Sentencia 34023 de diciembre 4 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34023

Magistrada Ponente

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Acta: 43

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «El Recurso de Casación.

Concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, propone el recurrente que se case totalmente la sentencia acusada, y que, convertida, en sede de instancia, confirme la de primer grado “en cuanto CONDENÓ a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión proporcional de jubilación y la modifique en el sentido de que dicha pensión es convencional y que por tanto se debe a partir del día 26 de noviembre de 1994”, con los intereses de mora y la indexación; como petición primera subsidiaria pidió mantener la del a quo, y como segunda subsidiaria que se condene al pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en ambas con el pago de los intereses por mora de Ley 100 de 1993.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, formuló un cargo que fue replicado.

Se considera.

Aunque la manera en la que fue formulado el cargo no es la más afortunada, ello no obsta para que la Sala incursione en su estudio, pues de aquel se desprende que el reproche principal que se realiza a la sentencia confutada es el de no haberse advertido el hecho del despido, contrario a la evidencia probatoria que militaba en el plenario.

Los documentos de folios 14 y 46 que el censor destaca como no apreciados, en verdad fueron el único fundamento del ad quem para impartir la absolución, dada la imposibilidad de establecer la existencia del despido, por ser ilegibles, sin embargo el primero de ellos da cuenta de la liquidación de la cesantía definitiva que la empresa le hizo al demandante en la que se refiere a la “causal de liquidación: por oficio ·34880 de septiembre 17 de 1974”, y el siguiente es el citado oficio, que tal como aquel lo refirió no es del todo comprensible, pues de allí solo se extrae, nítidamente, que se le dirigió una carta a Alfredo Meléndez Urueta, en tanto el restante contenido no es posible desentrañarlo, en atención a que la mayoría de los apartes de tal comunicación se muestran borrosos.

No obstante, la conclusión de que el despido no se encontraba acreditado, se desdibuja al cotejarse la contestación de la demanda, que refirió el recurrente como inapreciada, pues al responder al hecho segundo del libelo inicial, la convocada a juicio refirió que el actor “en su momento fue despedido con justa causa y después de su desvinculación de la empresa han transcurrido casi 30 años, circunstancia que implica la ocurrencia del fenómeno jurídico de la prescripción en cuanto a la posibilidad de ejercer la acción encaminada a la declaratoria de ilegalidad del despido” y al oponerse al hecho tercero según el cual “en la carta de despido Nº 34880 calendada septiembre 17 de 1974 firmada por el Gerente de la Terminal de Cartagena Dr. Luis H. Mogollón en asocio con el Director de Relaciones Industriales Dr. Raymundo Vélez no se determina en que consiste exactamente el hecho que motiva el despido violándose lo previsto por la ley para tal efecto. En dicha carta la empresa dijo <Sirva la presente para manifestar a Ud., que dentro de la investigación administrativa adelantada por la empresa en su contra, por los hechos que constan en el informe de agosto 26/74, enviado a esta Gerencia por los vigilantes Santander Polo Polo, ficha Nº 1302 y Eliécer Barrios Rocha, ficha 1358, ratificado en el careo efectuado en el despacho del Asesor Jurídico el día 12 de septiembre, se ha podido establecer que Ud. Violó el ordinal 5º aparte A del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que estipula como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo todo acto inmoral que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores (…) De acuerdo a lo anterior esta Gerencia considera que se ha tipificado lo estipulado en el decreto antes citado, por lo que a partir del día 18 del presente mes queda terminado unilateralmente su contrato de trabajo. Sírvase pasar por las Oficinas de Personal, para que le expidan la orden médica de retiro”, la demandada contestó con que “No es cierto. En cuanto al despido se adelantó un procedimiento administrativo frente al cual el actor no ejerció las acciones pertinentes en tiempo hábil, lo que nos indica que ha operado la prescripción”, es decir que en ningún momento se desconoció que el retiro se produjo por la iniciativa unilateral del empleador, sino que la discusión que se propició a lo largo del proceso, consistió en si le asistía o no derecho a la pensión y a los demás derechos reclamados.

El oficio de 31 de enero de 2006, que el recurrente alude como no tenido en cuenta por el fallador, revela la remisión que el Ministerio de la Protección Social hace al Juzgado de conocimiento, de “la fotocopia de la liquidación definitiva, carta de despido y carta de certificación de tiempo de servicio”, y esta última constancia es del siguiente tenor: Que el señor Alfredo Meléndez Urueta Ficha Nº 413 C.C. Nº 3.794.571 de Cartagena, Ingresó a la Empresa el día 18 de septiembre de 1961 como Auxiliar 9º de Mecánica. Que fue retirado por Oficio Nº34880 de septiembre 17 de 1974 como electricista. Que su tiempo de servicio fue de trece (13) años. Que devengó en su último año de servicio comprendido del día 18 de septiembre de 1973 al 17 de septiembre de 1974 la suma de ochenta mil seiscientos nueve pesos con 57/100 ($ 80.609,57) MCTE. Que recibió por concepto de cesantía la suma de ochenta y cinco mil novecientos setenta y dos pesos con 03/100 ($ 85.972,03) mcte. Dado en Cartagena a los Veinte y Un (21) días del mes de Julio de Mil Novecientos Ochenta” (subraya fuera de texto), inequívocos documentos de los que se extrae, palmariamente, que el despido fue acreditado, y que, obviamente, la lacónica conclusión del sentenciador según la cual no se probó el despido, fue errónea, contraria a lo que estaba evidenciado en el plenario, lo que lo condujo a incurrir en el desacierto que le endilga el cargo esto es “no dar por demostrado, estándolo, que el Sr. Alfredo Meléndez Urueta fue despedido por su patrono el día 17 de septiembre de 1974” , de allí que el único cargo propuesto sea prospero.

En sede de instancia, debe decirse que aun cuando en el alcance de la impugnación se pretendió la modificación de la decisión emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, de 14 de julio de 2006, ello no es posible, en tanto la demandante no apeló respecto de aquella, con lo que se conformó con lo allí estimado, sin que se admita plausible un examen de argumentos extemporáneos como se pretende.

Calificación del despido.

Como quedó advertida la existencia del despido, corresponde establecer si estuvo precedido o no de justa causa; en el plenario tan solo obran las pruebas ya reseñadas en sede de casación, que solo dan cuenta de la carta que le fue extendida a Meléndez Urueta en la que, según se adujo en el líbelo introductor, y aceptó la entidad al responder, se le atribuye haber incurrido en acto inmoral, y aunque se alude a la existencia de una investigación administrativa, esta no aparece adosada, como tampoco algún otro medio de prueba a partir del cual pueda evidenciarse que el retiro que, en verdad se produjo, estuvo precedido de una causa avalada por la ley, carga que, tal como lo ha referido la jurisprudencia de esta Corte, de manera pacífica, estaba a cargo de la parte pasiva, de modo que se tendrá por injusta.

Pensión sanción y prescripción.

El artículo 8º de la Ley 171 de 1961 dispone, en lo que interesa al presente caso, que el trabajador que fuere despedido sin justa causa, luego de haber laborado más de 10 años y menos de 15, tiene derecho a que se le pensione al cumplir 60 años de edad, la cual se liquida de forma proporcional al tiempo laborado, y teniendo en cuenta lo devengado en el último año de servicios.

Ahora, para la demandada, la definición de la naturaleza del despido, y la determinación de si fue justo o no, debió reclamarse oportunamente, es decir, sin dejar transcurrir 30 años, y por eso estima que operó la prescripción sobre el derecho que de aquella emerge y que no es otro que la pensión sanción.

Esa posición, no es admisible por esta Sala, en el entendido que la pretensión reclamada no está sujeta a prescripción, como sí lo están las mesadas que se causen y que no se reclamaron oportunamente, no pudiéndose por tanto restringir la declaratoria en comento, al término trienal, y así se ha considerado, entre otras, en decisión de 23 de febrero de 2010, radicado 36479:

(…)

“tampoco está cobijada por el fenómeno prescriptivo, la acción para solicitar el que se declare que la terminación del contrato operó por virtud a un hecho ilegal e injusto. La verdad es, que los hechos no prescriben, lo que prescribe es el derecho, criterio que ha sostenido la Sala, y permanece incólume, ratificado en sentencia del 15 de septiembre de 2004 con radicación 22627, en la cual expresó:

“<En lo que concierne con la posibilidad jurídica de examinar los hechos que motivaron el despido del demandante, ocurridos hace más de 30 años, debe reiterar la Corte, que en tratándose de la pensión sanción, lo susceptible de extinguirse por el fenómeno de la prescripción, son los derechos que se derivan de la finalización del contrato de trabajo y no la acción para obtener una determinada declaración judicial.

“Al efecto, es conveniente traer a colación lo puntualizado por la Sala en sentencia del 23 de marzo de 1995, radicación 7298, donde se dijo:

“(...) la acción para obtener la decisión judicial declarativa de que un hecho ocurrió de una determinada manera jamás se extingue por prescripción y, por tanto, en cualquier tiempo se puede promover un proceso para que con efectos de cosa juzgada se determine el modo o la causa como terminó el contrato de trabajo, pues la prescripción extintiva solo tiene efectos respecto de los derechos que puedan derivarse del despido injustificado, a saber, la indemnización de perjuicios, el reintegro del trabajador y las mesadas de la pensión proporcional de jubilación que no fueron cobradas oportunamente”. (Reiteración jurisprudencia contenida en sentencias de 18 de diciembre de 1954; 17 de noviembre de 1980; 5 de marzo de 1982 Rad. 7818; 31 de enero de 1984, Rad. 6497; 21 de octubre de 1985, Rad. 10842; 25 de julio de 1986; y 19 de septiembre de 1991, Rad. 4331)”.

No se equivocó entonces el juzgador de primer grado al considerar que como el actor laboró por espacio de 13 años; que fue despedido sin justa causa y que cumplió 60 años de edad el 26 de noviembre de 1999, le asistía tal derecho prestacional, en lo que si erró fue en condenarla a partir de esa fecha, pues si la demanda se presentó el 19 de enero de 2004 (fl. 7 vuelto) están prescritas las mesadas causadas antes del mismo día y mes de 2001 y en ese sentido se modificará.

No hay lugar a imponer costas en la segunda instancia ni en el recurso extraordinario de casación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 16 de mayo de 2007, dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que Alfredo Meléndez Urueta promovió contra la Nación, Ministerio de la Protección Social. En sede de instancia modifica la dictada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, de 14 de julio de 2006, para en su lugar condenar al pago de la pensión sanción a partir del 19 de enero de 2001, en cuantía no inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Confirma en lo demás.

No hay lugar a imponer costas en la segunda instancia ni en el recurso extraordinario de casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen».