Sentencia 34170 de mayo 6 de 2010

 

Sentencia 34170 de mayo 6 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34170

Acta 11

Magistrados ponentes:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Dr. Eduardo López Villegas

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil diez.

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el señor Eduardo Serrano Sanmiguel contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 14 de septiembre de 2007, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. “Coltabaco S.A.”.

EXTRACTOS:«IV. Se considera

En primer término, cabe anotar que en su alegato, común para los tres cargos, el impugnante le atribuye al tribunal razonamientos que no expuso en su fallo, pues le endilga que concluyera que el derecho reclamado solo procede respecto de los servidores del Estado, cuando, como surge de la sinopsis que se hizo del fallo impugnado, ese juzgado fundó su decisión en otras consideraciones que no son puntualmente controvertidas en el fallo. De ahí que toda la argumentación expuesta en torno a la utilización de la analogía en este caso, resulta totalmente inane, pues no guarda relación con los fundamentos de la decisión que se controvierte.

En efecto, al inicio de sus motivaciones el tribunal asentó, con claridad, luego de referirse al artículo 115 de la Ley 100 de 1993: “Como puede apreciarse del texto normativo invocado como fuente jurídica del derecho demandado, la obligatoriedad  a la expedición del bono pensional exige como presupuesto, que se trate de un afiliado al sistema de seguridad social, que se traslada del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad o viceversa, condición que no cumple el demandante”.

La anterior inferencia, que además se soporta en una consideración de naturaleza fáctica, no intenta ser rebatida en el cargo.

Lo mismo ocurre con la que, en verdad, fue la apreciación jurídica en la que sustentó el tribunal su conclusión de que la empresa demandada no está obligada a expedir el bono pensional reclamado, por el período que el actor laboró para la sociedad accionada antes de su afiliación al Instituto de Seguros Sociales, el 1º de enero de 1967, porque tal situación se consolidó bajo el régimen anterior y, por tanto, no sería dable aplicar la Ley 100 de 1993, pues ello implicaría el quebranto del principio de la irretroactividad de la ley. Posición que, además, sustentó en una sentencia de la Corte Constitucional.

Esta irregularidad, por su trascendencia, es suficiente para desestimar los cargos, por cuanto que las consideraciones referidas permanecen inmodificables y,  por consiguiente, continúan prestando apoyo suficiente a la decisión impugnada, pues sobre ellas obra la presunción de acierto y legalidad que en casación laboral opera respecto de la sentencia recurrida.

Recuérdese que, como lo ha explicado, con profusión, esta Sala de la Corte, es carga del recurrente en casación controvertir todos los soportes del fallo que impugna porque aquellos que deje libres de críticas seguirán sirviendo de pivote a la decisión, en la medida en que las acusaciones exiguas, precarias o parciales carecen de la virtualidad suficiente en el horizonte de la aniquilación de una sentencia en el, de por sí estrecho, ámbito de la casación del trabajo y de la seguridad social.

No se olvide que el recurso extraordinario de casación no otorga a la Corte competencia para juzgar el juicio, en la perspectiva de resolver a cuál de los contendientes judiciales le acompaña la razón, desde luego que su misión, a condición de que el recurrente sepa plantear bien la acusación, se circunscribe a enjuiciar la sentencia gravada a los efectos de establecer si el juez, al pronunciarla, observó las normas jurídicas que debía aplicar para definir rectamente la controversia jurídica llevada a su examen.

En verdad, el recurso de casación revela el ejercicio de la más pura dialéctica, en tanto que comporta el enfrentamiento de la sentencia y de la ley. Exige de parte del recurrente una labor de persuasión, en el propósito de hacerle ver a la Corte que la presunción de legalidad y acierto que ampara a la decisión judicial gravada no deja de ser una simple apariencia o enunciación formal.

Con todo, sin necesidad de examinar los efectos jurídicos que, en la determinación de la cuantía de la pensión del actor, pudo producir el hecho de que no se le tuviera en cuenta el tiempo que trabajó antes de que el Seguro Social asumiera el riesgo de vejez, (cuestión a la que no se considera necesario referirse para resolver los cargos, por razón del criterio de la Corte al que se hará referencia), importa anotar que esta Sala se ha pronunciado en relación con situaciones similares a la que ocupa ahora su atención, y ha concluido que solamente es posible, para efectos de la expedición de un bono pensional, contabilizar el tiempo servido a un empleador del sector privado cuando el contrato de trabajo se hallare vigente al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, condición que no cumple el actor.

Así se explicó en la sentencia, del 22 de junio de 2005, radicado 21295, en la que se hizo un análisis del artículo 115 de la Ley 100 de 1993 y de los decretos que lo reglamentaron, y, asimismo, se razonó en el sentido de que esas normas reiteran el principio de irretroactividad de la ley, que ya se dijo, fue un sustento no atacado del fallo del tribunal, que, así las cosas, se corresponde con los criterios de esta Corte, que se pronunció en los siguientes términos:

“En consonancia  con la preceptiva sobre efecto  general inmediato de la ley que se acaba de señalar, el artículo 33 literal c del parágrafo 1º estableció que se tendrá en cuenta en el cómputo de las 1.000 semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez (se aclara que aunque esta norma fue posteriormente modificada, el cambio no tiene ninguna importancia para la tesis que se va a exponer) “El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley” (resalta la Sala), y más adelante la norma agrega que el cómputo será procedente “siempre y cuando el empleador ... trasladen con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora” (regla que en el fondo no fue alterada por la sent. C-177/98).

“De lo hasta aquí dicho se puede extraer que la contabilización del tiempo servido en empresas particulares para efectos de la pensión de jubilación mediante la expedición de un bono pensional es posible siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

“a) Que se trate de empresas o empleadores a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión.

“b) Que el contrato de trabajo estuviera vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la ley 100.

“Estas pautas son reiteradas en el artículo 115 de la ley en cita, cuando dispone que tendrán derecho al bono pensional los afiliados que “estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones”. Este precepto no deja duda que la expresión utilizada en el literal que se examina difiere radicalmente de los otros literales ya que mientras estos se refieren a “hubiesen efectuado cotizaciones” aquel utiliza la expresión “estén vinculados”, de donde emerge que en este último caso se mantiene la exigencia de que el contrato de trabajo debe estar vigente para el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993.

“En ese orden de ideas, si el tribunal dio por sentado que el contrato de trabajo que hubo entre las partes aquí enfrentadas terminó el 20 de abril de 1993, salta a la vista que no se cumple la exigencia establecida en los artículos 33 y 115 de la Ley 100, que no hacen sino reiterar la regla prevista en el artículo  16 del CST, porque la relación no estaba vigente para cuando entró en vigencia dicha normativa.

“No está demás añadir que debido a la claridad de las disposiciones legales que regulan la materia, no le es dado a los jueces apartarse o rebelarse contra las mismas alegando su supuesta inconveniencia, puesto que tales juicios políticos corresponden en un Estado de derecho como el nuestro a las autoridades normativas, esto es al legislativo, y no a las autoridades judiciales, que deben velar exclusivamente por la vigencia del imperio de la ley.

“Armonizando las normas a las que se ha hecho referencia, estima la Sala que en aquellas hipótesis en que el contrato de trabajo había terminado antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, no hay lugar a expedir por parte del empleador un bono pensional o a concurrir con su financiación por un posterior traslado del trabajador al régimen de ahorro individual con solidaridad, ni aún en el caso de que el servidor empiece a trabajar con otras empresas, ni siquiera si tal hecho ocurre al día siguiente de terminada la relación con el patrono anterior.

“No sobra agregar que los decretos expedidos con posterioridad por el gobierno sobre la materia se atuvieron al marco normativo que se dejó descrito. Así, el artículo 3º del Decreto 1748 de 1995 dispuso:

Vinculaciones laborales válidas. Las vinculaciones laborales válidas para efectos del presente decreto son:

“1. Para el cálculo de los bonos tipo A, todas las vinculaciones laborales que el trabajador haya tenido con anterioridad a la fecha del traslado de régimen pensional, con excepción de:

“a) Las vinculaciones con empleadores del sector privado que tenían a su cargo las pensiones y con los cuales el vínculo laboral no estaba vigente el 23 de diciembre de 1993, ni se inició con posterioridad a dicha fecha;

“b) Las vinculaciones con afiliación al ISS en épocas en las que no se cotizó a ese instituto para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, IVM, sea porque el ISS no había asumido aún este riesgo o por mora del empleador...”

“Pero es que tampoco podía el ad quem darle las consecuencias que le dio a los artículos 19 del Decreto 2665 de 1988 y 70 del Acuerdo 044 de 1989, pues con el pretexto de aplicarlos terminó haciendo un injerto normativo, con un contenido totalmente diferente al que se desprende de estas disposiciones”.

De conformidad con los razonamientos que se acaban de transcribir, se concluye que el tribunal no incurrió en los quebrantos normativos que le son atribuidos en los tres cargos.

Los cargos, en consecuencia, no prosperan; sin embargo, no hay lugar a costas en el proceso, pues no está demostrado que se hayan causado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, el 14 de septiembre de 2007, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Eduardo Serrano Sanmiguel contra Compañía Colombiana de Tabaco “Coltabaco S.A.”.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».