Sentencia 3400 de marzo 11 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL JUEZ

POR ERROR INEXCUSABLE

EXTRACTOS: «1. A diferencia de lo que acontece en países que son tributarios del sistema de “common law” anglonorteamericano, donde según refieren autorizados expositores la práctica del foro ha demostrado que es casi imposible el éxito de una demanda de responsabilidad civil contra jueces por actuaciones de carácter jurisdiccional, en ordenamientos como el nuestro, herederos de aquellos que conforman el sistema jurídico continental europeo, el concepto central del cual se parte es por completo diferente. Los jueces y magistrados no son en modo alguno seres dotados con el don sobrenatural de la infalibilidad, por manera que al juzgar y hacer que aquello por ellos resuelto tenga cumplida realización, posible es que incurran en faltas o en desaciertos que lesionen intereses legítimos de quienes a la administración de justicia acuden, surgiendo de allí la imperiosa necesidad de definir legislativamente el ámbito en que la consiguiente responsabilidad patrimonial puede tener cabida sin que a la vez, por abrírsele paso a inaceptables maniobras vejatorias, terminen sufriendo menoscabo la independencia, el prestigio y la autoridad que a la investidura judicial le son inherentes.

En este orden de ideas y con relación a la responsabilidad aludida, muchas legislaciones parten en este campo del supuesto de que las normas llamadas a regirla, ante la urgencia advertida de dejar a salvo la autoridad que los jueces requieren para el debido cumplimiento de sus funciones, no pueden ser las mismas que estructuran el derecho común en esa materia, acogiendo en consecuencia el principio general según el cual los errores de conducta de jueces y magistrados no siempre dan lugar a indemnización. Se habla, pues, de una “responsabilidad aquiliana especial” (G. J. Tomo CLIX, pág. 41) que en Colombia consagra y delimita el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, precepto éste en cuya virtud las partes en un proceso tendrán acción de resarcimiento cuando el juez o magistrado proceda con dolo, fraude o abuso de autoridad, cuando injustificadamente omita o retarde una providencia o el correspondiente proyecto y, por último, cuando obre con error inexcusable, todo ello desde luego en la medida en que los daños sufridos traigan su causa eficiente en cualquiera de los comportamientos así descritos por el precepto en referencia, la demanda se presente dentro del plazo de caducidad que instituye su inciso final y, tratándose de la causal tercera, no hayan podido evitarse los perjuicios mediante el uso de un recurso posible que el reclamante haya dejado de interponer en tiempo y del modo que las respectivas leyes de procedimiento establecen (G. J. Tomo CXCII, pág. 41).

2. De lo anterior se sigue, entonces, que de conformidad con el numeral 3º del artículo 40 citado, uno de los eventos en que la responsabilidad se configura y para el juez emerge la consiguiente obligación de reparar, se da cuando en providencia definitiva que por su contenido o por las secuelas que lleva consigo ocasiona perjuicios a un litigante, quebranta la ley por error inexcusable, expresión ésta que como se sabe, tiene sus raíces en el derecho judicial español del siglo pasado y alude, en tesis general por lo menos, a omisiones graves, evidentísimas e imperdonables que pueden comprender tanto la negligencia como la falta de pericia, de aptitud por notoria falta de conocimientos, y convierten a los funcionarios del orden jurisdiccional en un verdadero peligro pues frente a un estado de cosas así, y para decirlo con palabras de un reputado escritor, se trata de casos de suyo demostrativos de la gravedad que encierran y “... que generalmente se acercan a la perversidad del individuo y lo colocan por tanto en estado peligroso...” (Demetrio Sodi, La Nueva Ley Procesal, Tomo II, México 1946), situación naturalmente de ocurrencia excepcional que en últimas es la que viene a justificar el reconocimiento en la ley de la acción indemnizatoria en estudio. Expresada en otros términos la misma noción, no es suficiente cometer un error de hecho o de derecho, por ostensible y grave que sea, para que surja esa responsabilidad; preciso es además que lo acompañe la nota de “inexcusabilidad” que, como mínimo, presupone la culpa grave y ha de entendérsela al tenor de criterios jurisprudenciales adoptados de vieja data por esta corporación al ocuparse de puntualizar el genuino significado que al numeral 3º del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil es legítimo atribuirle, diciendo que es un texto inspirado por sabiduría indiscutible “... al exigir que el error judicial sea del abolengo de los inexcusables, pues siendo propio de la naturaleza humana errar, la ocurrencia de simples equivocaciones al administrar justicia no puede descartarse. Si la comisión de yerros sin calificativo alguno pudiera servir de estribo a procesos de responsabilidad contra los jueces, tales contiendas proliferarían de una manera inusitada y podría menguarse ostensiblemente la independencia y libertad que tienen para interpretar la ley y se abriría amplia brecha para que todo litigante inconforme con una decisión procediera a tomar represalia contra sus falladores (...). El error a que se refiere el numeral 3º del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil ha de entenderse como equivocación o desacierto que puede dimanar de un falso concepto de lo que una cosa es realmente o de ignorancia de la misma. De modo pues que la responsabilidad civil de jueces y magistrados puede originarse en una equivocación, sea que ésta haya tenido como causa un conocimiento falso de hechos o de normas legales o un completo desconocimiento de los mismos. Pero es claro que la simple equivocación no es fuente de responsabilidad, desde luego que exígese que el desatino sea de aquellos que no pueden excusarse, que quien lo padece no puede ofrecer motivo o pretexto válido que sirve para disculparlo ...” (G. J. Tomos XCLIII, pág. 229, CLIX, pág. 41, y CXCII, pág. 41, entre otras).

En síntesis, en el juicio jurisdiccional fuente de responsabilidad civil para quien lo emite, la culpa implica negligencia o ignorancia y ambas, según sean las circunstancias concretas que rodean cada caso, tienen que ser garrafales, habida consideración que el escueto error de concepto, doctrina o interpretación, aun cuando lo haya, no origina aquella responsabilidad sino en tanto se ponga en evidencia la manifiesta infracción de un precepto legal específico cuya preterición no pueda obedecer sino a descuido o impericia de tal entidad que, para cualquier profesional en las disciplinas jurídicas con rectitud de miras y de mediana experiencia, resulten imperdonables; por fuera de este marco y dada la importancia que la independencia de criterio reviste para el eficaz ejercicio de la función judicial, visto lo precario y falible que es el entendimiento humano y por cuanto es en no pocas oportunidades la defectuosa redacción de las leyes el factor desencadenante de desaciertos imputables a los organismos de justicia, la verdad es que el legislador no pretendió someterlos a responsabilidad patrimonial del tipo de la consagrada en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, lo que conduce a afirmar, como así mismo lo ha señalado de manera reiterada la Corte, que “... no podrá existir error inexcusable cuando se sostiene punto de vista defensable respecto de una materia controvertida en derecho, como quiera que esa incertidumbre en su interpretación lo excusaría...” (G. J. T. CLXV, pág. 209)».

(Sentencia de marzo 11 de 1993. Expediente 3400. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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