse la caducidad como un fenómeno jurídico en virtud del cual el administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no haber ejercido su derecho dentro del término que señala la ley. Ello ocurre cuando el plazo concedido por el legislador para formular una demanda vence sin que se haya hecho ejercicio del derecho de acción. Dicho lapso está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere ser titular de un derecho opte por accionar o no.

La facultad potestativa de accionar comienza con el término prefijado por la ley, y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, momento en el que se torna improrrogable y, por ende, preclusivo.

2. Cómputo de la caducidad en eventos de privación injusta de la libertad.

Comoquiera que la acción de reparación directa halla su fundamento en la existencia del daño cuya indemnización se reclama, solo es factible que el cómputo de la caducidad, para el ejercicio de la misma, inicie una vez se configure el hecho o acontecimiento generador de aquel.

En ese contexto, en los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido.

Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad —y por ende, declaró la ilegalidad de la medida— no haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias.

El anterior planteamiento ha sido trazado en reiterada jurisprudencia de esta Sección, razón por la cual resulta pertinente destacar la fuerza vinculante del señalado precedente. En efecto, sobre el particular la Sala ha señalado, entre otros aspectos:

“La acción de reparación directa con fundamento en el error judicial o en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, caduca al vencimiento del término de dos (2) años, contado a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial” (3) .

Así mismo, en providencia del 2 de febrero de 1996, se dijo lo siguiente:

“Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal que declara la ocurrencia de uno cualquiera de los eventos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, a saber:

“— Que el hecho no existió.

“— Que el sindicado no lo cometió.

“— Que la conducta no constituía hecho punible.

“Solo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y solo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza.

“El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la cual deviene como consecuencia de la decisión que así lo determine” (4) .

Como se aprecia, es clara e inequívoca la línea jurisprudencial de esta corporación, en relación con la forma en que debe efectuarse el cómputo del término de caducidad en aquellos eventos en que la demanda de reparación directa tiene como fundamento fáctico y jurídico, la supuesta configuración de una detención injusta o arbitraria, razón por la cual, en esta ocasión, el análisis de la providencia impugnada se hará bajo el prisma de las pautas esbozadas anteriormente.

3. Caso concreto.

La Sala revocará la decisión objeto de apelación, por cuanto en el asunto sub examine se tiene certeza de que la decisión que precluyó, definitivamente, la investigación en contra de los señores José Aviece Pino Mosquera, Leonel Antonio Perea Maturana, Leonel Mosquera Hinostroza, Blas Antonio Cárdenas Mosquera, Ulbién Murillo Armijo, Hernán Pérez Maturana, Antonio Maturana, Tulio Iván González Tabarez, Baudilio Rentaría Machado y José Jarinson Mejía Maturana, no corresponde a la calendada 14 de diciembre de 2004, sino a la proferida el 14 de julio de 2005, que desató el recurso de alzada interpuesta en contra de la primera.

Por consiguiente, si bien los ciudadanos especificados en el párrafo anterior obtuvieron su libertad una vez notificado el proveído de 14 de diciembre de 2004, esto es, el 17 de diciembre de dicha anualidad, lo cierto es que al haber sido apelada dicha decisión judicial, solo hasta el 14 de julio de 2005 quedó en firme la determinación adoptada en relación con aquellos, en cuanto se refiere a la preclusión de la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelantó en contra de los mismos por la supuesta comisión del delito de rebelión.

En ese contexto, es claro que no se puede contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa desde el 17 de diciembre de 2004, cuando de las providencias proferidas por la Fiscalía Sexta Especializada de Bogotá el 14 de diciembre de 2004 (fls. 199 a 321 cdno. ppal. 2ª instancia), y la Fiscalía Trece Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá el 14 de julio de 2005 (fls. 322 a 364 cdno. ppal. 2ª instancia), se desprende con absoluta claridad que el cálculo de la caducidad de los dos años a que se refiere el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, debe inicializarse a partir de la ejecutoria de la última providencia judicial citada.

Ahora, si bien las copias auténticas de las mencionadas providencias proferidas por la Fiscalía General de la Nación, solo vinieron a hacer parte del proceso el 17 de febrero del año en curso, mediante memorial anexo de la parte actora, lo cierto es que la Sala en aplicación de los principios pro actione y pro damato tendrá en cuenta dichos documentos a efectos de establecer la fecha exacta en que inició el cómputo del término de caducidad de la acción dentro del proceso de la referencia.

En esa perspectiva, se revocará la decisión apelada para, en su lugar, admitir la demanda de la referencia, en tanto que la acción interpuesta no se encuentra caducada, ya que, como se precisó anteriormente el plazo de caducidad inició, en principio, su conteo el 15 de julio de 2005, y comoquiera que la demanda se instauró el 31 de enero de 2007, resulta evidente que frente a la misma no ha operado el fenómeno de la caducidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Primero. Revócase el auto de 15 de febrero de 2007, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Segundo. En su lugar, admítese la demanda propuesta por las personas individualizadas en el acápite de antecedentes de esta providencia.

1. Notifíquese personalmente a los señores Fiscal General de la Nación, Ministro de Defensa Nacional, y Director General de la Policía Nacional o a quienes hagan sus veces, con entrega de la copia de la demanda, de sus anexos y de esta providencia.

2. Fíjese el negocio en lista por el término de diez (10) días.

3. Señálense por el tribunal las expensas necesarias para sufragar los gastos ordinarios del proceso.

4. Las anteriores previsiones deben ser cumplidas por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Tercero. Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Risaralda para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase».

(1) “(...) durante la marcha del proceso son innumerables las ocasiones en que corresponde a la parte ejercitar determinado acto, cuya omisión le traerá la pérdida de una oportunidad procesal; es lo que se denomina cargas procesales”. Devis Echandía, Hernando “Teoría General del Proceso”, Ed. Universidad Editores, Buenos Aires, pág. 44.

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: 11 de mayo de 2000, expediente 12200; 10 de noviembre de 2000, expediente 18805; 10 de abril de 1997, expediente 10954, y de 3 de agosto de 2006, expediente 32537. Autos de: 3 de agosto de 2006, expediente 32537; 7 de febrero de 2007, expediente 32215.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, expediente 13392.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11425.

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