Sentencia 34279 de febrero 9 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 34279

Acta 3

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil diez.

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por ROSA ELENA LÓPEZ PARADA contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil Familia Laboral, de fecha 23 de febrero de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió contra LUMINEX S. A.

I. Antecedentes

Rosa Elena López Parada demandó a Luminex S.A. para obtener el reintegro al cargo que ocupaba y el pago de 12 semanas de descanso remunerado y los salarios dejados de percibir desde cuando se produjo su despido y hasta cuando se efectúe el reintegro. En subsidio aspira al reintegro y al pago de 60 días de salario como indemnización por despido en estado de embarazo y la indemnización moratoria o, en subsidio, la devaluación monetaria sobre las acreencias laborales insolutas.

En sustento de tales súplicas afirmó que estuvo vinculada con la demandada, mediante contrato de trabajo, entre el 8 de agosto de 1984 y el 29 de abril de 1999, fecha ésta en que la despidió pese a estar enterada de que se hallaba en estado de embarazo, lo cual ratificó mediante constancia que dejó en la carta de despido y en el examen médico de egreso; que a la terminación de su contrato solicitó el pago de sus prestaciones sociales y la accionada lo condicionó a que suscribiera un acuerdo conciliatorio; que la demandada le negó el pago directo e inmediato de las prestaciones por haberse negado a suscribir la transacción, pago que hizo un mes después de haberse roto el nexo que las vinculaba, mediante consignación judicial; que su último salario básico quincenal fue de $175.600 y desempeñaba el cargo de Operaria Mecanismos; que a su retiro fue desafiliada de la EPS Compensar, por lo que sólo recibió atención médica hasta el 30 de junio de 1999 y tuvo que sufragar los gastos médicos y farmacéuticos de su estado de embarazo.

Luminex S. A. se opuso a las pretensiones; admitió como ciertos los hechos 1 y 2; afirmó que el 3 no es cierto, porque la demandante no informó por medio alguno su estado de embarazo; arguyó respecto del 4, que no es cierto que la actora haya ratificado su condición al momento de la notificación del despido, porque para ello debió informar previamente a la empresa su estado, lo cual no ocurrió; aseveró que el 6 no es cierto, porque liquidó las prestaciones sociales sin que mediara solicitud; precisó que el 8 tampoco es cierto, porque a la trabajadora se le consignó por su negativa a recibir el valor de su liquidación; negó los hechos 7, 8, 9 y 15, y expresó que el 5, 10, 11, 12, 13 y 14 no le constan. Invocó las excepciones de pago, inexistencia de la obligación, y las que se demuestren.

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 21 de enero de 2003, absolvió.

II. La sentencia del tribunal

De la decisión apeló la demandante y en razón de ese recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil Familia Laboral, actuando como tribunal de descongestión, en la sentencia aquí acusada, confirmó el numeral primero, respecto de las pretensiones principales, y lo revocó parcialmente, en cuanto a la absolución de las subsidiarias, para, en su lugar, condenar a la demandada a pagarle $ 339.491,40, como indemnización por falta de pago; revocó el numeral segundo e impuso las costas de la primera instancia a la demandada y no las impuso en la segunda.

El ad quem afirmó que el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 35 de la Ley 50 de 1990, consagra la prohibición de despedir a la trabajadora por motivo de embarazo o lactancia, y establece la presunción cuando el despido ha ocurrido dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, sin la autorización a que hace referencia el artículo 240, ibídem.

Precisó que para que opere la presunción es necesario que el empleador esté informado del estado de gravidez de su trabajadora, el cual le puede llegar de muy diversas formas, como lo reiteró la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 24 de septiembre de 1998, que transcribió sin identificarla con número de radicación.

Observó “que la demandante al momento de notificarle la terminación de su contrato de trabajo (folios 20 y 49), recibió la comunicación y dejó constancia de que se encontraba “embarazada”, circunstancia que corrobora en el interrogatorio de parte (folios 95 y 96), cuando acepta que la letra que colocó en la Carta es de su puño y letra y que es cierto (Respuesta a la pregunta primera) que la Doctora la llamó a Recursos Humanos el 29 de abril de 1.999 y le pasó la Carta, habiéndole contestado que no la podía firmar “porque estoy embarazada”, que sus embarazos son notorios y que no informó por escrito, porque en los anteriores embarazos no le había pedido nada”.

Advirtió que “La prueba documental relaciona el resultado clínico (folio 19). Prueba que por cierto data del 6 de abril de 1999, sin haberla dado a conocer a su empleador. Así lo dice en el interrogatorio donde afirma que “no lo sabía” que debía informar por escrito (f. 96)”, y concluyó que “En tales condiciones no puede presumirse que el despido ocurrió por motivo de embarazo pues era un hecho ignorado por el patrono o empleador, que sólo vino a conocer del estado de su trabajadora al momento de notificarle la terminación de su contrato. Significa entonces, que la PRETENSIÓN PRINCIPAL relacionada con la licencia y el reintegro invocado con los salarios dejados de percibir, NO ESTÁ LLAMADA A PROSPERAR”. (Negrillas del texto original).

Explicó que respecto de las pretensiones subsidiarias, como la indemnización prevista por el artículo 239-3 del Código Sustantivo del Trabajo, no le asiste derecho a la demandante, porque su despido no ocurrió por embarazo, sino por terminación de su contrato de trabajo, y que en cuanto a la petición del literal b), es la única que sale avante, porque la empleadora le pagó las prestaciones tiempo después de la terminación, y aclaró que le fueron consignadas como consta en el título de depósito del 28 de mayo de 1999 (folio 24), y en el documento de la diligencia de entrega (folio 87), por lo que hubo una mora de 29 días y dado que su último salario fue de $ 351.198 mensuales, que equivale a $ 11.706,60 diarios, el total de la condena asciende a $ 339.491,40, sin que sea viable la indexación, porque representaría una doble sanción.

III. El recurso de casación

Lo interpuso la demandante.

La acusación presenta un alcance de la impugnación para cada uno de los cargos propuestos, que se entiende están dirigidos a que la Corte case total o parcialmente la decisión recurrida, en cuanto confirmó la absolución respecto de las pretensiones principales, es decir, por las 12 semanas de descanso remunerado, el reintegro al cargo que ocupaba la actora, los 60 días de salario a título de indemnización por despido en estado de embarazo, y revocó parcialmente la absolución de las pretensiones subsidiarias y condenó a pagar la indemnización moratoria en monto de $ 339.491,40, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia del juzgado y, en su lugar, condene a la demandada a pagar a la demandante 12 semanas de descanso remunerado, su reintegro al cargo que ocupaba, el valor de 60 días de salario como indemnización por despido en estado de embarazo, y la indemnización moratoria desde la fecha del despido y hasta cuando se le pague la licencia remunerada por embarazo y la indemnización por despido en estado de gravidez.

Con esa intención propuso cuatro cargos, que fueron replicados. La Corte acumulará el primero con el segundo, y el tercero con el cuarto, para estudiarlos conjuntamente, en razón de que aquéllos están encauzados por la vía del puro derecho y los últimos por la fáctica, acusan un conjunto similar de preceptos legales, se valen de argumentos comunes y pretenden un idéntico propósito, y por permitirlo el artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Cargo primero:

Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 33 y 35 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 239 del Código Sustantivo del Trabajo, 19, 65, 140, 240 y 241, ibídem, 1º del Decreto 2351 de 1965, 3º de la Ley 48 de 1968, 8º del Decreto 13 de 1967, 6º, 14, 28, 66, 1602, 1612, 1740, 1741, 1757 y 2341 del Código Civil, 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 177 del Código de Procedimiento Civil, 43, 53 y 93 de la Constitución Política, 3º del Convenio 3, y 3º y 4º del Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo.

Afirma que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empleadora desconocía su estado de embarazo al momento de su despido.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la empleadora conocía de dicho estado antes de su despido.

Dice que el Tribunal apreció indebidamente el interrogatorio de parte que absolvió (folios 95 y 96, 99 y 100), y el documento de folios 20 y 49, y que no fueron apreciadas las declaraciones de Gustavo Cadavid Pérez (folios 104 y 104), Emelina Pineda Robayo (folios 109 a 110) y Trinidad Torres Barajas (folios 114 a 115).

Para su demostración transcribe unos pasajes de la sentencia impugnada y explica que el juzgador apreció mal el interrogatorio de parte que absolvió, pues dedujo que había confesado no haber informado a su empleadora del estado de embarazo, cuando se le entregó la carta de despido, porque al contestar la segunda pregunta dijo que el 28 de abril de 1999, día anterior a su despido, informó de ello a la trabajadora social de la empresa, cuando le entregó el cheque del subsidio (folios 96 y 100), y que en su respuesta a la tercera pregunta, única que tomó en cuenta el ad quem, reconoció que no sabía que debía informar de su estado por escrito a la compañía, pero que ello no quiere decir, como con error lo concluyó el sentenciador, que no hubiera informado de su estado de gravidez antes de terminar el contrato, pese a que había partido del supuesto que hace operar la presunción del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, que coloca a la trabajadora en el fuero especial de la maternidad, que puede recibir la información “de muy diversas formas”, y no sólo por escrito; y que en la carta de despido dejó constancia de que ese era un “nuevo aviso” (folios 20 y 49), como lo había informado “antes”, por lo que estima demostrados los errores de hecho.

Reproduce las declaraciones de Emelina Pineda Robayo (folios 109 a 110), Trinidad Torres Barajas (folios 114 a 115), y Gustavo Cadavid (folios 103 a 104); transcribe la Sentencia C-470 del 25 de septiembre de 1997, de la Corte Constitucional, y expresa que la Constitución Política, los convenios internacionales de trabajo y de derechos humanos y la ley protegen de modo especial a la trabajadora embarazada, la cual no puede ser despedida sin autorización y, por operancia de los artículos 6º y 1746 del Código Civil, se considera un acto nulo que obliga a restablecer el derecho como si jamás se hubiese producido.

Cargo segundo:

Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, un elenco similar de preceptos legales, constitucionales y de la OIT, que por economía no se transcriben.

Los planteamientos de la demostración son similares a los del cargo primero, por lo cual no se copian.

Réplica a los cargos primero y segundo

Sostiene que el despido no ocurrió por razón del embarazo, porque sólo en ese momento lo conoció la empresa, y que no existe prueba alguna que demuestre que hubiera sido informada con anterioridad a la desvinculación de la trabajadora de su condición de embarazada.

Precisa que el despido en estado de embarazo no genera el derecho al reintegro, sino la situación prevista en el artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo, como lo expresó la Corte en la sentencia del 11 de mayo de 2000, radicación 13561, de la que reprodujo un breve fragmento.

IV. Consideraciones de la Corte

Revisadas las pruebas como indebidamente apreciadas por el Tribunal, observa la Corte lo siguiente:

1. Importa anotar en primer lugar que el interrogatorio de parte solamente es susceptible de ser estudiado en la casación del trabajo cuando contenga una confesión que, en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, requiere que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Ello significa que las manifestaciones que efectúe un declarante en su favor no pueden ser constitutivas de confesión, de tal suerte que si el fallador no las tiene en cuenta no puede denunciarse tal omisión en el recurso extraordinario.

En este caso el Tribunal asentó que “se observa que la demandante al momento de notificarle la terminación de su contrato de trabajo (folios 20 y 49) recibió la comunicación y dejó constancia de que se encontraba “embarazada”, circunstancia que corrobora en el interrogatorio de parte (folio 95 y 96), cuando acepta que la letra que colocó en la Carta es de su puño y letra y que es cierto (Respuesta a la pregunta primera) que la Doctora la llamó a Recursos Humanos el 29 de abril de 1.999 y le pasó la Carta, habiéndole contestado que no la podía firmar “porque estoy embarazada”, que sus embarazos son notorios y que no informó por escrito, porque en los anteriores embarazos no le habían pedido nada”; arguyó que “La prueba documental relaciona el resultado clínico (folio 19). Prueba que por cierto data del 6 de abril de 1999, sin haberla dado a conocer a su empleador. Así lo dice en el interrogatorio donde afirma que “no lo sabía” que debía informar por escrito (f. 96)”; y concluyó así: “En tales condiciones no puede presumirse que el despido ocurrió por motivo de embarazo pues era un hecho ignorado por el patrono o empleador, que sólo vino a conocer del estado de su trabajadora al momento de notificarle la terminación de su contrato. Significa entonces, que la PRETENSIÓN PRINCIPAL relacionada con la licencia y el reintegro invocado con los salarios dejados de percibir, NO ESTÁ LLAMADA A PROSPERAR”. (Folios 10 y 11, cuaderno del Tribunal, negrillas del texto original).

Como surge del aparte arriba transcrito del fallo impugnado, el Tribunal extrajo del interrogatorio de parte practicado a la actora las siguientes conclusiones: Que admitió que la letra que colocó en la carta de despido es de su puño y letra; que es cierto que fue llamada a recursos humanos el 29 de abril de 1999 cuando le fue entregada la carta y afirmó que no la podía suscribir porque estaba embarazada; que sus embarazos son notorios y que no informó nada por escrito porque en los anteriores embarazos no le habían pedido nada. Igualmente asentó el fallador que en dicho interrogatorio la actora afirmó que no había dado a conocer a su empleador la prueba de embarazo porque no sabía que debía informarlo por escrito.

No encuentra la Corte una equivocada valoración del citado medio de prueba, que pueda denunciarse en el recurso extraordinario, en cuanto lo que concluyó el Tribunal se acompasa con lo que acredita, de suerte que lo que entendió confesado no genera un desacierto evidente, pues la actora al dar respuesta a la primera pregunta que se le formuló en los siguientes términos: “Sírvase decirle al Despacho como (sic) es cierto si o no, que el día 29 de abril de 1999 a las 8.10 de la mañana en las dependencias de la Gerencia de recursos Humanos de la empresa Luminex, usted fue notificada de la terminación de su contrato de trabajo”, contestó: Si (sic) es cierto, la Doctora me llamó a recursos humanos el 29 de abril de 1999 y me pasó la carta y yo le contesté que (sic) pena doctora no le puedo firmar la carta, ella me preguntó porqué (sic) le dije porque estoy embarazada y le dije es más doctora le estoy recordando porque ya la empresa toda sabe, y además mis embarazos son muy notorios ya se me veía el estomago (sic), ella de todas maneras me dijo que la empresa ha dado por terminado su contrato y me dijo que he debido traer algo por escrito le dije que le estoy recordando porque la empresa sabía y además los 3 embarazos anteriores nunca me habían pedido nada por escrito”. (Folios 95 y 96).

Ahora bien, es cierto que allí la promotora del pleito aseveró que la empresa sabía, (del estado de embarazo), lo que reiteró en la respuesta a la quinta pregunta, cuando dijo que: “No, yo me refiero es de que había informado a la empresa antes de mi estado de embarazo, además por el volumen del vientre”. Y al preguntársele: “Sírvase decirle al despacho, porque (sic) medio, con que (sic) prueba y a quién informó su estado de embarazo antes del 29 de abril de 1999”. CONTESTO. “El día 28 de abril de 1999, o sea el día anterior, subió la trabajadora social a entregar los cheques del subsidio, se presentó un comentario entre la niña de ella y el niño mío que tenía en esa época, la misma edad y yo le conté que estaba embarazada otra vez y dijo 4 ya le dije sí, además ella me dijo esta (sic) gorda, por escrito aparece en la carta de despido, recordándole por que (sic) ya la empresa sabía mi estado de embarazo antes toda la empresa sabía que yo estaba embarazada además yo me engordo mucho demasiado (sic)”. (Folio 96).

Más como esas expresiones no constituyen estrictamente una confesión, no es posible atribuirle un desacierto al Tribunal si no las tuvo en cuenta, con mayor razón si se tiene presente que esta Sala de la Corte ha considerado que las manifestaciones efectuadas por las partes no pueden servir de prueba de los hechos en que fundan sus pretensiones.

2. Es verdad que el Tribunal no tuvo en cuenta que en la carta de terminación del contrato de trabajo (folio 20), la demandante dejó la siguiente constancia: “Con nuevo aviso de que estoy embarazada. Como lo había hecho antes”. pues solamente aludió a la afirmación sobre el estado de embarazo, pero no a la circunstancia de haberlo dado a conocer antes.

Sin embargo, de esa omisión no es dable extraer un error de hecho protuberante, porque esa manifestación de la demandante no es prueba suficiente de que, en realidad, hubiera avisado a la empresa sobre su estado de embarazo antes de que se le entregara tal comunicación.

3. Al no haberse acreditado con las pruebas calificadas error alguno del sentenciador, no le es dado a la Corte examinar los testimonios, por la restricción impuesta por el artículo 7 de la Ley 16 de 1969.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Cargo tercero:

Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, por interpretación errónea, los artículos 35 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 239 del Código Sustantivo del Trabajo, y por aplicación indebida los artículos 13, 65, 240 y 340, ibídem, 33 y 34 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 236 del referido código, 43, 53 y 93 de la Constitución Política, 3º del Convenio 3, y 3º y 4º del Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo.

Para su demostración aduce que comparte la conclusión del Tribunal de que “No puede presumirse que el despido ocurrió por motivo de embarazo pues era un hecho ignorado por el patrono que solo vino a conocer de ese estado de su trabajadora al momento de notificarle la terminación de su contrato”.

Dice que el artículo 35 de la Ley 50 de 1990 establece sin distinción ni condición alguna el derecho de la trabajadora embarazada al pago de 12 semanas de descanso remunerado, aunque el Tribunal basó su decisión en la sentencia de casación del 24 de septiembre de 1998, radicación 10993, sin advertir que esa misma providencia reitera que según la ley esos descansos son prestaciones sociales cuya causación no requiere del conocimiento previo del empleador sobre el estado de gravidez de la trabajadora, y cuando el contrato de trabajo termina sin hacer uso de él, no pierde su naturaleza prestacional con el despido.

Arguye que tiene distinto propósito el descanso por maternidad, en tiempo efectivo y en vigencia del contrato, que establece el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo (34 de la Ley 50 de 1990), en el que es obvio que la trabajadora embarazada, que no ha sido despedida y va a hacer uso de su licencia estando vigente el contrato, comunique anticipadamente al empleador su estado, la fecha probable del parto y el día en que deba empezar la licencia, con certificación del médico, para que la actividad empresarial no sufra perjuicios, y si la despide sin hacer uso de esa licencia disponga del descanso remunerado en la época del parto, porque pese a la pérdida de su empleo y salario por decisión del empleador, su embarazo no se detendrá.

Explica que si fuera cierto, como lo entendió el ad quem, que la trabajadora embarazada despedida sólo tiene derecho al descanso remunerado si le ha comunicado su gravidez al empleador, antes de su despido, se estaría imputando al Legislador una aberrante contradicción, porque si le prohibió al empleador el despido, a sabiendas, sancionando ese acto como ilícito, le estaría permitiendo transgredir esa prohibición con el pago de la remuneración del descanso y, de otro, el Legislador habría prohibido y sancionado como ilícito un acto que invitaba a comprar, por un modesto valor, el desconocimiento desafiante de su perentorio mandato.

Indica que ni la Constitución ni la ley permiten la renuncia a la remuneración del descanso por embarazo, porque tiene como fin tutelar un bien jurídico superior que trasciende el contrato de trabajo y está de por medio la conservación de la especie y el mejoramiento y bienestar de la sociedad, y que el empleador está obligado a pagar todas las prestaciones sociales a su cargo, sin necesidad que el trabajador le notifique previamente de su causación, por lo cual estima que el Tribunal interpretó equivocadamente el artículo 35 de la Ley 50 de 1990, así como el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Cargo cuarto:

Acusa la sentencia del Tribunal de violar por la vía directa, por aplicación indebida, un mismo conjunto normativo similar al del cargo tercero.

Contiene argumentos similares al cargo tercero, que por economía no se transcriben.

Réplica a los cargos tercero y cuarto

Sostiene que la recurrente señala que el Tribunal estimó que eran iguales las hipótesis normativas de los artículos 34 y 35 de la Ley 50 de 1990, lo que es equivocado porque por aceptar que son distintas la absolvió de las pretensiones y está en esa línea y no en desacuerdo con la jurisprudencia en que basó su decisión, y que quien unifica las dos hipótesis es la impugnante, puesto que siendo la licencia remunerada de 12 semanas, sin discusión, una prestación social, según el artículo 34, ibídem, en función de la vigencia del contrato, la misma, y no otra licencia, frente a la terminación del vínculo en forma ilegal, se convierte en sanción, porque al tenor del artículo 35, ibídem, solo está a cargo directo del empleador cuando no solicita la autorización para despedir, lo que sólo puede ocurrir cuando ese patrono, conociendo del embarazo, omite dicho trámite, por lo que el numeral 3º del artículo 35 referido, agrupa, en el mismo texto, tanto la indemnización de los 60 días de salario como las 12 semanas de licencia remunerada, derechos a cargo del empleador como sanción, cuando no pide permiso a la autoridad para despedir.

V. Consideraciones de la Corte

Los cargos se dirigen por la vía directa y, en virtud de ello, la impugnante comparte la decisión del Tribunal según la cual “No puede presumirse que el despido ocurrió por motivo de embarazo pues era un hecho ignorado por el patrono que solo vino a conocer de ese estado de su trabajadora al momento de notificarle la terminación de su contrato”, pues de lo que disiente es de que, no obstante ese juzgador fundamentó su decisión en la sentencia de la Corte, de 24 de septiembre de 1998, Radicación 10993, “no advirtió que esa misma providencia reitera que, de acuerdo con la Ley, los descansos remunerados por maternidad constituyen una prestación social cuya causación no requiere el conocimiento previo del empleador sobre el estado de gravidez de la trabajadora”. (Folio 21, cuaderno del Tribunal).

Al respecto, importa anotar que en la primera de las pretensiones de la demanda con la que se dio inicio al proceso la promotora del pleito reclamó el pago del valor de doce semanas de descanso remunerado, pero sin precisar las razones de ese pedimento. De la forma como el Tribunal entendió esa pretensión, es dable considerar que asumió que el pago de ese descanso remunerado se fundaba en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 35 de la Ley 50 de 1990, en cuanto en su numeral tercero se establece que la trabajadora despedida en estado de embarazo sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago de las doce semanas de descanso remunerado de que trata el capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo. De ahí que el juzgador analizara la situación a la luz de lo que dispone ese artículo, que trata sobre la prohibición de despedir, y no de lo que surge del artículo 236, modificado por el 34 de la Ley 50 de 1990, que se refiere en concreto al descanso remunerado en la época del parto.

Por lo tanto, encuentra la Corte que la decisión del Tribunal se fundó en lo que entendió era el sustento de la pretensión y no en alguna consideración jurídica acerca de la naturaleza de la prestación reclamada ni, mucho menos, en una intelección del artículo 35 de la Ley 50 de 1990, del que simplemente se limitó a señalar que “…consagra la prohibición de despedir al (sic) trabajadora por motivo de embarazo o lactancia, estableciendo presunción cuando el despido se ha producido dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, sin la autorización de las autoridades a que hace referencia el artículo 240 ib”., y, además, que para que esa presunción opere se requiere que el empleador tenga conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora.

En las anteriores inferencias no se halla una equivocación hermenéutica, en tanto se corresponden con el texto del precepto y con lo que ha explicado esta Sala de la Corte, entre otras, en la sentencia en la que se apoyó el juzgador.

Ahora bien, es cierto que la norma que para la censura fue equivocadamente apreciada establece el derecho de la trabajadora al pago de las doce semanas de descanso remunerado, si para la fecha de la terminación unilateral del contrato no las ha disfrutado, pero lo hace como una consecuencia de la terminación del despido sin la autorización de la autoridad. Mas, como aquí el Tribunal concluyó que el despido no encajaba dentro de ese marco de protección, (por razón del desconocimiento de la empleadora del estado de embarazo de su trabajadora), no es dable considerar que interpretara con error el aludido precepto.

Lo anterior no significa en modo alguno que para acceder al derecho al descanso remunerado en comento sea menester que al empleador le sea comunicado el estado de gravidez, en el caso de que el contrato de trabajo haya terminado, pues esa exigencia se presenta cuando ese vínculo está vigente, según surge del aludido artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero aquí debe precisarse que, en principio, esa prestación no está a cargo del empleador, pues ha sido asumida por el sistema de seguridad social, de modo que solamente debe aquel hacerse cargo del reconocimiento del beneficio cuando ha despedido a la trabajadora en estado de embarazo, sin la autorización de la autoridad y teniendo conocimiento de dicho estado, ha omitido afiliarla al sistema de seguridad social, o no ha girado las cotizaciones a la entidad, situaciones que no se presentan en este caso y que no han sido alegadas en el proceso.

Por ende, no prosperan los cargos.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil Familia Laboral, de fecha 23 de febrero de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por ROSA ELENA LÓPEZ PARADA contra LUMINEX S. A.

Como hubo oposic.ión las costas del recurso extraordinario serán asumidas por la recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.