Sentencia 34323 de febrero 2 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad: 34323

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Acta 2

Bogotá, D.C.,  dos de febrero de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la señora María Edisley Hincapié Patiño, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 28 de septiembre de 2007, en el juicio ordinario laboral que le promovió al municipio de Chinchiná.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Dada la vía directa seleccionada por la recurrente no hay discusión en torno a los siguientes fundamentos fácticos que encontró demostrados el tribunal: que el causante Gerardo Salazar López obtuvo su pensión desde el 10 de mayo de 1978 y que Este falleció el 14 de agosto de 2005.

Para el tribunal, el argumento fundamental para confirmar la absolución por la “pensión de sobrevivientes” reclamada, fue el de que, conforme a jurisprudencia de esta Sala, la controversia debía decidirse acorde con la legislación vigente al momento del reconocimiento de la pensión de vejez al causante (mayo 10/78), en este caso, las leyes 33 de 1973, reglamentada por el Decreto 690 de 1974 y la 12 de 1975, que no contemplaban el derecho de la compañera permanente de adquirir la pensión de sobreviviente de su compañero, cuando este fallecía siendo pensionado, pues, señaló, la última de las leyes mencionadas se refirió fue al caso de la compañera permanente de quien fallecía “... antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas”, no así para elcaso en que el compañero permanente fallecido estuviese gozando de su pensión” (fl. 17). Aserto este último que apoyó en las consideraciones de esta Sala vertidas en la Sentencia 27723 del 15 de febrero de 2000.

Frente al punto de la legislación aplicable al caso controvertido, que es lo que cuestionan los cargos, debe decirse que es regla general establecida por la jurisprudencia de la Sala que el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado y no, como lo estimó el tribunal, que sea el momento en que adquirió el derecho el pensionado, el que marca la pauta para esa determinación, pues como se dijo claramente en la sentencia del 9 de abril de 2007 (rad. 30419), de que se valió el ad quem para apoyar su tesis, ello solo se ha admitido como excepción “... para garantizar las prerrogativas de los causahabientes originadas en algunas situaciones especiales, como las de los pensionados que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 habían iniciado convivencias estables o contraído matrimonio y adicionalmente cumplieron con las condiciones exigidas en la normativa preexistente para el nacimiento del derecho a la pensión mencionada, hipótesis que ha llevado a la aplicación de las normas anteriores”.

Excepción que, sin discusión, no se presenta en este caso, en donde, desde el hecho primero de la demanda inicial, se afirmó por la actora, como fundamento de sus pretensiones que “... fue la compañera permanente del señor Gerardo Salazar López, entre el 1º enero de 1999 y el catorce (14) de agosto del año 2005, fecha en que falleció en este municipio”, esto es, que la convivencia inició en vigencia de la Ley 100 de 1993, de donde no cabía al Tribunal recurrir a la legislación anterior, so pretexto de garantizar unas prerrogativas preexistentes que no se alegaron en el proceso.

En consecuencia, en atención a que el causante falleció el 14 de agosto de 2005, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia, está gobernado por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, por lo que le asiste razón a la censura cuando denuncia el yerro jurídico en que incurrió la sentencia.

No obstante que los cargos son fundados, la demanda, de todas maneras, no está llamada a prosperar, pues de entrar la Corte, en sede de instancia, se llegaría a la misma decisión pero por razones diferentes como se pasa a ver:

La decisión de primera instancia estuvo fundamentada básicamente, después del análisis de la prueba documental y testimonial, en que la demandante no demostró la convivencia con el causante durante, por lo menos, los últimos cinco años de vida de este, como lo exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, pues lo que observó es que “... más bien la intención de la señora Edilsey de aprovechar la circunstancia de haber colaborado, prestando un auxilio al anciano, bajo relación sustancial diferente a la implorada, para intentar derivar de ese hecho, unas consecuencias diferentes de las naturalmente reales; intentando establecer una pesada convivencia permanente, con miras a obtener la sustitución pensional deprecada. Sin embargo, y aceptando en gracia de discusión, que la joven demandante de 37 años de edad hubiera sostenido una relación de convivencia permanente con el nonagenario pensionado, ello solo se presentó finalizando el año 2003, y si tenemos en cuenta que Salazar López falleció el 14 de agosto de 2005, no se completaron de todas formas, los cinco años exigidos por la Ley 797 de 2003, para que sea viable la declaración implorada por la actora”.

En su apelación, el apoderado de la demandante, cuestiona la valoración probatoria efectuada por el a quo como fundamento de su decisión, lo que obliga necesariamente a la segunda instancia acometer dicho estudio.

Sobre la convivencia el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dispone:

“Los artículos 47 y 74 quedarán así:

ART. 47.—Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge ola compañera o compañero permanenteo supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanentesupérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte (...)”.

Es necesario aludir a la providencia de esta Sala del 7 de febrero de 2008, radicación 32356 que versa sobre el requisito de la verdadera convivencia cuando se trata de compañeros permanentes, donde se expresó:

“En ningún error jurídico pudo haber incurrido el sentenciador de segundo grado al interpretar el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, si se tiene en cuenta que las pensiones de sobrevivientes cuando se trata no solo de compañeras o compañeros permanentes, sino también de cónyuges de personas afiliadas o pensionadas fallecidas, están cimentadas sobre la efectiva convivencia con éstas, como reiteradamente lo ha adoctrinado la corporación desde la versión inicial de la citada disposición, modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Verbigracia en sentencia del 10 de marzo de 2006 radicación 26710, reiterada entre otras en las del 4  de junio de 2007 y 21 de noviembre de 2007, radicados 29051 y 31773, respectivamente, expresó:

“El requisito de la convivencia para el momento de la muerte que exige la norma no puede ser reducido a la sola circunstancia de un encuentro, estimado exclusivamente por su oportunidad; con la dimensión temporal han de concurrir otras como la fortaleza de los vínculos espirituales, las condiciones sociales, laborales, económicas, de salud que apoyaban o distanciaban la efectiva pertenencia al grupo, y especialmente, si ese reencuentro al final de la vida con el afiliado o pensionado que luego fallece es auténtica respuesta de socorro al enfermo, y no el mero aprovechamiento de un beneficio prestacional”.

“A este respecto ya tuvo la Sala oportunidad de precisar que, a partir de la nueva Constitución, “independientemente de la naturaleza misma del vínculo —legal o de hecho— es la convivencia efectiva de la pareja, la existencia de lazos afectivos y el ánimo de brindarse apoyo y colaboración lo determinante a efectos de comprender el nuevo núcleo familiar” (sent. de mar. 2/99, rad. 11245)”.

A continuación es pertinente hacer referencia a las siguientes declaraciones:

Blanca Nubia Merchán García:

“Preguntada: Díganos si sabe con quién convivió durante los últimos dos años antes de su fallecimiento el señor Gerardo Salazar. Contestó: Con María Edisley Hincapié, ellos vivían  en el barrio “Los Andes”, él vivió con ella más o menos año y medio o dos años con ella bajo el mismo techo, ellos vivieron antes como seis años, ella (sic) siempre le colaboraba a ella con todo, él se iba entre noches y algunos fines de semana, María Edisley ella era ama de casa a veces trabajaba en casas de familia, María Edisley es soltera. (...) Preguntada: La declarante nos precisara la época de la convivencia que hubo con la señora María Edisley y el señor pensionado fallecido Gerardo Salazar López. Contestó: Ellos convivieron unos seis años pero no de manera permanente él vivía en la casa con la hija, pero él mantenía a María Edisley del todo, era como el esposo y le colaboraba en todo, después de que la hija se fue, ya convivieron bajo el mismo techo más o menos como año y medio (...)” (fls. 52 y 53) (el resaltado es de la Sala).

María Esperanza Salazar López:

“Díganos si sabe con quien convivió durante los últimos dos años antes de su fallecimiento el señor Gerardo Salazar. Contestó: Con la señora María Edisley Hincapié Patiño, ellos convivieron juntos de cinco a seis años, ellos convivían bajo el mismo techo de manera ocasional, antes de 1999 yo vivía con mi papá y María Edisley iba a mi casa y amanecía varias veces allá con él. Preguntada: Díganos si recuerda la época en qué empezó la convivencia entre su señor padre y la señora María Edisley. Contestó: Más o menos a principios del año 1999 empezaron a conocerse. Preguntada: Díganos donde vivía Edisley y dónde vivía su señor padre y con qué frecuencia se veían y se visitaban. Contestó: Mi papá vivió en varias partes aquí en Chinchiná, por la calle 11 y carrera 11, por toda la central saliendo para Santa Rosa y ya lo último en el barrio Los Andes, ella siempre iba a visitarlo día de por medio. (…) Preguntada: Sírvase indicarle al juzgado en qué año convivieron de manera permanente su padre y la señora María Edisley. Contestó: Ya en el año 2000, fue permanente y hasta que mi padre se enfermó y luego falleció. (...)” (fls. 53 y 54) (el resaltado es de la Sala).

María del Pilar Cubides Ramírez:

“(...) Infórmele al despacho que conocimiento tiene usted acerca del señor Gerardo Salazar López. Contestó: Yo a don Gerardo lo conocí desde que yo estaba muy pequeña, era viudo desde hace unos 27 ó 28 años, trabajó al servicio del Municipio de Chinchiná, era muy conocido de todo el pueblo, vivió con María Edisley desde el año de 1998 o 1999 y le suministraba todo lo que ella necesitaba (...) Preguntada: Infórmenos si lo sabe en qué barrios o direcciones vivió don Gerardo Salazar durante los últimos siete años. Contestó: Desde el año de 1979 en adelante vivió en el barrio Los Andes, por ahí en el 2003 también vivió por la 11 y no sé exactamente la dirección y también vivió  por la salida a Santa Rosa en el año de 2003, él se cambió de casa muy frecuentemente. Preguntada. Manifieste si sabe si el señor Gerardo Salazar López durante sus últimos años aproximadamente convivió con alguna persona. Contestó: María Edisley Hincapié Patiño, únicamente y de pronto con la hija María Esperanza Salazar donde él iba mucho” (fl. 57) (el resaltado es de la Sala).

Ahora bien, como lo señaló el señor juez a quo, las declaraciones aportadas no tienen suficiente poder de convencimiento  para que la Sala tenga como probado el hecho de la vida marital al momento de la muerte del pensionado, requisito esencial para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, por cuanto las declaraciones en su mayoría son imprecisas sobre el tiempo de la presunta convivencia y no coinciden entre sí.

En efecto, si bien es cierto que en las referidas declaraciones se menciona a la citada señora como compañera permanente de Gerardo Salazar López, tales anotaciones no reflejan, en modo alguno, la real y efectiva convivencia con Salazar Castañeda en el momento de su muerte, cuyo supuesto fáctico es el que corresponde demostrar en asuntos como el examinado. Tampoco ofrece certeza el citado medio probatorio, sobre el tiempo en que supuestamente permaneció vigente la convivencia y la condición de permanencia que exige el ordenamiento legal, para acceder como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por las siguientes razones:

Según la declaración de Blanca Nubia Merchán García, convivieron año y medio o dos años, así mismo dijo que antes habían convivido 6 años “pero no de manera permanente él vivía en la casa con su hija” (fl. 52); María Esperanza Salazar López, expresó que la convivencia fue de 5 a 6 años “ellos convivían bajo el mismo techo de manera ocasional” (fl. 54); por su parte María del Pilar Cubides Ramírez, declaró que María Edisley vivió con el pensionado fallecido desde 1998 ó 1999.

Así las cosas, esta Sala no encuentra acreditado algún elemento que permita concluir que la actora y el causante vivían bajo el mismo techo, mantenían una relación de pareja estable, pues las declaraciones no ofrecen convencimiento, tal como se indicó anteriormente.

Además, lo dicho en uno de los testimonios de que la convivencia se inició en 1998 o 1999 contradice lo plasmado en el folio 50, esto es, el documento de fecha 12 de agosto de 1999 suscrito por el causante, dirigido al gerente del Fondo Territorial de Pensiones y, autenticado ante notario, donde se refirió a la convivencia con otra persona, la señora María Elice Jaramillo, así “(...) ante su despacho acudo para manifestar libremente y aún en vida, que la sustitución pensional en caso de causarse mi muerte sea transferida a la señora María Elice Jaramillo vda. de González (...) con quien convivo por espacio de 15 años (...)”.

De otra parte, si bien es cierto, reposa a folio 47 declaración rendida por el causante ante notario el 24 de diciembre de 2004, en la cual indica que es su deseo que después de su muerte le quede su pensión a la señora María Edisley Hincapié Patiño, esta prueba no acredita la convivencia.

Son suficientes las anteriores razones para que los cargos no prosperen.

Tercer cargo

Denuncia la sentencia impugnada de violar indirectamente la ley, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 47de la Ley 100 de 1993, modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

En la demostración del cargo arguye la censura que, el tribunal inaplicó la normatividad enunciada y,  además, dijo que:

“no apreciando los testimonios que sobre convivencia, solidaridad, socorro, asistencia y apoyo en los últimos 6 años de enfermedad dieron fe las deponentes en un lenguaje ajeno a cualesquiera elucubración jurídica en que precisamente se “apoyó” tanto el juez de primera instancia como el de segunda instancia. Porque la prueba visible a folio 18 y 47, per se, como entendió el demandado [municipio de Chinchiná] y apreciada por los falladores, ni siquiera puede darse por válida, por cuanto esas manifestaciones concomitantes a los estados de etapas terminales o simultáneas al padecimiento de enfermedades no tienen una categoría superior a lo probado en juicio, máxime cuando una de las declarantes era la propia hija del causante. Sumado a lo anterior, no hay contradicciones entre los declarantes, aisladamente coinciden en que la actora era quien se encargaba del cuidado, atención, ayuda y convivencia con el pensionado, dejando sin soporte alguno la manifestación que hiciera en vida  sin que existiera una razón de peso del porqué quería beneficiar a una tercera persona.

Esa apreciación equívoca de los testimonios (prueba esencial para esta clase de procesos], afectó la norma sustancial de la Ley 797 de 2003 por las razones expuestas” (fls. 10 a 11).

Consideraciones de la Corte

Ante las deficiencias técnicas que presenta la formulación del cargo, debe una vez más recordar la Sala que la casación no es una tercera instancia, en donde se debatan las diferentes posiciones de las partes, sino un medio extraordinario para rebatir los soportes fácticos o jurídicos de la sentencia de un Tribunal, o excepcionalmente de un juez, con miras a rectificar los errores jurídicos que puedan conllevar, para preservar la unificación de la jurisprudencia y mantener el imperio de la ley.

Esa finalidad propia del recurso extraordinario, exige un planteamiento adecuado, que permita a la Corte acometer el examen de la sentencia frente a la ley, con miras a verificar si son válidas o no las presunciones de legalidad y acierto de que está revestida toda decisión que en forma definitiva produzca el juez unitario o colegiado.

Ahora bien, el cargo presenta protuberantes errores de técnica que obligan a su desestimación y que, dada la naturaleza dispositiva y rigurosa del recurso no pueden ser corregidos de oficio por esta corporación.

En ese orden, es pertinente señalar, que en este cargo formulado por la vía indirecta, incurre el impugnante en el dislate técnico de involucrar el concepto de violación “interpretación errónea” de la ley, el cual consiste en la equivocada inteligencia que se tenga de su contenido, independientemente de toda cuestión de hecho.

Cabe anotar, que un cargo por la vía indirecta implica la aplicación indebida de la ley  o,  excepcionalmente, la infracción directa.

De otra parte, la acusación, a pesar de estar dirigida por la vía indirecta, no individualiza los errores de hecho o de derecho que constituyeron la causa de violación a la ley que se le imputa al tribunal, ni señala cómo ellos influyeron en la decisión.

Precisa la Sala, que cuando el ataque se orienta por la vía de los hechos, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido el ad quem en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo lleva a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que en verdad está acreditado en los autos, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

De otro lado, en este tercer cargo, el censor incurre en una incoherencia, al manifestar inicialmente que “no apreciando los testimonios” (fl. 10), y más adelante aseverar sobre estas pruebas “Esa apreciación equivoca de los testimonios” (fl. 11), pues no es posible que a su vez se valoren y no se estimen los mismos medios de prueba.

Por último, es de anotar, que la censura no observó lo adoctrinado por esta Sala de la Corte en el sentido de que para el análisis de la demanda de casación y su estudio de fondo debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido (CSJ, Cas. Laboral, sent. de abr. 18/69).

En conclusión, el cargo no es estimable.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de septiembre de 2007,  proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Edisley Hincapié Patiño, contra el municipio de Chinchiná.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».