Sentencia 34339 de enero 269 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 019

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Luis Quintero Milanés

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Competencia

1. Sea lo primero precisar que a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde desatar el recurso de apelación interpuesto, de acuerdo con la competencia que le asigna el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, toda vez que la sentencia de primer grado fue proferida, en este caso, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, como fallador de primer grado.

Materialidad de la conducta punible y responsabilidad del procesado

2. Se trata aquí de determinar, con sujeción a los planteamientos del apelante, si se acreditan los elementos que configuran el tipo penal de prevaricato por acción, en particular la contrariedad a derecho de la decisión adoptada en providencia del 5 de marzo de 2009 y la intención dolosa del procesado Luis Eduardo Beltrán Farías.

3. Pues bien, la corporación encuentra que en verdad todos los elementos necesarios para condenar fueron cabalmente acreditados por la funcionaria acusadora.

En efecto, salta a la vista la ilegalidad de la determinación de hábeas corpus cuestionada, adoptada por el aquí procesado Beltrán Farías a través de auto del 5 de marzo de 2009, por medio de la cual dispuso la libertad incondicional del investigado por delitos de narcotráfico Édgar Salazar Corredor.

Dígase, en primer lugar, que la ostensible irregularidad de la decisión que se cuestiona surge a las claras de su irracional fundamento y, además, de su enfrentamiento con la realidad procesal sobre la que en su momento debía pronunciarse.

Véase cómo, según consta en acta del 11 de septiembre de 2007, en verdad el ciudadano Édgar Salazar Corredor, a cuyo favor se invocó el hábeas corpus, se acogió a sentencia anticipada (L. 600/2000, art. 40) por los delitos de concierto para delinquir agravado por su finalidad para cometer conductas de narcotráfico (C.P. art. 340, inc. 2º) y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravado por la cantidad de sustancia (del mismo E. arts. 376, 384-3), y fue por tales delitos por los que fue condenado a las penas principales de 16 años, 10 meses y 24 días de prisión, y multa de diecisiete mil trescientos cuatro punto novecientos noventa y seis (17.304,996) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dicha determinación fue apelada por el defensor única y exclusivamente en lo referente a la dosificación de la pena impuesta, como bien puede verse en el correspondiente escrito; de suerte que fue mientras se encontraba en curso el trámite de la apelación así formulado cuando se impetró la acción constitucional de hábeas corpus y se concedió la libertad solicitada.

Así las cosas, es evidente que la Constitución Política, la ley, la realidad procesal antecedente, y aún la lógica y el sentido común, reclamaban —no solo al funcionario judicial experto en procedimiento penal sino también al poco versado en asuntos penales, pero capaz de realizar una atenta lectura de las normas pertinentes— la improcedencia del la libertad solicitada, sin que concurra la diversidad de interpretación jurídica que por todas partes pregona el defensor.

El aserto anterior encuentra sustento en que no solamente no existía una precisa causal legal de libertad que permitiera su concesión —tal como lo admite el apoderado del procesado en la audiencia del juicio oral— sino porque al acogerse el acusado Salazar Corredor a sentencia anticipada, por conductas punibles de la gravedad que se le imputaron, obviamente no podía albergar expectativa alguna de libertad, ni siquiera por el hecho de que prosperara el recurso de apelación formulado por su defensor; tanto es así que el apoderado de Salazar Corredor, consciente de la verdadera situación procesal de su defendido, solamente recurrió lo referente a la tasación de la pena y descartó cualquier reclamo de libertad, precisamente por su evidente improcedencia.

Pero, ante la claridad con que se presentó la realidad procesal sobre la cual debía pronunciarse, el aquí acusado Beltrán Farías, como juez quinto penal municipal de Bogotá, resolvió conceder el amparo constitucional, con apoyo en esta única consideración: “se pudo establecer que el recurso de apelación no ha sido resuelto dentro del término legal por el Tribunal Superior de Bogotá, vulnerándose de manera clara el derecho a la libertad del procesado Édgar Salazar Corredor, como que ha transcurrido un lapso de tiempo supremamente considerable para el pronunciamiento...” (Resalta la Corte).

El razonamiento así expresado se limita a dejar constancia de una realidad procesal —la superación del término legalmente establecido para resolver un recurso— mas no deja ver de ninguna manera cuál es el fundamento jurídico que permite la libertad por esa sola circunstancia; de allí, entonces, que la decisión así argumentada, de frente a la realidad procesal ya conocida, resulta abiertamente infundada, arbitraria y caprichosa.

4. Insiste la Sala en que no es solamente que la decisión cuestionada carezca de sustento, pues bien podría presentarse una hipótesis, según la cual la determinación adoptada hubiera sido la correcta, pero las consideraciones que la apoyan sean escasas. No es este el caso que aquí se presenta, pues, como ya se ha dicho, no es solamente que la providencia carezca de un sustento serio, sino que la determinación adoptada es palmariamente ilegal.

La conclusión precedente encuentra apoyo en que por parte alguna el ordenamiento jurídico permite la libertad del procesado por la superación del término para resolver el recurso de apelación que se formula contra la sentencia anticipada. Es verdad, sí, que los numerales 4º y 5º del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal de 2004 consagran como causal de libertad provisional el transcurso de un cierto término (60 o 90 días) desde la ocurrencia de precisos actos procesales (la formulación de imputación y la presentación del escrito de acusación) sin que se hubieran cumplido otros (la presentación del escrito de acusación o el inicio del juicio oral) como motivos de libertad. Pero dichas hipótesis por ninguna parte, por más que se les quiera extender sus efectos, permiten la libertad por el vencimiento del término para resolver un recurso.

A lo anterior agréguese lo ilógico que resulta que si el procesado por delitos de narcotráfico —a cambio de beneficios— aceptó su responsabilidad y pidió para sí la imposición de la consiguiente pena de prisión tenga interés o expectativa seria de quedar en libertad mientras cobra firmeza la condena aceptada. Y, en todo caso, como bien lo advirtió el mismo juez quinto penal municipal en el auto, una tal petición, aunque infundada y a todas luces improcedentes, ha debido hacerse dentro del proceso. De allí que no se entienda cómo es que afirme en la decisión cuestionada que por esta última razón el hábeas corpus no era procedente pero, al final, acabe concediéndolo.

5. Se ha dicho por la defensa que no se estructuró el delito de prevaricato por acción, en la medida en que la situación que en su momento debía resolver el juez Luis Eduardo Beltrán Farías permitía diversas interpretaciones, es decir que la contrariedad entre la determinación adoptada y el ordenamiento legal no era evidente.

Dicho razonamiento carece de asidero, pues de la providencia cuestionada no se descubre —por más que se quiera flexibilizar su casi nulo contenido sustancial— cuáles son las diversas tesis jurídicas que aplicadas al caso determinen soluciones opuestas; o bien, cuáles las razones que permiten asegurar que las normas constitucionales y legales que desarrollan la materia presentan una oscuridad que es necesario superar; cuál la dificultad interpretativa que se presenta a la hora de aplicar las normas; o cómo la reiterada jurisprudencia de la Corte sobre el mismo asunto no contribuye a su solución.

Nada de lo anterior se vislumbra en el auto que se ha calificado de ilegal: este solamente argumenta que como fue superado el término para resolver el recurso de apelación formulado contra la sentencia anticipada entonces, sin más, procede la libertad del procesado.

Ninguna referencia existe a la supuesta interpretación pro homine que pregona el defensor, o a la tesis de la Sala que no se comparte y los motivos para desconocerla. En este sentido, dígase que la condición de estudioso de temas constitucionales del juez Beltrán Farías —hecho que fue objeto de estipulación— sin duda le permitía conocer la especial carga argumentativa que le corresponde al operador judicial para apartarse de los lineamientos jurisprudenciales que han tenido vigencia de largo tiempo atrás. Una vez más, nada de eso exterioriza la decisión del 5 de marzo de 2009, de suerte que fue su nula sustentación la que condujo a la determinación arbitraria e ilegal ya conocida.

Siguiendo con el razonamiento precedente, surge nítido que ninguna norma fue invocada para sustentar semejante dislate, aparte de la cita de los ya conocidos artículos del Código de Procedimiento Penal que regulan la materia y que, a todas luces, por su contenido, sentido y finalidad, conducirían —aún al funcionario judicial inexperto en temas de procedimiento penal— a negar la acción deprecada.

En efecto, véase cómo, a título de ejemplo, el entonces juez quinto penal municipal de Bogotá Beltrán Farías advierte, a través de la cita textual de la norma, que las peticiones de libertad deben formularse dentro del proceso, pero termina por desconocer flagrantemente su propio razonamiento y el mandato reseñado al acceder a la concesión de la libertad, justamente irrespetando las instancias ordinarias.

En lo referente al dolo en el comportamiento del procesado, dígase que este surge de manera evidente: no solamente porque la amplia experiencia del funcionario judicial en asuntos penales —así como la cita que hizo de las normas constitucionales y legales pertinentes— permite deducir con certeza que aún cuando conocía las disposiciones que regulan la materia y su correcta interpretación, de todos modos decidió contrariarlas con un argumento del todo injurídico, como lo es el de la violación de un término legal que, por ninguna parte, es de los que permite la libertad del procesado.

Aún más: véase cómo el mismo apoderado del hoy procesado, en sus alegatos finales en la audiencia del juicio oral, fue enfático en afirmar que la consecuencia de la violación del término aludido no es otra que la de configurar una causal de mala conducta, pero no pudo sostener que por sí misma sea idónea para dar lugar a la libertad del procesado, razonamiento con el cual le da la razón a los argumentos que viene exponiendo la Corte y, una vez más, acentúa el conocimiento del hoy acusado sobre la ilegalidad de la determinación adoptada.

Por otra parte, alegó la defensa que la determinación del 5 de marzo de 2009 se produjo en consideración a que en el trámite del proceso penal debe imperar el principio denominado pro homine, es decir, según sus propias palabras expresadas en la audiencia del juicio oral, “todas las decisiones deben ser a favor de la libertad y del hombre”. Pues bien, dicho aserto —que, como ya se advirtió, no aparece en la providencia que se ha calificado de ilegal— es el producto de un razonamiento parcializado y descontextualizado, dado que pasa por alto la manera en que la Constitución Política y la ley, en atención a que ninguna garantía es de ejercicio absoluto, han regulado dichos principios.

Es así que aún cuando es cierto que en el trámite del proceso penal imperan los principios de presunción de inocencia y el de libertad, en todo caso uno de los límites a dichos principios es la orden emitida por autoridad judicial competente, razonablemente fundamentada y ajustada a la Constitución y la ley.

Para ahondar en lo anterior, dígase que no se comprende cómo el defensor llegó a invocar en la audiencia del juicio oral la garantía de in dubio pro libertate como fundamento para justificar la ilegal decisión del juez Beltrán Farías, cuando fue el mismo acusado Salazar Corredor quien, al acogerse a la sentencia anticipada, se puso voluntariamente por fuera del amparo del principio de presunción de inocencia y, en particular, de aquella de sus aristas que impone que toda duda debe resolverse a favor del procesado.

6. Respecto de los restantes argumentos defensivos, la corporación tiene que decir que —al igual que lo argumentó el fiscal delegado— no pasa de ser una especulación la afirmación del recurrente, según la cual este proceso fue el producto de lo que denomina ‘la justicia show’, pues lo cierto es que por parte alguna aparece comprometido el principio de imparcialidad.

Por último, tampoco existe una irregularidad trascendente por no haberse leído en su integridad la decisión del 5 de marzo de 2009 con el fin de incorporarla al proceso, pues lo cierto es que todos los intervinientes la conocieron —con más razón el propio procesado quien admite haber sido su autor—, y porque fue objeto de estipulación entre la defensa y la fiscalía. Téngase en cuenta que la lectura integral del documento al momento de ser aducido, según lo norma el artículo 431 de la Ley 906 de 2004, tiene por objeto que su contenido sea conocido por los intervinientes; de manera que si ese propósito se cumple sin necesidad de la lectura completa de su contenido, se desdibuja cualquier anomalía trascendente.

7. Con fundamento en las consideraciones precedentes, la colegiatura, compartiendo la tesis de la fiscalía, el Ministerio Público y el representante de las víctimas, concluye que el material probatorio, tal como lo demostró la fiscal acusadora y lo reconoció el Tribunal de primera instancia, deja ver la materialidad de la conducta de prevaricato por acción agravado y la responsabilidad del entonces juez quinto penal municipal Luis Eduardo Beltrán Farías en su comisión.

Sobre la punibilidad: la dosificación de la pena de prisión, según la causal de agravación punitiva de que trata el artículo 415 del Código Penal.

8. Sobre este preciso aspecto, el apelante adujo, de manera subsidiaria, que no existió explicación alguna por parte del a quo para acoger en su máximo el aumento de punibilidad de que trata la causal de agravación específica consagrada en el artículo 415 del Código Penal.

Vista la inconformidad que propone el impugnante de cara al contenido del fallo de primer grado, para la Corte es claro que en ella no le asiste razón al defensor, pues basta revisar la providencia recurrida para apreciar de qué manera el tribunal de primera instancia sustentó la concurrencia y gravedad de la circunstancia de agravación específica:

“Ha quedado claramente relatado que la conducta del juez acusado que se encuentra prevaricadora tuvo lugar en el trámite del hábeas corpus, que mediatamente tiene efectos sobre un proceso que se adelantó por narcotráfico. Este trámite es una articulación que aunque se realiza ante un juez diferente al del conocimiento del proceso, tiene una incidencia directa dentro de él, como en este caso en que por su intervención quedó en libertad un procesado por narcotráfico que no tendría opción de libertad sino alrededor de seis años después, como mínimo, y que ordenada su recaptura no ha sido posible concretarla”.

De allí entonces, que no se ajuste a la realidad procesal el argumento de la defensa en el sentido de que el incremento punitivo acogido por el sentenciador no hubiese sido sustentado.

Por otra parte, al menos en lo referente a la aplicación del incremento punitivo del artículo 415, la dosificación de la sanción se presenta legal, pues el incremento del margen superior del ámbito de punibilidad a 192 meses se ajusta a lo normado en el artículo 60-2 del Código Penal, que en su literalidad dice:

“ART. 60.—Parametros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena el sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas:

1. (...).

2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica.

2.

3.

4”.

En conclusión, no existe el yerro en la tasación de la pena que alega el recurrente, pues el aumento de la punibilidad en el máximo previsto en el artículo citado contiene una precisa explicación y se hizo conforme los parámetros legales que regulan la materia.

Violación del principio del non bis in idem

9. Alega el apelante —y en ello lo secundan el agente del Ministerio Público y la fiscalía delegada— que la condición de servidor público la tuvo en cuenta el juzgador dos veces, en evidente perjuicio del procesado: la primera, al configurarse la tipicidad del hecho y la segunda al deducir la circunstancia de mayor punibilidad que consagra el artículo 58-9 de la Ley 599 de 2000.

Desde ya, la corporación adelanta su postura en el sentido de que en ello le asiste razón al recurrente, como también a la fiscal delegada y al procurador segundo delegado para la casación penal, pues en verdad la condición de servidor público, en particular la de juez de la República, constituye uno de los elementos de la tipicidad, particularmente el que fja (sic) la calificación del sujeto activo de la acción. Por lo tanto, dicha condición no podía configurar, además, el supuesto de hecho de que trata el artículo 58-9 del Código Penal, referente a “la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio”, como circunstancia de mayor punibilidad.

Y aún cuando es cierto que el tribunal se esfuerza en hacer ver que la condición de juez es de naturaleza distinta a la de servidor público que exige el tipo penal, el razonamiento no alcanza a desvirtuar la violación al principio del non bis in idem y, por lo tanto, termina —por esa circunstancia, que a su juicio configuró el supuesto de hecho reseñado en el artículo 58-9 de la Ley 599 de 2000— por ubicar la pena dentro de los cuartos medios, en claro perjuicio al procesado.

Respecto del principio del non bis in idem, la colegiatura tiene dicho que comprende varias hipótesis:

“Una. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación”.

“Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración” (destaca la Sala en esta oportunidad).

“Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, esta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada”.

“Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o múltiple punición”.

“Cinco. Nadie puede ser perseguido investigado o juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único. Se le denomina non bis in idem material”(1).

Sobre la violación a la garantía constitucional de la legalidad de las penas, por vía de la violación del principio rector del non bis in idem, la Corte precisó en el mismo precedente lo siguiente:

“El principio del non bis in idem (no dos veces por lo mismo), propio del derecho penal de acto que nos rige, está consagrado en el artículo 29 de la Carta Política como integrante del derecho fundamental del debido proceso, e inmerso en la garantía constitucional de la legalidad de los delitos y de las penas, ya que su efectividad depende de la preexistencia de tipos penales que determinen con certeza las conductas punibles, prohibiendo que el comportamiento que actualice totalmente el supuesto de hecho de determinado tipo penal, sea imputado, investigado, juzgado y sancionado doble vez”.

Se cumplen, entonces, los presupuestos del desconocimiento del principio aludido, dado que —reitera la Sala— la condición del sujeto pasivo fue imputada doblemente, al configurar el tipo básico y al imputar y deducir los efectos de la aludida circunstancia de mayor punibilidad, y que se actualiza al escoger el cuarto de movilidad donde finalmente habrá de ubicarse la pena.

Por otra parte, la jurisprudencia de la Sala ha sido reiterada y pacífica en el sentido de que la condición de servidor judicial se actualiza al tipificar el delito de prevaricato, motivo por el cual no puede concurrir, además, a materializar la circunstancia de mayor punibilidad que trae el numeral 9 del artículo 58 de la Ley 599 de 2000. Así lo ha precisado:

“En el caso concreto, al procesado se le dedujo la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58-9 del actual Código Penal, es decir, su posición distinguida dentro de la sociedad por razón del cargo que ejercía. Empero, ocurre que esa posición distinguida se hace derivar de su condición de fiscal ante un tribunal de distrito judicial para el momento de la comisión del hecho, calidad de servidor público que como elemento de la figura típica de prevaricato por omisión se hace necesaria para la configuración del delito, por lo que de tomarse en cuenta aquella para incrementar la punibilidad, se estaría conculcando el principio de prohibición de doble valoración al sancionar en más de una vez al acusado por su investidura, es decir, como funcionario de alto rango de la Fiscalía General de la Nación, y por su calidad de servidor público”(2).

En consecuencia, la Corte modificará la sentencia apelada en este preciso aspecto y procederá a redosificar la pena como enseguida se detalla, respetando en lo posible los criterios ofrecidos por el juzgador de primera instancia, en la medida en que resulten legales y razonables.

10. La imputación de la improcedente circunstancia de mayor punibilidad tuvo una incidencia perjudicial para el procesado, pues fue gracias a ella que la sanción se ubicó en los cuartos medios. De suerte que al desestimar su concurrencia, la pena debe moverse en el cuarto mínimo, esto es, entre los 48 y los 84 meses de prisión.

Así las cosas, en atención al mandato que trae el inciso 3º del artículo 61 del Código Penal(3), la Corte comparte el criterio plasmado por el a quo respecto de la gravedad de la conducta y el daño causado, y lo reitera aquí: “no cabe la menor duda de que conductas como la que aquí se sanciona generan irritación social e injusto cuestionamiento a la sublime función de administrar justicia, cuyo prestigio incide en la legitimidad del orden jurídico y de la organización social como un todo, y porque fomentan escepticismo en los asociados sobre la validez, corrección y probidad del orden jurídico y de la inmensa mayoría de sus administradores, por lo que se hace necesario asignar la pena con la fuerza que la necesidad de prevención general impone”.

El criterio reseñado, acogido aquí por la Sala, le permitió al fallador de primer grado apartarse del mínimo imponible y, en su lugar, ubicar la pena de prisión en 120 meses, es decir, exactamente en la mitad del rango temporal abarcado por los cuartos medios dentro del cual, según el inciso 2º del artículo 61 del Código Penal, debía, en su momento, ubicarse la pena.

Esta colegiatura, por su parte, encuentra legal y razonable el criterio del juzgador de primera instancia para dosificar la sanción privativa de la libertad, y es por eso que, procediendo de la misma manera, la fijará definitivamente en 66 meses de prisión, en consideración a que si el cuarto mínimo tiene una extensión de 36 meses y, por lo tanto, abarca desde los 48 hasta los 84 meses, eso significa que la mitad de ese rango se ubica precisamente en el guarismo anotado.

La Corte aplicará el mismo criterio para fijar la pena de multa. De manera que si —como bien lo dijo el a quo— la sanción pecuniaria se ubica dentro del rango comprendido entre los 66,66 y los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicho cálculo permite afirmar que el cuarto mínimo de ese rango se inicia en los 66,66 y encuentra su tope máximo en los 150 salarios mínimos legales mensuales. De suerte que la mitad de esa extensión resulta ser 108,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuantía en la que se fija finalmente la pena principal de multa.

Por último, en lo que tiene que ver con la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, el tribunal la fijó en 136 meses, tras hallar que el ámbito de movilidad punitiva (C.P. según el art. 413 del Código Penal, reformado por la L. 890/2004, y el incremento consagrado en el art. 415 del mismo E.) se extiende desde un mínimo de 80 hasta un máximo de 192 meses. Aplicado, una vez más, el sistema de cuartos al rango temporal ya delimitado, se tiene que cada uno cuenta con una duración de 28 meses, de suerte que el límite inferior del cuarto mínimo es de 80 y el máximo de 108 meses. Por lo tanto, la mitad de esta extensión —criterio que aplicó el tribunal— es de 94 meses, término en que se redosifica la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

11. El monto de la pena de prisión impuesta permite afirmar que no procede la concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en la medida en que este beneficio procede, según el artículo 63 del Código Penal, cuando “la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres años”. La no acreditación del requisito objetivo reseñado hace innecesario avanzar hacia el análisis del presupuesto subjetivo.

Así mismo, la Corte —al igual que lo decidió el sentenciador de primera instancia— denegará el sustituto de la prisión domiciliaria, en la medida en que si bien es cierto que, conforme lo establece el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, la pena mínima prevista en la ley es inferior a 5 años de prisión, también lo es que en este caso particular no se cumple con el presupuesto subjetivo que permite la concesión del sustituto.

La conclusión precedente encuentra apoyo en que existen claros y suficientes elementos de juicio que conducen a afirmar fundadamente que por razón de su desempeño personal, social y familiar, el procesado Luis Eduardo Beltrán Farías podría evadir el cumplimiento de la pena.

En efecto, son abundantes las constancias obrantes en la actuación que dan cuenta que el aquí condenado Beltrán Farías violó la detención domiciliaria con que fue beneficiado en su momento, tanto así que dejó de asistir a las diligencias judiciales a las que fue citado, mintió sobre su verdadero paradero, se constató su ausencia injustificada del lugar donde debía cumplir la detención y, por si fuera poco, se recibieron quejas de su constante comportamiento agresivo para con su familia y la comunidad.

12. En conclusión, por todo lo anterior la Corte confirmará el fallo impugnado, con las modificaciones anotadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el fallo recurrido por el defensor del procesado Luis Eduardo Beltrán Farías.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a Luis Eduardo Beltrán Farías, a las penas principales de 66 meses de prisión, multa en cuantía equivalente a 108,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 94 meses, como autor de la conducta punible de prevaricato por acción agravada.

3. CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de primera instancia del 31 de mayo de 2010, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

4. Comuníquese esta decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que excluya de la carrera judicial al procesado si a ello hubiere lugar.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Sentencia de casación de 26 de marzo de 2007, radicado 25629

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de febrero de 2005, radicación 19762.

(3) “Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto”.