Sentencia 33925 de agosto 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dr. María del Rosario González Muñoz

Aprobado acta 300

Bogotá, D.C., agosto catorce de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Cuestiones previas

1. Habida cuenta que la defensa considera que no asiste legitimidad a los demandantes, en especial a la Fiscalía, planteamiento que en caso de prosperar haría nugatorio cualquier análisis sobre la procedencia de la revisión propuesta, corresponde a la Sala abordar tal asunto de manera previa al estudio de fondo de los libelos, así como de las alegaciones presentadas por los demás sujetos intervinientes en este trámite especial.

En efecto, como el argumento central del defensor consiste en señalar que la Fiscalía carece de interés jurídico, pues no tiene la condición de sujeto procesal para promover la acción de acuerdo con lo establecido en el artículo 221 de la Ley 600 de 2000, calidad que únicamente adquiere al intervenir en la fase del juicio conforme al artículo 400 del referido estatuto procesal, encuentra la Sala que ya en ocasiones anteriores ha dilucidado tal temática, en los siguientes términos:

Si bien la fiscal delegada no intervino “en el curso de la actuación en la cual se profirieron las sentencias absolutorias de primera y segunda instancia, entre otras razones, porque para aquella época no se había creado la Fiscalía General de la Nación y por consiguiente, en ningún momento fue legalmente reconocida durante la actuación procesal”, lo cierto es que “la legitimidad del demandante en revisión no deriva de las funciones específicas que como sujeto procesal le asignan las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, sino de las facultades generales previstas en la Carta Política, de manera que si en su artículo 250 (modificado por el A.L. 3/2002, art. 2º) dispone que ‘La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento’, y en desarrollo de tales facultades puede deprecar ‘la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas’, además de solicitar ‘las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito’, es evidente que le asiste legitimidad para accionar en revisión con el propósito de asumir, entre otros, los referidos cometidos constitucionales” (resaltado fuera de texto).

Desde luego, el ejercicio de esas facultades generales requiere, cuando se actúa a través de delegados, asignación puntual de competencia realizada dentro de los lineamientos que para el efecto establece el estatuto procesal penal. Tal presupuesto, como quedó visto, se cumplió en este asunto con la designación especial otorgada por el Fiscal General de la Nación mediante Resolución 661 del 26 de marzo de 2010 a la Fiscalía Diecisiete de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como la otorgada por el Procurador General de la Nación a través de providencia del 19 de los mismos mes y año al Procurador Trescientos Cincuenta y Siete Judicial II en lo Penal, de modo que en dicho aspecto ningún reparo amerita la legitimación de los demandantes.

2. Como también la defensa plantea en punto de la legitimidad de la Fiscalía como actora, que la ley no habilita a ningún fiscal instructor para que demande en revisión una providencia de su superior por estar en desacuerdo con la revocatoria de la resolución acusatoria, dado que los fiscales delegados se rigen por el criterio de unidad institucional, considera la corporación que tal planteamiento no es de recibo, toda vez que no se trata simple y llanamente de un desacuerdo con la providencia cuya revisión se solicita, sino de la configuración de alguno de los supuestos de hecho definidos por el legislador al establecer las causales de revisión. En este caso, según lo aduce el fiscal demandante, por la aparición de hechos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates y por mediar un pronunciamiento de instancia internacional sobre el incumplimiento por parte del Estado de la obligación de investigar seriamente violaciones de derechos humanos (causal tercera de revisión reglada en la L. 906/2004, art. 220, num. 3º).

3. No se acepta el planteamiento del defensor orientado a señalar que el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no puede sustentar esta acción por ser anterior a la preclusión de investigación aquí cuestionada, dado que ya la Sala(1) ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el particular en una situación similar:

“Dado que en el proceso cuya revisión se demanda no hubo declaración alguna de responsabilidad penal, pues la decisión actualmente ejecutoriada fue de absolución, es muy evidente que las razones fundantes de la recomendación del organismo internacional mantienen plena actualidad, como que se solventaron en el estado de impunidad por los hechos en que resultaron muertos los referidos ciudadanos.

“En condiciones semejantes, no es posible descartar la viabilidad de la acción propugnada simplemente a partir de la constatación según la cual las recomendaciones elevadas al Estado de Colombia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron anteriores al proferimiento de la sentencia de segunda instancia, toda vez que las razones expuestas en el documento respectivo, con el advenimiento de una decisión absolutoria, conservan plena vigencia, siendo por ende indiferente tal hecho, pues el ejercicio de la acción revisora fue evidentemente posterior a la propia emisión del fallo, de donde dada la causal en que se apoya, encuentra así pleno respaldo jurídico” (resaltado fuera de texto).

Cuestión de fondo

Como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la colegiatura, la acción de revisión excepciona por voluntad del legislador el principio de cosa juzgada en procura de enmendar yerros judiciales dentro de las taxativas circunstancias enunciadas en la ley, amén de los alcances fijados a ellas por la Corte Constitucional, ya porque no fueron conocidas por los funcionarios judiciales en el curso del diligenciamiento, ora porque surgieron con posterioridad al mismo, dando lugar a decisiones que pese a estar ejecutoriadas, deben ser removidas para conseguir la justicia en el caso particular.

El principio de la cosa juzgada implica que a quien se le haya definido su situación jurídica por sentencia ejecutoriada o providencia con la misma fuerza vinculante, no se le puede someter nuevamente a juicio por la misma conducta, aun cuando se le dé una denominación jurídica diferente. Esta garantía, que hace parte del debido proceso y se correlaciona con el postulado non bis in idem, se encuentra consagrada en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política, norma superior a su vez desarrollada en el estatuto procesal penal.

Dicho postulado, sin embargo, puede ser exceptuado a través de la acción de revisión, al posibilitar la remoción de la cosa juzgada para cesar la injusticia material contenida en una decisión, cuya verdad procesal es diametralmente opuesta a la verdad histórica del acontecer objeto de investigación o juzgamiento. Desde luego, para ello se requiere demostrar la presencia de alguna de las causales establecidas de manera específica por la ley y desarrolladas por la jurisprudencia.

Alcance de la causal tercera de revisión

El numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, básicamente similar al numeral 3º del Decreto 50 de 1987 y al numeral 3º del Decreto 2700 de 1991, establece la posibilidad de revisar las decisiones judiciales definitivas, entre otros casos:

“Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”.

Al pronunciarse sobre la exequibilidad de tal precepto, la Corte Constitucional, en Sentencia C-004 de 2003, condicionó su conformidad con la Carta en dos sentidos, así:

En primer término, “la acción de revisión por esta causal también procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o de la prueba no conocida al tiempo de los debates” (resaltado fuera de texto).

Y, en segundo lugar, la acción de revisión procede “contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones” (resaltado fuera de texto).

Como se observa, la sentencia de constitucionalidad amplió la cobertura de la aludida causal para permitir la acción de revisión también contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento y la sentencia absolutoria, dictadas en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y cuando una decisión judicial interna o de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constate la existencia del hecho novedoso o de la prueba desconocida en el curso de la actuación o, en caso de no darse esos presupuestos, advierta un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las mencionadas violaciones.

Con fundamento en la referida decisión de la Corte Constitucional, el legislador erigió como causal independiente de revisión el condicionamiento efectuado por dicha corporación, al establecer como tal en el numeral 4º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 lo siguiente:

“Cuando después del fallo (absolutorio)(2) en procesos por violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, se establezca mediante decisión de una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto de la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente la competencia, un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar seria e imparcialmente tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar existencia de hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates” (resaltado fuera de texto).

De otra parte, es oportuno señalar que si bien los hechos motivo de este diligenciamiento ocurrieron en enero de 1993, es decir, antes de proferirse la Sentencia C-004 de 2003, en la cual se estableció por primera vez como causal de revisión la hipótesis objeto de análisis en este pronunciamiento, lo cierto es que sobre el particular ya la Sala(3) ha tenido la oportunidad de precisar que lo relevante frente a dicha discusión no es la legislación vigente al momento de los hechos, sino el marco constitucional en el cual ocurrieron los mismos y se impulsó la investigación objeto de la acción de revisión.

En tal sentido, se parte de lo establecido en el inciso 1º del artículo 93 de la Constitución Política de 1991, según el cual, “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”, norma que materializa el bloque de constitucionalidad, referido a los preceptos superiores que no se encuentran directamente contenidos en la Carta, pero que regulan principios y valores a los cuales ésta remite.

Así, se tiene que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como su Protocolo Facultativo, fueron firmados por Colombia el 2 de diciembre de 1966, ratificados el 29 de octubre de 1969, previa aprobación por el Congreso de la República mediante Ley 74 de 1968 y entraron en vigor de acuerdo con las disposiciones del instrumento el 23 de marzo de 1976, mucho tiempo antes de la ocurrencia de los hechos por los cuales en este asunto la Fiscalía Cuarenta Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá dictó el 31 de enero de 2006 preclusión de la investigación a favor del TC del Ejército Nacional Juan Carlos Mejía Gutiérrez por el concurso de delitos de homicidio agravado en Luis Ernesto Ascanio Ascanio y Lisandro Dávila.

En el pacto se estableció el Comité de Derechos Humanos, integrado por dieciocho miembros que deben ser “personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos”, elegidos como expertos independientes por un período de cuatro años.

El comité realiza tres tipos de tareas. Redacta observaciones generales, en las cuales interpreta en forma autorizada los preceptos del pacto; examina informes remitidos obligatoriamente cada cuatro años por los Estados Partes en los que explican las medidas adoptadas para hacer efectivos los derechos reconocidos; y finalmente, de conformidad con el protocolo facultativo conoce de las quejas individuales, esto es, de casos concretos en los que cualquier persona denuncie la violación de sus derechos por un Estado Parte, previo agotamiento de los recursos internos disponibles, salvo “cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente” [art. 41, lit. (e) del Pacto].

En consecuencia, se impone concluir que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como su Protocolo Facultativo, hacen parte del bloque de constitucionalidad y que sus disposiciones estaban vigentes para el mes de enero de 1993, época durante la cual tuvieron lugar los hechos sintetizados al inicio de esta providencia.

Ahora bien, de conformidad con la causal invocada, la labor de esta corporación al proferir fallo dentro de este trámite se circunscribe a verificar:

(i) Que en virtud de la providencia cuya autoridad de cosa juzgada se pretende remover, haya sido precluida la investigación, cesado procedimiento o dictado sentencia absolutoria a favor del incriminado.

(ii) Que las conductas investigadas correspondan a violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, y

(iii) Que una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente en Colombia, haya constatado el incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado de investigar en forma seria e imparcial tales comportamientos.

De lo expuesto resulta evidente que la acreditación de la responsabilidad penal o inocencia del ciudadano beneficiado con la decisión cuya revisión depreca la Fiscalía, la Procuraduría y la parte civil, es un asunto cuyo debate únicamente será pertinente en el curso de las instancias, siempre que la causal invocada prospere y se ordene rehacer la actuación.

Sobre tal aspecto ya ha precisado la Sala(4):

Dada la causal invocada, no será en el curso de esta acción donde se debatirá la responsabilidad de las personas absueltas en primera y segunda instancia por la jurisdicción de orden público, pues de conformidad con el artículo 227 de la Ley 600 de 2000, sólo compete a la Sala declarar sin valor la sentencia motivo de la acción y proferir la decisión a la que haya lugar, ‘cuando se trate de la prescripción de la acción penal, de ilegitimidad del querellante o caducidad de la querella, o cualquier otra causal de extinción de la acción penal y en el evento que la causal aludida sea el cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte’.

“Por lo tanto, es claro que en caso de prosperar la causal invocada por la demandante en este asunto corresponderá a la Sala de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 227 de la Ley 600 de 2000 devolver la actuación ‘a un despacho judicial de la misma categoría, diferente de aquél que profirió la decisión, a fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique” (resaltado fuera de texto).

No hay duda que no es en este escenario donde se decide sobre la responsabilidad penal o inocencia del procesado favorecido con la preclusión de investigación, pues únicamente corresponde a la colegiatura pronunciarse sobre la causal invocada, a fin de disponer, en caso de ser ello procedente, se rehaga la actuación, como que carecería de sentido que la Corte decidiera definitivamente sobre la responsabilidad de aquél, y pese a ello ordenara que el trámite se rehiciera.

Alcance de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

En fallos recientes ha precisado la Sala(5) que mientras las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano judicial autónomo, tienen carácter vinculante, en cuanto así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos al disponer que sus fallos son “motivados, obligatorios, definitivos e inapelables”, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, no revisten fuerza obligatoria.

Así las cosas, de manera similar puede afirmarse en punto de los organismos de las Naciones Unidas, que de conformidad con el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia sus decisiones son obligatorias para los Estados que han aceptado su competencia, y de acuerdo con el artículo 60 del mismo ordenamiento “El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes” (resaltado fuera de texto).

Por su parte, los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no cuentan con ese carácter de obligatoriedad, en cuanto no son vinculantes para los Estados.

En efecto, si bien el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un órgano de protección de tales derechos que hace parte del Sistema Universal de Derechos Humanos y tiene entre sus funciones pronunciarse sobre las quejas individuales, amén de proferir dictámenes a fin de que los Estados Partes adopten medidas orientadas a asegurar la salvaguarda efectiva de los referidos derechos en el ámbito de su legislación interna y sus normas constitucionales, es palmario que esos dictámenes no tienen la virtud de solucionar con carácter vinculante y definitivo las violaciones denunciadas por los quejosos, de manera que no corresponden a una decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento derive responsabilidad del Estado.

En tal sentido, oportuno resulta rememorar que la Corte Constitucional, en el fallo T-558 del 10 de julio de 2003, señaló que si bien las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen actos jurídicos unilaterales, carecen de efecto vinculante y se circunscriben a proponer a sus destinatarios un determinado comportamiento, en todo caso debe por lo menos analizarse el caso concreto en punto de ponderar:

(a) La naturaleza del órgano internacional que adoptó la recomendación;

(b) Si se trata de una invitación dirigida al Estado para que tome medidas legislativas o administrativas encaminadas a enfrentar situaciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos o si por el contrario se alude a un asunto específico; y

(c) Los principios y las disposiciones del tratado internacional con base en los cuales la recomendación fue adoptada.

De lo expuesto puede concluirse que como los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas carecen de fuerza vinculante, no bastan por sí mismos para tener por acreditado el quebranto de garantías fundamentales, pero sí permiten examinar el procedimiento adelantando en el país, en el entendido de que corresponde única y exclusivamente a esta colegiatura determinar si tuvo o no lugar la aducida violación de derechos fundamentales.

El caso concreto

(i) Trámite ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El 29 de septiembre de 1996, José Antonio Coronel, José de la Cruz Sánchez, Lucenid Villegas, José del Carmen Sánchez, Jesús Aurelio Quintero y Nidia Ascanio Ascanio presentaron a través de abogado una queja ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cual hicieron referencia a los hechos expuestos en forma sucinta al comienzo de esta decisión, que comportaron el fallecimiento de siete de sus familiares en enero de 1993, son ellos: Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Téllez y Luis Ernesto Ascanio Ascanio, víctimas de violaciones a sus derechos, de conformidad con la preceptiva del párrafo 3º del artículo 2º, del párrafo 1º del artículo 6º, y de los artículos 7º, 9º y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues se invadió su intimidad familiar, fueron detenidos ilegalmente, torturados y a la postre se les causó la muerte.

Entre otros “hechos expuestos por los autores”, se anotó:

“2.1. Entre las fechas de 12 y 14 de enero de 1993, efectivos del Batallón de Contraguerrilla Nº 17 ‘Motilones’, adscritos a la Brigada Móvil Nº 2 del Ejército Nacional de Colombia realizaron un operativo militar en el corregimiento de San José del Tarra, municipio de Hacari, departamento de Norte Santander, y desplegaron una operación de rastrillo en la región, incursionando en varias veredas y pueblos vecinos. Durante estos operativos, los militares allanaron varias casas y detuvieron, entre otros, a Ramón Villegas Téllez, Gustavo coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero y Luis Honorio Quintero Ropero. Tanto los allanamientos como las detenciones fueron realizados de modo ilegal, ya que los militares no disponían de mandamientos judiciales para llevar a cabo los registros ni las detenciones, según prescribe la ley de procedimiento penal colombiana.

“2.2. Ramón Villegas Téllez, Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, y otros, fueron torturados por los militares y varios de ellos obligados a vestir prendas militares y a patrullar con los miembros del Batallón de Contraguerrilla Nº 17 ‘Motilones’. Todos ellos fueron desaparecidos entre el 13 y el 14 de enero de 1993.

“2.3. El 26 de enero de 1993, Luis Ernesto Ascanio Ascanio, de 16 años de edad, desapareció cuando se dirigía a su casa, interceptado por militares que días antes habían allanado la vivienda de la familia Ascanio Ascanio, maltratando y vejando a los miembros de la familia, entre los que se encontraban seis menores y un joven de 22 años, deficiente mental, al cual trataron de ahorcar. Los militares permanecieron en la vivienda hasta el 31 de enero reteniendo a sus moradores como rehenes. Luis Ernesto Ascanio Ascanio fue visto por última vez a unos 15 minutos de la casa familiar. Ese mismo día, miembros de la familia Ascanio oyeron gritos y disparos de arma de fuego provenientes del exterior de la vivienda. El día 27 de enero, dos de los hermanos de Luis Ernesto Ascanio Ascanio lograron burlar la custodia militar y huir hacia Ocaña, donde avisaron a las autoridades locales y presentaron una denuncia ante la Procuraduría Provincial. Tras la retirada de la patrulla militar comenzó la búsqueda de Luis Ernesto Ascanio Ascanio saldándose con el hallazgo de una machetilla suya a unos 300 metros de la vivienda” (resaltado fuera de texto).

En punto del curso del trámite ante el comité, se tiene:

Mediante intervenciones del 11 de febrero y 9 de junio de 1998, el Gobierno de Colombia solicitó la declaración de inadmisibilidad de la queja, para lo cual adujo que no se habían agotado los recursos previstos en la jurisdicción interna.

En sus comunicaciones del 30 de marzo y 19 de octubre de 1998, los quejosos replicaron que no basta la mera existencia formal de una vía procesal para enmendar quebrantamientos al régimen de derechos humanos, en cuanto es menester que tales recursos sean idóneos.

Durante el 70º período de sesiones, el comité examinó la admisibilidad de la comunicación y comprobó que, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2º del artículo 5º del Protocolo Facultativo, el mismo asunto no había sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

Además, consideró que la prolongación del procedimiento judicial relativo a las investigaciones de las muertes y la acusación de los autores fue injustificada, y por ello, el 13 de octubre de 2000 declaró la comunicación admisible y señaló que los hechos guardan relación con los artículos 6º, 7º, 9º y 17, además del párrafo 3º del artículo 2º del pacto.

En sus observaciones del 3 de mayo y 20 de septiembre de 2001, Colombia insistió en la inadmisibilidad de la queja, reiterando que no se agotaron los recursos de la jurisdicción interna; también señaló que la investigación penal se encontraba en fase de instrucción y que en ningún momento las autoridades la habían archivado o suspendido.

Sobre el particular dijeron los actores en sus intervenciones del 13 de julio y 27 de noviembre de 2001, que el Estado colombiano no se pronunció respecto del fondo de la queja. Adicionalmente precisaron que las investigaciones permanecieron durante ocho años en fase preliminar, y que el traslado de las diligencias penales militares a la justicia ordinaria fue solicitado el 19 de febrero de 1998 por la Procuraduría, a lo cual se accedió el 13 de mayo del mismo año, remitiéndola a la Fiscalía Regional de Ocaña.

También adujeron que resultaba paradójica la decisión de oír en versión libre al capitán Mauricio Serna Arbeláez, toda vez que éste murió en agosto de 1994, máxime si los otros militares implicados no fueron imputados, ni suspendidos en sus funciones e incluso fueron después ascendidos en grado militar.

De conformidad con el párrafo 4º del artículo 5º del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, reunido el 24 de octubre de 2002 en el marco del 76º período de sesiones expidió su Dictamen, en el cual realizó, entre otras, las siguientes aseveraciones:

“El comité concluye que el Estado Parte no respetó ni garantizó el derecho a la vida de Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Ramón Emilio Sánchez, Ramón Emilio Quintero Ropero, Luis Honorio Quintero Ropero, Ramón Villegas Téllez y Luis Ernesto Ascanio Ascanio en violación del párrafo 1 del artículo 6º.

“Teniendo en cuenta las circunstancias de la desaparición de las cuatro víctimas (Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Luis Ernesto Ascanio Ascanio y Luis Honorio Quintero Ropero, se puntualiza) y que el Estado Parte no ha desmentido el hecho de que fueran sometidas a tratos incompatibles con dicho artículo, el comité concluye que las cuatro víctimas han sido objeto de una clara violación del artículo 7º del pacto.

“Tanto los allanamientos como las detenciones fueron realizados de forma ilegal, puesto que los militares no contaban con una orden de registro ni de arresto. Tiene en cuenta, igualmente, las declaraciones concordantes de testigos recogidas por la Procuraduría General de la Nación que ilustran sobre los procedimientos efectuados en forma ilegal en los domicilios privados donde se encontraban las víctimas. Asimismo, considera que el Estado Parte no ha proporcionado ninguna explicación al respecto para justificar la actuación descrita. En consecuencia, el Comité concluye que ha existido una violación del párrafo 1 del artículo 17 en cuanto se ha producido una injerencia ilegal en el domicilio de las víctimas y sus familias o en los que se encontraban las víctimas, incluido el domicilio del menor Luis Ernesto Ascanio Ascanio, a pesar de no encontrarse en ese momento en el mismo.

“El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5º del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que se han expuesto constituyen violaciones del párrafo 1 del artículo 6º, del artículo 7º; en lo que respecta a Gustavo Coronel Navarro, Nahún Elías Sánchez Vega, Luis Ernesto Ascanio Ascanio y Luis Honorio Quintero Ropero, del artículo 9º y del artículo 17 del pacto.

“El comité insta al Estado Parte a finalizar sin demora las investigaciones sobre la violación de los artículos 6º y 7º y a acelerar las actuaciones penales contra las personas responsables de los mismos ante los tribunales penales ordinarios”.

Por su parte, con ocasión del referido dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado colombiano decidió, mediante Resolución 1 del 8 de abril de 2003 emanada de los ministerios del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional (publicada en el Diario Oficial 45.175 del 2 de mayo del mismo año):

“ART. 1º—Emitir concepto favorable para el cumplimiento de la comunicación 778/1997 proferida por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los términos y para los efectos de la Ley 288 de 1996”.

(ii) La injerencia del dictamen del Comité de Derechos Humanos en la acción de revisión

Señalado lo anterior se observa, que si bien el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas carece de carácter vinculante, lo cierto es que habilita a esta colegiatura para verificar si en realidad se produjo la violación de los derechos fundamentales referidos en dicho documento.

Sobre el particular es menester recordar, que la prosperidad de la acción de revisión, frente a una decisión de cesación de procedimiento, preclusión de la investigación, absolución o, incluso, acorde con la Sentencia C-979 de 2005, condenatoria, requiere la demostración de dos aspectos:

1) Que los hechos investigados tengan relación con violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

2) Que se haya constatado un incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las violaciones de derechos humanos o infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

En punto del primer aspecto no se llama a duda que el asunto examinado corresponde a un episodio de violación de derechos humanos, pues conforme a la doctrina expuesta sobre tal temática, esos derechos corresponden a un conjunto de obligaciones de respeto y garantía por parte del Estado para con las personas, de manera que solamente se consideran violados con ocasión de actuaciones realizadas por agentes estatales(6).

Sobre el particular la Corte Interamericana también ha dicho que le son atribuibles al Estado aquellas conductas de los particulares cuando, por acción u omisión de sus agentes, derivadas de su posición de garantes, incumple las obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos(7).

En consecuencia, si los hechos investigados se circunscriben a las conductas de secuestro, desaparición forzada y homicidio de personas, atribuidas a autoridades del Estado, es claro que se trata de una ostensible violación de derechos humanos.

Respecto del segundo aspecto, esto es, la constatación del incumplimiento protuberante de las obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial tales violaciones, encuentra la Sala que al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pacto de Nueva York), el Estado colombiano se comprometió, según lo establece su artículo 1º, a:

“Garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Además se advierte, que como fundamentalmente las conductas realizadas apuntan a la violación de los derechos a la libertad personal, garantías judiciales y vida de las víctimas, pertinente resulta destacar que en el artículo 9º se reconoce el primero de tales derechos, así:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

“Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

“Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.

“Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

“Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Por su parte, en el artículo 14 del mencionado instrumento se reconoce el derecho a las garantías judiciales, entre otras, las siguientes:

“Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.

“Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

“Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

“a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

“b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

“c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

“d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

“e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

“f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

“g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.

En el artículo 6º del referido pacto se positiviza el derecho a la vida en los siguientes términos:

“El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

(iii) La preclusión de investigación cuestionada

Una vez identificado el alcance de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en punto de verificar la procedencia de la causal de revisión invocada, resulta pertinente traer a colación los argumentos que sustentaron la preclusión de la investigación proferida el 31 de enero de 2006 por la Fiscalía Cuarenta Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá a favor del Teniente Coronel del Ejército Nacional Juan Carlos Mejía Gutiérrez, por el concurso de delitos de homicidio agravado en Luis Ernesto Ascanio Ascanio y Lisandro Dávila, como sigue.

Inicialmente se precisa que las muertes imputadas tuvieron lugar el 27 de enero de 1993 en la Quebrada San Pedro del Corregimiento de Las Mercedes, municipio de Teorama. A continuación merecen destacarse los siguientes apartes:

“Uno de los muertos, se dice fue un joven de 15 años que respondía al nombre de Luis Ernesto Ascanio Ascanio, persona que fue vista por última vez el día 26 de enero de 1993 en momentos en que se dirigía hacia su casa, al enterarse que allí se habían instalado tropas del ejército que mantenían retenidos algunos de sus familiares, entre ellos a su progenitora. Se señala que en el trayecto entre su sitio de trabajo y su casa desapareció, imputándoseles a miembros del ejército ese hecho.

“La Segunda Instancia no puede desconocer la manera irregular y antitécnica en que se llevaron a cabo, tanto las diligencias de inspección de cadáver, como las necropsias y la subsiguiente inhumación de todos los cuerpos en una misma fosa común.

“Si se analiza la secuencia de todas esos actos, puede evidenciarse con claridad que no se llevó a cabo proceso alguno de cadena de custodia, de tal suerte que no existe precisión si los cuerpos inspeccionados por las diferentes autoridades judiciales que han conocido de la instrucción, son los mismos que fueron recogidos en la vereda San Pedro del municipio de Teorama y si el orden de esos cadáveres corresponde al mismo en que fueron encontrados en los sitios donde se produjeron los hechos, pues debe recordarse que ese mismo 27 de enero se produjo otro enfrentamiento armado, en el sitio denominado Ábrego donde perdieron la vida dos supuestos subversivos, cuerpos que sumados a los encontrados en la Vereda San Pedro fueron llevados todos al hospital de Ocaña, sin que aparezca dentro del proceso una clara discriminación de los cadáveres relacionada con el sitio de los hechos en donde fueron levantados. Lo que sí no puede deducirse de manera ciega y arbitraría es que uno de los cuerpos pertenezca a una específica persona, sin contar con pruebas de cualquier índole que permita llegar a tal convicción, especialmente cuando de esa identificación depende la responsabilidad penal de un procesado.

“Veamos todo lo anterior a espacio:

“El 29 de enero de 1993, en dos sitios diferentes miembros de la Sub Sijín Ocaña, llevaron a cabo el levantamiento de cuatro cadáveres, los que al decir de los reportes oficiales del ejército fueron dados de baja el día 27 de enero de ese mismo año, en dos combates sostenidos con grupos ilegales armados, hechos acaecidos en la Vereda la Vega municipio de Ábrego y Quebrada San Pedro, corregimiento las Mercedes municipio de Teorama. Las actas de levantamiento en su orden correspondieron a los números 10, 11, 12 y 13 relacionadas con cuatro N.N., así: hombres de 30 años, 22 años, 25 años y 18 años.

“Las actas correspondientes a los números 12 y 13 fueron elaboradas con ocasión de los hechos acaecidos el día 27 enero en el sitio denominado ‘Quebrada San Pedro, corregimiento las Mercedes, municipio de Teorama’ (N. De S.). Se ha venido sosteniendo que el cadáver relacionado en el acta 12 es el que corresponde al menor Luis Ernesto Ascanio Ascanio, la Fiscalía deduce en la resolución de acusación, que el cuerpo de éste joven, es el mismo que en la diligencia de exhumación llevada a cabo el 21 de mayo de 1993 por funcionarios adscritos a la Procuraduría General de la Nación, aparece como relacionado con el número 4 ello en atención a los hallazgos evidenciados en esos restos.

“A simple vista se puede observar que el cadáver que analizó el médico no es el mismo al cual le fue practicada la diligencia de levantamiento del cadáver, porque no coinciden, ni el número de lesiones, menos la calidad de las mismas. Analizadas las lesiones y guiados por la literatura médica forense(2)(sic), podemos concluir que si bien algunas lesiones coinciden en los dos documentos, en términos generales no existe homogeneidad entre las evidencias halladas en los dos estudios, pues mientras en uno se describen seis heridas, en el otro se hace referencia a ocho, situación que excluye la posibilidad de que se trate del mismo cadáver y deja entonces sin fundamento la apreciación que al respecto hizo la primera instancia.

“Si lo anterior fuera poco, llama poderosamente la atención un hecho que hasta este momento ha sido pasado por alto, veámoslo: El 9 de febrero de 1993, la Policía Judicial adscrita a la Oficina de Investigaciones Especiales, lleva a cabo diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la Sub Sijín de Ocaña obteniendo copia de todas las actas de levantamiento llevadas a cabo con ocasión de los hechos investigados, no obstante, en el acta correspondiente a la número 13 y que hace referencia a la misma que se aportó a la investigación adelantada por la justicia penal militar y que de acuerdo a lo que se ha venido ventilando pertenece al segundo cadáver levantado en la quebrada San Pedro del municipio de Teorema, persona luego identificada plenamente y de acuerdo a su cartilla decadactilar y a la información obtenida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como Lisandro Dávila, y a diferencia del acta que fuera aportada a la investigación adelantada por la Justicia Penal Militar, en la obtenida por la Procuraduría se consignó que la víctima tenía una edad de quince años (fl. 190, c.c. 1), en tanto que en la copia al carbón de la supuesta acta original que reposa al folio 7 del primer cuaderno de la actuación se anota una edad de 25 años, diferencia que de suyo genera dudas sobre la veracidad de las referidas actas, sin que se entienda el por qué de tales diferencias si se trata de un mismo documento y del mismo cadáver.

“Obviamente que ese cadáver no corresponde al del menor Luis Ernesto Ascanio, pues conforme el acta de levantamiento el cadáver corresponde a Dávila, ya que éste tenía un disparo en el cráneo que necesariamente lo deformó, situación que no se aprecia en el cráneo extraído de la fosa común y que corresponde al de Luis Ernesto Ascanio.

“Ahora, en las diligencias del levantamiento del cadáver no se realizó una verdadera descripción morfológica del cadáver, se consignaron datos tan genéricos que pueden pertenecer a cualquier ser humano, se descuidó un análisis integral del cadáver y en especial la búsqueda de alguna señal especial que permitiera su identificación.

“No puede desconocerse que todos los cuatro cadáveres fueron sepultados en la misma fosa común, desconociéndose cuál de ellos correspondía a cada una de las actas de levantamiento llevadas a cabo el 27 de enero de 1993, confusión que hasta el día de hoy no ha encontrado solución alguna.

“Por ello, no puede la delegada concluir en la forma tan apriorística e infundada como lo hace la primera instancia, nótese que el cadáver inspeccionado por la Sijín y que supuestamente corresponde a Luis Ernesto Ascanio presentaba ocho heridas producidas por arma de fuego todas irrigadas en la parte dorsal, cuello, hombros y uno de sus brazos, no obstante en la gráfica que aparece al folio 102 del cuaderno original 2 y en el que se diagraman los hallazgos evidenciados en el esqueleto correspondiente al menor Luis Ernesto Ascanio solo aparece una fractura en la cuarta vértebra y una lesión en el hueso iliaco derecho es decir a nivel de la ingle, siendo extraño que no presentara alguna otra fractura o lesión en los huesos ubicados en el tórax, o en el esternón sitio donde conforme al acta de levantamiento y el documento de necropsia recibió impactos de bala.

“Sin pretender desplazar al perito médico o antropólogo, a partir de la simple constatación empírica y apoyados por la literatura médica resulta un imposible determinar tanto desde lo científico, como desde lo jurídico, si el cadáver al que la Fiscalía le asigna el nombre Luis Ernesto Ascanio Ascanio y que fuera recogido en la quebrada de San Pedro corresponde al cuerpo que fuera exhumado cuatro meses después y que gracias a las pericias científicas estableció que se identificaba como Luis Ernesto Ascanio Ascanio.

“Sin embargo, y conforme a la precaria prueba técnica que aparece al interior de la investigación, permite por lo menos de manera indiciaria creer que no se trata del mismo cuerpo. En primer lugar las huellas de violencia relacionadas en el cadáver en cuya acta de levantamiento se indica que fue levantado en la quebrada San Pedro del corregimiento de Teorama, no se relacionan en forma directa, como debería ser, con las lesiones que describió el médico del Hospital de Ocaña, de hecho, aparecen más heridas en el acta de levantamiento, que en la necropsia, situación que no tiene ninguna explicación lógica o científica si se tratara del mismo cuerpo, pues es poco creíble que el médico con sus conocimientos científicos hubiera pasado por alto más de una lesión, hecho que podría ser más justificable frente a los funcionarios de policía judicial cuyo entrenamiento médico es altamente precario.

“Tampoco es explicable desde la lógica o los postulados técnico científicos el hecho de que según el acta de levantamiento y el informe de necropsia, la mayoría de los disparos se produjeron entre el cuello y la parte superior del abdomen, región de abundante presencia ósea, mientras que en el esqueleto correspondiente a Luis Ernesto Ascanio justo en esa región solamente se encontró una fractura en una de sus costillas.

“Por tal razón no es cierto lo que concluye el fiscal de primera instancia, cuando arguye que existe correspondencia entre el acta de levantamiento y el informe de necropsia, con las evidencias halladas en el cadáver cuando se exhumó.

Cierto es que el cuerpo de Luis Ernesto Ascanio apareció en una fosa común, con otros tres cadáveres, esa es una verdad extraída de una verdad objetiva (análisis científico inobjetable) pero, concluir como lo hizo la primera instancia, que uno de los cuerpos hallados en la quebrada San Pedro y el exhumado corresponden a una misma persona, después de las diferencias que entre ellos existe ya analizadas y cuando ni siquiera los familiares de la víctima pudieron reconocerlo en las fotografías que la policía judicial tomó del cadáver, constituye un verdadero error de valoración del contenido de las pruebas que obran en la investigación, por lo tanto no puede ser tenido como fundamento para la decisión adoptada.

“Lo demostrado al menos indiciariamente, es que el niño Luis Ernesto Ascanio Ascanio desapareció cuando salió de una finca donde laboraba hacia su casa, lugar donde permanecía de manera arbitraria un contingente militar, coligiéndose que al parecer fueron miembros de esa institución quienes lo retuvieron de manera ilegal, para luego acabar con su vida, la voz de toda una comunidad así lo dice.

“La Fiscalía dejó analizar algunos aspectos que en nuestro parecer permiten establecer que fueron otros militares quienes dieron muerte al menor, veamos:

“Para el 26 de enero de 1993 la patrulla al mando del teniente Mejía Gutiérrez se encontraba en el sitio El Hachazo, en tanto que las patrullas que comandaban el teniente Chilito y el capitán Serna se encontraban en su orden en la quebrada la Antigua y la cueva el Llanón.

“De acuerdo a lo dicho por varios de los militares que componían la contraguerrilla al mando del teniente Chilito, se dice que por lo menos hasta las siete de la noche estuvieron en la vereda Mesa Rica, lugar donde residía la familia Ascanio y de donde se cree fue retenido el menor Luis Ernesto Ascanio.

“Es conocido dentro del proceso que en el sitio denominado la Vereda La Vega municipio de Ábrego, lugar donde el mismo 27 de enero de 1993, se produjo un combate donde murieron dos presunto subversivos, se encontraba la patrulla del teniente Chilito, quien a su vez recibía órdenes directas del capitán Serna.

“Aunque la fiscalía no se preocupó por dirigirse al sitio de los hechos para constatar las distancias que existían entre los diversos lugares donde ocurrieron los hechos, Nelly Ascanio en la declaración que rindiera el 1º de abril de 2000 (fl. 22, cdno. 6 de la actuación) asevera que la quebrada San Pedro, queda muy lejos de la finca donde ella residía lugar en el que supuestamente fue retenido Luis Ernesto Ascanio, dice la testigo que para llegar a ese sitio ‘toca a carro’.

“Sí, como aparece en las planillas mencionadas, el teniente Mejía se encontraba en el sector del Hachazo, también distante de la quebrada San Pedro al punto que para llegar allí hubo que disponer de varios helicópteros y que no se encontraba en la región de Mesa Rica. ¿Cómo pudo entonces retener a Luis Ernesto Ascanio quien para el 26 de enero de 1993 se encontraba en un sitio distante a ambos lugares?

“Pues bien, aquí vale recordar que quien sí pudo llegar caminando al otro sitio donde se produjo el combate donde murieron dos N.N.s., presuntos guerrilleros, fue Chilito y los hombres que tenía bajo su mando quienes se desplazaron desde la vereda Mesa Rica, hacia el lugar donde se produjo el enfrentamiento.

“De tal suerte, que si el ejército retuvo ilegalmente al menor Luis Ernesto Ascanio Ascanio, el grupo que así procedió no pudo ser otro que el comandado por Chilito, quien como ya se dijo se encontraba en el sitio de donde según la familia de la víctima ésta se desapareció.

“Súmese a ello y como ya se vio al interior de esta providencia que, Francisco Chilito venía desarrollando comportamientos como el aquí investigado en los otros dos procedimientos militares en los que participó y que justo en la casa donde vivían los Ascanio el militar y su tropa llevaron a cabo una serie de irregularidades, amenazando, torturando y golpeándolo a varios de sus moradores, permaneciendo allí durante más de dos semanas, reteniendo prácticamente a la fuerza a los residentes de la finca El Diviso.

“Ahora de otro lado, la versión dada por el teniente Mejía aparece corroborada, no solamente por los miembros de su tropa, sino también por el coronel José Rafael González Villamil (para la fecha de los hechos mayor del Ejército) y el coronel Gilberto Hernández Valero (para la fecha de los hechos teniente del Ejército), quienes al unísono refieren que para esa fecha la contraguerrilla al mando de Gilberto Hernández perseguía a un grupo de guerrilleros quienes al parecer tenían unas personas secuestradas, solicitando apoyo al mayor González para que enviara tropas aerotransportadas que les cercara el camino a los sediciosos. Y en efecto el mayor González, asevera que le ordenó al teniente Mejía que se encontraba en otro sitio que se desplazara en helicópteros hacia el sector donde se encontraba el teniente Hernández, hecho que finalmente aconteció en la mañana del 27 de enero de 1993, coordinado directamente por el Mayor en mención, quien también abordó los mismos helicópteros, dejando a la tropa en el sitio señalado.

“Difícil resulta creer que a una operación ilegal de asesinar a un joven que había sido retenido un día antes, no solamente se hubiera integrado otros oficiales de rango superior, sino especialmente a pilotos y aeronaves, para cometer el acto imputado, que fácilmente podía llevarse a cabo, sin un despliegue tan copioso en hombres, armas y aeronaves.

“Tampoco existe prueba al interior de la investigación que permita predicar que en algún momento de los días 26 o 27 de enero de 1993, Chilito y Mejía Gutiérrez hubieran tenido algún tipo de contacto como para predicar que Chilito le entregó a Mejía vivo o muerto a Luis Ernesto Ascanio para que simulara un combate y colocara allí el cuerpo del menor, por el contrarío, se sabe que se encontraban en sitios distantes, sin que la presunción a la que arriba la Fiscalía de primera instancia que tal vez el menor Luis E. Ascanio fue trasportado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo el combate en el que participó la tropa al mando de Mejía tenga en verdad soporte probatorio, todo se basa en una simple apreciación subjetiva del fiscal instructor.

Todo ello razonadamente puede llevar a la conclusión que no fue Mejía el autor de ese homicidio, sino tal vez la patrulla comandada por Chilito, situación que deberá corroborarse en la investigación que la Fiscalía de primera instancia iniciará conforme la compulsa de copias que ordenara en la providencia impugnada [en la resolución de acusación proferida en primera instancia por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el 24 de noviembre de 2005, contra Juan Carlos Mejía Gutiérrez, se ordena en la parte resolutiva: “QUINTO: Continúese a nivel de diligencias previas con la investigación respecto de los otros posibles partícipes de los hechos y de las demás conductas que no quedaron comprendidas en esta calificación”].

“Aunque bien es cierto, que la justicia penal militar cesó procedimiento a favor de Francisco Chilito Gualtero por los hechos acaecidos el 27 de enero de 1993 en la Vereda la Vega del municipio de Ábrego, tal decisión hizo referencia exclusiva y excluyente frente a esos dos cuerpos y no frente a Luis Ernesto Ascanio Ascanio, implicando una situación fáctica completamente diferente y que debe ser investigada.

Con relación al homicidio de Lisandro Dávila, también imputado al teniente Mejía Gutiérrez, es preciso indicar que nada se sabe de aquél sujeto, simplemente que murió en el sitio del combate y al parecer y por las circunstancias que rodearon su muerte todo indica que en verdad se trata de un guerrillero, debe notarse que no aparece en el plenario que alguien hubiera reclamado su cadáver, no aparece denuncia, ni testimonio que indique que hubiera sido desaparecido o ilegalmente retenido por el ejército.

“Aquí se puede verificar un hecho que demuestra cual fue el verdadero comportamiento del teniente Mejía Gutiérrez. En la primera declaración rendida por el oficial en mención, asevera que pudo identificar a este cadáver porque llevaba consigo algunas cartas y otros documentos a nombre de Lisandro, si fuera cierto que este sujeto también fue desaparecido por el ejército y que en verdad no murió en un acto de combate, no tenía porque Mejía Gutiérrez mencionar esa información pues ello rápidamente lo delataría, se nota que actuó de manera espontánea y desprovista de cualquier intención de mantener oculto un delito.

“En tales condiciones, no existiendo prueba que determine la responsabilidad de Juan Carlos Mejía Gutiérrez, lo jurídico es conforme el análisis probatorio y jurídico anteriormente realizado, revocar la acusación y la medida de aseguramiento proferida en su contra, ordenando su inmediata e incondicional libertad” y “precluir la investigación a favor de Juan Carlos Mejía Gutiérrez por el delito de homicidio agravado” (resaltado fuera de texto).

(iv) La causal invocada y sus fundamentos

Como viene de verse y dado que los actores sustentan su acción en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual, como ya se dijo en el desarrollo de este proveído, no tiene fuerza obligatoria, y por ello corresponde a la Sala verificar si se presentó o no la referida violación de derechos fundamentales, al cotejar los fundamentos de la preclusión de investigación cuestionada con los planteamientos de los demandantes en revisión, sin dificultad se logra constatar que estos no consiguen derruir los pilares sobre los cuales fue edificada tal providencia.

En efecto, tanto el fiscal delegado como el procurador judicial en sus libelos plantean básicamente dos argumentos centrales, de una parte, ofrecen como prueba nueva no conocida al tiempo de los debates el Informe rendido por el cuerpo técnico de investigaciones, Sección Genética, con el cual se establece que los restos exhumados en el Cementerio Central de Ocaña sí corresponden a Luis Ernesto Ascanio Ascanio, según se estableció al compararlos con el ADN de su progenitora y una hermana, circunstancia que elimina la duda planteada sobre el particular en la preclusión de investigación.

Y de otra, se apoyan en el “Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU condenando al Estado colombiano por violación del derecho a la vida, detenciones ilegales y torturas”, expedido durante el 76 periodo de sesiones en el año 2002.

En cuanto se refiere al citado Informe sobre cotejo genético, encuentra la Sala que si bien en la preclusión de investigación se expresó que no había claridad acerca de si el cuerpo cuyo levantamiento tuvo lugar en la quebrada San Pedro del corregimiento de Las Mercedes, es el mismo que posteriormente fue inhumado en el Cementerio de Ocaña y meses después fue exhumado por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, lo cierto es que en el curso del diligenciamiento no medió incertidumbre acerca del secuestro del menor Luis Ernesto Ascanio cuando salió del fundo donde laboraba hacia su casa, sitio en el cual permaneció de manera arbitraria por varios días un contingente militar, coligiéndose que al parecer fueron miembros de esa institución quienes lo retuvieron de manera ilegal, para luego acabar con su vida, asunto diverso es que no se haya tenido certeza acerca del lugar donde se levantó el cadáver.

Así pues, palmario resulta que la información suministrada por el medio de convicción aducido por los demandantes como nuevo y desconocido para el tiempo de los debates, no tiene la virtud de derruir las conclusiones de la providencia cuya revisión deprecan.

Ahora, en cuanto se refiere al dictamen rendido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual se concluye que el Estado colombiano “no respetó ni garantizó el derecho a la vida” de Luis Ernesto Ascanio Ascanio y otros, fue objeto de tratos crueles, humanos(sic) o degradantes, y se produjo “una injerencia ilegal en el domicilio de las víctimas”, oportunidad en la cual instó “al Estado Parte a finalizar sin demora las investigaciones sobre la violación de los artículos 6º y 7º y a acelerar las actuaciones penales contra las personas responsables de los mismos ante los tribunales penales ordinarios”, advierte la Sala que si bien allí se declaró la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, lo cierto es que, en primer lugar y lo más importante, no se mencionó de ninguna manera al teniente coronel Juan Carlos Mejía Gutiérrez, como para colegir que fue responsable del homicidio de Luis Ernesto Ascanio. Por el contrario, se alude al capitán Mauricio Serna Arbeláez (fallecido en ago./94) y al teniente Francisco Chilito Gualteros.

En segundo término, es imperativo reseñar que el dictamen del Comité de Derechos Humanos no se ocupa de la muerte de Lisandro Dávila, motivo por el cual no resulta pertinente asumir el contenido de dicho documento como novedoso medio de prueba orientado a derruir las conclusiones de la preclusión de investigación cuya revisión deprecan los demandantes, es decir, con lo allí expuesto no logra articularse en forma alguna la intervención del TC Mejía Gutiérrez en el homicidio de dicho ciudadano.

En tercer lugar encuentra la colegiatura que si bien se dijo que el secuestro y ulterior homicidio del menor Luis Ascanio lo cometió un contingente militar, tal referencia no basta para tener como responsable de dicho desafuero al TC Mejía, máxime si la responsabilidad penal es de carácter individual y no hay en el diligenciamiento medio de prueba alguno que lo señale como determinador, autor material o cómplice de dicho quebranto del derecho a la vida del mencionado niño.

En el mismo sentido debe resaltarse que, por el contrario, la presencia de otras patrullas militares en la zona, dieron lugar a serias dudas sobre la responsabilidad penal del oficial a favor del cual se precluyó la investigación. En efecto, el 26 de enero de 1993 la patrulla bajo órdenes de Mejía Gutiérrez se encontraba en el lugar denominado El Hachazo, mientras que el teniente Francisco Chilito comandaba otro grupo en la quebrada la Antigua, y el capitán Mauricio Serna lideraba una tercera patrulla en la Cueva el Llanón.

El teniente Chilito y su personal permanecieron hasta aproximadamente las siete de la noche en la vereda Mesa Rica, donde residía la familia de Luis Ernesto Ascanio Ascanio, a cuya residencia ingresaron miembros de esa patrulla y permanecieron ilegalmente durante varios días, cometiendo una serie de irregularidades en contra de sus moradores, amén de que en su cercanía fue retenido el citado menor.

Es también necesario precisar que el teniente Francisco Chilito recibía órdenes del capitán Mauricio Serna y que encontrándose aquél el 27 de enero de 2003 en la vereda La Vega del municipio de Ábrego, al parecer se produjo un combate en el cual murieron dos presuntos guerrilleros.

A esta altura del análisis cobran especial importancia las aseveraciones conclusivas contenidas en la preclusión de investigación objeto de cuestionamiento en esta sede especial, al puntualizar la Fiscalía:

“Si el ejército retuvo ilegalmente al menor Luis Ernesto Ascanio Ascanio, el grupo que así procedió no pudo ser otro que el comandado por Chilito, quien como ya se dijo se encontraba en el sitio de donde según la familia de la víctima ésta se desapareció”, con mayor razón si “Francisco Chilito venía desarrollando comportamientos como el aquí investigado en los otros dos procedimientos militares en los que participó y que justo en la casa donde vivían los Ascanio el militar y su tropa llevaron a cabo una serie de irregularidades, amenazando, torturando y golpeándolo a varios de sus moradores, permaneciendo allí durante más de dos semanas, reteniendo prácticamente a la fuerza a los residentes de la finca El Diviso”.

“Todo ello razonadamente puede llevar a la conclusión que no fue Mejía el autor de ese homicidio, sino tal vez la patrulla comandada por Chilito, situación que deberá corroborarse en la investigación que la Fiscalía de primera instancia iniciará conforme la compulsa de copias que ordenara en la providencia impugnada” (resaltado fuera de texto).

Sobre el particular debe tenerse en cuenta, que en la resolución de acusación proferida en primera instancia el 24 de noviembre de 2005 por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contra Juan Carlos Mejía Gutiérrez, se ordenó en la parte resolutiva:

“QUINTO: Continúese a nivel de diligencias previas con la investigación respecto de los otros posibles partícipes de los hechos y de las demás conductas que no quedaron comprendidas en esta calificación”.

De las anteriores consideraciones puede colegirse que si bien el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó en su dictamen al Estado colombiano para que estableciera los responsables de las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas, entre otros, Luis Ernesto Ascanio Ascanio, sin que en parte alguna aparezca siquiera mencionado Lisandro Dávila, es claro que ello no comportaba —no podía hacerlo— la sanción de personas sobre las cuales no se hubiera tenido certeza acerca de su autoría o participación en dichos hechos.

Así pues, no puede concluirse como lo pretenden los demandantes que el sentido del aludido dictamen de una instancia internacional fuera el de penalizar al TC Mejía Gutiérrez, cuando lo cierto es que: a) Tanto la investigación como la decisión censurada no fueron adelantadas por la jurisdicción penal militar, sino por la jurisdicción ordinaria en respeto al juez natural, dado el carácter de los hechos, esto es, por comportar violaciones de derechos humanos, según jurisprudencia(8) ahora pacífica sobre el tema, pues se rompe el vínculo con el servicio cuando el agente desde el inicio actúa con propósitos criminales o se trata de un delito de lesa humanidad; b) Juan Carlos Mejía no aparece referido de manera alguna en dicho documento; c) Se plasmaron en la preclusión de investigación serias dudas de entidad sobre su eventual autoría o participación en tales violaciones de derechos humanos, al punto que como hipótesis de trabajo se dijo que posiblemente fue el teniente Francisco Chilito quien las cometió; d) La prueba sobre cotejo genético entre los restos exhumados del cementerio de Ocaña y familiares de Luis Ernesto Ascanio arrojaron resultado positivo, pero no tienen la virtud de señalar al autor o partícipe de su secuestro y homicidio; e) No aparece en el dictamen alusión alguna a Lisandro Dávila; f) La Fiscalía dispuso en la resolución de acusación de primer grado continuar investigando a otras personas posiblemente responsables y otros delitos; y g) En la preclusión de investigación se ordenó corroborar si el responsable fue Francisco Chilito y su patrulla, quien fue beneficiado con cesación de procedimiento en cuanto atañe a los hechos acaecidos en el municipio de Ábrego, no respecto del homicidio de Luis Ernesto Ascanio Ascanio.

Es pertinente destacar que el dictamen del Comité de Derechos Humanos fue previo a la providencia contra la cual se dirige esta acción, sin que se tenga conocimiento de que las víctimas se hayan opuesto de manera alguna a la preclusión de investigación dictada por la Fiscalía Cuarenta Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá a favor del teniente coronel del Ejército Nacional Juan Carlos Mejía Gutiérrez por el concurso de delitos de homicidio agravado en Luis Ernesto Ascanio Ascanio y Lisandro Dávila.

Desde luego, será del resorte de la Fiscalía General de la Nación establecer si se dio cumplimiento a la compulsa de copias dispuesta en la resolución de acusación (nov. 24/2005), reiterada en la preclusión de investigación proferida en segundo grado (ene. 31/2006), como que con tales órdenes se procuró evitar la impunidad de las conductas violatorias de derechos humanos, según lo señalado en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 2002.

Las razones expuestas resultan suficientes para considerar que los demandantes no consiguieron demostrar que los elementos aportados son suficientes para derruir la preclusión de investigación reprochada, es decir, no acreditaron que la causal de revisión invocada tuviera fundamento, motivo por el cual se impone así declararlo.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADA la causal de revisión invocada por la Fiscalía Diecisiete de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y el Procurador Trescientos Cincuenta y Siete Judicial II en lo Penal, respecto del concurso de delitos de homicidio agravado en Luis Ernesto Ascanio Ascanio y Lisandro Dávila por el cual se dictó preclusión de la investigación a favor del Teniente Coronel del Ejército Nacional Juan Carlos Mejía Gutiérrez.

2. REMITIR copia de este proveído a la Fiscalía General de la Nación, para los fines señalados en la parte final de las consideraciones expuestas.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Auto del 28 de mayo de 2008, radicación 26180.

(2) La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible mediante Sentencia C-979 de 2005.

(3) Cfr. Sentencias del 1º de noviembre de 2007, radicación 26077 y del 22 de septiembre de 2010, radicación 30380, entre otras.

(4) Auto del 23 de abril de 2009, radicación 30380.

(5) Cfr. Sentencias del 6 de marzo de 2008 (rad. 26703), 1º de noviembre de 2007 (rad. 26077 y oct. 14/2009 (rad. 30849).

(6) Cfr. Rodrigo Uprimny. Derechos humanos, democracia y desarrollo en América Latina, Bogotá. 1993.

(7) Sentencia del 15 de septiembre de 2005, caso de la “Masacre de Mapiripán”.

(8) Cfr. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de febrero de 2005, radicación 20222, entre otras, y Sentencia C-358 de 1997.