Sentencia 34170 de junio 24 de 2010

 

Sentencia 34170 de junio 24 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34170

Aprobada Acta 200

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá, D.C., veinticuatro de junio de dos mil diez.

Vistos

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por el por el defensor y el postulado Alonso de Jesús Monsalve Vanegas contra la decisión de la magistrada que ejerce funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal del Superior de Barranquilla, de 3 de mayo de 2010, a través de la cual negó una solicitud de libertad provisional promovida en beneficio del desmovilizado.

Hechos y antecedentes

1. En su condición de desmovilizado Alonso de Jesús Monsalve Vanegas rindió versión libre ante la Fiscalía Cincuenta y Dos de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, oportunidad en la cual confesó y aceptó su responsabilidad en la comisión de varios delitos. Y ACEPTAD EN LA CUAL (Sic).

2. Monsalve Vanegas se encuentra detenido en la cárcel de la ciudad de Bucaramanga acusado de los delitos de homicidio y concierto para delinquir, y hasta el momento se profirieron en su contra los fallos de condena de primera y segunda instancia.

3. El 16 de abril del año en curso el citado Monsalve Vanegas hizo una petición de libertad provisional ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz.

4. Por tal motivo se citó al versionado a audiencia para que sustentará la petición anunciada, celebrándose el acto público el 3 de mayo pasado.

5. El defensor del postulado expresó que su representado ya ha cumplido en detención preventiva un término de 7 años y 4 meses, plazo similar al que eventualmente le correspondería como pena alternativa(1). Agregó que el procesado ha laborado en el centro de reclusión y que su conducta ha sido intachable.

6. El fiscal delegado dijo que Monsalve Vanegas había pertenecido al bloque central Bolívar, y que una vez privado(2) de la libertad se postuló para los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, siendo reconocida su condición por el Ministerio del Interior y de Justicia. Agregó que en su versión libre confesó 22 delitos y la Fiscalía radicó solicitud de audiencia preliminar para adelantar audiencia de imputación, la que se celebrará el 22 de julio de 2010. Afirmó que el beneficio de la pena alternativa no opera de manera automática a favor del postulado, sino que es necesario que se agote toda la etapa judicial y solamente cuando se cumpla todo el trámite de la Ley de Justicia y Paz se verificará si es merecedor de los beneficios previstos en el proceso transicional. Resaltó que la magistrada de justicia y paz carece de competencia para conocer de la petición de libertad porque no se ha cumplido la audiencia de imputación y por tanto la privación de la libertad no ha sido decretada por la jurisdicción especial, de modo que actualmente quien debe resolver peticiones de libertad del postulado es el juez que vigila la ejecución de la pena impuesta por autoridades judiciales de Bucaramanga.

7. La procuradora judicial manifestó estar de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía, razón por la cual coadyuvó lo peticionado por dicho sujeto procesal.

8. En la misma fecha la magistrada de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, una vez declaró su competencia territorial para resolver la petición del postulado, determinó:

(i) Que la versión libre concluyó motivo por el cual se ha presentado una solicitud de imputación contra Monsalve Vanegas, lo que impone entender que el postulado está por cuenta de justicia y paz.

(ii) Que el referido desmovilizado tiene una expectativa frente a la pena alternativa.

(iii) Que es necesario verificar todos los requisitos de elegibilidad para que el versionado pueda acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, como aparece reseñado en la Sentencia C-1199 de 2008 de la Corte Constitucional.

(iv) Que el postulado no está privado de la libertad por orden de la jurisdicción transicional sino por decisión de los jueces comunes de Bucaramanga.

(v) Que las normas referidas a la libertad provisional no se cumplen en los supuestos fácticos que se informan respecto del postulado, por lo que decretó negar la solicitud de libertad provisional invocada por Alonso de Jesús Monsalve Vanegas, y se resaltó que una vez se realice la imputación su libertad estará vinculada al cumplimiento de todas las condiciones y exigencias de la Ley de Justicia y Paz.

9. Contra la determinación de la magistrada interpusieron el recurso de apelación el defensor y el versionado, el cual les fue concedido en el efecto suspensivo para ante esta Sala de la Corte.

Audiencia de argumentación oral

4.1. De los recurrentes.

(i) Versionado:

Señaló que en los términos de la Ley de Justicia y Paz es merecedor de la pena mínima de 5 años prevista, y como ya rindió versión libre, los hechos confesados están siendo investigados, no se le ha proferido medida de aseguramiento y está por cuenta de la jurisdicción transicional, demandó ser beneficiado con la libertad provisional.

(ii) Defensor:

Insistió en los argumentos expresados ante la a quo. Consideró que al haber concluido la versión libre y no efectuarse la audiencia de imputación dentro del término legal, unido al tiempo que lleva privado de la libertad el postulado, determinan la procedencia de la libertad provisional reclamada.

4.2. De los no recurrentes.

(i) Delegado fiscal:

Propuso la carencia de competencia para resolver sobre la petición del postulado porque se encuentra condenado por la jurisdicción ordinaria y aún no se ha practicado la audiencia de imputación de cargos ante la jurisdicción de justicia y paz. Peticionó subsidiariamente que se confirme la decisión de primera instancia porque solamente en el evento en que el desmovilizado se haga acreedor a la pena alternativa tendrá los beneficios inherentes a la misma.

(ii) Agente del Ministerio Público:

Resumió la actuación procesal, afirmó la competencia para tramitar y resolver la petición de libertad formulada y analizó la problemática que se presenta con las personas que habiendo sido juzgadas y condenadas por la jurisdicción ordinaria, ahora comparecen ante la justicia transicional. Concluyó que cualquier beneficio a favor del postulado se difiere hasta el momento en que se le conceda la pena alternativa, razón por la cual se debe confirmar la providencia impugnada.

(iii) Apoderado de las víctimas:

Extractó la actuación procesal y se identificó con los planteamientos de la delegada fiscal y el procurador judicial. Solicitó que se confirme la decisión apelada.

Consideraciones de la sala

1. La Corte es competente para resolver los recursos de apelación contra las decisiones que toman en primera instancia los tribunales superiores (L. 600/2000, art. 75-3 y L. 906/2004, art. 32-3) y en el caso concreto de las salas de Justicia y Paz porque tal atribución expresamente ha sido conferida por el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

2. El objeto de la alzada se restringe a resolver el recurso interpuesto por el defensor del desmovilizado contra la decisión de una magistrada de control de garantías de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que negó una petición de libertad invocada a favor del postulado Alonso de Jesús Monsalve Vanegas.

(Sic) 4. Un examen detenido de la Ley 975 de 2005 permite constatar que la misma no consagra disposición alguna referida a la libertad provisional del postulado, aunque sí hace referencia a la libertad a prueba que se concede a quienes resulten condenados y se hagan acreedores de la pena alternativa (art. 29-4), lo cual significa que es una figura aplicable cuando se ha cumplido la pena alternativa.

5. Lo que sí prevé dicho estatuto es que aquellos postulados que resulten merecedores de la pena alternativa en ningún caso serán beneficiarios de subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa,(3) restricción que se explica cuando se constata que la pena alternativa presupone una significativa reducción de la sanción privativa de la libertad que ordinariamente ameritarían los punibles confesados por los postulados.

6. En todas las clases de procesos regulados por el Congreso de la República y aplicados en los últimos tiempos el legislador ha consagrado expresamente un régimen de causales de libertad, como ocurrió antaño con la Ley 2ª de 1984(4) o recientemente con la Ley 1153 de 2007 (pequeñas causas),(5) motivo por el cual cabría preguntarse si tal omisión constituye un olvido del legislador. Pero al observar el espíritu de la ley y constatar el amplio margen de concesión de justicia a cambio de verdad y reparación, se debe concluir que no se presentó desatención alguna por el parlamento sino que la omisión señalada surgió de la especialidad y singularidad del proceso transicional, que entre otras cosas se caracteriza por la renuncia mutua de intereses y derechos por parte del Estado y los postulados. Por ejemplo, el Estado abdica en la aplicación y ejecución integral y plena de las penas principales y accesorias que ordinariamente impone a los responsables de determinados delitos, al tiempo que el postulado voluntariamente confiesa la ejecución de conductas constitutivas de punibles que aparejan pena privativa de la libertad y se compromete a reparar las víctimas.

7. Y como se trata de un proceso caracterizado por el sometimiento a la justicia por parte de una persona interesada en la obtención de una pena alternativa, no hay lugar al otorgamiento de libertad provisional dentro del trámite porque su elegibilidad a dicha pena excepcional apenas se consolida en el momento del fallo de condena y no antes.

8. No es posible en relación con las causales de libertad provisional hacer remisiones normativas a los estatutos procesales vigentes porque las mismas se predican de procesos tramitados por los jueces penales comunes en los que (i) tiene plena realización el principio contradictorio, (ii) concluyen con penas principales y accesorias ordinarias, (iii) el indiciado o procesado no está obligado a confesar en forma completa y veraz sus delitos, (iv) normalmente se otorgan subrogados penales y demás beneficios punitivos, (v) la existencia del proceso depende de la soberanía estatal y no de la voluntad del procesado, características que señaladas por vía enunciativa permiten avizorar las grandes diferencias existentes entre el trámite transicional y el ordinario.

9. En todo caso, en las normas especiales(6) aplicables en el presente asunto se dispone que

Si en relación con el desmovilizado existe medida de aseguramiento de detención dictada en otro proceso, recibida la lista de postulados elaborada por el Gobierno Nacional en la forma prevista por el artículo 1º del Decreto 2898 de 2006, el fiscal delegado asignado de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, una vez cumplidas las averiguaciones de que tratan los artículos 15 y 16 de la Ley 975 de 2005 y obtenidas las copias pertinentes de las actuaciones procesales solicitadas por él, le recibirá versión libre. Si el desmovilizado se encuentra privado de la libertad por orden de otra autoridad judicial, continuará en esa situación. En todo caso, una vez adoptada la medida de aseguramiento por el magistrado de control de garantías dentro del proceso de Justicia y Paz, que incluya los hechos por los cuales se profirió la detención en el otro proceso, este se suspenderá, respecto del postulado, hasta que termine la audiencia de formulación de cargos dispuesta en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005. En esta se incluirán aquellos por los cuales se ha impuesto medida de aseguramiento en el proceso suspendido siempre y cuando se relacionen con conductas punibles cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

10. La norma referida es clara al señalar que cuando un postulado ha rendido versión libre y se encuentra privado de la libertad a consecuencia de medida de aseguramiento proferida en otro proceso, continuará en esa situación por cuenta de la autoridad judicial que ordenó la medida cautelar, que en el caso sub lite es el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bucaramanga.

11. Es a partir de la audiencia de formulación de cargos siempre y cuando en ella (i) se incluyan los hechos materia del otro proceso, (ii) estos se relacionen con conductas punibles cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley, y (iii) se profiera en contra del postulado medida de aseguramiento por parte del magistrado de garantías, que la privación de libertad del postulado corre por cuenta de la jurisdicción transicional.

12. De lo que se viene de decir queda claro que Alonso de Jesús Monsalve Vanegas no está asegurado por cuenta de la jurisdicción de Justicia y Paz, razón por la cual no hay lugar a que se ordene su libertad provisional.

13. Sí puede el postulado acudir ante los jueces que adelantan el proceso que en su contra se sigue en Bucaramanga, a discutir la existencia de una causal de libertad o, si el asunto ya pasó al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad competente, reclamar el cumplimiento de la pena.

14. En conclusión, por las especialísimas características del proceso de justicia alternativa no están previstas causales de libertad provisional a favor de los postulados, motivo por el cual la Sala no acepta los argumentos del recurrente y confirma lo resuelto por el a quo.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión adoptada por una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio de la cual negó una solicitud de libertad provisional presentada por la defensa del postulado Alonso de Jesús Monsalve Vanegas.

2. NOTIFICAR esta decisión en estrados y ADVERTIR que contra ella no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leónidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Se informó verbalmente que el postulado se encuentra detenido cumpliendo una pena de 29 años impuesta por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bucaramanga, y que su captura se produjo el 12 de marzo de 2003.

(2) Indicó como fecha de captura el 19 de marzo de 2003 y aclaró que el fallo condenatorio fue confirmado por el Tribunal Superior de Bucaramanga mediante providencia de 27 de abril de 2010.

(3) Ley 975 de 2005, artículo 29, parágrafo, concordado con el Decreto 4760 de 2005, artículo 8-4. Situación diferente se presenta cuando al postulado no se le concede la pena alternativa, pues el legislador dispuso que en tal evento sí reciben beneficios (D. 3391/2006, art. 12) o cuando no supera el periodo de libertad a prueba (L. 975/2005, art. 29, inc. final).

(4) ART. 8º—“Modificado por el artículo 17 de la Ley 23 de 1991”. En los procesos que se adelanten conforme a este procedimiento la captura y detención se rigen por las normas del Código de Procedimiento Penal y no habrá lugar a la excarcelación cuando se trate de hurto calificado o agravado, extorsión, estafa, abuso de confianza, fraude mediante cheque y daño, (o de las contravenciones previstas en el D. 522/71, arts. 32 y 53).

No obstante lo previsto en el inciso anterior, el procesado tendrá derecho a libertad provisional cuando se dé una cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el procesado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por el delito de que se le acusa, habida consideración de la calificación que debería dársele.

Se considerará que ha cumplido la pena el que lleva en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.

La excarcelación a que se refiere este numeral, será concedida por la autoridad que esté conociendo del proceso al momento de presentarse la causal aquí prevista.

2. Cuando se dicte en primera instancia la providencia de que trata el artículo 163 o sentencia absolutoria.

3. Cuando vencido el término de cuarenta y cinco (45) días de privación efectiva de libertad del procesado, no se haya dictado sentencia. Este término se ampliará a noventa (90) días cuando sean tres (3) o más los procesados contra quienes estuviere vigente el auto de detención, o cuando sean tres (3) o más los hechos punibles materia del sumario.

4. Cuando el sindicado fuere mayor de 16 años y menor de 18 o cuando hubiere cumplido setenta (70) años, siempre que su personalidad y la naturaleza y modalidades del hecho punible hagan aconsejable su libertad.

5. Cuando la infracción se hubiere realizado en las circunstancias a que se refiere el artículo 30 del Código Penal.

PAR.—En los casos de hurto simple, estafa, abuso de confianza, fraude mediante cheque y daño, habrá lugar a la excarcelación en los casos previstos en los numerales 1º a 5º del presente artículo y además cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 374 del Código Penal.

(5) ART. 53.—Causales de libertad. El juez de pequeñas causas decretará la libertad en los siguientes casos:

1. En los casos de captura en flagrancia cuando la conducta no comporte arresto preventivo.

2. Cuando la captura fuere ilegal.

3. Cuando hayan transcurrido veinte (20) días desde la captura sin que se haya iniciado la audiencia de juzgamiento.

En estos casos el juez impondrá al querellado o imputado el compromiso de comparecer cuando fuere requerido.

(6) Decreto 3391 de 2006, artículo 11-2.