Sentencia 34163 de mayo 16 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 189.

Magistrada Ponente

María del Rosario González Muñoz

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Dada la identidad temática que contienen los dos cargos formulados por el censor, la Sala los estudiará en forma conjunta. Para ello, primero precisará los alcances de la demanda, luego concretará los hechos probados en el expediente y, finalmente, abordará el examen de fondo de la impugnación.

(i) Alcance de la demanda:

Según el censor, el procesado Víctor Manuel Romero Acosta, a pesar de ostentar la condición de secretario de la Alcaldía Municipal de Murillo, Tolima, no detentaba la función certificadora de ese ente territorial ni tampoco la custodia o administración de los bienes donados por la DIAN, de manera que su comportamiento no encuadra en los tipos penales de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, sino en los que contemplan la falsedad en documento privado y el abuso de confianza calificado.

De todas maneras, estima que no es factible formular al acusado juicio de reproche por los punibles dejados de imputar, so pena de vulnerarse la congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia.

(ii) Situación fáctica acreditada en este asunto:

De acuerdo con los hechos contemplados por los falladores de instancia, realidad no cuestionada por el casacionista conforme la naturaleza de la causal seleccionada para estructurar los dos cargos formulados y admitidos por la Corte, se tiene que mediante Resolución 24 del 24 de enero de 2005 la DIAN donó al municipio de Murillo, Tolima, mercancía en cuantía total de $ 261.542.024.

El alcalde de dicho municipio, señor Luis Antonio Sánchez Roncancio, suscribió el día 22 de enero de 2006 documento en el cual autorizó de manera especial a Víctor Manuel Romero Acosta y Orlando Guevara Álvarez para retirar de las instalaciones de la DIAN la mercancía donada.

El mismo 22 de enero de 2006 el burgomaestre en mención, con la firma de Víctor Manuel Romero Acosta, secretario de gobierno de la alcaldía, expidió acto administrativo por cuyo medio ordenó dar de baja parte de la mercancía donada, en total elementos y bienes en cuantía de $ 139.250.000.

La anterior decisión se sustentó en que la mercancía se encontraba en “avanzado estado de deterioro”. Sin embargo, para efectuar tal afirmación ni el alcalde del municipio ni su secretario tenían conocimiento del estado de conservación de los bienes dados de baja.

Dos días después, es decir, el 24 de enero de 2006, Romero Acosta recibió en la ciudad de Medellín la totalidad de los elementos donados, salvo los 12 pares a que hacía alusión el ítem 1 del DIAM 39111102855, conforme se certificó en la respectiva acta de entrega, sin que los bienes recibidos presentaran señales de deterioro o de mal estado.

(iii) Respuesta de fondo a los planteamientos del impugnante:

a) El peculado por apropiación:

La jurisprudencia de la Corte tiene ampliamente decantado que la disponibilidad, ya sea material o jurídica, propia del delito de peculado por apropiación no necesariamente se deriva de la ley, decreto, ordenanza, acuerdo o reglamento, sino también de órdenes o mandatos a través de los cuales se asignen concretos deberes funcionales al servidor público.

Tal criterio lo condensó la Sala en sentencia de casación el 4 de octubre de 1994(1), en donde remembrando otras decisiones expresó lo siguiente:

“La expresión utilizada por la ley en la definición de peculado y que dice "en razón de sus funciones”, hace referencia a las facultades de administrar, guardar, recaudar, etc., no puede entenderse en el sentido de la adscripción de una competencia estrictamente legal y determinada por una regular y formal investidura que implique una íntima relación entre la función y la facultad de tener el bien del cual se dispone o se hace mal uso; no significa, pues, que tales atribuciones deban estar antecedentemente determinadas por una rigurosa y fija competencia legal, sino que es suficiente que la disponibilidad sobre la cosa surja en dependencia del ejercicio de un deber de la función. La fuente de la atribución, en otros términos, no surge exclusivamente de la ley puesto que ella puede tener su origen en un ordenamiento jurídico diverso que fija la competencia en estricto sentido. Lo esencial en este aspecto, es la consideración de que en el caso concreto, la relación de hecho del funcionario con la cosa, que lo ubica en situación de ejercitar un poder de disposición sobre la misma y por fuera de la inmediata vigilancia del titular de un poder jurídico superior, se haya logrado en ejercicio de una función pública, así en el caso concreto no corresponda a dicho funcionario la competencia legal para su administración. Igual se presentará el delito de peculado en la hipótesis de que la administración del bien derive del ejercicio de una función nominalmente propia de otro empleado” (sent. ago. 3/76).

“Las facultades de manejo en el empleado público, que son las que en este caso considera ausentes el casacionista, no solamente las otorga la ley, el decreto, la ordenanza o el acuerdo, sino también las resoluciones, los reglamentos y hasta la orden administrativa, cuando los destinatarios son servidores del Estado. De suerte que por medio del mandato, entiéndase como contrato o como orden, se transfieren, trasladan o delegan, total o parcialmente, esas atribuciones al mandatario, quien por el mencionado encargo las ejercita” (sent. sep. 8/81)(2).

En el caso materia de análisis, Víctor Manuel Romero Acosta adquirió el deber funcional de manejo y custodia de la mercancía donada por la DIAN en virtud del mandato que le confirió el alcalde del municipio de Murillo, Tolima, al autorizarlo, dada su condición de secretario de gobierno de ese ente territorial, para retirarlas de las instalaciones de la entidad donante.

A partir del acto de autorización que, como quedó visto atrás, acaeció el 22 de enero de 2006, el procesado Romero Acosta entró a ejercer la disponibilidad jurídica de dichos bienes, la cual, una vez los recibió de la DIAN, se tradujo en disponibilidad material, luego la apropiación que se produjo de aquellos elementos cuya baja se dispuso mediante el acto administrativo dictado el mismo 22 de enero de 2006 es también atribuible al antes aludido, pues respecto de él se conjugan, por lo antes considerado, los elementos típicos del delito previsto en el artículo 397 del Código Penal.

No se presentó, por tanto, la indebida calificación jurídica postulada por el actor frente al punible antes mencionado.

b) La falsedad ideológica en documento público:

El ilícito previsto en el artículo 286 del Código Penal de 2000 se estructura cuando un servidor público, en ejercicio de sus funciones, al extender documento que pueda servir de prueba, consigna en él una falsedad o calla total o parcialmente la verdad.

La jurisprudencia de esta corporación tiene dicho que incurre en el referido delito contra la fe pública todo aquel servidor público a cuyo cargo está la función certificadora de los hechos que corresponden al ejercicio de sus funciones, pues en tal caso está obligado a consignar la verdad en los documentos que extienda(3).

De modo, pues, que la función documentadora no está exclusivamente atribuida a las autoridades referidas en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil(4), como equivocadamente lo entiende el casacionista, sino que, se insiste, la ostenta todo aquel servidor público a quien le corresponde certificar hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

En el presente evento, el acalde del municipio de Murillo, Tolima, autorizó el 22 de enero de 2006 al procesado Víctor Manuel Romero Acosta para retirar la mercancía donada por la DIAN. A partir de ese momento, como se dijo en precedencia, adquirió la disponibilidad jurídica de esos bienes y, por tanto, las obligaciones de manejo, custodia y, en general, la administración derivada de ese deber funcional.

Como tal, al extender actuaciones administrativas que tuvieran que ver con la mencionada mercancía le correspondía consignar hechos acordes con la realidad. Por ello, cuando suscribió en conjunto con el alcalde del citado municipio el acto en la cual se certificó que gran parte de esos elementos se encontraban en mal estado de conservación, sin ser cierta tal circunstancia, faltó a sus deberes oficiales, lesionando así el bien jurídico de la fe pública, traducida en este caso en la credibilidad que la sociedad deposita en quienes ostentan la función documentadora.

Debe referirse la Sala, finalmente, a la afirmación del demandante según la cual el “Decreto 2150 de 2001” estableció que todos los actos administrativos solamente requieren el nombre y la firma del funcionario que lo expide, sin ser necesaria la firma del secretario.

En primer lugar, se trata en realidad del Decreto 2150 de 1995, conocido como “Estatuto antitrámites”. Ahora bien, esa disposición para nada hace mención a los actos administrativos expedidos por los alcaldes, y mucho menos a los que dictan con la participación de los secretarios de sus despachos.

El aludido decreto, en realidad, en su artículo 31 solamente suprimió la firma de los “secretarios generales” en relación con actos administrativos “cuya competencia esté atribuida a ministro, director, superintendente, presidente, gerente, subdirectores de áreas técnicas y en general a algún funcionario del nivel directivo o ejecutivo”.

De todas maneras, como ya quedó expresado, respecto del procesado Romero Acosta recaía la obligación concreta de certificar la situación real de la mercancía donada por la DIAN, pues a partir de la autorización que le confirió el alcalde para retirarla de las dependencias de esa entidad adquirió el deber funcional de guarda y protección de esos elementos.

En consecuencia, tampoco en lo relativo al delito de falsedad ideológica en documento público se incurrió en la indebida adecuación típica aducida por el libelista.

Baste lo dicho para que la Corte no case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagué. Así lo pronunciará en la parte resolutiva de la presente providencia.

Cuestión final

En escrito presentado ante esta corporación, el procesado Víctor Manuel Romero Acosta solicita se le conceda rebaja de pena, manifestando que la sanción impuesta es demasiado alta considerando que el único responsable de los hechos es Luis Sánchez Roncancio. Además, añade, no es una mala persona sino que se trata de un buen elemento para la sociedad, máxime cuando tiene tres hijos menores de edad, quienes necesitan de su apoyo económico y moral.

Al respecto, debe señalarse que el principio de limitación que gobierna el recurso de casación le impide a la Sala emitir pronunciamientos distintos a los planteados en la demanda, salvo la existencia de vulneraciones a las garantías fundamentales de las partes, caso en el cual el procesado estaría autorizado para ponerlos de presente a la Corte.

Sin embargo, la Sala no avizora tal vulneración ni en los temas postulados en el libelo, ni tampoco en la dosificación punitiva efectuada por los falladores de instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

NO CASAR la sentencia impugnada.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

(1) Radicación 8729.

(2) En sentido similar: Sentencias del 2 de octubre de 1997, radicación 11657; del 12 de noviembre 1997, radicación 9887; del 3 de noviembre 3 de 1998, radicación 10778; del 6 de marzo de 2003, radicación 18021; del 30 de noviembre de 2006, radicación 25185, y del 12 de agosto de 2009, radicación 32053.

(3) Cfr. Sentencia del 10 de noviembre de 1987, radicación 129.

(4) Esta norma establece lo siguiente:

“Certificaciones. Tienen el carácter de documentos públicos:

1. Las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116.

2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos.

3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros funcionarios públicos, en los casos expresamente autorizados por la ley”.