Sentencia 34175 de diciembre 3 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp.: 34.175

Rad. 27001-23-31-000-2003-0431-02

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Ejecutante: Hernán Ruiz Bermúdez

Ejecutado: municipio de Quibdó

Apelación del auto que improbó la reliquidación del crédito

Bogotá, D.C., tres de diciembre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que negó por improcedente la liquidación adicional del crédito (1) y ordenó la terminación del mismo (2) , dentro de un proceso ejecutivo de doble instancia (3) (CPC, art. 351, num. 5º; art. 521, num. 5º y CCA, art. 129).

1. La liquidación adicional del crédito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución, debe efectuarse la liquidación del crédito en la que se especifique el capital y los intereses adeudados por el ejecutado, de acuerdo con el mandamiento de pago.

La liquidación del crédito tiene por objeto concretar el valor económico de la obligación y está sujeto a la revisión del juez, quien puede aprobarla o modificarla, decisión contra la cual procede el recurso de apelación en el efecto diferido, circunstancia que permite que el juez ordene la entrega a favor del ejecutante, de los dineros embargados que no sean objeto de la apelación, como se desprende de la ley:

“ART. 521.—Liquidación del crédito y de las costas. (...) 3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación por auto apelable en el efecto diferido, recurso que no impedirá efectuar el remate de los bienes, ni la entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de la apelación”.

La reliquidación del crédito procede cuando dentro del proceso ejecutivo ya se hubiere liquidado el crédito, pero haya transcurrido el tiempo desde la liquidación el crédito, puede suceder que en el transcurso de tiempo desde la liquidación y la entrega de los dineros al ejecutante en la parte que no es objeto de la apelación, se generen intereses y gastos procesales que conlleven a la actualización de la liquidación, con el fin de garantizar el pago total de la obligación conforme a lo dispuesto en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, a menos que el retardo en la entrega del dinero no sea imputable a la parte ejecutada, evento en el cual, no procederá la reliquidación. Así lo consideró la Sala en providencia del 13 de noviembre de 2003, al negar la liquidación adicional del crédito, en consideración a que los intereses generados por el retardo en el pago no eran imputables a la parte ejecutada:

“Para ese efecto, resultan atendibles las razones expuestas por el a quo, en el sentido de que lo dispuesto en el artículo 522 del Código de Procedimiento Civil fue debidamente observado en este caso, habida cuenta que como lo embargado era dinero, lo procedente era que una vez ejecutoriado el auto que aprobara la liquidación del crédito y las costas, se ordenará de oficio o a solicitud de parte su entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado, como en efecto sucedió. En consecuencia, el hecho de que la solicitud de entrega del título de depósito judicial se hubiera elevado por parte del ejecutante el 10 de diciembre de 2001 y su entrega se hubiere ordenado hasta el 22 de enero de 2002, no debe generar intereses adicionales a favor de la parte actora, porque la causa que dio lugar a que entre la fecha de ejecutoria de dichos autos y aquella en que se ordenó la entrega al ejecutante de la suma a su favor, cuyas fechas ya fueron referenciadas, no fue otra que la ausencia del título en el expediente, falencia esta que por no ser imputable a la parte ejecutada, no puede dar lugar a la reliquidación del crédito solicitada” (4) .

Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que la liquidación adicional del crédito tiene por objeto actualizar el crédito, a partir de la primera liquidación aprobada y en firme, cuando exista retardo en la entrega de la suma de dinero en ella contenida, que genere intereses de mora, siempre que no sea imputable al ejecutado.

2. Caso concreto.

El ejecutante alegó que entre la fecha en que el tribunal aprobó la liquidación del crédito y la entrega de los títulos judiciales con los que se pagó la obligación, transcurrieron 216 días que generaron intereses de mora que ameritan la reliquidación del crédito.

El tribunal, por su parte, consideró que la solicitud es improcedente, en consideración a que la liquidación del crédito se aprobó por $ 264’348.560,00, que incluye capital e intereses, cifra que se pagó en tres contados, siendo el último efectuado el día 7 de marzo de 2005, anterior a la petición de reliquidación.

La Sala advierte que el tribunal modificó la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante el 19 de julio de 2004, en cuantía de $264’348.560 de los cuales $ 229’868.313 corresponden al capital actualizado y $ 34’480.247 a intereses de mora.

Está acreditado que el 19 de julio de 2004, se ordenó la entrega del título judicial 3030000057773 al ejecutante por $ 19’984.000 y que el 11 de febrero de 2005, la parte ejecutante solicitó la reliquidación del crédito, sin que el tribunal se pronunciara sobre esa petición.

Se probó además, que los días 16 de febrero y 7 de marzo de 2005, se ordenó la entrega al ejecutante de los títulos judiciales 433030000073829 y 433030000075486 por $ 191’285.496,32 y $ 53’079.063,70, respectivamente.

En síntesis, los títulos judiciales constituidos dentro del proceso ejecutivo para el pago de la obligación, fueron entregados a la parte actora, así:

TítuloValorFecha constituciónFecha entregaFolios
3030000057773$ 19’984.000mayo 7/2004jul. 4/200457 y 70 cdno. 1
433030000073829$ 191’285.496,32ene. 21/2005feb. 18/200574 y 75 cdno. 1
433030000075486$ 53’079.063,70oct. 24/2003mar. 14/200578 y 81 cdno. 1

En relación con el último título judicial, cabe precisar que fue constituido el 24 de octubre de 2003 por $ 123’000.000 y, por auto del 7 de marzo de 2005, el tribunal ordenó fraccionarlo, con fundamento en lo siguiente:

“Aunque a folio 70 del expediente, obra escrito mediante el cual, la parte actora presenta reliquidación del crédito, el tribunal se abstendrá de pronunciarse, hasta tanto sea dirimido el recurso por el Consejo de Estado.

Se observa que se han ordenado dos (2) entregas de títulos judiciales a la parte demandante, por $ 19’984.000 y $ 191’285.496,32, para un total de $ 211’269.496,32; faltando $ 53’079.063,70 para completar el valor por el cual el despacho liquidó el crédito.

(...) Ordenar a la oficina judicial fraccionar el depósito judicial, realizado por el Banco de Bogotá sucursal Quibdó, mediante Oficio 2906 del 24 de octubre de 2003, para el proceso de la referencia, por la suma de $ 123’000.000 en dos: 1) Por la suma de (...) $ 53’079.063,70, que deberán entregarse a la doctora Rosa del Carmen Lemos Lozano, como apoderada sustituta del demandante y 2) el excedente, o sea, la suma de (...) $ 69’920.936,30, se dejará depositado a favor del proceso, mientras se dirime el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la modificación de la liquidación del crédito efectuada por el despacho (...)” (fls. 77 a 78, cdno. 1).

Se observa igualmente que el 2 de agosto de 2006, la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que modificó la liquidación del crédito, en relación con los intereses de mora aplicables. Además de confirmar la decisión, actualizó la liquidación de los intereses moratorios y del capital a esa fecha, operación matemática que arrojó los siguientes resultados:

ConceptoValor
Capital actualizado$ 249’388.301,31
Intereses de mora$ 94’164.672,13
Total$ 343’552.973,44

Como se advierte, la actualización de la liquidación efectuada por la Sala es posterior a la entrega de los títulos judiciales.

Teniendo en cuenta que la reliquidación del crédito procede cuando no existe dinero suficiente para cubrir la deuda contenida en la liquidación y como en este caso, los títulos judiciales constituidos antes de la liquidación resultaban insuficientes para la satisfacción del crédito, es evidente que hay lugar a la actualización de la liquidación por cuanto, en este caso, la mora en el pago de la obligación es imputable al deudor.

Con fundamento en lo anterior, se actualizará la liquidación de los intereses moratorios y de capital a la fecha del último pago.

3. Liquidación del crédito.

3.1. Intereses moratorios.

La cantidad debida ($ 210’877.154,74) será actualizada año por año o fracción de año hasta la fecha del último pago, tomando en cuenta los índices de precios al consumidor acumulados (IPC), certificados por el DANE para el año inmediatamente anterior (L. 80/93, art. 4º y D. 679/94, art. 1º).

Sobre el monto actualizado, año por año, se liquidará el doble del interés legal civil (12% anual) a título de intereses moratorios, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 1º del Decreto 679 de 1994.

Los datos que se utilizarán serán los siguientes:

Crédito debido: $ 210’877.154,74

Intereses aplicables: 12% anual sobre el valor del crédito actualizado con base en el IPC del año anterior al periodo a actualizar, según lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 679 de 1994.

Periodo a actualizarCapitalIPC variación anualCapital actualizadoTasa de interés aplicableValor interés moratorio
24/02/03 a 31/12/03 (305 días)210’877.154,74(6.99) 0.05922223’365.299,84(12% anual) 0.1016622’707.316,38
Ene. a dic./2004223’365.299,84(6.49) 0.0649237’861.707,79(12% anual) 0.1228’543.404,93
Ene. a mar./2005 (3 meses)237’861.707,79(5.50) 0.01375241’132.306,27(12% anual) 0.037’233.969,18
TOTAL58’484.690,49

Entonces, de las anteriores operaciones, se advierte que los intereses moratorios equivalen a $ 58’484.690,49.

3.2. Actualización del capital.

La actualización de la suma debe realizarse mediante la utilización de la siguiente fórmula:

Va = VhI. inicial
 I. final

Donde,

Va = Valor actualizado

Vh = Valor histórico

I. final = IPC mes correspondiente a la fecha del último pago —7 de marzo de 2005—.

I. inicial = IPC al mes correspondiente a la fecha en que se hizo exigible la obligación.

La suma debida es $ 210’877.154,74 y el periodo a liquidar va desde febrero de 2003 hasta marzo de 2005.

a) Factores de la actualización.

— Valor a actualizar = $ 210’877.154,74

— Índice inicial = 139.96

Que corresponde al índice de precios al consumidor vigente a la fecha desde la cual se debe la suma que se va a actualizar, conforme a lo dispuesto en el mandamiento de pago, esto es febrero de 2003.

— Índice Final = 157,76

Que corresponde al índice de precios al consumidor vigente a la fecha del último pago, esto es, marzo de 2005.

b) Liquidación.

Va= 210’877.154,74 x165,52
 157,76

Va = $221’249.915,39

Con base en lo anterior, es evidente que a la fecha del último pago la obligación ascendía a $ 221’249.915,39, por capital y $ 58’484.690,49 por intereses, para un total de $ 279’734.605,88.

En consideración a lo anterior, se revocará el auto apelado, modificará la liquidación del crédito elaborada por la parte ejecutante, se declarará la terminación del proceso ejecutivo por pago total de la obligación y se ordenará levantar los embargos decretados.

Teniendo en cuenta que ya se pagaron $ 264’348.560,02, se ordenará pagar los $ 15’386.045,86 restantes del título judicial 433030000077201 del 17 de marzo de 2005, que se fraccionará en tres títulos, así:

— $ 15’386.045,86 por capital e intereses.

— $ 21’147.884,00 por costas.

El remanente deberá ser devuelto conforme a lo dispuesto en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

1. REVOCAR el auto que dictó el Tribunal Administrativo del Chocó el 23 de marzo de 2007.

2. MODIFICAR la reliquidación del crédito presentada por la parte ejecutante, la cual quedará así: $ 15’386.045,86 por capital e intereses y $ 21’147.884,00 por costas.

3. FRACCIONAR el título judicial 433030000077201 del 17 de marzo de 2005, en dos títulos, así: $ 15’386.045,86 por capital e intereses y $ 21’147.884,00 por costas.

4. DEVOLVER el remanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil.

5. DECRETAR el desembargo de las cuentas embargadas. El tribunal de origen librará los oficios correspondientes.

6. DECLARAR la terminación del proceso ejecutivo por pago total de la obligación.

Notifícase y cúmplase».

(1) El numeral 5º del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil señala que la providencia que resuelva sobre la liquidación del crédito en procesos ejecutivos es apelable y, conforme a lo dispuesto en el 3º del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, dicho auto es apelable en el efecto diferido; el numeral 5º ibídem preceptúa que la liquidación adicional se tramitará en la forma prevista para la liquidación del crédito.

(2) El numeral 7º del artículo 351 del Código de Procedimiento Civil señala que el auto que pone fin al proceso es apelable.

(3) La pretensión mayor de la demanda es por concepto de capital, equivalente a $ 210’877.150,74, cifra superior exigida por la Ley 446 de 1998 para que el Consejo de Estado conozca del asunto en segunda instancia.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 13 de noviembre de 2003. Expediente 22.962, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

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