Sentencia 34175 de agosto 10 de 2010

 

Sentencia 34175 de agosto 10 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34175

Aprobado Acta 256

Magistrada Ponente:

Dra. María Del Rosario González de Lemos

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, el procesado y su defensor contra la sentencia dictada en primer grado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, pues la acción penal es ejercida contra un ex juez laboral del circuito de Buenaventura, el cual fue juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de Buga.

Cuestión inicial

Antes de adoptar alguna decisión en punto de las impugnaciones propuestas, la Sala deja sentado cómo el delito de prevaricato por acción precisa de una resolución, dictamen o concepto —en este caso, sentencia— ostensiblemente contraria a la legislación, es decir, que su contenido torna notorio, sin mayor dificultad, la ausencia de fundamento fáctico y jurídico, y su contradicción con la normatividad, rompiendo abruptamente la sujeción que en virtud del “imperio de la ley” del artículo 230 de la Carta Política deben los funcionarios judiciales al texto de la misma.

Tal ocurre, por ejemplo, cuando las decisiones se sustraen sin argumento alguno del texto de preceptos legales claros y precisos, o cuando los planteamientos invocados para ello no resultan de manera razonable atendibles en el ámbito jurídico, verbigracia por responder a una palmaria motivación sofística grotescamente ajena a los medios de convicción o por tratarse de una interpretación contraria al nítido texto legal.

Con un tal proceder debe advertirse la arbitrariedad y capricho del servidor público que adopta la decisión, en cuanto producto de su intención de contrariar el ordenamiento jurídico, sin que, desde luego, puedan tildarse de prevaricadoras las providencias por el único hecho de exponer un criterio diverso o novedoso y, de manera especial, cuando abordan temáticas complejas o se trata de la aplicación de preceptos ambiguos, susceptibles de análisis y opiniones disímiles(3).

Es también necesario indicar que respecto de la apreciación de las pruebas no es suficiente con la posibilidad de hallar otra lectura de ellas, en cuanto es menester que la tenida como prevaricadora resulte contundentemente ajena a las reglas de la sana crítica al momento de ponderar los medios probatorios, de manera que denote capricho y arbitrariedad de quien así procede(4).

Sobre los procesos laborales cuya sentencia se califica de prevaricadora

Efectuadas las anteriores precisiones es oportuno indicar que los cargos de prevaricato atribuidos al doctor Manuel Eduardo Hernández Ballesteros se concretaron con la emisión de la respectiva sentencia en cada uno de los siguientes procesos ordinarios laborales incoados contra el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura:

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ProcesoDemandanteRadicación demandaAdmisión demandasentenciaContenido demandaContenido sentencia
8070 Exister Caicedo Rodríguez Enero 11/96 Mayo 31/96 Agosto 5/97 Formato idéntico en los 4 casos Formato idéntico
8154 Carlos Lozano Castro Enero 11/96 Abril 23/96 Diciembre 2/97   
8159 Bernardo Ocoró Enero 11/96 Abril 23/96 Septiembre 24/98   No condenó en costas
9871 Virgilio Valverde Enero 11/96 Enero 23/96 Agosto 27/98   No condenó en costas

 

En ellos, el doctor Manuel Eduardo Hernández Ballesteros, según lo señala la sentencia impugnada, habría incurrido en las siguientes conductas manifiestamente contrarias a la ley: a) Extralimitar ostensiblemente la facultad extra petita del artículo 50 del Código Procesal Laboral porque condenó a la demandada al pago de salarios insolutos que no fueron aducidos en la demanda; b) No reconocer la excepción de prescripción propuesta oportunamente por la parte demandada, cuando era viable hacerlo, pues se había superado el término de tres años previsto en la ley laboral para incoar la acción; c) Omitir el trámite de la consulta a las sentencias en cuestión; d) Condenar en costas a Foncolpuertos con lo cual contrarió la prohibición contenida en los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, entonces vigentes.

Previo a analizar las impugnaciones, la Sala hará unas anotaciones generales sobre las características y el trámite de los cuatro procesos laborales, lo cual permitirá hacer referencia de manera general a ellos toda vez que en cado uno concurren las mismas situaciones fácticas y jurídicas:

a) Los libelos demandatorios se plasmaron en formatos idénticos en los que se dejaba el espacio para insertar el nombre del demandante de turno.

b) Todas las demandas pretendían la reliquidación de cesantía, prestaciones sociales, indemnización moratoria y cualquier otro salario que le correspondiera al solicitante.

c) Los cuatro demandantes son pensionados de Foncolpuertos, que buscan obtener la reliquidación y reajuste de sus mesadas pensionales.

d) En los procesos se recaudó únicamente prueba documental, aportada por la empresa demandada, contentiva de los actos jurídicos de liquidación pensional y algunos de sus soportes.

e) La defensa de los intereses de la parte demandada, si bien presentó escrito de contestación por cuyo medio propuso algunas excepciones con lacónicos argumentos, entre ellas la de prescripción, fue bastante precaria, por cuanto no asistió a ninguna de las audiencias ni interpuso recurso de apelación contra las sentencias, no obstante las cuantiosas condenas.

1. Apelación del acusado y su defensor.

Sobre la consulta y la condena en costas

La Sala iniciará el análisis de esta impugnación revisando los aspectos concernientes al grado jurisdiccional de consulta y a la condena en costas por tener como fundamento un mismo soporte: la naturaleza jurídica del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia para los años 1997 y 1998, fecha de emisión de las sentencias calificadas de prevaricadoras.

Lo anterior por cuanto dos de los reproches consignados en la sentencia condenatoria impugnada señalan que el doctor Hernández Ballesteros incurrió en el delito de prevaricato, precisamente por no tramitar el grado de consulta y por condenar en costas a la parte demandada, acusación a la que se opone el procesado y su defensor bajo el argumento que para esa época la condición jurídica de establecimiento público de Foncolpuertos le impedía beneficiarse de la consulta y de la exención de condena en costas.

Sobre este tópico, la corporación encuentra que para los años 1997 y 1998 no era unánime la posición doctrinal y jurisprudencial sobre tales aspectos, por cuanto la naturaleza jurídica de establecimiento público otorgada por el Decreto-Ley 36 de 1992 al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, no encajaba en el tenor literal del artículo 69 del Código Procesal Laboral, situación que generó variadas interpretaciones. En efecto, el canon legal preveía: “Además de estos recursos existirá un grado jurisdiccional denominado de consulta. ... También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al departamento o al municipio”.

Solo con la emisión de la Sentencia 12158 de octubre 19 de 1999 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se unificaron criterios en el sentido de que el grado jurisdiccional de consulta, no obstante su carácter de establecimiento público, debía ser concedido a favor de Foncolpuertos(5), para lo cual la Corte expuso los siguientes argumentos:

“Por sus funciones y el origen de sus recursos, y dado que la directamente obligada es la Nación, resulta imperativo entender que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, si bien es un establecimiento público, su naturaleza jurídica es de carácter especial, por lo que se justifica que las prerrogativas establecidas directamente en el decreto de creación se extiendan aun al grado jurisdiccional de consulta, cuando la providencia le fuere total o parcialmente adversa, porque en este caso se está hablando de obligaciones contraídas por la Nación. Máxime que dentro de sus funciones se le ordena "ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la Nación, de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación y del Fondo”.

Comoquiera que para la época en que el doctor Manuel Eduardo Hernández Ballesteros profirió las sentencias cuestionadas no había unidad de criterio entre los diferentes operadores judiciales sobre la procedencia o no del grado jurisdiccional de consulta, no puede calificarse por este aspecto la decisión de manifiestamente contraria a la ley. Si bien la postura jurídica que pregonaba la improcedencia de la consulta para Foncolpuertos a la postre resultó contraria a los parámetros que vía jurisprudencial fijó la Sala Laboral de la Corte, tal claridad surgió con posterioridad a la emisión de las providencias censuradas. En el mismo sentido, solo hasta el 1º de diciembre de 1999 la Corte Constitucional en sentencia de tutela SU-962, sentó postura, reafirmando la procedencia de la consulta para Foncolpuertos.

No se pierda de vista que las conductas de los funcionarios investigados bajo el cargo de prevaricato deben ser examinadas ex ante, esto es, atendiendo las circunstancias temporales dentro de las cuales se emitió la decisión censurada. En otras palabras, el juzgador debe ubicarse en la época en que se dictó la sentencia tachada de manifiestamente ilegal, en este caso en los años 1997 y 1998, para establecer cuáles eran las reglas jurídicas aplicables al caso, y la doctrina y jurisprudencia vigentes para ese momento.

En este orden de ideas, la omisión del doctor Hernández Ballesteros de surtir el grado jurisdiccional de consulta del artículo 69 del Código Procesal Laboral en favor de Foncolpuertos, no se aprecia manifiestamente ilegal, así como tampoco la de condenar en costas a la parte demandada, pues, se repite, para los años 1997 y 1998, no había unanimidad entre los operadores judiciales del área laboral sobre la forma de proceder en tales aspectos(6).

Recuérdese que la contradicción entre la determinación adoptada por el procesado y la ley debe ser ostensible, pues si la norma otorga la posibilidad de más de una interpretación, y no existe precedente jurisprudencial del máximo tribunal de la jurisdicción, no es posible pregonar la configuración de comportamiento prevaricador. En este sentido, la Sala ha manifestado lo siguiente(7):

“La tipificación legislativa del delito de prevaricato está referida a la emisión de una providencia manifiestamente contraria a la ley, circunstancia esta que constituye —ha dicho la jurisprudencia— la manifestación dolosa de la conducta en cuanto se es consciente de tal condición y se quiere su realización, afirmando, así mismo, que semejante contradicción debe surgir evidente, sin mayores elucubraciones.

“Por contraste, todas aquellas providencias respecto de las cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley quedan excluidas del reproche penal, independientemente de que un juicio posterior demuestre la equivocación de sus asertos, pues —como también ha sido jurisprudencia reiterada— el juicio de prevaricato no es de acierto sino de legalidad. A ello debe agregarse como principio axiológico cuando se trata de providencias judiciales, que el análisis de su presunto contenido prevaricador debe hacerse necesariamente sobre el problema jurídico identificado por el funcionario judicial y no sobre el que identifique a posteriori su acusador o su juzgador, según sea el caso (...)”.

En relación a la condena en costas que dentro de los procesos ordinarios laborales 8070 y 8174, emitió el doctor Hernández Ballesteros, el 5 de agosto y el 2 de diciembre de 1997, respectivamente, la Sala encuentra cómo también existía indeterminación, en tanto el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por principio de integración, establecía:

“En ningún caso la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios podrán ser condenados a pagar agencias en derecho ni reembolso de impuesto de timbre”.

Al igual que con la consulta, la exención estaba prevista para la nación y las entidades del orden territorial, más no así para los establecimientos públicos, de manera que era factible que surgieran interpretaciones jurídicas diversas sobre el punto, entre ellas la efectuada por el acusado en el sentido de que Foncolpuertos no estaba excluida de la obligación de sufragar las costas procesales cuando la sentencia le fuera adversa.

Aún más, la Corte Constitucional en Sentencia C-539 de 1999 declaró inexequible el inciso transcrito del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, por considerarlo carente de legitimidad al conculcar el principio de igualdad, razón por la cual, desde esa fecha, es posible condenar en costas a las entidades públicas del orden nacional o territorial.

En suma, la Sala colige que le asiste razón al procesado y a su defensor sobre estas temáticas, en tanto no se evidencia que las decisiones del doctor Hernández Ballesteros, en punto de la consulta y de las costas, sean manifiestamente contrarias a la ley; en ello se equivocó el tribunal a quo, pues olvidó hacer el análisis ex ante del estado de tales institutos para la época de la emisión de las sentencias controvertidas.

Sobre el uso de la facultad extra petita

Sostienen los impugnantes que el uso de la facultad extra petita por parte del doctor Hernández Ballesteros obedeció a la aplicación del artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral, que permite al juez ordenar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de los pedidos en la demanda cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados. Agregan que en su aplicación el ex juez se ciñó a los cánones legales, pues si bien la petición de pago de salarios y prestaciones correspondientes a los días deducidos por la empresa demandada no fue incluida en las pretensiones de la demanda, sí fue tema debatido en juicio por cuanto se evidenció su no pago con las liquidaciones remitidas por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia.

Al respecto, la Sala observa cómo dentro de los poderes de dirección del proceso atribuidos al juez por el ordenamiento procesal laboral están las facultades extra y ultra petita, definidas en el artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral, así:

“El juez de (primera instancia)(8) podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos a los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas”.

Empero, tal prerrogativa no comporta autorización para apartarse de la causa petendi, es decir, no es una carta abierta para que el juzgador resuelva sobre aspectos no planteados en la demanda y, menos aún, no debatidos en el proceso.

En el caso bajo examen, la Sala encuentra que en torno a los descuentos de los días laborados no se adelantó controversia probatoria o argumental; simplemente se planteó en el hecho cuarto de la demanda la necesidad de liquidar la cesantía definitiva teniendo en cuenta todo el tiempo que duró la relación laboral porque, en opinión del demandante, no había soporte de los descuentos efectuados por la empresa por ausencias, licencias o suspensiones del contrato de trabajo.

Sin embargo, si la parte demandante pretendía derivar algún beneficio de tal hecho, tenía la obligación de demostrar su supuesto fáctico, conforme al principio de la carga de la prueba consagrado en el canon 177 del Código de Procedimiento Civil, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

En otras palabras, la parte demandante estaba obligada a demostrar, no solo los descuentos efectuados porque estos fueron aceptados por la demandada, sino, además, que los mismos no tenían sustento legal. Sin embargo, en ninguno de los cuatro procesos objeto de análisis el demandante cumplió con tal carga, no obstante lo cual el juez, de manera ligera y contrariando el claro mandato legal del artículo 50 del Código Procesal Laboral, reconoció unos salarios insolutos y las prestaciones derivadas, sin que se dieran las condiciones jurídico probatorias para ello, con lo cual se apartó ostensiblemente de la ley laboral que debía tener como norte.

Aunado a ello, el doctor Hernández no podía dar por cierta la aseveración del hecho cuarto de la demanda referida a la ausencia de soporte legal de los descuentos, sin exigir la prueba de dicho aserto. Aceptar sin reparos una afirmación contenida en un hecho de una demanda, que además no ha sido objeto de debate al interior del diligenciamiento, implicaba dar un alcance a la facultad extra petita que no tenía ni tiene.

De otro lado, nótese cómo las actas de liquidación de prestaciones sociales donde se consignan los pagos y descuentos efectuados a los demandantes, ostentan la condición de documento público y, por tanto, su contenido se presume auténtico, razón por la cual el doctor Hernández Ballesteros no podía fragmentarlo para aceptar como ciertos los datos correspondientes a salario devengado, días descontados y, presumir, sin fundamento probatorio alguno, la injusticia o ilegalidad de la aplicación de los descuentos.

Ahora bien, conforme a la legislación laboral aplicable a los procesos censurados (L. 50/90 y decretos anteriores, entre ellos el 2127/45), se podía suspender el contrato de trabajo por el empleador en alguno de los siguientes eventos: fuerza mayor, muerte del patrono, suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, licencia o permiso temporal concedido por el patrono al trabajador, llamado del trabajador al cumplimiento del servicio militar, detención preventiva del mismo y por huelga lícita declarada con sujeción a las normas de la ley.

Lo anterior significa que la empresa demandada no actuó contra la ley, al hacer los descuentos del tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, de forma tal que cuando el doctor Hernández Ballesteros ordenó restituir este tiempo para efectos de los cómputos de las prestaciones, produjo una decisión manifiestamente contraria a la ley, sin que sea atendible la explicación defensiva en el sentido de que a quien le correspondía probar la legalidad de cada uno de los descuentos era a la empresa demandada por cuanto tal debate no debía atenderse dentro de esas actuaciones laborales porque nunca fue propuesto.

Si en algún momento de la relación laboral, vigente por largos años, se hubiesen presentado reparos por parte de cada trabajador sobre los mentados descuentos, debían haberlos formulado ante el empleador en el momento preciso en que se hicieron, pues resulta a todas luces absurdo dejar pasar por alto tal hecho para cuestionarlo muchos años después.

De otro lado, el artículo 61 del mismo Código de Procedimiento Laboral señala:

“Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes... En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”.

De ello se deduce que el análisis probatorio del ex juez procesado debía estar encaminado a evaluar las pruebas y su capacidad persuasiva en torno de las circunstancias relevantes del pleito, dentro de las cuales no se planteó la ilegalidad de los descuentos efectuados por Foncolpuertos, motivo por el cual el operador judicial no podía concluir, como lo hizo, la necesidad de ordenar el pago de salarios correspondientes a un trabajo no realizado y a un tiempo no laborado, porque ello desconocía la realidad probatoria e, indiscutiblemente, le llevaba a emitir una providencia manifiestamente contraria a la ley.

Todo lo anterior permite a la Sala colegir que el doctor Hernández Ballesteros aprovechó la desidia con que fueron atendidas las demandas en mención por parte de Foncolpuertos para condenarla más allá de lo permitido en la ley, pues, se reitera, los hechos en los que se originaron los descuentos de salario no se discutieron en los correspondientes juicios ni fueron probados de ninguna manera, no obstante lo cual el acusado ordenó pagar salarios por concepto de tiempo no trabajado.

En consideración a lo anterior, la Sala concluye que el reconocimiento de salarios insolutos no incluidos en la causa petendi de las demandas ni debatidos dentro de cada uno de los procesos laborales (62 días a Bernardo Ocoró, 89 a Exister Caicedo, 38 a Virgilio Valverde y 106 a Carlos Lozano), no tiene soporte en la figura de las facultades extra petita del artículo 50 del Código de Procedimiento Laboral, y, por lo mismo, el doctor Hernández Ballesteros se apartó manifiestamente de la ley incurriendo, por tanto, en el delito de prevaricato respecto a cada una de las cuatro sentencias bajo examen.

Sobre la prescripción

En torno al cargo relacionado con la negativa de acceder a la prescripción impetrada por la parte demandante, sostienen los recurrentes, no era posible reconocerla por cuanto no se formuló la proposición jurídica de manera completa ya que no se explicó porqué razón se configuraba, cuáles eran las fechas a tener en cuenta y cuál su respaldo normativo. Opinan que si la prescripción se menciona pero no se sustenta y el juez la decreta estaría reconociéndola de manera oficiosa, situación que está proscrita por el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.

Para resolver este aspecto, debe considerase que la parte demandada consignó en el escrito de contestación de demanda que proponía, entre otras, la excepción de prescripción, así: “Las acciones mediante las cuales se quiere reclamar los pretendidos derechos se encuentran prescritas”; es decir, aunque con lacónicas palabras, sí invocó tal medio defensivo.

Considera la Sala que, no obstante la ausencia de explicación de la excepción, el ex juez procesado tenía la obligación, como garante de la legalidad de la actuación, de revisar si tal circunstancia se configuraba, más aún cuando ello no imponía una operación mental compleja sino el simple cotejo de fechas suministradas en la demanda y de fácil verificación con la documentación recaudada.

En este sentido, la afirmación de los recurrentes sobre el imperativo de efectuar un análisis detallado de la excepción de prescripción como requisito para ser valorada por el operador judicial, se aleja de la realidad por cuanto para ese entonces no existía ninguna norma en el ordenamiento laboral, civil o procedimental que así lo impusiera.

Aún más, la Sala Laboral de la corporación se pronunció en los siguientes términos sobre la materia(9):

“Es criterio de la Sala que tratándose de la excepción de prescripción, no es imperativo legal que se sustente por el demandado, toda vez que propuesta, al juzgador tan solo corresponde realizar un raciocinio simple en el que por fuerza habrá de considerar que el aludido modo de extinguir las obligaciones ocurre por el transcurso del tiempo (CPL, art. 32 y CPC, art. 306), si el trabajador no reclama los respectivos derechos laborales en un término específico contado desde la exigibilidad de los mismos(CST, arts. 488 y 489, CPL, arts. 151 y 152, Ley 48 de 1968, art. 3º, etc.).

En torno al punto bajo análisis esta Sección de la Sala ha tenido ocasión de precisar que una vez invocada o propuesta la excepción de prescripción corresponde al fallador “... hacer el respectivo pronunciamiento fundado en los medios probatorios a su alcance, lo cual excluye lo oficioso que supone ausencia total de petición y la proposición de excepciones, así sea de manera escueta, contiene oposición al derecho pretendido en la demanda y como tal, requiere solución jurídica. Además el artículo 32 del Código Procesal del trabajo que regula la prescripción y demás excepciones no exige que las mismas sean alegadas. Simplemente, su proposición en la contestación de la demanda o en la primera audiencia de trámite” (ver sent. nov. 6/92, rad. 4634, M.P. Ramón Zúñiga Valverde)”.

En concreto, en punto de la prescripción, en las sentencias laborales controvertidas se dijo lo siguiente(10):

“Por falta de alegación a tenor de lo ordenado por el artículo 2513 del Código Civil la excepción de prescripción estaría llamada al fracaso, pero además como el agotamiento gubernativo la interrumpió en oportunidad, tampoco hay lugar a ella”.

Sin embargo, el artículo 2513 del Código Civil establecía: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”, sin que el vocablo “alegarla” comporte el alcance que ahora en el escrito de apelación el acusado y su defensor quieren imprimirle, pues, tal como lo expresó la Sala Laboral de la corporación, la alegación se refiere a la invocación o proposición, sin que la norma exija una sustentación especial y amplia. Incluso, el actual texto de dicho canon, modificado por artículo 2º de la Ley 791 de 2002, refiere que la prescripción podrá invocarse, sin más condicionamientos para su estudio y decisión.

Por manera que la acepción otorgada por el acusado y su defensor a la palabra “alegarla” no tiene finalidad distinta de ocultar el hecho de que el ex juez descartó la excepción de prescripción sin hacer un verdadero análisis, como era su deber.

La conclusión anterior se ve reforzada en la afirmación que el doctor Hernández Ballesteros plasmó en sus sentencias, en relación al supuesto agotamiento gubernativo como mecanismo que interrumpió la prescripción, situación alejada de la realidad porque el simple cotejo de las fechas en que los demandantes dejaron de prestar sus servicios a Foncolpuertos con la calenda de radicación de la reclamación administrativa a la empresa, indicaba claramente un lapso superior a los tres años previstos como regla general para la prescripción de las acciones laborales, según las voces del artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

En efecto, todas las reclamaciones administrativas ostentan sello de radicación en Foncolpuertos con fecha 20 de febrero de 1995, mientras que los demandantes dejaron de prestar sus servicios a la empresa, así: Exister Caicedo, el 28 de diciembre de 1983, Carlos Lozano, el 24 de diciembre de 1990, Bernardo Ocoró, junio 28 de 1991 y Virgilio Valverde, agosto 13 de 1991.

Por manera que la actuación del doctor Hernández Ballesteros, en relación al tópico de la prescripción, se apartó sustancialmente de las normas reguladoras de la materia, tal como ha quedado expuesto, con lo cual incurrió en el delito de prevaricato, en concurso homogéneo y sucesivo, circunstancia que impone a confirmar la sentencia confutada.

Sobre la ausencia de prueba del dolo

Los recurrentes aseguran que el tribunal a quo no demostró la actuación dolosa del doctor Hernández Ballesteros, requisito indispensable para predicar la configuración del prevaricato porque el verdadero delito es deliberado e intencional; por el contrario, quien actúa por irreflexión, imprevisión o descuido no infringe el tipo penal atribuido en este proceso.

Al respecto, advierte esta colegiatura como lo ha hecho en anteriores ocasiones(11), que tratándose del delito de prevaricato, aun cuando se pregone un fin jurídicamente irrelevante o incluso noble, el delito no desaparece por cuanto la descripción típica actual no incluye ingredientes adicionales, como sucedía en anteriores códigos, en lo que toca con la demostración del dolo en el prevaricato, esto es, que no hay que demostrar simpatía o animadversión hacia una de las partes. Lo fundamental es tener conciencia que el pronunciamiento se aparta ostensiblemente del derecho, sin importar el motivo específico del servidor público para actuar así.

Ciertamente, el dolo no emerge de las manifestaciones del procesado sino de las actuaciones reflejadas en la decisión proferida, de forma que si los argumentos expuestos en las decisiones prevaricadoras no consultan la realidad fáctica y jurídica, tal situación indica claramente la consciencia del operador judicial de vulnerar la ley, al emitir decisiones manifiestamente contrarias a derecho.

En el asunto bajo examen, el actuar doloso se refleja claramente en las cuatro sentencias proferidas por el doctor Hernández por cuyo medio se abstuvo de decretar la prescripción de la acción laboral invocada por la parte demandante, cuando estaban dadas las condiciones jurídicas y probatorias para reconocerla y, además, condenó por unos salarios insolutos que no fueron discutidos ni probados en juicio.

De esta manera la Sala ha corroborado cómo los fallos contra Foncolpuertos carecían de sentido, de justicia, de sustento jurídico, de causa legal, y que, consecuentemente, el doctor Hernández Ballesteros sí adecuó su comportamiento al tipo penal de prevaricato.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que los argumentos expuestos por los apelantes no logran persuadir a la Sala de la inocencia del doctor Hernández Ballesteros, razón por la cual se impone confirmar la sentencia impugnada respecto de los motivos de inconformidad, con la salvedad de que la omisión del trámite de la consulta y la condena en costas a la parte demandada no constituyen soporte de esta condena.

2. Apelación de la Fiscalía.

La Fiscalía impugnó la sentencia en relación con la decisión del Tribunal Superior de Buga de reconocer al doctor Manuel Eduardo Hernández Ballesteros la sustitución de prisión por prisión domiciliaria por cuanto en su concepto no se satisfacen las exigencias normativas en punto del factor subjetivo, como quiera que el acusado ya fue condenado en dos ocasiones por hechos similares y en ambas se le concedió la sustitución de prisión domiciliaria, lo cual comporta una concesión desmedida del “beneficio”, así como la vulneración del principio de igualdad con otros ex funcionarios judiciales que consumaron similares conductas y hoy se hallan “tras la rejas”.

Sobre el particular, la Sala considera que le asiste razón a este impugnante, pues si bien la pena mínima prevista para este delito es inferior a cinco (5) años, con lo cual se satisface el factor objetivo del artículo 38 del Código Penal, el análisis del factor subjetivo del procesado señala que no tiene derecho a acceder a la prisión domiciliaria sustitutiva de la intramural.

La prisión domiciliaria fue prevista por el legislador para delitos de menor gravedad y por tanto, de inferior reprochabilidad, “pues lo contrario sería tanto como premiar a quien con su comportamiento ha causado gran perjuicio a la comunidad”(12).

De conformidad con lo anterior, en este caso se hace necesario tener en cuenta la naturaleza del concurso de delitos por el cual se condena al doctor Hernández Ballesteros, consistente en emitir múltiples decisiones contrarias a derecho, dejando de lado la recta administración de justicia para colocarla al servicio de intereses personales y de terceros. Así mismo, se debe ponderar que cuenta con antecedentes penales debidamente acreditados por idéntico accionar(13), situación no considerada por el tribunal a quo y que tiene relevancia al develar al procesado como generador de posible peligro para la comunidad.

De otra parte, no hay duda que la prisión en el domicilio del condenado por esta clase de delitos lleva a la comunidad la sensación de impunidad, amén de que un tratamiento benigno en la ejecución de la pena no se correspondería con la función de prevención general negativa de la sanción y tampoco con la proporcionalidad que debe mediar entre la lesión del bien jurídico y sus consecuencias penales.

Conforme a lo expuesto, considera la Sala que el doctor Hernández Ballesteros no se hace acreedor a la referida sustitución de la pena intramural concedida por el Tribunal a quo, motivo por el cual la corporación revocará el numeral tercero de la sentencia y, en su lugar, dispondrá que la pena se cumpla en establecimiento penitenciario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR el numeral tercero de la sentencia impugnada, para en su lugar disponer que la pena impuesta al doctor Manuel Eduardo Hernández Ballesteros sea cumplida en establecimiento penitenciario.

2. CONFIRMAR la sentencia del 26 de marzo de 2010 del Tribunal Superior de Buga, en todo lo demás que fue objeto de apelación, con la salvedad expuesta en el sentido de que la omisión del trámite de la consulta y la condena en costas a la parte demandada no constituyen soporte de esta condena.

Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Comuníquese y devuélvase al tribunal de origen».

(3) Cfr. Sentencias de segunda instancia del 8 de octubre de 2008. Radicado 30278 y del 18 de marzo de 2009. Radicado 31052.

(4) Cfr. Sentencia de segunda instancia del 23 de febrero de 2006. Radicado 23901.

(5) En el mismo sentido, las sentencias de la Sala Laboral de la Corte del 5 de diciembre de 2001, radicado 17222 y del 25 de enero de 2002, radicado 17216.

(6) Sobre el particular, la Sala se ha pronunciado en idéntico sentido dentro de las providencias del 25 de octubre de 2006, radicado 25290 y julio 15 de 2008, radicado 29837.

(7) Cfr. Sentencia noviembre 24 de 2004, radicado 16955.

(8) La frase en paréntesis fue declara inexequible mediante Sentencia C-662 de noviembre 12 de 1998 por la Corte Constitucional.

(9) Cfr. Casación de noviembre 14 de 1995, radicado 7742.

(10) Folio 163 proceso de Carlos Lozano Castro, 196 legajo de Virgilio Valverde, 191 expediente de Bernardo Ocoró y folio 200 de Exister Caicedo.

(11) Cfr. Providencia del 16 de agosto de 2008, radicado 29324.

(12) Cfr. Sentencia del 7 de septiembre de 2005, radicado 18455.

(13) Folio 236 y siguientes del cuaderno 2 del tribunal.