Sentencia 3395 de noviembre 5 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD POR NO DESACTIVAR TARJETAS DÉBITO RETENIDAS

EL BANCO RESPONDE POR LAS PÉRDIDAS CUANDO NO ACATA LA SOLICITUD DEL TARJETAHABIENTE

Magistrado Ponente:

Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno

Ref: Expediente Nº 3395

Bogotá, D.C., cinco de noviembre de dos mil tres.

Se decide por la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de noviembre de 1999 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro del proceso ordinario promovido por Horacio Sotomonte Calderón contra el Banco Central Hipotecario.

I. El litigio

1. Pretende el demandante que, previa declaración de la responsabilidad civil de carácter contractual, se condene al banco demandado a pagarle las siguientes sumas de dinero: $ 29''348.965,09 que le fueron debitados de su cuenta de ahorros sin fundamento legal, los intereses a la tasa del 5.25% mensual, la indexación correspondiente entre la fecha en que se produjo tal retiro y la de pago, más $ 22''000.000 por todos los perjuicios causados.

2. La causa para pedir puede resumirse así:

a) En el mes de julio de 1996, Horacio Sotomonte Calderón era titular de la cuenta de ahorros Nº 300-075-00011084-6 del Banco Central Hipotecario, sucursal de El Socorro, Santander, para cuyo manejo le fue entregada por la entidad una tarjeta débito, la que utilizó “dentro de los cupos y demás reglamentos establecidos por la institución bancaria”; dicha cuenta la empleaba su titular en relación con sus actividades de constructor.

b) El 6 de julio de 1996, a las 6:30 de la tarde, aproximadamente, el demandante quiso retirar dinero en el cajero automático del Banco Ganadero de El Socorro valiéndose de la tarjeta débito, pero esta quedó trabada “sin que pudiera efectuar transacción alguna y sin que fuese devuelta por el sistema”; ese mismo día acudió “ante funcionarios del Banco Ganadero de la precitada ciudad, quienes expresaron la imposibilidad de hacer algo por tratarse de día sábado y corresponderle tal función a Vicente Ramírez quien no estaba disponible, señalando que cualquier diligencia debía efectuarla hasta (sic) el día lunes”.

c) El día lunes 8 de julio de 1996 le informaron en el Banco Ganadero que la tarjeta no se encontraba en el cajero, por lo que enseguida acudió al Banco Central Hipotecario para contar lo ocurrido; allí fue atendido por Hilda Lorenza Suárez Gamboa, quien, luego de confrontar los datos de la cuenta de ahorros, “encontró un faltante derivado de transacciones hechas con la tarjeta débito”. De inmediato el demandante solicitó verbalmente y por escrito que se bloqueara la tarjeta “para evitar se continuara utilizando de manera indebida e ilícita”; en tal virtud, durante más de cuarenta y cinco minutos funcionarios del banco en su presencia trataron de efectuar dicho bloqueo “pero afirmaban que la central no les respondía, que no encontraban lo que denominaban ''el ejecutivo''”, tiempo durante el cual se seguían haciendo transacciones con la tarjeta en la ciudad de Bogotá.

d) Efectuado por fin el bloqueo se le notificó al demandante por intermedio de un empleado del banco “que lo indebidamente debitado ascendía aproximadamente a $ 3''700.000,00, habiendo quedado un saldo en cuenta por una cuantía de $ 25''986.081,09”; según la demanda, la entidad bancaria ni ese día 8 de julio de 1996 ni con posterioridad “insinuó ni ordenó ninguna otra medida adicional de protección diferente a la del bloqueo de la cuenta”.

e) El día 12 de julio de 1996, el demandante se presentó al banco para averiguar sobre el trámite que debía hacer para obtener un crédito con el fin de dar cumplimiento a un contrato celebrado con Luis Ernesto Martínez relacionado con la adquisición de un inmueble; en ese momento fue atendido por la funcionaria Hilda Suárez quien le informó que su saldo únicamente ascendía a $ 300.000 por razón de los “retiros hechos a través de cajero electrónico, esto es con tarjeta débito, situación que indicaba una nueva e inexplicable e ilícita apropiación por la cantidad de $ 25''686.081,01”.

f) El total del dinero deducido de la cuenta de ahorros de Horacio Sotomonte Calderón fue de $ 29''338.965,09, así: $ 3''662.884, desde el momento en que el cajero automático retuvo la tarjeta débito y hasta cuando los funcionarios del Banco Central Hipotecario buscaron bloquear la tarjeta en forma infructuosa por impericia de sus funcionarios; y $ 26''686.081,09, “luego de bloqueada la cuenta en que se produjo su reactivación sin que el demandante la autorizara o interviniera en forma alguna para lograrlo”.

g) La ocurrencia de la debitación descrita lo dejó sin capital de trabajo y en imposibilidad de cumplir sus compromisos comerciales “generándole pérdidas tanto desde el punto de vista del lucro cesante como del daño emergente”, situación que se produjo por la impericia de los funcionarios del banco, entidad que ha actuado de manera elusiva y solo dio respuesta a sus solicitudes ante el requerimiento que en tal sentido le hizo la Superintendencia Bancaria.

3. Notificado el demandado del auto admisorio de la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de fondo que denominó, en su orden de “incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”, “culpa del demandante”, “inexistencia de nexo causal” y “la genérica o innominada que resulte de los hechos probados”.

4. La primera instancia concluyó con sentencia en la que se declararon no probadas las excepciones propuestas; infundadas las objeciones propuestas contra el primer dictamen pericial; se dedujo la responsabilidad del Banco Central Hipotecario por la incorrecta debitación de la suma de $ 25.666,09, equivalentes a 2.888,97 Upacs al día 8 de julio de 1996; condenó a aquel a pagar por concepto de daño emergente dicha suma de unidades de poder adquisitivo “en su equivalencia en pesos de acuerdo al valor de la Upac el día en que se realice el pago”; por concepto de lucro cesante $ 5''137.216; por intereses legales el seis por ciento (6%) anual “sobre la suma de $ 25''886.081 desde el 8 de julio de 1996 hasta el día en que el pago se realice”; y se absolvió al demandado de los demás cargos. Apelado dicho fallo por ambas partes, el tribunal lo confirmó íntegramente.

II. Fundamentos del fallo impugnado

Ellos admiten la siguiente síntesis:

a) Como no hay duda sobre la celebración del contrato de cuenta de ahorro celebrado entre las partes, en tanto que el demandante y el demandado se apoyan en él para deducir en su favor sus pretensiones y excepciones, respectivamente, el examen del sentenciador debe centrarse en la prueba recaudada con el fin de establecer la existencia de la responsabilidad civil deprecada.

b) Con las declaraciones rendidas por María Smith Vergara Forero, Hilda Lorenza Suárez Gamboa, Carlos Ariza Acevedo, empleados del demandado; Rosa Velandia Rojas, empleada del Banco Ganadero; Javier Giovanny Contreras Silva, Jesús María Meneses Vesga, Luis Eduardo Quintero Rincón, Genoveva Ruiz R. y Diana Carolina Ramírez Neira, se da por acreditado que “el día sábado 6 de julio de 1996 aproximadamente a las 6:30 p.m., el demandante Horacio Sotomonte Calderón acudió al cajero electrónico del Banco Ganadero de El Socorro a fin de retirar de su cuenta de ahorros del Banco Central Hipotecario una suma de dinero que requería para cubrir sus necesidades, no siéndole devuelta su tarjeta, razón por la cual concurrió a la residencia de José Vicente Ramírez encargado del cajero del Banco Ganadero, quien en esos momentos se hallaba ausente, procediendo el lunes 8 de julio del año en cita hacia las horas de la tarde a solicitar del Banco Central Hipotecario el bloqueo de su tarjeta, operación esta que luego de algunos inconvenientes realizaron los empleados de esa entidad financiera, pero en forma no eficaz, pues por su falta de conocimientos solo operó para esa fecha, y por ende los amigos de lo ajeno continuaron efectuando retiros hasta dejar el 12 del mes y año ibídem solo un saldo de $ 300.000; habiendo logrado sacar antes de que el banco efectuara el bloqueo la suma de $ 3''700.000 y posteriormente a este $ 25''686.081,09”.

c) El banco demandado, a pesar de haber recibido oportunamente el requerimiento del demandante sobre el hecho de la retención por el cajero de su tarjeta débito y de tener como obligación contractual la custodia del dinero depositado en la cuenta de ahorros, no la cumplió correctamente, puesto que por falta de preparación y por ignorancia de sus empleados no se efectuó el bloqueo inmediato de la tarjeta; tal negligencia permitió que terceros la utilizaran indebidamente para sustraer de la cuenta una alta suma de dinero; por consiguiente, el banco debe responder por los perjuicios causados al tarjetahabiente por ser de su cargo el manejo del sistema de bloqueo, el que fue hecho solo de manera temporal pero con el convencimiento, equivocado por lo demás, “de que lo habían efectuado de manera indefinida”; el pago de la suma sustraída se reconoce, a título de daño emergente, debidamente actualizada, como se dispuso en la primera instancia; igualmente la suma de $ 5''137.216 por concepto de lucro cesante, acorde con el dictamen de peritos que no fue objetado, por equivaler la misma al “monto deducido como ganancia dejada de recibir por el demandante al no poder invertir la suma que le fue retirada de su cuenta, luego de solicitarse su bloqueo”.

d) En fin, fue acertada la tasa de interés reconocida en el fallo apelado en relación con intereses legales del 6% anual sobre la suma de $ 25''886.081 desde el 8 de julio de 1996 hasta el día en que el pago se realice, porque de imponerse réditos de manera diferente “se estaría imponiendo una condena adicional que vendría a hacer soportar un doble pago” a cargo del deudor.

III. La demanda de casación

Cargo único

1. Con fundamento en la causal primera de casación, se acusa la sentencia de violar indirectamente, como consecuencia de error manifiesto de hecho en la apreciación del reglamento de cuenta de ahorro de valor constante y de uso de la tarjeta débito UPAC-BCH celebrado el 3 de junio de 1996 entre demandante y demandado, los artículos 63, 1602, 1604, 1606, 1609, 1612, 2200, 2203 y 2204 del Código Civil.

2. La sustentación del cargo admite el siguiente resumen:

a) En el reglamento de cuenta de ahorro de valor constante, cuyas cláusulas se reproducen de la 1ª a la 12ª, aparecen claramente determinadas las obligaciones adquiridas por Horacio Sotomonte Calderón con el Banco Central Hipotecario, de las cuales cabe resaltar: la primera, de custodia y conservación de la tarjeta débito entregada, según las voces de los artículos 2203 y 2204 del Código Civil, dado que en el depósito tenía todo su capital de trabajo; la segunda, la de reserva absoluta del número de identificación personal asignado, “razón por la cual en el contrato se estipuló que quedara a cargo del demandante la totalidad de la responsabilidad por retiro indebido de fondos que se haga mediante el empleo de la tarjeta”; la tercera, el compromiso adquirido por el tarjetahabiente de que, en caso de pérdida o extravío de la tarjeta, habría de dar aviso escrito al banco dentro de las veinticuatro horas siguientes, adjuntándole “copia de la declaración o constancia presentada ante las autoridades competentes o de la denuncia penal que fuere del caso”.

b) El tribunal en la sentencia, al apreciar el referido contrato de cuenta de ahorro, incurrió en los siguientes errores:

1. No haber tenido en cuenta que el aviso de la pérdida de la tarjeta tenía que haberse hecho por escrito, lo que el demandante dejó de hacer, ya que solamente lo hizo “después de haber sido retirados de su cuenta de ahorros los $ 29''348.965,09”, de donde se desprende que de haberse estimado por el tribunal “el contrato en este punto específico, deberían haberse declarado las excepciones propuestas” y, más concretamente, la denominada “incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato”.

2. No haber tenido en cuenta que el demandante, no obstante que la pérdida de la tarjeta se produjo, según lo afirma, el 6 de julio de 1996 a las seis y medida de la tarde, apenas presentó la respectiva denuncia penal seis días después, esto es, el día 12, incumpliendo de esta manera la obligación contractual de hacerlo dentro de las veinticuatro horas siguientes y de informar al banco anexando copia de dicha denuncia, comportamiento que si hubiera sido tenido en cuenta por el sentenciador habría necesariamente concluido que aquel era quien tenía que responder “por todos los retiros que se hicieran en su cuenta de ahorros con la tarjeta débito utilizando su número de identificación personal, hasta cuando cumpliera sus obligaciones de informar por escrito la pérdida de la tarjeta”, puesto que, “su número de identificación personal ya no era reservado, ni confidencial”; deberes que no pueden sustituirse, como se aceptó, “con un simple aviso verbal a una empleada del banco”.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Como es sabido, la sentencia impugnada en casación llega a la Corte amparada con la presunción de acierto, premisa a partir de la cual adquiere especial fuerza la apreciación de las pruebas efectuada por el sentenciador, sólo desvirtuable mediante la denuncia y demostración de errores manifiestos de hecho, ora de derecho, que trasciendan a la resolución judicial impugnada.

En orden a hacer esa denuncia debe el recurrente combatir todos y cada uno de los fundamentos en que se respalda el fallo acusado, so pena de que la acusación devenga inidónea por ser incompleta; cuando no procede de esa manera, aunque él logre demostrar los errores de apreciación probatoria que específicamente le enrostra al sentenciador, tal fallo acusado permanecerá inconmovible, siempre y cuando pueda mantenerse en pie bajo el alero de las consideraciones restantes que le sirven de puntal y que se soslayan por el impugnante.

2. En la especie del presente recurso de casación, se observa que la sentencia del tribunal, después de dar por sentada la existencia del contrato de cuenta de ahorros de valor constante celebrado entre las partes de este proceso, dedujo la consiguiente responsabilidad del banco demandado, pues halló demostrado que a la sustracción del dinero depositado en ella por el demandante, cuyo pago es objeto de reclamo judicial, dio pábulo la conducta negligente y omisiva de los empleados de aquel, quienes a pesar de haber recibido la petición del afectado de proceder a bloquear inmediatamente la tarjeta débito retenida por el cajero automático el 6 de junio de 1996, no efectuaron tal labor competentemente y permitieron, por ende, que tal exigencia solamente hubiera operado de modo temporal, facilitándose así que terceras personas sustrajeran indebidamente dinero de propiedad del tarjetahabiente.

Por su lado, la demanda de casación se sustenta en que el tribunal desconoció que el demandante estaba obligado a cumplir el reglamento de cuenta de ahorros en cuanto le imponía al cuentahabiente mantener en secreto el número de identificación personal que le había suministrado y, en caso de pérdida o de hurto de la tarjeta, proceder a notificarle al banco por escrito adjuntando la denuncia penal que debía ser formulada dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ocurrencia, lo que evidentemente no hizo; tal desatención determina la responsabilidad del demandante en la pérdida de su dinero, y excluye la del banco.

3. Confrontados el fallo y la acusación pronto se observa que en esta se hace a un lado la verdadera razón por la que el sentenciador dedujo la responsabilidad del banco demandado y le impuso las correspondientes condenas, que no fue otra que la negligencia y descuido con que sus subordinados atendieron la solicitud, verbal pero oportuna y clara, formulada por el cuentahabiente en el sentido de que la tarjeta fuera bloqueada, permitiendo con ese omisivo proceder que terceros siguieran retirando fondos de la cuenta de ahorros de manera ilegal, sustentación que en tanto fue soslayada por la acusación permanece intacta y con suficiente fuerza para sostener la sentencia impugnada en casación.

Así, pues, mientras que el fallo recurrido apreció la conducta omisiva de los empleados del banco como punto de partida para establecer la culpa contractual que finamente le imputó al demandado, respecto de la concreta petición de desactivar pronta e indefinidamente la tarjeta débito retenida a fin de que se dejara fuera de curso, lo que no hicieron del modo efectivo en que fue requerido; el impugnante se apega a la letra del contrato de cuenta de ahorro para desplazar esa responsabilidad al cuentahabiente por no haber dado el aviso en la forma y términos establecidos en sus cláusulas, pero sin parar mientes en que para el tribunal lo que importó fue que estuvo en las manos de dichos empleados evitar la sustracción del dinero si hubieran obrado eficientemente para bloquear la tarjeta, lo cual ciertamente no dependía de la forma y del término en que se hubiera producido el aviso sobre la retención de la tarjeta, y como este es el fundamento cardinal del fallo impugnado, cuanto que el recurrente lo deja expósito deviene frustránea la acusación.

4. Aun si se pudiera superar el escollo de técnica descrito, de todos modos no es de recibo la pretensión de la censura de radicar la responsabilidad de la pérdida del dinero en cabeza del demandante por no haberle informado al banco la pérdida de la tarjeta en la forma y términos previstos en el contrato bancario, puesto que tal hecho no tiene la envergadura que la censura le otorga.

Esta afirmación emerge de las circunstancias que rodean el presente caso y no desconoce, per se, el valor jurídico que, en línea de principio, ostentan las cláusulas contractuales que en previsión de distintos aconteceres pactan las partes, como aquí ocurrió con la que dispuso el término y la forma del susodicho aviso anticipado al banco de la situación que daba pie para desactivar la tarjeta débito. Pero pasó aquí que el banco mismo, por conducto de sus empleados, nada dijo sobre la aplicación de la misma cuando fue requerido ante la circunstancia de la retención de la tarjeta; si se quiere, el banco asumió ese aviso como suficiente para actuar de inmediato, pero lo hizo deficientemente cuanto que no logró en últimas evitar el daño padecido por el demandante; incluso con la actitud de aquellos le hizo creer a éste fundadamente que bastaba ya esa información previa, sin más, para impedir que en adelante se presentaran sustracciones de dinero de la cuenta de ahorros, y ante el hecho consumado del aviso previo y de la iniciación de los pasos destinados a dejar fuera de circulación la tarjeta, así no hubiera sido en cumplimiento de los exactos términos del contrato, ya resulta demasiado, incluso inocuo, exigirle al cuentahabiente un comportamiento ulterior adicional enteramente ajustado a las formas. Dicho de otra manera, asumida la realidad de las cosas tal y como se presentaron, tanto por el cliente como por el banco, advienen las consecuencias propias de ese comportamiento inicial, como efectivamente lo entendió el tribunal.

5. Basta, pues, tener en cuenta que el banco, por intermedio de sus empleados, aceptó dicho mecanismo oral de información, tanto que estos de manera inmediata trataron de bloquear la tarjeta débito, lo que sin embargo no consiguieron —independientemente de la falta de la notificación escrita—, por la negligencia e ignorancia de sus empleados que desconocían por completo el procedimiento para atender esa labor; fue dicha situación, como se dijo, la que generó un bloqueo temporal de la tarjeta, de sólo unas horas, que por ser tal no impidió en definitiva que fuera ella reactivada y que continuaran los retiros de dinero contra la expresa voluntad y ante la impotencia del titular de la cuenta de ahorros.

6. En lo que atañe con la crítica consistente en que la denuncia de la pérdida de la tarjeta no se hizo dentro de las veinticuatro horas siguientes, según lo establece el citado reglamento de cuenta de ahorros de valor constante, se observa que tampoco por ese hecho se radica en el demandante la culpa de que haya ocurrido el retiro indebido del dinero de su cuenta de ahorros, pues se halla suficientemente probado, según lo admiten los propios empleados del banco, que estos no fueron capaces de desactivar efectivamente la tarjeta y que el demandante hizo la petición concreta e inequívoca en tal sentido; aun más, el incumplimiento de tal formalismo no daba pie para que el banco procediera a reactivarla bajo el riesgo de que se hicieran nuevos retiros de dinero, como en verdad sucedió, en perjuicio del contratante que había sido diligente en el suministro de la información relacionada con la retención de su tarjeta por el cajero automático.

7. Síguese de lo discurrido que el cargo único propuesto no está llamado a prosperar.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia adiada el 23 de noviembre de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro del proceso ordinario promovido por Horacio Sotomonte Calderón contra el Banco Central Hipotecario.

Condénase en costas en el recurso de casación a la parte impugnante, las cuales serán tasadas en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase.

Jorge Antonio Castillo Rugeles—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—José Fernando Ramírez Gómez—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla. 

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