Sentencia 34062 de octubre 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 34062

STL 3776-2013

Acta 34

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintidós de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones:

Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acción u omisión de una autoridad pública, se estableció en el artículo 86 de la Constitución Política la vía preferente de la tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a la rama judicial en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda.

A juicio del actor, en el trámite que adelantó se incurrió en una irregularidad que violentó el debido proceso, en tanto la lectura que otorgó el tribunal a los preceptos de la Ley 1010 de 2006 fue restringida y lo dejó desprovisto de protección ante las conductas de las que fue objeto por parte del Grupo Saludcoop.

Ahora bien, una vez escuchadas las determinaciones controvertidas, esencialmente la del tribunal, lo que emerge es que este prohijó las argumentaciones del a quo relativas a que no existió prueba que demostrara el vínculo laboral entre Rodríguez Guerrero y Saludcoop EPS, lo que de contera impedía pregonar sobre unas supuestas actitudes negativas en el ámbito laboral.

Discurrió el ad quem, una vez puntualizó el carácter constitucional del derecho al trabajo, y la naturaleza de la referida Ley 1010 de 2006, que la misma no regulaba relaciones independientes, como la que emergía de los contratos de prestación de servicios y los societarios, acudió al contenido de la Sentencia C-960 de 2007 que declaró condicionalmente exequible tal normativa y tras hacer una valoración de la prueba documental encontró que el accionante tenía una relación laboral con Audi EPS Ltda., en calidad de gerente, desde el año 2002, aunque Saludcoop tenía en aquella la mayoría de las cuotas sociales, en los términos del artículo 260 del Código de Comercio ello solo podía dar cuenta de que su inherencia era financiera o societaria y que “no puede confundirse con la subordinación jurídica que es el elemento identificador del contrato de trabajo, entendida esta subordinación jurídica como el factor esencial que justamente diferencia el contrato de trabajo de los contratos de servicios de carácter civil”.

Por demás el ad quem clarificó que Audi EPS Ltda., mantuvo plena autonomía en el trato con sus trabajadores y en ese contexto no halló que, en el caso concreto, y según lo acreditado en el plenario, se pudiese predicar una actuación jerárquica de la demandada respecto del actor, lo que lo llevó a la exclusión de que trata la propia ley de “acoso laboral”.

Con fundamento en lo anterior, concluyeron que “el sujeto activo de las conductas de acoso laboral en el presente asunto, no se enmarcan dentro de las calidades a que hace alusión el artículo 6º de la referida ley, de ahí que, no se puede advertir cómo se puede presentar”, figura que se invoca como fuente de los derechos reclamados.

En ese contexto, la actividad que realizaron los juzgadores, al margen de que esta Sala pueda o no compartirla, se fundó en un razonable estudio de las normas aplicables al caso que sumada a la ponderación que hizo del acervo probatorio incorporado al expediente, lo llevó a la conclusión de la que ahora se apartan, pero tal ejercicio fundado en la autonomía del juzgador está respaldado en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; de allí que no es posible la intervención del juez constitucional en la órbita del natural, quien es el que ostenta la competencia para dirimir los conflictos asignados en virtud de su especialidad.

Conforme a lo anterior, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR la tutela impetrada por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia.

2. NOTIFICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».