Sentencia 34909 de septiembre 30 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 34309

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

Bogotá D.C., treinta de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Acotación previa

La corporación es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la víctima contra la decisión que adoptó en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, esto es, la preclusión de la investigación dictada a favor del indiciado doctor Montes Salazar, según lo dispuesto en los artículos 32.3 y 177.2 de la Ley 906 de 2004.

Vale destacar que la calidad de víctima del impugnante se la reconoció la Sala del Tribunal Superior de Armenia, habida cuenta que advirtió que de los hechos atribuidos al funcionario judicial derivaba un posible perjuicio para sus intereses.

Marco teórico de la preclusión

Como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, de conformidad con los artículos 250 de la Constitución Política y 200 de la Ley 906 de 2004, está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal y la prosecución de la indagación e investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible que lleguen a su conocimiento, siempre que medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la probable existencia de la misma.

Es decir, como fue despojada de funciones jurisdiccionales, el legislador facultó a la fiscalía para solicitar al juez de conocimiento la preclusión de la investigación cuando, con arreglo a la ley, no hubiera mérito para acusar.

En tales condiciones, los artículos 331 al 335 de la Ley 906 de 2004 regulan el tema relacionado con la preclusión, permitiendo al fiscal solicitar al juez de conocimiento esa decisión en cualquier etapa de la actuación, —indagación, investigación y juzgamiento—, si no existe mérito para acusar y se comprueba la existencia de cualquiera de las siguientes causas:

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal;

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal;

3. Inexistencia del hecho investigado;

4. Atipicidad del hecho investigado;

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado;

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia; y

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de dicho código.

Ahora bien, si se presenta en la etapa de juzgamiento cualquiera de las causales relativas a la imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal y la inexistencia del hecho investigado, la preclusión podrá ser solicitada, además, por el Ministerio Público o por la defensa(1).

Así mismo, la preclusión también se debe adoptar en cualquier etapa del trámite una vez comprobada la existencia de una de las causales de extinción de la acción penal previstas —entre otros— en el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal de 2004, como son: muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella y desistimiento.

De manera que la preclusión sólo puede ser decretada por el juez de conocimiento a petición, por regla general, de la fiscalía si acredita en debida forma alguna de las causales para el efecto previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, o cualquiera de las que dan origen a la extinción de la acción penal previstas en el artículo 77 del mismo ordenamiento y en normas concordantes.

Situación fáctica

De acuerdo con los datos que obran en la denuncia se colige que los hechos que dieron origen a este diligenciamiento se basan en que el doctor Héctor Fabio Montes Salazar, en su calidad de fiscal séptimo seccional de Armenia, al contestar un oficio con destino al Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, faltó a la verdad, toda vez que manifestó que su despacho judicial no había conocido el proceso radicado con el número 77427 contra Gustavo Londoño Alzate por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Argumenta el quejoso que posteriormente el indiciado le informó que efectivamente el trámite sí estuvo en ese despacho judicial y que fue remitido, el 26 de julio de 2004, a la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal, despacho judicial que le asignó el número 97829.

Concluye el denunciante que el proceder de Montes Salazar estuvo dirigido, de manera dolosa, “a ayudar a su colega en detrimento de la verdad documental acumulada en el sistema de información judicial de la Fiscalía…”.

De la conducta punible

La Sala observa que el comportamiento delictual atribuido al indiciado, esto es, el de prevaricato por acción no se estructura en este asunto, puesto que, como quedó en precedencia reseñado, al doctor Montes Salazar se le está imputando el hecho de haber consignado una falsedad al contestar un oficio, documento que envió al Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío.

Así las cosas, en este particular asunto no es posible predicar el delito de prevaricato por acción, en la medida en que Montes Salazar no profirió resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, sino el de falsedad ideológica en documento público, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 286 del Código Penal, en su calidad de Fiscal Séptimo Seccional de Armenia, al haber extendido un instrumento en el cual se decía que su despacho no conoció de un proceso adelantado contra Gustavo Londoño Alzate, hecho que no consultaba la verdad.

De tal manera, según el acontecer fáctico los elementos de la mencionada conducta punible resultan claros, habida cuenta que el indiciado, como servidor público y en ejercicio de sus funciones expidió un oficio en donde informaba que en su despacho no se tramitó un proceso contra persona determinada, afirmación que riñe con la verdad.

En conclusión, la conducta denunciada encajaría en la descripción típica del punible de falsedad ideológica en documento público y no en el de prevaricato por acción.

Sin embargo, esta situación en nada incide frente a la decisión que se adoptará por la Corte, toda vez que la discusión del comportamiento de Montes Salazar se centró sobre si el hecho de haber consignado en el pluricitado oficio una falsedad obedeció a una acción mal intencionada del indiciado o a una equivocación.

Por tanto, el estudio de la impugnación se hará bajo la denominación jurídica de la falsedad ideológica en documento público, máxime cuando este punible también exige un actuar doloso.

De la falsedad ideológica en documento público

El artículo 286 del Código Penal establece, que:

“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”.

La falsedad ideológica en documento público es un tipo penal de conducta alternativa y eminentemente doloso. Su configuración exige adicionalmente que el servidor público en ejercicio de sus funciones extienda documento en donde consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad.

Es decir, la conducta se estructura cuando el funcionario público en ejercicio de sus funciones al extender un instrumento consigna una falsedad o calla total o parcialmente la verdad. Sin embargo, es indispensable que el sujeto en la comisión de dicho comportamiento lo haga de manera voluntaria, esto es, que tenga conocimiento que el hecho constituye una infracción penal y que quiere su realización.

En otros términos, el delito de falsedad ideológica en documento público comporta una actuación dolosa. Así las cosas, vale recordar que conforme a las normas rectoras de la ley penal para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable; los tipos penales describen conductas de acción u omisión; a su vez el comportamiento delictual puede adoptar la modalidad de dolo, culpa o preterintención.

Definición del asunto

Resulta claro y evidente que con relación al indiciado doctor Montes Salazar no se puede predicar la modalidad dolosa en su comportamiento al extender el mentado documento.

En primer lugar, es oportuno recordar, conforme a los datos que obran en el proceso, que el doctor Luis Gerardo Valencia Martínez, en su calidad de fiscal, fue investigado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, en virtud a la queja presentada por el señor César Fardy Rojas Barrantes, por una presunta inactividad en el trámite radicado con el número 63956.

Dentro de esa actuación dispuso el órgano disciplinario, de manera equivocada, que se allegara al diligenciamiento el proceso adelantado con el número 77427, situación que posteriormente fue aclarada en diligencia de inspección judicial realizada por la magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del citado Consejo.

Ahora bien, es cierto que cuando se le solicitó al hoy indiciado la remisión del expediente, de manera errónea, este hizo referencia al número 77427 y consignó en el oficio número JU0217.63956 del 9 de marzo de 2007, dirigido al secretario de la Sala Seccional Disciplinaria, que en su despacho, Fiscalía Séptima Seccional, no se adelantó proceso con ese radicado.

No obstante, por derecho de petición que presentó el denunciante señor Rojas Barrantes, el doctor Montes Salazar posteriormente, mediante Oficio 0242 del 12 de mayo de 2009, anotó que el trámite penal rotulado con el número 77427 fue asignado inicialmente a su despacho el 15 de diciembre de 2003, pero que por competencia fue enviado, el 26 de julio de 2004, a la Fiscalía Tercera Delegada ante el tribunal, despacho judicial que le asignó el número 97829.

De acuerdo con el acontecer fáctico citado en precedencia y con los elementos materiales probatorios que obran en el diligenciamiento, se concluye:

a). Que el doctor Héctor Fabio Montes Salazar, el 1º de agosto de 2005, asumió como titular de la Fiscalía Séptima Seccional con sede en Armenia.

b). Que el proceso disciplinario que se adelantó contra el doctor Valencia Martínez fue por razón de la inactividad en el trámite radicado con el número 63956, en su calidad de fiscal.

c). Que por una equivocación el Consejo Seccional de la Judicatura al reclamar el expediente 63956 hizo referencia al número 77427.

d). Que es un hecho cierto que el indiciado al contestar el oficio del secretario de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, consignó que la fiscalía a su cargo no había tramitado expediente con el número 77427. Sin embargo, en el mismo escrito adujo que el proceso a que se contraen las diligencias disciplinarias era el número 63956 y que el mismo se hallaba en la jefatura de la unidad seccional de fiscalías de Armenia, motivo por el cual corrió traslado de la solicitud a la referida dependencia para los fines legales.

En tales condiciones, la Sala no avizora el aspecto subjetivo de la conducta punible de falsedad ideológica en documento público atribuida al doctor Montes Salazar, habida cuenta que no advierte que al momento de haber extendido el documento público dando contestación al requerimiento judicial, este sabía que su acción se adecuaba a esa conducta punible y quería su realización, en la medida en que deseaba favorecer al doctor Luis Gerardo Valencia Martínez con relación a la investigación disciplinaria que adelantaba la corporación competente.

No se puede arribar a otra conclusión cuando el mismo indiciado fue el que corrió traslado del escrito de solicitud del expediente a la jefatura de la unidad de fiscalías, toda vez que era de su conocimiento que el proceso que derivó en la investigación disciplinaria, esto es, el rotulado con el número 63956 se hallaba en esa dependencia judicial.

De tal manera, contrario a lo que sostiene el denunciante, no se puede predicar que el hecho consignado por el indiciado en el citado instrumento tenía como finalidad contrariar la verdad y, consecuentemente, suministrar una información equivocada con el fin de favorecer a un ex fiscal que estaba siendo disciplinado, pues de ser ello así no habría corrido traslado de la petición a la dependencia de la fiscalía donde se encontraba el proceso radicado bajo el número 63956.

En consecuencia, no se acogen los argumentos expuestos por la víctima a fin de revocar la providencia del 24 de mayo de 2010 por medio de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Armenia, declaró la preclusión solicitada por el fiscal delegado ante esa corporación por atipicidad subjetiva, según lo dispuesto en el artículo 332, numeral 4º, de la Ley 906 de 2004.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, el 24 de mayo de 2010, que declaró la preclusión solicitada por el Fiscal Delegado a favor del doctor Héctor Fabio Montes Salazar.

2. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no proceden recursos. Regrese lo actuado a la oficina de origen.

Cópiese y cúmplase.

(1) Auto del 26 de enero de 2009. Radicado 30847.