Sentencia 3433 de febrero 17 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación Interna 3433

Radicación 050012315000200304248 01

Consejera Ponente:

Dra. María Nohemí Hernández Pinzón

Actor: Procuraduría Regional Antioquia

Electoral - Fallo segunda instancia

Bogotá, D.C., diecisiete de febrero de dos mil cinco.

Entra a resolver la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el fallo proferido el diecinueve (19) de abril de dos mil cuatro (2004), por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, dentro de la acción electoral promovida por la Procuraduría Regional de Antioquia.

EXTRACTOS: «Consideraciones

• Competencia

La competencia de esta corporación para conocer de esta acción electoral está fijada por lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

• Problema jurídico

Solicita la parte demandante la revocatoria del fallo proferido el 19 de abril de 2004 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda, apoyándose en lo fundamental, en que el período de la alcaldía municipal de Venecia era atípico, dado que el antecesor nombrado por tres (3) años culminaba su período en el mes de noviembre de 2003.

Por tanto, la Sala estudiará si en verdad la elección popular de alcalde del municipio de Venecia-Antioquia en la que resultó triunfador Juan José Moreno Naranjo correspondía a un período atípico y por tanto, si dicha elección, al haberse proclamado para el período 2004 a 2007, excedió los límites temporales previstos en el artículo transitorio 2 de 2002.

• La presunción de legalidad de cara al problema debatido

Para un mejor entendimiento del thema decidendum, resulta apropiado precisar los hechos y actos que antecedieron el acto de elección del ciudadano Juan José Moreno Naranjo como alcalde municipal de Venecia-Antioquia, para el período comprendido 2004 a 2007.

1. Mediante Decreto 919 de 25 de abril de 2000, expedido por la gobernación del departamento de Antioquia, fue aceptada la renuncia del señor Luis Gonzalo Martínez Vanegas de su cargo como alcalde del municipio de Venecia elegido para el período 1998-2000 (fl. 88).

2. Por el Decreto 1109 de mayo 19 de 2000, la gobernación de Antioquia convocó a elecciones para ocupar la vacante dejada por Luis Gonzalo Martínez Vanegas, cuya fecha se programó para el 29 de octubre 2000, encargándose entre tanto a Héctor Alirio Tapias Fernández.

3. El 29 de octubre de 2000 se llevaron a cabo las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales en todo el país para el período 2001-2003; en el municipio de Venecia resultó elegido alcalde Carlos Alberto Correa Rojas, quien tomó posesión el 11 de noviembre de 2000 (fls. 85 y 98).

4. El 26 de octubre de 2003 se llevaron a cabo las elecciones en todo el país para gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, para el período 2004-2007 y en el municipio de Venecia resultó alcalde ganador el ciudadano Juan José Moreno Naranjo, quien se posesionó el 21 de noviembre de 2003 (fls. 15-16 y 97).

• Período constitucional de los alcaldes elegidos popularmente y la atipicidad en el caso controvertido

De especial interés para este proceso resulta distinguir dos momentos fundamentales en lo que respecta a la elección popular de alcaldes, la regulación constitucional que existía en cuanto al período de los alcaldes con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 02 de 2002 y el tratamiento que a la materia brindó el legislador, actuando como constituyente, con la expedición de esta enmienda constitucional. Distinción que va a permitir precisar, aún más, el problema jurídico inmerso en esta causa y la solución que legalmente debe dársele.

Período de alcaldes antes del Acto Legislativo 02 de 2002

El artículo 314 de la C.N., vigente con anterioridad a tal reforma constitucional pregonaba: “En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos de tres años, no reelegible para el período siguiente”. Se vislumbra con claridad del precepto anterior, que el período de los alcaldes estaba definido plenamente por la Carta fundamental, fijándolo en un lapso de tres años; empero, la dificultad se generó en torno a determinar a partir de qué momento se contaba ese período, a partir de cuándo corría el término de los tres años de que disponía el mandatario local para desarrollar su programa de gobierno.

Ahora, los artículos 85 y 107 de la Ley 136 de 1994, en su orden, establecían, a grandes rasgos, que el alcalde tendría un período de tres años que iniciaría, en todo caso, el 1º de enero siguiente a la fecha de elección, y la forma de llenar las faltas absolutas de los alcaldes, según el tiempo en que se produjeran, entregando al Presidente de la República y al gobernador, según sus competencias respecto del nombramiento de alcaldes distritales o municipales, la facultad de nombrar el reemplazo por el resto del período o convocar a elecciones; sin embargo, ello fue retirado del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional con Sentencia C-448 de 1997, al encontrar que los períodos de los alcaldes son individuales y que por ello no necesariamente deben comenzar a partir de dicha fecha, además porque entregar dicha facultad al ejecutivo es desconocer la soberanía popular, en quien radica el legítimo derecho a elegir a sus gobernantes. En dicho pronunciamiento se discurrió:

“11. En primer lugar, el artículo 260 señala que los ciudadanos eligen en forma directa a los alcaldes y gobernadores. Por su parte el artículo 314 establece que en cada municipio habrá un alcalde “elegido popularmente para períodos de tres años”. Una interpretación armónica de estas dos disposiciones muestra que la Carta establece una regla precisa sobre la forma de designación de los alcaldes, ya que en todos los casos estos funcionarios deben ser electos popularmente para períodos de tres años. Por ende, solo pueden acceder a ese cargo público los candidatos que los electores hayan elegido como sus representantes, de tal manera que siempre debe mantenerse la relación entre la voluntad del cuerpo electoral y la proclamación del candidato. En estas circunstancias, se observa claramente que la Constitución le reservó a la voluntad popular la posibilidad de tomar decisiones fundamentales, tales como la elección de la primera autoridad local para un período de tres años.

(...).

14. Conforme a lo anterior, la Corte concluye que en todos los casos de vacancia absoluta, los alcaldes deben ser elegidos por voto popular, no solo como consecuencia de las claras reglas establecidas por los artículos 260 y 365 de la Carta sino también como lógica expresión de la soberanía popular y la democracia participativa, principios constitutivos de nuestro ordenamiento constitucional (C.P., arts. 1º y 3º). El legislador desconoció entonces el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones que los afectan y a gobernarse por autoridades propias (C.P., art. 287 inc. 1º). Además, al otorgar al Presidente de la República o a los gobernadores la facultad de nombrar en propiedad a la primera autoridad municipal, la norma legal establece una sujeción jerárquica de los alcaldes al ejecutivo central, que no está autorizada en nuestro ordenamiento constitucional y que vulnera el contenido esencial de la autonomía de las entidades territoriales (C.P., art. 1º).

(...).

15. Con todo, podría considerarse que las anteriores conclusiones no son válidas, por cuanto el artículo 293 defiere a la ley la regulación de la fecha de posesión, las faltas absolutas y temporales, así como la forma de llenar las vacantes de quienes resulten elegidos para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. Según esta interpretación, esta norma constitucional autoriza a la ley a establecer la forma de llenar las vacancias absolutas de los alcaldes, por lo cual bien podía la disposición impugnada señalar que si la falta absoluta se produce después de transcurridos veinticuatro meses del período, el Presidente de la República o el gobernador respectivo, según sus competencias designará el alcalde para el resto del período. Sin embargo, esta hermenéutica no es admisible, por cuanto expresamente el artículo 293 confiere esa competencia a la ley, pero claramente establece que esa atribución se efectúa “sin perjuicio de lo establecido en la Constitución”. Y es obvio que así sea, pues la Constitución es norma de normas en nuestro ordenamiento (C.P., art. 4º). Por consiguiente, la ley debe regular estos temas pero sin desconocer los mandatos constitucionales, por lo cual no puede la ley alterar el origen de los alcaldes, que es por elección popular, ni su período, que es de tres años. La Corte reitera entonces su jurisprudencia sobre la necesidad de convocar a nuevas elecciones en caso de vacancia definitiva al cargo de alcalde, por lo que también se declarará la inexequibilidad, por razones materiales, de los apartes acusados del artículo 107 de la Ley 136 de 1994.

(...).

17. Como consecuencia lógica de la inconstitucionalidad del artículo 107 de la Ley 136 de 1994, la Corte concluye que las fechas de elección e iniciación del período de alcaldes no deben coincidir imperativamente con los comicios electorales de otras autoridades locales y el comienzo de sus períodos pues, como ya se manifestó en la Sentencia C-011 de 1994, en la Constitución nada impide que el período de alcaldes y gobernadores sea individual” (1) (resalta la Sala).

Respecto del momento en que inicia el período para el alcalde electo, es claro que sucede con la posesión del cargo y la toma del juramento previsto en el artículo 122 de la C.N., como así lo precisó la Corte Constitucional al señalar:

“Lo que se ha querido es que la provisión de los cargos de alcalde o de gobernador por nombramiento por parte de una autoridad ejecutiva de mayor jerarquía, sea tan solo un hecho excepcional. La disposición contenida en el artículo 15 sub examine, va en contravía de tan manifiesta intención, y, por ende, resulta violatoria de la Constitución. La consecuencia lógica de esta inconstitucionalidad es, naturalmente, la de que también en la eventualidad prevista en el artículo 15, deben realizarse elecciones en el respectivo departamento o municipio, para reemplazar al gobernador o alcalde cuyo mandato hubiere sido revocado, aun cuando hubieren transcurrido dos años desde su fecha de posesión. Ello sin perjuicio, claro, de que en el interim, la autoridad correspondiente pueda nombrar, con carácter provisional, al gobernador o alcalde encargados, mientras se efectúa, dentro de los términos legales, la nueva elección. Dicho nombramiento debe ceñirse, por lo demás, a la condición fijada para el efecto por la ley, es decir, que para él se tenga en cuenta el grupo, movimiento, sector o partido político del mandatario revocado.

(...).

La Constitución Política no señala una fecha oficial para la iniciación del período de los alcaldes o gobernadores. En lo que se refiere al período de los gobernadores y los alcaldes, la Constitución se limita a señalar que éste será de tres (3) años. Al producirse la elección popular de quien haya de sucederlo en el cargo, cualquiera que sea la fecha en que ello ocurra, el período constitucional del nuevo mandatario, comenzará a contarse a partir de la fecha de su posesión, y este período deberá ser el mismo de aquél cuyo mandato fue revocado, es decir, de tres (3) años.

(...).

Es evidente que ni las disposiciones antes citadas, ni ninguna otra constitucional, faculta al legislador para determinar que los períodos de los gobernadores o de los alcaldes deban ser forzosamente coincidentes, y no puedan ser, por ende, individuales. La facultad de reglamentar su elección, en el caso de los gobernadores (art. 303), no puede entenderse que se extienda hasta la de determinar que los períodos constitucionales de éstos deban comenzar y terminar al mismo tiempo. En el caso de producirse la revocación del mandato de uno cualquiera de estos funcionarios, como es lógico su respectivo período constitucional cesa en forma automática. Por consiguiente, al producirse la elección popular de quien haya de sucederlo en el cargo, cualquiera que sea la fecha en que ello ocurra, el período constitucional del nuevo mandatario, comenzará a contarse a partir de la fecha de su posesión, y este período deberá ser el mismo de aquél cuyo mandato fue revocado, es decir, de tres (3) años” (2) (resalta la Sala).

La ausencia de regulación normativa con anterioridad a la expedición del Acto Legislativo 02 de 2002, llevó a la Corte Constitucional a hacer precisión sobre el particular, señalando que el período de los alcaldes es constitucional e individual, de tal suerte que su inicio corre a partir del momento que toman posesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la C.P.

Empero, la convocatoria a un proceso electoral estaba sujeta a dos circunstancias: La primera de ellas, referida a la terminación del período constitucional del alcalde electo; puesto bajo tal supuesto el paso lógico a seguir es la convocatoria al electorado para que en las urnas escoja al candidato de sus preferencias, con tal programación y anterioridad que el nuevo mandatario local tome las riendas de la administración inmediatamente las deje su antecesor, evitando con ello solución de continuidad en el ejercicio del cargo de la primera autoridad administrativa a nivel local.

Y la segunda, atinente a la presentación de una falta absoluta del mandatario local. Aquí ha de señalarse que la falta absoluta del cargo solamente se produce por las circunstancias previstas en el ordenamiento constitucional y por supuesto en la ley, lo cual se regula según pasa a explicarse.

Para aquellos ciudadanos que son elegidos en forma directa, entre ellos los alcaldes, las faltas absolutas son únicamente las consagradas en la Constitución nacional y en la ley; así, el artículo 261 inciso 2º de la C.N., modificado por el Acto Legislativo 3 de 1993 artículo 2º señala:

“Son faltas absolutas: además de las establecidas por la ley; las que se causan por: muerte; la renuncia motivada y aceptada por la plenaria de la respectiva corporación; la pérdida de la investidura; la incapacidad física permanente y la sentencia condenatoria en firme dictada por autoridad judicial competente” (3).

En el plano legal las faltas absolutas de los alcaldes están definidas en la Ley 136 de 1994 artículo 98 que prescribe:

“ART. 98.—Faltas absolutas: Son faltas absolutas del alcalde:

a) La muerte.

b) La renuncia aceptada.

c) La incapacidad física permanente.

d) La declaratoria de nulidad por su elección.

e) La interdicción judicial.

f) La destitución.

g) La revocatoria del mandato.

h) La incapacidad por enfermedad superior a 180 días”

Pues bien, ante la terminación del período y por la configuración de falta absoluta del alcalde, es dable entrar a practicar nuevos comicios electorales, distinguiendo entre esas dos circunstancias que por la primera situación la sucesión en el ejercicio del mandato ha de ser ininterrumpida, en tanto que en la segunda, por la fuerza de las circunstancias y mientras se prepara el proceso electoral, el ejercicio de la primera autoridad administrativa se entrega a una persona designada interinamente por la autoridad competente, por un lapso igualmente fijado por la ley, de acuerdo con las directrices de la doctrina constitucional.

Nótese, además, que la falta absoluta del alcalde, bajo ninguna circunstancia se presenta por la culminación del período constitucional de un alcalde elegido popularmente, ella se presenta solamente por las circunstancias arriba consignadas, derivadas de factores endógenos, como la renuncia aceptada del mandatario, o de factores exógenos, tales como la interdicción judicial, entre otras. Si de la terminación del período constitucional se trata, obviamente la provisión del cargo se surte por elección popular y quien resulte elegido por voluntad mayoritaria, debe tomar las riendas a partir del día siguiente en que su antecesor haga dejación del cargo por extinción del período para el que fue elegido.

Recapitulando, se tiene que con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2002, el período de los alcaldes elegidos popularmente era de tres años, se consideraba de carácter constitucional e individual, y la convocatoria a elecciones era una consecuencia lógica de la culminación del período o de la falta absoluta, sin que ésta y la anterior pudieran prestarse a confusión.

Período de alcaldes después del Acto Legislativo 02 de 2002

El Acto Legislativo 02 del 6 de agosto de 2002, que entró en vigencia el 7 del mismo mes y año, cuando fue promulgado a través de su publicación en el Diario Oficial 44.893, introdujo a la Constitución Política de 1991, una importante modificación al período de los mandatarios locales, al prescribir:

“ART. 3º—El artículo 314 de la Constitución Política quedará así:

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución”.

Al primer golpe de vista se observa que la modificación introducida por la enmienda constitucional es determinante; además de haber ampliado el período de los alcaldes de tres a cuatro años, dijo con claridad que era institucional, de tal manera que sin importar la falta absoluta que se pudiera presentar de un mandatario local, siempre los períodos de todos los alcaldes del país van a tener la misma coincidencia temporal, empezarán y culminarán al mismo tiempo. Para ello se estableció que si la falta absoluta se presenta a más de dieciocho meses de la terminación del período se elegirá nuevo alcalde para lo que reste del período, pero si la falta absoluta se presenta faltando menos de dieciocho meses para culminar el período, será el gobernador quien designe mandatario local para lo que reste del período, respetando por supuesto la representación política de quien dio lugar a la falta absoluta.

Ahora, reconociendo el legislador la materialidad de los períodos atípicos de algunos alcaldes y con el fin de que tanto estos como los alcaldes con período normal ejercieran su mandato a partir de un mismo momento, se dijo en el artículo 7º de dicho acto legislativo que la Constitución nacional tendría el siguiente artículo transitorio:

“ART. TRANS.—Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente Acto Legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de año 2007.

En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1º de enero del año 2008.

El período de cuatro años de los miembros de las asambleas departamentales, concejos distritales y municipales y ediles se iniciará el 1º de enero del año 2004” (resalta la Sala).

Con este precepto constitucional quedó suficientemente claro que a partir de su vigencia, los períodos de los alcaldes son además de institucionales, por un lapso de cuatro años, y que sus faltas absolutas serán suplidas en la forma señalada, desapareciendo del escenario social los períodos atípicos de los alcaldes.

• El caso concreto

Pues bien, dado que el 25 de abril de 2000 a Luis Gonzalo Martínez Vanegas le es aceptada su renuncia del cargo de alcalde del municipio de Venecia-Antioquia cuyo período vencía el 31 de diciembre de 2000 y que elegido popularmente su sucesor, Carlos Alberto Correa Rojas, este se posesiona el 11 de noviembre de 2000, es claro que dicho período fue atípico, no tuvo coincidencia con el período de los demás alcaldes que tomaron posesión del cargo el 1º de enero de 2001. Carlos Alberto Correa Rojas finaliza su período el 10 de noviembre de 2003 y para sucederlo resulta elegido Juan José Moreno Naranjo, a quien le empieza a correr su período el 11 de noviembre del mismo año, siendo, entonces, igual que el anterior, alcalde de período atípico. Este proceder, en opinión de la Sala, no constituye una vía de hecho y menos aún agrede el ordenamiento jurídico, puesto que debe recordarse que su preantecesor dio lugar a una falta absoluta al haberle sido aceptada la renuncia con el Decreto 919 de 25 de abril de 2000 y en esa medida defirió hacia el futuro la sucesión de períodos atípicos que el Acto legislativo 02 de 2002 intenta corregir. De tal manera la convocatoria a elecciones que hizo el gobernador del departamento de Antioquia, mediante el Decreto 1109 del 19 de mayo de 2000, tuvo como finalidad superar la ausencia absoluta del mandatario local por vencimiento de su período. En el mismo sentido la elección del nuevo alcalde, el hoy cuestionado, cuya fecha coincidió con la del resto de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, el ciudadano Juan José Moreno Naranjo, quien se posesionó y entró a ejercer el cargo el día 21 de noviembre de 2003, se ciñó a un nuevo período atípico que es necesario desnudar.

Ahora bien, las razones esgrimidas por el demandado, atinentes a que en el municipio de Venecia nunca ha existido elecciones para períodos atípicos, su inscripción como candidato fue para el período 2004-2007 y que el electorado sufragó bajo la convicción de que así sería, son argumentos, además de faltos a la verdad, desprovistos de la fuerza suficiente para dar fundamento a un fallo favorable a sus aspiraciones; el calendario electoral para elección popular de alcaldes, con anterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 02 de 2002, tanto para los alcaldes con períodos normales como atípicos tiene sustrato constitucional, no quedando ello librado a la voluntad del candidato y menos del electorado, quienes si bien cuentan con la facultad de ejercer su legítimo derecho al sufragio, deben hacerlo dentro de los precisos términos dados por la Constitución Política. De esta manera, no es la convocatoria y elección subsecuente la que determina la tipicidad o atipicidad del período, sino la vacancia o la terminación del período anterior, que como se sabe, en el municipio de Venecia surgió como vacancia por renuncia aceptada del titular anterior, quien a su vez venía desarrollando otro período atípico como quiera que su período de tres años se había iniciado el 11 de noviembre de 2000 (fl. 88). Tampoco la atipicidad del período se purifica por la convocatoria a elecciones coincidente en el espacio y en el tiempo con la de elecciones normales de otros alcaldes, gobernadores, diputados y concejales; ciertamente, si bien allí puede operar cierta confusión propiciada por las mismas autoridades electorales, es lo cierto que tan aparente confusión no puede constituirse en soporte válido para desconocer los claros mandatos constitucionales y legales; así como tampoco los ciudadanos, individual o colectivamente considerados, pueden desatender los preceptos del régimen constitucional.

Ahora, aclarado el punto de la atipicidad del período del alcalde municipal de Venecia, el cual comenzó a partir del día 11 de noviembre de 2003, con suma facilidad se advierte que su situación quedó comprendida por lo dispuesto en el inciso primero del artículo transitorio del Acto Legislativo 02 de 2002 que expresa: “Artículo transitorio. Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007” (resalta la Sala), dado que esa enmienda constitucional tuvo vigencia a partir del 7 de agosto de 2002.

En este orden de ideas resulta claro que en aplicación de la normatividad vigente, el artículo transitorio del Acto Legislativo 02 de 2002, hay lugar a ordenar la corrección del acto declaratorio de la elección del alcalde electo de Venecia-Antioquia, así como de la correspondiente credencial, precisándolos que la elección es por el período 11 de noviembre de 2003 a 5 de diciembre de 2005.

Por lo dicho, se revocará el fallo recurrido, accediéndose a las pretensiones de la demanda...

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase el fallo proferido el diecinueve (19) de abril de dos mil cuatro (2004) por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, dentro de la acción electoral promovida por la Procuraduría Regional de Antioquia, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda. En su lugar se decreta la nulidad parcial del acto de elección de Juan José Moreno Naranjo como alcalde del municipio de Venecia-Antioquia contenida en el formulario E-26 AG del 28 de octubre de 2003 expedida por la comisión escrutadora municipal, para el período 2004-2007.

2. Como consecuencia del numeral anterior se ordena la corrección del mencionado acto de elección determinándose que el mismo comprende el período del 11 de noviembre de 2003 hasta el 5 de diciembre de 2005. En el mismo sentido se deberá modificar la correspondiente credencial.

2. (sic) Envíense las comunicaciones respectivas a las autoridades electorales competentes para lo de su cargo.

3. Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-448 del 18 de septiembre de 1997. Expediente D-1655. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Corte Constitucional. Sentencia C-011 del 21 de enero de 1994. Expediente PE-001. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(3) Por la naturaleza del cargo de alcalde, es claro para la Sala que las causales de falta absoluta deben tomarse con beneficio de inventario, en atención a que todas ellas no son predicables o aplicables al cargo de alcalde.

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