Sentencia 34167 de mayo 26 de 2010

 

Sentencia 34167 de mayo 26 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34167

Aprobado Acta 168

Magistrada Ponente:

Dra. María Del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., veintiséis de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Corte es competente para decidir el asunto, habida cuenta que el numeral 4º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 le asigna el conocimiento “de la definición de competencia cuando se trate de (...) juzgados de diferentes distritos”, como ocurre en este caso que involucra despachos de Cundinamarca y Tolima.

La inasistencia alimentaria es un delito de carácter permanente y de tracto sucesivo en cuanto a su proceso de consumación, pues comienza con el incumplimiento de la primera mesada debida y se prolonga todo el tiempo de la omisión, de suerte que durante el período en el cual el alimentante evade su obligación la conducta ilícita se está cometiendo.

Con frecuencia ocurre que luego de iniciada la acción penal, el acreedor alimentario fija su domicilio en otro lugar, lo cual no conlleva necesariamente la variación de la sede para el juzgamiento en cuestión, pues, las mudanzas pueden ser indefinidas según las circunstancias del titular del derecho a percibir alimentos o de su representante legal.

En tal evento, de aplicarse literalmente lo expresado por el Juez Primero Penal Municipal con función de Conocimiento de Fusagasugá, se llegaría al absurdo de admitir tantos jueces temporalmente competentes como ciudades o poblaciones acogiesen al sujeto pasivo de inasistencia alimentaria.

Observa la Sala que la denuncia fue presentada en Fusagasugá donde residía la menor, y fue en ese lugar donde la fiscalía presentó el escrito de acusación. Ahora, la variación del sitio de residencia de la acreedora alimentaria a Melgar no constituye motivo legal para determinar como competente al funcionario judicial de esta localidad en el juzgamiento de Luengas Vargas.

No acierta el juez de Fusagasugá en su planteamiento, porque la competencia territorial no se determina por el cambio de domicilio de la titular del derecho, ya que aceptarlo sería permitir que el proceso siga los pasos del acreedor alimentario con desmedro en la celeridad y economía en la administración de justicia.

Es la ley la que exclusivamente fija la competencia del juzgamiento, lo cual se determina con las pautas que establece y entre ellas no se encuentra las variaciones de residencia del sujeto pasivo de la infracción penal.

En orden a definir la competencia en este asunto, y atendidos los argumentos del juzgado que se abstiene de conocer el caso, resulta pertinente examinar la situación desde la perspectiva del artículo 43 de la Ley 906 de 2004.

En efecto, la Corte(2) ha señalado que el delito de inasistencia alimentaria, adelantado al amparo del sistema penal acusatorio, corresponde a la orbita de competencia del Juez Penal Municipal con funciones de conocimiento del lugar donde ocurrió el delito, y si sucedió en varios sitios, será competente aquel donde la fiscalía formule la acusación, tal como lo señala la citada disposición.

En el caso sometido a estudio de la Sala, surge evidente que si el 15 de abril de 2010 la Fiscalía Local de Fusagasugá radicó el escrito de acusación ante el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento del mismo municipio, es a esta autoridad judicial a la cual le corresponde conocer el juzgamiento.

Por consiguiente, se definirá en este asunto declarando que la competencia para conocer del punible de inasistencia alimentaria seguido contra Yilber Luengas Vargas, radica en el Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá con funciones de conocimiento, despacho al cual se remitirá de inmediato el expediente.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

DEFINIR la competencia en este caso asignando su conocimiento, al Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá, despacho a donde se remitirá el diligenciamiento para lo de su cargo conforme a las razones expuestas en la anterior motivación.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(2) Auto del 19 de agosto de 2009. Radicado 32215.