Sentencia 34343 de agosto 10 de 2010

 

Sentencia 34343 de agosto 10 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta 256

Bogotá, D.C., diez de agosto de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Concepto de la Corte

1. Aspectos generales. La competencia de la Corte dentro del trámite de extradición está enfocada a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, después de examinar los puntos a que se refiere el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, sin dejar de considerar que el artículo 35 de la Constitución Política en su inciso 2º, reformado por el Acto Legislativo 1 de 1997, autoriza la extradición de colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y las conductas que los originan así también se consideren en la legislación penal colombiana.

Sobre este último aspecto, debe observarse que de acuerdo con la resolución de acusación N° CR-05-439 (JDB), del 8 de diciembre de 2005, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, la imputación que se le formuló a Alejandro Tascón Rodríguez, corresponde a delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes llevados a cabo después del 17 de diciembre de 1997 y hasta el mes de junio de 2005, dentro del Distrito de Columbia, donde las conductas que se le endilgan tuvieron incidencia material, a pesar de fraguarse la conspiración para exportar y distribuir cocaína en este país y decomisarse la droga en las costas de México.

Significa lo anterior que no aparece motivo constitucional impediente de la extradición.

2. Validez formal de la documentación presentada. La Cónsul de Colombia en Washington autenticó los documentos aportados en apoyo de la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Alejandro Tascón Rodríguez, de conformidad con el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, así como con los artículos 4º y 5º de la Resolución 2201 de 1997, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En tal forma, la mencionada funcionaria certifica la firma del Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien a su vez avala la de la Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, y ésta la rúbrica de Eric H. Holder, Fiscal General, quien certifica la de Thomas N. Burrows, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo Penal, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones juradas de Stephen Sola, fiscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y Michael Chase, agente de la Administración de Control de Drogas.

Como documento anexo y debidamente traducido aparece la acusación N° CR-05-439 (JDB), del 8 de diciembre de 2005, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, contra Alejandro Tascón Rodríguez y otro, así como la orden de arresto de la misma fecha, librada por esa Corte.

Del mismo modo, figuran las copias, traducidas en debida forma, de las disposiciones penales del Código de los Estados Unidos aplicables al caso.

De acuerdo con lo anterior, la documentación presentada en respaldo del pedido de extradición de Tascón Rodríguez, es formalmente válida.

3. Identidad plena del solicitado en extradición Alejandro Tascón Rodríguez. De acuerdo con las notas diplomáticas 0672 y 1156, Tascón Rodríguez, es ciudadano Colombiano, conocido con los alias de “Juanito” y “Chiquis”, nacido el 15 de octubre de 1970, e identificado con la cédula de ciudadanía N° 14.893.631.

Como quiera que al momento de ser capturado, Tascón Rodríguez se manifestó indocumentado, fueron tomadas sus reseñas decadactilares y confrontadas con la tarjeta de preparación de cédula de ciudadanía, gracias a lo cual se determinó la plena consonancia con la persona que fuera solicitada por los Estados Unidos en extradición.

Por lo demás, en este asunto no se puso en cuestión la identidad del requerido, por manera que el requisito de su plena identidad se encuentra satisfecho.

4. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero. La Corte sobre este punto se ha pronunciado de manera reiterada y uniforme. Cabe recordar en torno a esta temática, que a pesar de la diferencia de los sistemas procesales de los países involucrados en el presente trámite de extradición, la acusación proferida por la autoridad judicial de los Estados Unidos resulta equivalente a la resolución de acusación prevista en nuestras normas procesales, pues contiene una narración sucinta de la(s) conducta(s) investigada(s), con especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como fundamento las pruebas practicadas en la investigación; califica jurídicamente la(s) misma(s), con la invocación de las disposiciones penales aplicables, y, tal cual sucede con el proferimiento de la resolución de acusación en nuestro ordenamiento interno, marca el comienzo del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos dictados en su contra.

5. El principio de la doble incriminación. De acuerdo con el numeral 1º del artículo 493 del Código de Procedimiento Penal, la doble incriminación se presenta cuando el hecho que es motivo de la extradición está “previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años”.

La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que allí sustentan la sindicación, con las de orden interno para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.

Tal confrontación se hace con la normatividad que está en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo emite dentro del trámite de un mecanismo de cooperación internacional, razón por la cual la aplicación del principio de favorabilidad que podría argüirse como producto natural de la sucesión de leyes no entraría en juego, por cuanto las domésticas no son las que operarán en el extranjero. Lo que a este propósito determina el concepto es que, sin importar la denominación jurídica, el acto desarrollado por el ciudadano cuya extradición se demanda sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio.

5.1. En la acusación N° CR-05-439 (JDB), del 8 de diciembre de 2005, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, contra Alejandro Tascón Rodríguez y otro, aparecen los cargos formulados contra el requerido, de la siguiente manera:

“Cargo uno (...).

El concierto para delinquir

3. Comenzando por lo menos en abril de 2005 y de manera continua hasta el mes de octubre de 2005, o alrededor de esa fecha, siendo las fechas exactas desconocidas por el Gran Jurado, en los Estados Unidos de América, México, la República de Colombia y en otros lugares, los imputados Humberto Rengifo Bejarano, alias “Jorge” y Alejandro Tascón Rodríguez, alias “Juanito”, a sabiendas e ilegalmente colaboraron, conspiraron, se confederaron y acordaron, juntos y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran Jurado, para cometer los siguientes delitos en contra de los Estados Unidos: (1) a sabiendas e intencionalmente importar a los Estados Unidos desde México y la República de Colombia cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la lista II, en violación de las secciones 952 y 960 del título 21 del Código de los estados Unidos y (2) a sabiendas e intencionalmente distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la Lista II, con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada de manera ilícita a los Estados Unidos, en violación de las secciones 959 8(a) y 960 del Título 21 del Código de los Estados Unidos”.

Objeto del concierto para delinquir

4. El objeto del concierto para delinquir era transportar la cocaína por mar desde la República de Colombia hacia México y subsiguientemente por tierra a través de México para ingresarla ilegalmente a los Estados Unidos.

Manera y medios del concierto para delinquir

Fue parte del concierto para delinquir que:

5. Humberto Rengifo Bejarano, alias “Jorge” y otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado suministraron la cocaína desde Colombia para la empresa.

6. Humberto Rengifo Bejarano, alias “Jorge”, Alejandro Tascón Rodríguez, alias “Juanito” y otras personas conocidas y desconocidas para el gran jurado invirtieran montos de dinero en la compra de la cocaína en Colombia.

7. Humberto Rengifo Bejarano, alias “Jorge”, Alejandro Tascón Rodríguez, alias “Juanito” y otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado se reunieran unos con otros en varios lugares de la ciudad de México para planificar la importación y distribución de la cocaína en los Estados Unidos.”

(...).

Cargo dos

9. El 6 de junio de 2005, o alrededor de esa fecha, Humberto Rengifo Bejarano, alias “Jorge”, Alejandro Tascón Rodríguez, alias “Juanito” y otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado a sabiendas distribuyeron, en México, los estados Unidos y en otros lugares, 5 kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, una sustancia controlada de la lista II, con el conocimiento de que dicha cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos.

Todo ello en violación de las secciones 959 (a) y 960 del título 21 del Código de los Estados Unidos.”

5.2. De conformidad con las copias de las disposiciones pertinentes que reposan en el expediente, —Título 21, Sección 963—, bajo el epígrafe de “Tentativa y concierto”, señalan que “El que intente a o concierte para cometer cualquier delito definido en este subcapítulo del capítulo será castigado con las mismas penas que se prevén para el delito cuya comisión era el objetivo de la tentativa o el concierto”.

Los delitos conspirados están previstos en el título 21 Sección 952 del Código de los Estados Unidos que establece “Será ilegal importar hacia el territorio aduanero de los Estados Unidos desde cualquier lugar fuera de ese territorio (pero dentro de los Estados Unidos), o importar hacia los Estados Unidos desde cualquier otro lugar fuera de ese país, una sustancia controlada de la tabla I o II del subcapítulo I de este capítulo, o cualquier droga narcótico de la tabla III, IV o V…”. A su vez la sección 960 del mismo título prevé que: “(a) El que (1) en violación de las secciones 952, 953 o 957 de este título, con conocimiento de causa o intencionadamente importe o exporte una substancia controlada… (b) Las penas (1) En caso de una violación de la sub-sección (a) de esta sección, que trata de (A) un kilogramo o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de heroína; (B) 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad perceptible de… (ii) cocaína, sus sales, sus isómeros ópticos y geométricos, y las sales de los isómeros… el que cometa dicha infracción a la ley será castigado con la pena de al menos 10 años de prisión, y no más que la cadena perpetua…”.

Los anteriores cargos, concretados en la conspiración entre varias personas para cometer delitos (importar a territorio de los Estados Unidos cantidades perceptibles de heroína, para distribuirla), tienen su correspondencia en el Código Penal colombiano, específicamente en el artículo 340, inciso 2º, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 y por el 19 de la Ley 1121 de 2006, preceptiva que establece una pena que hoy va de 8 a 18 años de prisión y multa que va de 2.700 a 30.000 smlmv., para quien se concierte para cometer, entre otros, delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Del mismo modo, tanto conspirar como concertar envuelven la idea de acordar voluntades para adelantar precisas actividades y obtener un fin, el cual sería, en este caso, el de cometer delitos de narcotráfico, siendo evidente que las dos figuras guardan similitud.

Además, los cargos relacionados con la concreta importación de las sustancia vedadas al territorio de los Estados Unidos y su distribución, tienen correspondencia en la legislación punitiva patria, toda vez que el artículo 376 tipifica el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de la siguiente manera: “El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a veinte (20) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

6. Habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Penal, la Corte CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano Alejandro Tascón Rodríguez, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la nota verbal N° 1156 del 28 de mayo de 2010, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos imputados en la resolución de acusación N° CR-05-439 (JDB), del 8 de diciembre de 2005, proferida en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

6.1. En todo caso, y con ello se responden las inquietudes del Ministerio Público, habida cuenta que las normas punitivas de los Estados Unidos, aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición prevén como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (art. 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que Tascón Rodríguez no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (CPP, art. 494), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del mismo modo, para que se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el país requirente, el tiempo que ha permanecido privado de la libertad por razón de este trámite.

6.2. También es preciso advertir que como el instrumento de la extradición entre Estados Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas contenidas en la Constitución Política (art. 35) y en el Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004, arts. 490 a 514), cuando recae sobre ciudadanos colombianos por nacimiento –si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias que estime convenientes en aras a que en el país reclamante se le reconozcan todos los derechos y garantías inherentes a su calidad de colombiano y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados por Colombia que consagran y desarrollan derechos humanos (art. 93 de la Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en virtud del deber de protección a esos derechos que para todas las autoridades públicas emana del artículo 2º ibídem.

Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciudadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega a un país extranjero, no implica que pierda su nacionalidad ni los derechos que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protección de las autoridades colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en el país reclamante se le respete los derechos y garantías tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer su soberanía jurisdiccional, de modo que en tanto aquél siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garantías y derechos que emanan de la Constitución y la ley, en particular, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la dignidad humana.

Por esa razón, de conformidad con lo establecido por el artículo 189-2 de la Constitución Política, al Gobierno Nacional, en cabeza del señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, le corresponde hacer estricto seguimiento del cumplimiento por parte del país requirente de los condicionamientos atrás referenciados y establecer, así mismo, las consecuencias de su inobservancia (cfr. concepto del 23 de febrero de 2005, radicación N° 22.375).

La Secretaría de la Sala comunicará este concepto al solicitado Alejandro Tascón Rodríguez y demás intervinientes en el trámite de extradición.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

Comuníquese y cúmplase».