Sentencia 34118 de junio 17 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 190

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Bogotá, D.C., diecisiete de junio de dos mil diez.

Vistos

Conforme con lo reglado en los artículos 222 y 223 de la Ley 600 de 2000, examina la Sala de manera preliminar el aspecto formal de la demanda de revisión instaurada por la apoderada especial de Pedro Antonio Valencia Quintero, contra la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, el 23 de febrero de 2005, y confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, el 6 de mayo de esa misma anualidad, por cuyo medio se condenó al demandante a la pena principal de 159 meses de prisión, al hallarlo penalmente responsable de las conductas punibles de homicidio y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Hechos

El despacho de segunda instancia los relató así:

De acuerdo a la información policial, el señor Cardona Jurado, falleció en el hospital de Santa Mónica en la noche del 10 de junio de 2004, víctima de disparos de arma de fuego que le fueran propinados en la misma fecha cuando se hallaba en el barrio Camilo Torres, plan 3 zona 3 casa 26. La diligencia de inspección al cadáver fue llevada a cabo en el centro mencionado y por los organismos respectivos, siendo este material el tenido en cuenta para dictar la resolución ordenando la apertura de investigación.

Antecedentes

Por los hechos narrados anteriormente, la fiscalía emitió resolución de acusación en contra de Pedro Antonio Valencia Quintero, vinculándolo como autor de los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y municiones.

Tramitado el juicio, el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, en fallo del 23 de febrero de 2005, condenó a Valencia Quintero, a la pena de 159 meses de prisión como autor de los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego de defensa personal, en fallo que fue íntegramente confirmado por el Tribunal Superior de Pereira, al revisar por vía de apelación la determinación de primer grado.

La demanda

La demandante invoca la causal consagrada en el numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, esto es, bajo la consideración de que con posterioridad a la sentencia surgieron pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates que establecen la inocencia del condenado.

Al efecto, sostiene la demandante que su representado legal fue condenado con base exclusivamente en lo dicho durante la instrucción, en dos ocasiones, por un menor de edad indocumentado, que no estuvo acompañado por sus padres o un adulto y obviando recibirle declaración jurada en la audiencia de juicio oral, pretextando el despacho un estado de intoxicación por drogas, que nunca fue probado con el correspondiente dictamen emanado de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Empero, después, cuando ya adquirió la mayoría de edad y tomó consciencia de lo ocurrido, el testigo acudió ante una notaría y rindió versión extrajuicio en la cual significa que nunca pretendió vincular como autor de los hechos al condenado, limitándose a firmar unos documentos cuyo contenido desconocía.

Esa declaración extraproceso, en sentir de la demandante, demuestra de forma inconcusa que su representado legal es inocente.

La defensora presentó como anexos, para cumplir con las exigencias formales instituidas respecto de la acción de revisión, el poder especial conferido por el condenado Pedro Antonio Valencia Quintero, para adelantar esta tramitación, copia de la declaración extraproceso 10264, vertida por John Freddy Arias Valencia, el 4 de noviembre de 2009 ante la Notaría Primera del Círculo de Pereira, y copia de las sentencias de primera y segunda instancias, con constancia de ejecutoria.

Consideraciones de la Corte

La acción de revisión es un medio para conseguir la realización de la justicia y un mecanismo excepcional contra la inmutabilidad de la cosa juzgada por la ocurrencia de hechos y conductas contrarias a derecho que una vez configuradas, desvirtúan la oponibilidad de la sentencia en firme y la seguridad jurídica que le sirve de fundamento. Dentro de este contexto, la razón de ser del instituto es la de subsanar los defectos materiales de aquellas providencias que ponen fin al proceso penal tanto en la instrucción como en el juicio, proferidas en contravía de una recta administración de justicia, atendiendo al interés general de la verdad y de la justicia como forma de garantizar una convivencia pacífica y un orden justo para el conglomerado social.

Por lo mismo, no es un mecanismo para revisar la legalidad de la sentencia como sucede con el recurso de casación, sino la justicia en su dimensión positiva, para evitar que se condene a inocentes o se absuelva a los responsables.

Dadas sus especiales características, que como se dijo se dirigen a derruir la cosa juzgada, su ejercicio no sólo debe someterse a las taxativas causales que para su prosperidad indica el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de 2000, sino que además requiere del aporte de medios de prueba serios, procedentes, idóneos y con suficiente grado de credibilidad y trascendencia para conducir a la rectificación del error que se enrostra a la providencia demandada, superando en ella la injusticia que el actor le adjudica.

Así, frente a la causal tercera, tiene dicho la Sala que corresponde al actor demostrar no sólo el surgimiento de los hechos nuevos o pruebas de similar naturaleza, que apunten a acreditar la inocencia del condenado o su inimputabilidad, sino, lo más importante, que el fallador no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ellos y que de haber sido conocidos o haber ingresado oportunamente al expediente, la solución del asunto hubiera sido sustancialmente distinta y opuesta a la adoptada.

En este caso, la demanda se edifica sobre la causal tercera de revisión, al sobrevenir prueba nueva posterior a la sentencia de condena de primera instancia, constituida, en esencia, por el testimonio del único testigo de cargos, John Freddy Arias Valencia, retractándose del directo señalamiento que desde la misma ocurrencia de los hechos hizo contra el condenado Pedro Antonio Valencia Quintero, de haber dado muerte a la víctima cuando ésta descendía de un vehículo de servicio público.

Dicha declaración fue presentada en la Notaría Primera de Pereira el 4 de noviembre de 2009, desconociéndose los prolegómenos de ese acto o las motivaciones que lo impulsaron.

Como en esta ocasión el testigo de cargos desdijo de sus afirmaciones procesales, pretextando que no sabía leer y escribir cuando rindió declaración jurada: “Declaro que yo no he manifestado que el señor Pedro Antonio Valencia Quintero, hace cinco años y medio fue el que mató a Fabio Cardona a mi me involucraron los de la judicial de Dosquebradas, pues en ese momento yo no sabía leer ni escribir y ellos me pasaron unas hojas para que yo firmara y lo hice sin saber qué estaba firmando...”, ello es suficiente para que la demandante considere que este elemento de juicio concurre a acreditar la inocencia de su representado en los delitos de homicidio y porte de armas por los que se le condenó.

Sin embargo, para la Sala esa prueba no tiene la aptitud necesaria para derrumbar la declaración de verdad contenida en la sentencia que condenó a Valencia Quintero, porque de entrada no ofrece la credibilidad suficiente para concluir en la posibilidad de que se cometió una injusticia.

En efecto, de acuerdo con lo consignado en los fallos de ambas instancias, fue gracias a lo declarado por el menor, quien además de acompañar a la víctima para el momento del ataque mortal, conocía desde tiempo atrás al agresor, que de inmediato las autoridades pudieron enfilar la investigación hacia Pedro Antonio Valencia Quintero, dado que el declarante no sólo entregó su nombre y datos de ubicación, sino que detalló la forma en la cual ejecutó la mortal embestida.

De allí que se está en presencia de una retractación, porque la declaración que rindió ante notario, contradice abiertamente lo expuesto por él, en dos ocasiones, dentro del diligenciamiento, en el que acusó expresamente al sentenciado de haber cometido el homicidio.

No obstante, la retractación del testigo no puede recibir el tratamiento de prueba nueva, pues lo único que se pretende con ella, como lo ha reconocido la Sala, es afectar la credibilidad que a su exposición se le dio en el fallo, tema que, desde luego, no puede ser examinado de nuevo ni aun en revisión.

Sobre el tópico, así se manifestó la Sala en anterior oportunidad(1):

“Así las cosas, es evidente la precariedad del escrito en estas condiciones incoado ante la Corte, como que la actora además de eludir la presentación de los argumentos de hecho y de derecho que deberían servirle de soporte, limitó toda razón para motivar la revisión de la sentencia, al testimonio de la víctima en el que se retracta de los hechos por los cuales se condenó al procesado, como si esta postura de último momento pudiera configurar realmente una prueba nueva con las cualificadas exigencias de estar en vía de socavar la justeza del fallo, cuando en las condiciones dadas resulta verdaderamente inaceptable, pues no comporta así ninguna novedad cuyo desconocimiento al tiempo de los debates hubiera determinado que el funcionario judicial no tomara entendimiento de ella, sino precisamente con el paladino propósito de generar a través de su actual presentación un conflicto de apreciación referido a la credibilidad dada a la misma en el fallo y sobre cuyo pilar se fundó, precisamente, la condena.

“Tiempo atrás había señalado que la acción de revisión no es procedente por la sola retractación de uno o varios deponentes, pues no se sabe dónde está la verdad, por tanto el fallo permanece con la doble presunción de acierto y legalidad. Cuando se haya determinado, sin vacilaciones, quién mintió en el proceso, siendo la respectiva declaración sustancial en orden al fallo, entonces sí habría lugar al trámite de la acción”.

Y no es la acción de revisión el escenario propicio para establecer en cuál de las dos oportunidades mintió el testigo, pues ante un fallo ejecutoriado, donde sus declaraciones han superado la presunción de certeza y legalidad para ser reconocidas por la sociedad como verdades inmutables, sólo valdrá esa retractación cuando se haya determinado por decisión judicial en firme, que el testigo mintió en el proceso, o que sus declaraciones fueron falseadas por ocasión de un delito que cometieran los investigadores, y en tal evento ya no se estaría en presencia de una prueba nueva, sino de una prueba falsa, sobre la que se fundamentó el fallo, caso en el cual es otra la causal por la que debe intentarse esta acción.

Así las cosas, como el escrito de demanda incumple básicamente las exigencias formales mínimas previstas en la norma antes citada, se impone su inadmisión de conformidad con lo indicado en el artículo 223 de la Ley 600 de 2000.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Rechazar la demanda de revisión presentada a nombre del condenado Pedro Antonio Valencia Quintero, por las razones consignadas en la anterior motivación.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Auto del 4 de mayo de 2006, Rad. 25.314.