Sentencia 33932 de octubre 20 de 2009

 

Sentencia 33932 de octubre 20 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Rad.: 33932

Acta 30

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la réplica sobre las glosas que hace a los cargos propuestos, porque en realidad sí controvierten los que fueron los principales razonamientos del tribunal. Y si bien es cierto que ese fallador se apoyó en una sentencia de esta Sala de la Corte, esa circunstancia, en este caso específico, no implicaba que inexorablemente el impugnante tuviera que dirigir su acusación bajo la modalidad de la interpretación errónea, en la medida en que esa providencia se utilizó como respaldo de la decisión pero no como fundamento exclusivo de ella y, aparte de lo anterior, en la forma como fueron presentadas las acusaciones adecuadamente se cuestiona que el tribunal aplicara unas normas del sector privado, dejando de lado las del sector público, que el censor considera son las pertinentes para solucionar correctamente el asunto debatido.

Superados esos reparos, observa la Corte que al haberse encauzado los ataques por la vía directa, permanecen incólumes los supuestos fácticos de la sentencia recurrida, lo que permite solamente la disquisición jurídica del punto en discusión.

Por tanto, no generan controversia los siguientes supuestos que halló probados el tribunal:

1. Que el demandante prestó sus servicios como servidor público del 16 de febrero de 1967 al 16 de octubre de 1972, en el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital - Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C.

2. Que igualmente prestó sus servicios al sector oficial del 30 de junio de 1973 al 19 de enero de 1987, en el Instituto de Mercadeo Agropecuario Idema.

3. Que estuvo vinculado del 6 de diciembre de 1988 al 28 de diciembre de 1998, en la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

4. Que la Empresa de Energía de Bogotá se transformó en una empresa de servicios públicos, regulada por la Ley 142 de 1994, mediante escritura pública 610 de 3 de junio de 1996.

5. Que el demandante “cumplió veinte (20) años de servicio al sector público y cincuenta años de edad aún antes de su reintegro a la demandada el 3 de noviembre de 1998” (negrillas de la Sala, fl. 8, cdno. del tribunal).

6. Que el actor cumplió 50 años de edad el 25 de junio de 1993.

7. Que en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado, de 30 de julio de 1998, la demandada reintegró al actor y suscribió un contrato de trabajo con aquél el 3 de noviembre de 1998, en cuya cláusula primera precisó: “... el presente contrato no interrumpe el vínculo laboral existente con el trabajador desde el 6 de diciembre de 1988, ni menoscaba los derechos adquiridos con anterioridad ...” (fl. 7, cdno. del tribunal).

En esas condiciones, se exhibe evidente que, para el 5 de junio de 1996, cuando la Empresa de Energía de Bogotá, en desarrollo del mandato contenido en la Ley 142 de 1994, se transformó en empresa de servicios públicos, como sociedad por acciones, el demandante llevaba más de veinte (20) años de servicios al Estado.

El tribunal, sobre esas bases fácticas, y con apoyo en una sentencia de esta Sala de la Corte, que como se explicará más adelante no se corresponde con el actual criterio que orienta sus decisiones en casos como el presente, proclamó que “…a la fecha de la extinción del vínculo laboral del demandante no era servidor público de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, sino un trabajador del sector privado, lo cual da al traste con su pretensión pensional”.

Para la Corte no es acertado este entendimiento jurídico del tribunal, en tanto que la privatización del empleador no se traduce en la extinción de obligaciones causadas, ni de las laborales, ni de las de cualquiera otra naturaleza y por ello ha explicado, de manera reiterada, al analizar situaciones análogas a la que ahora ocupa su atención, que quienes como trabajadores oficiales cumplieron veinte años de servicio en una entidad estatal no pueden ver afectado su derecho a obtener la pensión de jubilación establecida en las leyes aplicables a ese grupo de trabajadores por el hecho de la privatización o el cambio de naturaleza jurídica de su empleadora, criterio que también se puede predicar respecto de quienes siendo empleados públicos fueron afiliados al seguro social.

Así, en la sentencia del 20 de mayo de 2008, radicación 32928, entre muchísimas otras, se explicó lo que a continuación se transcribe:

“Pues bien, en relación con el primer argumento basta decir que, como lo enseña la jurisprudencia de la Corte, el cambio de naturaleza jurídica de la entidad demandada no la releva de su responsabilidad pensional, pues tal medida no tiene la virtud de dejar sin efecto los derechos derivados de la prestación de servicios bajo el anterior estatus por más de 20 años.

“En efecto, la Corte ha asentado que ni la privatización de que fue objeto en noviembre de 1996, ni las normas que incluye en el cargo como fuente de su exoneración al pago de la pensión de jubilación contemplada en la Ley 33 de 1985, tienen el alcance por él pretendido en el sentido de que desconozcan los efectos pensionales que permite a quienes, siendo sus trabajadores, cumplen 20 años de servicio pero que, posteriormente a su retiro en condición de trabajadores oficiales, arriban a la edad prevista en dichas normas, aún habiendo mutado su naturaleza jurídica a la de entidad de derecho privado.

“Lo anterior, por ser lo cierto que el derecho a la pensión vitalicia de jubilación, en estas situaciones, no es dable desconocerlo exigiendo requisitos ajenos a los establecidos en las normas vigentes al momento de la consolidación del tiempo servido como trabajador oficial; y menos, negar su existencia, como aquí lo pretende el demandado, aduciendo una naturaleza jurídica ajena a la vigencia del vínculo laboral y a la calidad del trabajador o, pretextando la generación de un nuevo derecho pensional.

“Al respecto, cabe recordar  que la Corte en múltiples sentencias, como la citada por el tribunal, y entre otras, las de 6 de julio de 2000 (Rad. 13.336) y 18 de julio de 2001 (Rad. 15.460), que remiten en sus comentarios a las de 10 de noviembre 1998 (Rad. 10.876) y 15 de agosto de 2000 (Rad. 14.306), afirmó que el trabajador que ha cumplido o cumplió los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de jubilación no pierde su prerrogativa por el hecho de la posterior privatización de la entidad empleadora.

“A lo expresado en los citados fallos se suma la consideración de que carece de incidencia alguna, en casos como el presente, el hecho de la privatización posterior de la entidad estatal a la consolidación del derecho pensional, pues, concluirse cosa distinta, no solo desconoce la verdadera noción del derecho, como lo propone el recurrente, sino que permitiría afligir al trabajador por el mero hecho de cambiar su ex empleador la calidad de persona jurídica.

“En suma, el régimen aplicable al sub lite y al cual no podían sustraerse los juzgadores de instancia era el vigente al momento en que el demandante cumplió el requisitos de tiempo de servicio para acceder a la pensión de jubilación, con independencia de que hubiera o no seguido laborando para el demandado, de que aquél hubiera cambiado con posterioridad al servicio su naturaleza jurídica e, inclusive, que el actor arribara a la edad de 60 años para tener derecho a la pensión por vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales”

El anterior criterio jurídico, que ahora se ratifica, adquiere mayor relevancia en los casos en que, como aquí acontece, el trabajador cumplió con la plenitud de los requisitos legales para acceder al derecho pensional antes de la privatización de la entidad pública, por constituir ello la consolidación de un requisito que no puede ser desconocido por una situación sobreviniente que, además, es ajena a la voluntad del asalariado. Con más veras si en este caso las partes, al celebrar el contrato de trabajo como resultado de una decisión judicial que ordenó el reintegro del actor, acordaron que no se menoscabarían los derechos adquiridos con anterioridad.

Ahora bien, como se anotó en precedencia, el tribunal apoyó su decisión en la sentencia proferida por esta Sala el 22 de noviembre de 2005, bajo el radicado 24340. Mas, cumple precisar que la situación fáctica que allí analizó la Corte difiere de la decidida en el presente asunto, pues en ese caso no se había consolidado el derecho antes de la privatización de la entidad oficial.

Con todo, con el fin de despejar cualquier equívoco sobre su verdadero criterio en relación con el tema, se precisa por la Corte que el que actualmente acoge y guía sus decisiones es el expresado en el presente fallo y en la sentencia aquí memorada, pues la determinación del régimen de jubilación aplicable a un trabajador no es exclusivamente el que rija en el momento en que se extinga el vínculo jurídico del trabajador, en la medida en que es necesario establecer si en esa fecha se han consolidado derechos que deban ser respetados o si existen expectativas que, por razón de la aplicación del régimen de transición pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, den lugar a la aplicación del régimen anterior a la vigencia de esa ley, en materia de pensiones.

Y lo anterior es así porque, como también lo ha explicado la Sala, ni la Ley 33 de 1985 ni la Ley 100 de 1993 anularon las expectativas de los trabajadores que estaban próximos a jubilarse para la fecha en que esos dos estatutos entraron a regir, porque en el sistema legislativo nacional ha sido usual que la ley nueva derogue y deje sin vigencia la ley antigua; pero en materia de pensiones, por consideraciones sociales y políticas, se introdujo en la legislación nacional la figura de la transición, que no es otra cosa que el mantenimiento de la vigencia de la ley antigua, total o parcialmente, y su coexistencia en el tiempo con la ley nueva. Las citadas leyes 33 y 100 son un ejemplo de ello, porque mantuvieron vigente, en algunos aspectos, la legislación precedente para los trabajadores antiguos en orden a permitirles el acceso a la pensión de jubilación con los presupuestos de la ley anterior.

De modo que el tribunal se equivocó, puesto que el demandante cumplió con el requisito legal exigido para adquirir el derecho a la pensión de jubilación, antes de darse la transformación de la Empresa de Energía de Bogotá, por lo cual ese juzgador debió aplicar al caso examinado el régimen del sector oficial y no el privado.

En conclusión, cometió el ad quem los desaciertos jurídicos que le imputan los dos cargos dirigidos por la vía directa, lo que amerita la casación de la sentencia impugnada. Por todo lo dicho los cargos están llamados a prosperar y habrá de casarse la sentencia impugnada en la forma solicitada en el alcance de la impugnación.

En sede de instancia, para mejor proveer, se pedirá del Instituto de Seguros Sociales el envío de la historia laboral de Luis Ángel Peñuela Arias y que certifique si le reconoció pensión de vejez y, de ser así, a partir de cuándo y la cuantía de la prestación; y de la parte demandada, por su parte, la remisión de informe sobre los salarios devengados por el demandante desde el 1º de abril de 1994 hasta la fecha en que se terminó su contrato de trabajo.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, de fecha 21 de noviembre de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Luis Ángel Peñuela Arias contra la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP.

En sede de instancia, y para mejor proveer, se dispone que por secretaría:

Se solicite del Instituto de Seguros Sociales el envío de la historia laboral de Luis Ángel Peñuela Arias, identificado con la cédula de ciudadanía 17’083.620 de Bogotá y que certifique si le reconoció pensión de vejez y, de ser así, a partir de cuándo y la cuantía de la prestación; y de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, la remisión de informe sobre los salarios devengados por el demandante desde el 1º de abril de 1994 hasta la fecha de terminación de su contrato de trabajo.

Sin costas en casación, por no haberse causado.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

SALVAMENTO DE VOTO

No comparto la decisión y planteamientos de la sentencia de la referencia para variar la reiterada jurisprudencia sobre distribución de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa cuando se reclaman derechos pensionales bajo las reglas del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que remite a la aplicación de normas del régimen público pensional.

De acuerdo con este criterio jurisprudencial, si la edad, el tiempo de servicio o número de cotizaciones se han de dilucidar a la luz de las normas que regulan los derechos de los empleados públicos, la controversia debe ser dirimida por la jurisdicción contencioso administrativa, la que por lo demás, posee una extensa jurisprudencia sobre lo que corresponde a cada uno de ellos según la diversidad de regímenes que gobiernan la situación según se trate de funcionarios judiciales, del magisterio etc.

No existe ninguna razón normativa que justifique hoy el cambio de este criterio jurisprudencial.

Soy entonces del criterio según el cual la Sala no debe conocer de los procesos que tengan por objeto las reclamaciones pensionales, en donde cuente además de la condición de afiliado a la seguridad social, la de empleado público, por la cual se reclama el tratamiento favorable previsto para ellos.

Pero, en lugar de declararnos inhibidos y no casar la sentencia del tribunal que se ataca en casación, soy del criterio de que estos procesos deben ser remitidos a la jurisdicción contencioso administrativa.

Con todo respeto,

Fecha ut supra,

Eduardo López Villegas