Sentencia 34103 de julio 17 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Casación 34.103

Aprobado Acta: 226.

Magistrado ponente:

Dr. Javier Zapata Ortiz

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La Corte advierte que al haber sido admitida la demanda de casación en lo atinente al cargo elevado, superó los variados y complejos defectos lógicos argumentativos exhibidos en ella, con el exclusivo propósito de analizar a fondo los ataques expuestos y entrever las posibles falencias a las garantías constitucionales materializadas en las instancias.

2. Para mayor entendimiento del problema planteado, se hace necesario resaltar de la sentencia de segundo nivel, su criterio a tono con la temática planteada por el libelista.

En primer término, asumió el Tribunal de San Andrés Islas, que los institutos jurídicos aludidos son disímiles u opuestos “por lo que no hay lugar a aplicar el principio de favorabilidad”, en franco desconocimiento y oposición a la sentencia de esta Sala, arguyendo de contera que, la posición minoritaria es la que de suyo tiene la razón, por lo siguientes argumentos: 1) sostuvo que el cambio de criterio jurisprudencial “no es pacífico”, por los variados salvamentos de voto, 2) ante lo cual, “la nueva postura jurisprudencial mayoritaria no tiene argumentos nuevos mediante los cuales se demuestre que la postura anterior sea errada”, porque la sentencia anticipada propia del régimen procesal anterior frente a la aceptación de cargos del nuevo, “pertenecen a dos sistemas procesales de enjuiciamiento totalmente contrapuestos, por lo cual, no existe razón válida alguna para considerar que so pretexto del principio de favorabilidad pueda considerarse válidamente el hacer extensiva la aplicación de normas favorables en beneficio del sentenciado(4).

Acto seguido, la magistratura reprodujo dos salvamentos de voto con los cuales remató: “lo anterior nos obliga a concluir que se debe confirmar la sentencia apelada” proferida por el juzgado segundo penal del circuito del departamento Archipiélago.

3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, una vez más, se opuso y resistió a aplicar la línea jurisprudencial vigente de cara al postulado de favorabilidad entre los institutos de sentencia anticipada del anterior régimen instrumental y allanamiento a cargos del nuevo sistema acusatorio.

Lo expresado no tiene ninguna presentación jurídica, si se tiene en cuenta, por un lado, la exigua e insuficiente argumentación que aportó esa magistratura, en este caso, como en idénticas actuaciones, donde viene arguyendo de manera soberbia y arrogante que deja de aplicar el criterio de autoridad de la Sala porque no lo convencen los nuevos razonamientos con los que se varió el discernimiento, amén de ser sistemas de juzgamiento “totalmente contrapuestos” siendo las reflexiones más afines con su pensar, las puntualizadas en los dos salvamentos de voto transcritos al fallo cuestionado en sede extraordinaria.

Dígase, además, que el Tribunal jamás plasmó argumentos jurídicos significativos, manifiestos, explicativos o con superiores elementos de convicción para rebatir la tesis mayoritaria de la Sala, tampoco posibilitó un debate jurídico de elevado rigor normativo sobre el postulado constitucional de favorabilidad y su medición introspectiva entre las legislaciones procesales —leyes 600 de 2000 y 906 de 2004—, en punto de tópicos divergentes y convergentes.

Menos aún se esmeró en sopesar el poder normativo y fuerza vinculante del precedente judicial en Colombia, decantado en la sentencia de casación número 34.853 de 1º de febrero de 2012, donde se cuestionó, una vez más, el proceder del Tribunal de San Andrés Isla, en atención a la aplicación del principio constitucional de favorabilidad; es más, lo allí resuelto muestra que el juez colegiado resuelve la garantía en comento, de manera idéntica en todas sus decisiones, como bien lo reseñó la delegada.

Ni auscultó el criterio fijado por la Corte Constitucional en sus decisiones: T-123 de 1995; C-447, SU de 1997 y C-252, C-836 de 2001; en punto a la implícita obligatoriedad de respeto, obediencia y acatamiento de la jurisprudencia por parte de los jueces, identificándose como uno de los razonamientos de legitimidad con el que se viene produciendo y expresando el derecho en todo el territorio colombiano.

De ningún modo, esa magistratura, tuvo presente el contenido del artículo 4º de la Ley 169 de 1896, sobre el concepto de doctrina probable que a la letra dice:

Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”.

El vocablo “podrá”, del modo indicativo, propio del “futuro simple”, integra la acción desarrollada por el verbo “poder”, el cual indica para el caso en estudio, que el funcionario judicial de cara a los precedentes, doctrina probable o línea jurisprudencial como la aquí referida, puede aplicar idéntico criterio en casos jurídicos análogos; es más, basta irrumpir en la teleología normativa del precepto en mención, para entender sin ninguna dificultad que su esencia es la unificación de la jurisprudencia, consagrada, además, tanto en el artículo 296 de la Ley 600 de 2000 como en el 180 de la Ley 906 de 2004, como pilares cardinales del recurso de casación penal, con el fin de brindarle a la sociedad colombiana criterios sólidos de homogeneidad y equilibrio en las soluciones judiciales para la materialización del principio de seguridad jurídica: guía y soporte ineludible de la democracia patria.

Por tal razón, es la Corte la llamada por ley, a regular los criterios hermenéuticos brindados por la normatividad, pero no solo como auxiliares de la administración de justicia, sino como “fuente de derecho a la que la actividad del juzgador siempre estará sometida”, tal y como se advirtió, en otras decisiones promulgadas por esta Sala de casación(5), en relación con materias uniformes sometidas a estudio por el Tribunal de San Andrés Isla, las cuales, no se repetirán por sustracción de materia, economía procesal y por estar en demasía explicadas por la jurisprudencia.

Ahora bien, como el precedente es dúctil y flexible, cabe la posibilidad, como es apenas obvio, que los jueces y tribunales del país se aparten del criterio de autoridad construido por la Corte, entendido como doctrina probable, en tanto, los funcionarios que así lo decidan, deben y les es imperativo, aportar los fundamentos jurídicos de la sinrazón de la jurisprudencia, con base en la explicación de los siguientes tópicos:

a) Que la Sala hubiese dejado de estudiar temáticas significativas con el caso acreditado análogo, tanto como para apartarse de sus contenidos sustanciales, b) deberá demostrarse lo inconveniente y anacrónico de aplicar el criterio de la Corte al caso similar, c) será obligatorio del funcionario judicial patentizar que la línea jurisprudencial vilipendia el ordenamiento jurídico colombiano y vulnera derechos fundamentales constitucionales, d) deberá revelar si hubo o no, cambio legislativo o interpretación constitucional diversa de la norma aplicada al asunto en discernimiento, e) tendrá, para resolver el caso contra jurisprudencia, que registrar, analizar y conjugar, todos los matices del criterio plasmado por esta judicatura, sin escindir, distorsionar, excluir o adicionar sus postulados, conclusiones y contenidos, entre otras cosas, es preciso entender el plexo argumentativo en su exacta dimensión explicativa(6).

Por lo expuesto, se impone restarle razonabilidad a la postura del Tribunal del San Andrés Islas, en tanto, ni un solo motivo fundó para contrariar el criterio de la Sala, simplemente opuso su particular modo de entender el supuesto jurídico, sin más juicios que los aportados en los salvamentos de voto, que si bien son importantes en el desarrollo de la jurisprudencia, no la hacen, sino que sirven de referente sustancial para posteriores estudios que soporten temáticas de cambios serios, sólidos y consistentes en el devenir jurídico colombiano.

Si los Tribunales Superiores de los diversos Distritos que componen el territorio colombiano, deciden no acatar lo dispuesto por la Corte en sus vertientes jurisprudenciales, ello desmoronaría el estado de derecho y lo haría anárquico, donde imperaría de manera exclusiva la voluntad de cada magistratura con independencia de las otras, trayendo como consecuencia, la resolución de casos al arbitrio judicial, lo cual, en principio, es loable, pero al final, el caos reinaría contra la estabilidad jurídica y la igualdad en la administración de justicia, pues en asuntos como el de la especie, el Tribunal de San Andrés Islas, desconoció una vez más, de manera flagrante, la aplicación del axioma de favorabilidad, motivo suficiente, para que la Sala, de manera urgente lo requiera, a fin de que, si no tiene o se vale de argumentos juiciosos que de verdad superen los expuestos en la línea jurisprudencial sobre la temática en cuestión, modere y ajuste su ejercicio profesional judicial a la altura del respeto irrestricto de los derechos constitucionales fundamentales, ampliamente garantizados y documentados en múltiples decisiones por esta judicatura.

4. El criterio actual de la Corte, en punto del derecho a la reducción de punibilidad por sentencia anticipada en el anterior sistema instrumental de cara al allanamiento de cargos en el nuevo régimen, fue vertido en la decisión de 8 de abril de 2008, radicación 25.306, “según el cual el inciso primero del artículo 351 es una de las tantas formas procesales que regulan las reducciones de pena y en tal medida comportan efectos sustanciales en la libertad… motivo por el que pueden aplicarse retroactivamente por virtud del principio de favorabilidad, el cual se reputa no solamente de situaciones en las que existe sucesión de leyes, sino en aquellas en las que hay vigencia simultanea de las mismas(7).

Línea jurisprudencial registrada también en los siguientes radicados: 30.027 (2-7-08), 27.263 (29-7-08), 25.297 (29-7-08), 24.184 (23-9-08), 30.503 (30-9-08), 30.564 (29-10-08), 27.252 (18-3-09), 25.632 (27-1-10), 25.224 (14-10-10), 29.902 (9-12-10); tal y como lo acreditó el fallo de casación 34.853 de 1º de febrero de 2012.

En conclusión, una vez más, el Tribunal de San Andrés Islas, equivocó el camino jurídico en temas homogéneos e idénticos, quien sin ningún recato, razonamiento, ni motivación disciplinada, seria y fundada, mostró la sinrazón del criterio de autoridad trazado por esta Sala de Casación, con lo cual, la disparidad de pensamientos, jamás serán los condensados por esa magistratura con la escueta afirmación que son sistemas procesales “totalmente contrapuestos” frente a las reflexiones expuestas por la Sala, en tanto, si el pensado del juez colegiado cuestionado, es que se tengan como tales, los contenidos de los salvamentos de voto, su declaración de oposición se queda en el vació jurídico, pues no es dable imponer un criterio minoritario de cara al que de manera legítima regula la hermenéutica jurídica para todos los casos paralelos, ello es más que obvio, —si se quiere comprender dentro de un razonamiento a penas simple— que la fuerza persuasiva de las decisiones de la Corte, es la decantada por mayoría.

Con todo, el yerro del tribunal es de bulto al violentar directamente la ley sustancial, por falta de aplicación favorable de la Ley 906 de 2004 a la temática de sentencia anticipada por aceptación de cargos, propia de la Ley 600 de 2000, motivo por el cual, prospera la censura elevada por el defensor, avalada por el Ministerio Público.

Redosificación punitiva.

El juez de conocimiento al momento de graduar la pena, indicó:

En este asunto esta (sic) plenamente demostrada la existencia y responsabilidad de los sindicados (sic) en el reato que se le imputó, cargos que fueron aceptados en su integridad ante la Fiscalía Seccional 27 Delegada ante los Jueces Penales del circuito, dentro de la audiencia de formulación de cargos para sentencia anticipada.

Según lo consagra el artículo 104 del Código Penal (L. 599/2000) estamos en presencia del delito de homicidio tentado agravado, tipificado en el evento 1º del numeral 3º (art. 365), Qué (sic) señala una pena de prisión de 25 a 40 años.

Ahora bien por ser en grado de tentativa la pena no puede menor (sic) de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada, es decir no puede ser menor de 12 años y 6 meses y mayor de 30 años. Es decir 150 meses y 360 meses, se hace la diferencia entre ellos arrojado 210 los cuales se dividen en cuatro arrojando 52.15 meses. 

Entonces el primer cuarto es: 150 meses + 52.15 meses = 202.15 meses; segundo cuarto 202.15 meses 1 día + 52.15 meses; tercer cuarto 255 meses 1 día + 52.15 = 307.15 meses; último cuarto 307.15 meses 1 día + 52.15 = 360.

Para establecer en qué cuarto debemos movernos, es necesario estudiar si en el comportamiento del sentenciado concurren circunstancias de menor y mayor punibilidad, según señalan los artículos 55 y 58 del Código Penal, frente a lo cual tenemos que el procesado no registra antecedentes penales alguno. (…).

Este despacho parte del límite inferior del primer, por existir solo circunstancia de atenuación punitiva, es decir, ciento (sic) cincuenta (150) meses, se le disminuye… (1/8) parte, por haberse acogido a sentencia anticipada, es decir, dieciocho (18) meses nuevo (9) días, arrojando una pena final y principal de ciento treinta y un meses (131) veintiún (21) días de prisión y como pena accesoria para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual período al de la principal (C.P., art. 43)(8).

Como el sentenciado Alexis Livingston Estrada, se acogió al trámite de sentencia anticipada, en punto de lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, al inicio del juicio oral, se le aplicó el inciso 4º de dicha norma procesal, motivo por el cual, la sanción impuesta se concretó en 31 meses y 21 días de prisión, una vez se le realizó el descuento de una octava (1/8) parte de la pena, por la consumación del punible de homicidio tentado agravado.

El mismo acto procesal se consagró en la Ley 906 de 2004, para cuando el acriminado opte por declararse “culpable” una vez iniciado el juicio oral, en cuyo evento, tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados”: canon que es más puntual y expedito que el sugerido en la demanda (351, ibídem), en tanto, el momento procesal en el que acaeció la aceptación de delito tentado agravado, fue al inicio del debate probatorio y no hasta la audiencia de formulación de acusación, como lo disciplina la modalidad prevista en el canon 351 del nuevo estatuto procesal colombiano.

Las explicaciones precedentes fijan los derroteros de la dosificación punitiva realizada por el juez de conocimiento —no modificadas por el tribunal—, quien, luego de individualizar la pena, partió del mínimo de 150 meses de prisión, al cual le aplicó la rebaja de (1/8) parte, sin el reconocimiento retroactivo de la ley procesal más favorable, prevista en el artículo 367 de la Ley 906 de 2004, que autoriza una disminución de (1/6) parte, cuando el inculpado se declara culpable de los cargos elevados, se repite, al inicio del juicio; ante esto, se concluye que la nueva pena de prisión será de 125 meses; como sanción accesoria, se ordenará la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la privación de la libertad, como consecuencia de la prosperidad del cargo admitido y las razones esbozadas por el Ministerio Público.

Con la operación aritmética exhibida, por sustracción de materia, la Sala también subsana el yerro vertido contra el principio de legalidad de la pena, toda vez que, el Tribunal de San Andrés, al avalar la dosificación punitiva realizada por el juez de conocimiento al momento de efectuar el descuento de la (1/8) parte, le aumentó sin razón típica alguna, 14 días de prisión al condenado.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar parcialmente el fallo proferido por el Tribunal Superior de San Andrés Islas, con base en la prosperidad del cargo elevado por exclusión evidente del principio de favorabilidad, por tanto, el nuevo quantum punitivo que debe purgar el procesado Alexis Livingston Estrada, es de 125 meses de prisión; como sanción accesoria, lo inhabilita en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la privación de la libertad, tal y como se puntualizó en la parte pertinente del presente proveído.

2. En todo lo demás, el fallo atacado permanece incólume.

3. Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(4) Fallo de segunda instancia, folio 12.

(5) Corte Suprema de Justicia, radicado 34.853 de 1º de febrero de 2012.

(6) Sentido similar, Corte Suprema de Justicia, radicado 34.853, ibídem.

(7) Casación 34.853, ibídem.

(8) Ver folio 50, cuaderno o. 1.