Sentencia 34374 de noviembre 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 34374

Acta 40

Magistrada ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá D.C., siete de noviembre de dos mil doce.

Decide la Corte el recurso de casación propuesto por el apoderado de ALFREDO LÓPEZ BERRÍO contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el 22 de noviembre de 2006, dentro del proceso ordinario seguido por el recurrente contra el BANCO DE COLOMBIA.

Antecedentes

El demandante pidió condenar al Banco de Colombia a pagarle la prima legal de servicios de junio de 2001 en forma indexada, “desde la fecha del despido (abril 15 de 2001)”, la indemnización moratoria, el reajuste de las prestaciones sociales con la incidencia de la referida prima, las indemnizaciones legales y convencionales por despido sin justa causa, daño emergente, lucro cesante y las costas del proceso. En escrito separado aclaró la tercera pretensión en el sentido de condenar al Banco al reajuste de las prestaciones sociales causadas en el último año de servicios tales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, legal de junio y diciembre, extralegales “teniendo en cuenta la incidencia salarial que tiene la prima legal de junio”, indexadas hasta cuando efectivamente se cancelen (fl. 115).

Señaló que laboró inicialmente para el BIC, hoy Banco de Colombia, entre el 12 de febrero de 1992 y el 15 de abril de 2001, cuando fue despedido sin justa causa; en una época fue designado como Subdirector Comercial y a partir del 25 de marzo de 1999, encargado como Gerente, durante las vacaciones del titular; siempre cumplió sus funciones a cabalidad; el 30 de enero de 1998, en su condición de Sub Gerente Comercial le asignaron las funciones de otorgar sobregiros, negociar remesas en moneda legal, pagos en canje, que fueron desarrolladas en forma eficiente y conforme con los procedimientos de la entidad; a la terminación del contrato era Ejecutivo Senior con una remuneración ordinaria de $ 1.377.000, se afilió al sindicato Sintrabancol el 27 de agosto de 1992 y a partir del 1 de febrero siguiente se desafilió, pero era beneficiario, por extensión, de las Convenciones Colectivas suscritas con la demandada, en cuyo artículo 38 está la escala de indemnizaciones; cumplió satisfactoriamente sus labores; por comunicación del 11 de abril de 2001, se le terminó el contrato, “sin haberle sido cancelada la prima legal de servicios correspondientes a junio de 2001”, por hechos que nunca sucedieron; además no se cumplió con los requisitos legales y convencionales; la terminación del contrato se hizo efectiva el 15 de abril de 2001.

En la respuesta, el demandado aceptó la transformación del BIC en Bancolombia, el extremo inicial, el salario promedio, los cargos desempeñados, la suscripción de la convención, la afiliación y desafiliación del Sindicato, y dijo que la condición de beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo por extensión constituía una opinión; además aceptó lo de la designación temporal como Subgerente Comercial, el encargo en la Gerencia de la Oficina de las Américas, aclaró que el despido fue a partir del 11 de abril de 2001; afirmó que no pagó la prima de servicios con sustento en el artículo 306 del CST.

Fundamentó su defensa en que en diciembre de 2000, el demandante modificó el cupo de sobregiro de Darío Alfonso García, quien era su cuñado; el 26 de enero de 2001, retiró con tarjeta débito $1.121.000 de la cuenta de Luz Denice Gaona, sin que su titular firmara el volante de retiro; el 31 de enero de 2001 solicitó un crédito por $ 1.100.000 para Jhois Mery Forero, sin informar que era su cuñada; afirmó que estas irregularidades se evidenciaron en la visita integral del 21 de marzo y 4 de abril de 2001; que las causas determinantes de la terminación del contrato de trabajo se le hicieron conocer en la carta del 11 de abril de 2001; indicó que el actor violó el artículo 67 literales d, i y j, del Reglamento Interno de Trabajo de Bancolombia, y el Código de Conducta, que prohíbe aprobar o administrar créditos a favor de familiares. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de falta de causa para pedir, y buena fe.

En sentencia del 2 de mayo de 2005, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada de todas las pretensiones.

La sentencia acusada

En cumplimiento del Acuerdo PSAA06-3430 del 26 de mayo de 2006, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona el 22 de noviembre de 2006 confirmó la sentencia del a quo.

En lo que reviste interés para el recurso, el ad quem concluyó que el demandante no era beneficiario de la convención porque se retiró del sindicato en febrero de 2000, “sin que pueda legalmente predicarse beneficios convencionales extensivos a quienes optan por retirarse, como ocurrió en este caso, un año antes del despido”; diferenció la sanción, de la terminación del contrato; con apoyo en la jurisprudencia sostuvo que la primera “tiene la finalidad de corregir lo que presupone la persistencia del contrato”, mientras la segunda “no puede considerarse como una sanción disciplinaria que se le impone al trabajador, sino como el ejercicio de una facultad que la ley concede…” al empleador, terminación que sea justa o injusta persigue la extinción del vínculo jurídico.

Precisó que “Analizado el interrogatorio de parte rendido por LÓPEZ BERRÍO, la Sala llega a una conclusión muy diferente a la que pretende el recurrente, porque el actor prácticamente fue asertivo a las preguntas realizadas por la defensa de la Entidad demandada, y aceptó que en varias ocasiones modificó el cupo de sobregiro de la cuenta que tenía su cuñado DARÍO ALFONSO GARCÍA ÁVILA, sin autorización expresa del Gerente de la época en la sucursal de las Américas, tratando de justificar su equivocada actuación con base en un oficio que le enviara el gerente de la misma, y que allegó con la demanda (F. 25), siendo inadmisibles sus argumentos, porque en el referido escrito le daba precisas instrucciones pero para desempeñarse en el cargo de subgerente de la mencionada filial para el año 1998 y no para el cargo de Ejecutivo Senior que venía desempeñando en el año 2000, cuando ocurrieron los hechos que originaron el justo despido. Al mismo tiempo asintió que a través de la Agencia donde desempeñaba sus funciones retiró con tarjeta débito de otra sucursal de la cuenta de ahorros perteneciente a LUZ DENICE GAONA CEDANO una suma que por la cantidad requería firma de la titular, requisito que omitió procediendo a estampar su firma. De igual forma, reconoció que presentó una solicitud para la cuñada JHOIS MERY FORERO TRIANA, circunstancia que no informó a la junta directiva de Bancolombia S.A incurriendo con las conductas anteriores en la falta descrita en el numeral 6 del literal a) del artículo 62 del CST, en concordancia con los numerales 1º y 5º del artículo 58 ibídem y, que además admitió en oficio de 6 de abril de 2001, y que conjuntamente estaban contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo y reafirmadas, algunas de ellas en el Código de conducta, que si bien no hace parte del Estatuto Interno del Trabajo, estableció directrices que igualmente debía acatar”.

Resaltó que según el folio 231, el 6 de abril de 2001, la demandada dio al demandante la oportunidad de defenderse, quien “en su afán de justificar su actuar inapropiado, tácitamente asintió haber incurrido en conductas inconvenientes”, prohibidas por el reglamento de la entidad, quien le terminó válidamente el contrato de trabajo, por hechos suficientemente investigados y comprobados.

Recurso de casación

Concedido por el Tribunal y aceptado por la Sala, se procede a resolver. Pretende el recurrente que se case la sentencia acusada, para que en sede de instancia revoque la del a quo y en su lugar acceda a las pretensiones de la demanda.

Cargo único

Acusa la sentencia “por la vía indirecta por aplicación indebida de los numerales 6 del aparte a) del artículo 62 (subrogado por el 7 del Decreto 2351 de 1965) y 1 y 5 del artículo 58 del CST, lo que conllevó a la violación de los artículos 29 de la C.P., 19 - en relación con el Convenio 158 de 1982 de la OIT – 306, 354 (subrogado por el 39 de la Ley 50 de 1990), 467, 468, 471 (subrogado por el 38 del Decreto 2351 de 1965); 476 del CST, en relación con las cláusulas convencionales sobre procedimiento disciplinario e indemnización por despido con justa causa; 40, 48, (subrogado por el artículo 8 de la Ley 1149 de 2007) y 61 del C P del T y 187 del CPC aplicable por analogía de conformidad con el artículo 145 del CPL, aplicación indebida debido a evidentes errores de hecho en que incurrió el ad quem, al no apreciar correctamente unas pruebas y dejar de hacerlo con otras”.

Le endilga al tribunal los siguientes errores evidentes:

“1. No dar por demostrado, estándolo, que el trabajador en el momento del despido se hallaba cobijado por la convención colectiva. 

2. No dar por probado siéndolo, que el trabajador se le impuso la máxima sanción cual es el despido. 

3. No dar por demostrado, estándolo, que el despido del actor fue injusto por violación del debido proceso, al no seguírsele el procedimiento disciplinario. 

4. No dar por corroborado, siéndolo, que el actor tiene derecho al pago de la indemnización convencional por despido sin justa causa, indemnización moratoria, prima de servicios y de los reajustes en la liquidación definitiva de prestaciones sociales”. 

Como pruebas erróneamente apreciadas señala: la Convención Colectiva (folios 77 a 111), el certificado de afiliación y beneficios convencionales (folios 15 y 112), el interrogatorio absuelto por el demandante (folios 270 y 272), la aclaración del actor del 6 de abril de 2001 (folios 231 y 232). La prueba que cita como inapreciada es la certificación del Ministerio de la Protección Social sobre representación legal de Sintrabancol (folios 284 y 285).

Reprocha que el Tribunal, para descartar la violación al debido proceso y para juzgar la causal de despido, se hubiera apoyado en el interrogatorio del actor y su aclaración, sin tener en cuenta los testimonios; afirma que los certificados de folios 15 y 112 sobre “extensión de la Convención por adhesión son plena prueba de aplicación de sus beneficios”, máxime que el Ministerio de Protección Social hizo constar la vigencia de la personería y de la calidad de directivo de quien suscribió las convenciones según los documentos oficiales de folios 284 y 285.

Indica que “basta este conjunto de certificaciones para desvirtuar la aplicación de la Convención al demandante y por ende ser beneficiario del procedimiento disciplinario consagrado a folio 104 a 107”.

Considera que el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución se le deben garantizar a todas las personas, “máxime en el caso en estudio cuando hay procedimiento perfectamente delineado en el artículo 42 de la Convención Colectiva”; agrega que el derecho de defensa se dirige a todos los eventos en lo que un titular de derechos y obligaciones es acusado de una conducta irregular.

Sostiene que el despido de un trabajador es indudablemente una sanción, y por vía de ejemplo invoca el originado en la participación en un cese ilegal que según la Corte Constitucional sentencia T-937 de 2006, amerita la intervención del empleado para controvertir los hechos, postura que dice se ratifica en el convenio 158 de 1982 de la OIT, en el que se determina que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador “a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con la capacidad o conducta del trabajador ..” y según el artículo 4 “que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él”.

Aclara que dicho convenio no está ratificado por Colombia, pero corresponde a un mínimo de civilización mundial y puede servir de criterio auxiliar. Que en el proceso disciplinario convencional se tienen 15 días para presentar descargos y al actor se le “exigió el mismo día que diera explicaciones sobre las acusaciones tal como se lee en el documento visible a folio 131”, con lo cual se le desconoció su derecho de defensa; que conforme el artículo 48 de la Ley 1149 de 2007, todos los jueces deben proteger los derechos fundamentales en cualquier etapa del juicio, siendo los más inmediatos los de defensa y el debido proceso; sostiene que el Tribunal desconoció el Derecho Internacional comparado, con base en el Convenio 158 de 1982, que establece el “despido disciplinario”, previo procedimiento delineado en la ley o la convención. Sostiene que la postura de “que la naturaleza jurídica del despido por justa causa no es sanción”, carece de sustento lógico jurídico porque con él se está sancionando al trabajador que ha incumplido sus obligaciones “y se diferencia del despido sin justa causa que está prohibido por la ley y como sanción tiene el pago de indemnización pecuniaria en unas ocasiones o el reintegro en otras”.

Critica el alcance que dio el Tribunal al interrogatorio absuelto por el actor y al documento de explicaciones de folios 231 a 232, “que en lugar de palpar una conducta leal y transparente con el banco, olfatean perfidia, justificación equivocada de actuaciones, argumentos inadmisibles”, cuando en la práctica las únicas pruebas del éxito relativo en la segunda instancia, de la causal de despido provienen del demandante, y el ad quem, escuetamente aceptó la postura del juzgado sobre aquellas.

Se refiere a lo anotado por el a quo en relación con el interrogatorio aludido, respecto a que se aceptó que el “31 de enero de 2001 presentó como ejecutivo senior una solicitud de crédito por $ 1.100.000 a nombre de JHOIS FORERO”, situación que fue “compatibilizada” en relación con sus funciones ordinarias, no como encargado de la Gerencia, y que el Juzgado indicó que las causales de terminación del contrato fueron por “… otorgar crédito en cualquier línea”, no obstante que dichos vocablos tienen acepciones diferentes en el diccionario de la Real Academia, luego no era procedente aplicar tal norma a la conducta del demandante.

Alude a los testimonios que procede tener en cuenta para la decisión de instancia y que se debe evaluar la capacidad y credibilidad de los testigos, producto de la situación particular de cada uno; censura que el Juzgado hubiera analizado la declaración de Adela Gómez, quien si bien es la Gerente titular de la sucursal Américas, se encontraba en vacaciones cuando ocurrieron los hechos, por lo que no pudo estar presente en el período en el que el demandante supuestamente cometió las infracciones; aclara sin embargo, que la entidad no sufrió detrimento económico alguno; afirma que contrario a la deducción del Tribunal, la conducta del actor no encaja en el numeral 6 del aparte a) del artículo 62 del CST subrogado por el 7 del Decreto 2351 de 1965, por lo cual el despido fue injusto; indica que el ad quem “en lado alguno se refiere a (sic) al pacto o a la (sic) convenciones colectivas o los fallos arbitrales, o los contratos individuales o reglamentos donde se consagre como falta grave las actuaciones del actor, teniendo en cuenta además que jamás se probó perjuicio para el Banco”. Precisa que la transparencia de la conducta del actor es tal, que no vio problema alguno para narrar sus actuaciones, porque en ningún caso son violatorias de las normas referidas.

La réplica

En suma, afirma que en los precisos términos del artículo 307 del CST la prima anual que comprende tanto la de diciembre, como la de junio, según el ordinal a) del numeral 1° del artículo 306, “no es salario, ni se computará como factor de salario en ningún caso”, por lo que la pretensión para incluirla en la liquidación de prestaciones sociales no tiene ningún sustento jurídico y por lo tanto, la indemnización moratoria derivada de esa pretensión no tiene viabilidad.

Sostiene que en cuanto a la irregularidad en el procedimiento disciplinario, al que se refieren los demás errores de hecho, basta acudir a la jurisprudencia, según la cual “el despido no hace parte de las sanciones”. Reproduce apartes de la sentencia 5127 del 4 de agosto de 1992.

Se considera

Es claro que la convención colectiva de trabajo que se denuncia en el cargo, determinó en su cláusula tercera:

“Relaciones que regula. La convención colectiva de trabajo regirá las relaciones entre el banco y sus trabajadores, incorporándose a los contratos de trabajo que actualmente existen o lleguen a celebrarse en el futuro.

“PAR.—Los artículos de la convención colectiva de trabajo que modifiquen normas del reglamento interno de trabajo se incorporan a este” (negrillas fuera de texto).

Frente al campo de aplicación, el citado instrumento, en la cláusula cuarta, señala:

“Las normas convencionales vigentes se aplicarán a todos los trabajadores del banco, a menos que de acuerdo con la ley, en forma expresa y por escrito, el trabajador renuncie a los beneficios convencionales ante el banco y las organizaciones sindicales, Unión Nacional de Empleados Bancarios, Uneb y el Sindicato de Trabajadores del Banco de Colombia, Sintrabancol”.

Para el tribunal “si bien es cierto el actor ostentó la calidad de sindicalizado, lo fue hasta el 1º de febrero de 2000, sin que pueda legalmente predicarse beneficios convencionales extensivos a quienes optan por retirarse, como ocurrió en este caso, un año antes del despido”; es decir, que la lectura de la convención lo llevó al convencimiento de que quienes renunciaban a ella no podían después pedir su aplicación.

El juez de segundo grado no tuvo en cuenta sin embargo que ese instrumento integraba los contratos de trabajo de todos los empleados, sin excepción, y los que llegaran a celebrarse en el futuro e incluso, era obvio que estuviera incluido en el reglamento interno de trabajo que regula la totalidad de condiciones entre los trabajadores y el patrón, de manera que esa renuncia no implicaba per se la imposibilidad de aplicar los beneficios por extensión.

En efecto, la solución que se otorgó, esto es, la de considerar que aquella renuncia le impedía luego la aplicación de la convención, es evidentemente restrictiva porque en perspectiva de la discusión que emergió en el plenario, no se trataba simplemente de realizar una ecuación lógica para establecer si el trabajador renunció o no a los beneficios, sino de estudiar los argumentos vertidos para que se verificara con sustento de los hechos aducidos.

Ello es así, por cuanto, aunque esta Corte, en diversas oportunidades ha destacado que el artículo 39 de la Constitución Política de 1991, elevó a rango constitucional el derecho de asociación sindical, que otra estaba incorporado en el estatuto del trabajo, y que aquel apareja la libertad de decidir entre las opciones de afiliarse o no a una organización sindical, de retirarse cuando así lo considere pertinente, de escoger el sindicato que recoja sus expectativas, sin que en el pleno ejercicio de tal derecho pueda imponerse o constreñirse al trabajador para optar por cualquiera de ellas, fundado entre otros, en que no es admisible obligar a beneficiarse de una convención a quien de manera espontánea y libre expresa que no aspira a prevalerse de ella y que esto, precisamente, es inherente al goce de tal derecho, esa opción o declaración que exhibe el trabajador no puede constituirse en talanquera para, que con posterioridad, pueda beneficiarse por extensión del acuerdo de voluntades, pues ello entrañaría también una exégesis que no puede ser avalada por la jurisdicción laboral, en tanto se constituye en desconocedora de ese mismo precepto superior.

Así cuando el empleado, verbi gracia, manifiesta su intención de abdicar a la organización sindical, en atención a que fue designado por el empleador para ocupar un cargo que demande la ejecución de labores de dirección, confianza o manejo, que sean incompatibles con la pertenencia a dicho sindicato, y cesa esa nueva condición en el empleo, no resulta proporcional que se le excluya de los beneficios convencionales, pues su interés de retirarse obedeció a un criterio objetivo que, una vez desaparecido, no puede impedirle acceder a la extensión de las prerrogativas que, por demás, obedecen a un mandato directo de la ley, con carácter general, con efectos objetivos y cuya esencia es la de tener amplitud en el disfrute de los privilegios obtenidos en el franco desenvolvimiento de las relaciones obrero-patronales.

Justamente, el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo contiene diversos supuestos jurídicos, cuando la convención colectiva corresponde a un sindicato que supere la tercera parte de la totalidad de los trabajadores que integran la empresa, al contemplar que las normas convencionales se extienden a todos ellos, tengan o no la calidad de sindicalizados, y tales supuestos no pueden ser abordados por el juez de conocimiento sin atender las específicas circunstancias en las que se desenvuelve el retiro del trabajador de la organización sindical, como atrás se vio, sin realizar el discernimiento entre renunciar al sindicato, y renunciar a los beneficios que otorga la convención a los no sindicalizados.

Por lo anterior surge que el tribunal incurrió en el yerro que se le imputa.

A lo anterior se agrega que el juzgador no evidenció que a folio 15 obra la certificación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Bancolombia Sintrabancol, en la que se señala que “Alfredo López Berrío identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.558.812 de Bogotá, como afiliado a la organización sindical hasta febrero de 2000 y como adherido hasta la fecha de su desvinculación de la empresa, igualmente a la fecha se encontraba a paz y salvo por todo concepto por el sindicato”, documento que, huelga decirlo, no fue desconocido por la entidad bancaria, ni ponderó las comunicaciones dirigidas al actor, de 25 de marzo de 1999, y de 17 de enero de 2000, previos a su decisión de desligarse de la convención, en las que, respectivamente, fue encargado de la gerencia de la oficina, de manera temporal y le fue aumentado su salario y modificada su denominación a ejecutivo senior, es decir, que su inferencia en torno a que la renuncia de la convención era definitiva, fue en verdad equivocada, pero, no obstante, aunque fundado el cargo, la Corte en instancia arribaría a la misma decisión absolutoria, en tanto lo que se pretendió en la alzada, respecto de la convención colectiva fue la aplicación del procedimiento que aquella prevé y que a juicio de la parte actora no se agotó debidamente, aunado a la indemnización convencional por despido injusto y la prima legal, sin embargo y como en múltiples oportunidades lo ha decantado esta Sala, la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del empleador no puede equipararse a una sanción disciplinaria, dado que es el ejercicio de la potestad que la propia ley le otorga al empleador, derivada de su poder de subordinación, para acabar con ella cuando se patenticen las conductas previstas, tal como aconteció en el sub lite, de manera que no era pertinente adelantar el trámite en los términos previstos en el instrumento convencional, que solo refiere en la clausula 42 al proceso disciplinario para imponer “sanciones”, evento que en realidad no era al que estaba sujeto López Berrío. Tampoco puede reprocharse que no se hubiere acatado el contenido del Convenio 158 de la OIT, pues ese instrumento internacional no está ratificado por Colombia, y porque ante la existencia de una norma que regula la situación derivada de la terminación del despido por justa causa, como es el 62 del Código Sustantivo del Trabajo, no se puede acudir a el por la vía supletiva, como bien lo describe el artículo 19 ibídem. 

Así lo ha referido, entre otras, en decisión de 23 de mayo de 2006, Radicado 23508, en la que se consideró:

"El razonamiento consistente en que para despedir al trabajador cuando se invocan como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del patrono, las consagradas en los numerales 5º y 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, no se requiere agotar un procedimiento previo resulta atinada, y no contraría la recta hermenéutica de dicho precepto”.

"En varias oportunidades ha señalado la Sala que el despido no se asimila a una sanción disciplinaria, y que el agotamiento imperativo de un trámite previo solo se exige legalmente con arreglo al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo para la imposición de sanciones disciplinarias, no estando previsto legalmente tal procedimiento cuando se trata de una decisión de despido, el cual podrá reclamarse cuando se hubiera establecido en una convención, laudo, reglamento o cualquier otro estatuto interno. En casos de despido lo único que consagra la ley, es la obligación de cumplir el preaviso para ciertas justas causas, dentro de las cuales no se encuentran las invocadas en el sub lite”.

"En sentencia del 25 de julio de 2002, Radicado 17976, señaló la Corte al respecto:

“(...) Valga agregar que el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias al trabajador, al cual debe ceñirse estrictamente el empleador cuando a ese fin apunta, descartando su aplicación cuando se trata del despido —que no es una sanción disciplinaria—, pues si la falta da lugar a la terminación del contrato de trabajo, la ley laboral no prevé ningún mecanismo o trámite previo a tal determinación”.

Tampoco tendría prosperidad la indemnización convencional por despido sin justa causa; a folio 233 milita la carta, a través de la cual, el banco demandado da por terminado el contrato de trabajo con fundamento “en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, literal a) numeral 6º, en concordancia con lo establecido en el numeral 1º y 5º del artículo 58 del mismo código y lo previsto en los literales d), i) y j) del artículo 67 del reglamento interno de trabajo vigente de la institución en concordancia con el literal D capítulo IV del código de conducta del banco”, en tanto estimó que el demandante modificó el usuario que le había sido asignado para autorizar sobre giros a familiares.

En el texto del reglamento interno de trabajo, en los apartes del artículo que citó la entidad para soportar el retiro del trabajador, están previstas, como justas causas para la terminación del contrato:

“d) No cumplir oportunamente las prescripciones que para la seguridad de los locales, los equipos, las operaciones o los dineros y/o valores de la empresa o en que ella se maneja, impartan las autoridades del banco.

“i) Realizar operaciones o desempeñar funciones cuya ejecución esté atribuida expresa e inequívocamente a otro empleado del banco, salvo en caso de necesidad efectiva e inaplazable y previa orden del superior”.

“j) Otorgar crédito en cualquier línea sin atribuciones para ello o excediendo las facultades crediticias concedidas”.

También en el código de conducta referido, se establece que:

“Los funcionarios del banco se abstendrán de participar, decidir o sugerir la decisión, en operaciones y servicios a favor de clientes con los cuales sostengan negocios particulares; bajo ninguna circunstancia revelaran los precios y/o condiciones de las cotizaciones, propuestas u ofertas que pongan a algún proveedor o proponente en ventaja competitiva frente a los demás y no intervendrán, aprobarán o administrarán créditos u otras operaciones a favor de sus familiares o de empresas o sociedades donde estos o el funcionario tengan participación”.

La auditoría que realizó el banco (fl. 225) rindió informe en el que refirió que “este funcionario se desempeña actualmente como ejecutivo senior de la sucursal Avenida de las Américas, en varias oportunidades se ha desempeñado como gerente encargado y su última vez fue en las vacaciones de la gerente actual del 26 de diciembre de 2000 al 2 de febrero de 2001, durante este reemplazo se tramitó un credimatrícula para Jhois Mery Forero Triana quien es cliente de esta sucursal y a su vez es la cuñada de este funcionario. El crédito fue por $ 1.1. millones el cual fue rechazado inicialmente porque la codeudora no cumplía con los requisitos exigidos por el banco pero sin embargo una hermana del funcionario que es contadora certificó ingresos por $ 2.5 millones y se solicitó aprobación por excepción a la gerente de zona, pero no se le notificó que se trataba de la esposa del hermano de este funcionario” (énfasis fuera de texto).

El demandante, según se extrae de la carta que milita a folio 231 del expediente, aclaró al banco que en efecto “la cliente se trata de mi cuñada, ya que está casada con mi hermano Jhon Carlos López Berrío” y realiza un pormenorizado recuento en el que refiere los pasos para el otorgamiento del crédito, a más de eso indica que el dinero se requería para el pago de una universidad y que “por circunstancias de tiempo el desembolso no pudo ser enviado el 26 de enero y mi cuñada tenía plazo hasta ese día para realizar el pago dentro del plazo ordinario, ante lo cual mi esposa Luz Denice Gaona Sedano a manera personal le facilitó el dinero necesario para el pago (...) para esa fecha el departamento de cartera nos informó que durante los días 29, 30, 31 de enero no realzaría desembolsos por problemas futuros en el sistema, por lo cual fue enviado el desembolso con fecha 1 de febrero de 2000 (...) mi cuñada decidió y solicitó que el desembolso se realizara a la cuenta de mi esposa y de esta manera saldar la cuenta adquirida con ella”.

Similares aseveraciones hace respecto de la transacción que le realizó a su cuñado en la que autorizó y modificó los cupos de sobregiro y además informó qué procedimiento había efectuado respecto de las cuentas corrientes.

Esas circunstancias no pueden llevar a un convencimiento distinto, contrario a lo afirmado por el actor, pues la terminación del vínculo fue justa, en tanto que como ejecutivo senior, según su propio dicho, participó activamente en la autorización y modificación que él mismo hizo del crédito de su cuñado.

Ahora la parte actora afirma que esas conductas no pueden constituirse en causa para finiquitar la relación laboral, porque además estuvieron precedidas de buena fe, pero ni siquiera validando este último argumento puede hallarse razón, en tanto del reglamento de trabajo y del código de conducta atrás referido, surge inequívoco que conocía sobre la imposibilidad de realizar esas autorizaciones o de mediar en la entrega de créditos a sus familiares, pues existía una prohibición expresa.

En ese orden, el supuesto de que se causara o no un detrimento patrimonial a la empresa, no era el centro en el que gravitaba el reproche, pues es claro que esas previsiones tienen por objeto moralizar una labor tan delicada y de tanta responsabilidad, evitando al máximo cualquier tipo de actividades tendientes a utilizar los medios de la empresa, sin el respeto de los procedimientos que para el efecto se prevé.

Otro de los cuestionamientos que exhibe, se refiere a que “el cuñado” no es familiar, amén de que en estricto sentido aquella solo opera por vínculos de consanguinidad, sin embargo tal afirmación desconoce que incluso el Código Civil refiere como parentesco (art. 47), aunado a que no solo se le reprochó al demandante haber realizado la concesión del crédito con aquella, sino que como el mismo lo afirmó en la carta, su esposa estuvo incluida en esa transacción.

También se controvierte que el código de conducta no es el reglamento de trabajo y que por tal motivo no puede utilizarse para validar un despido, sin embargo, una de las causales que sirvió de soporte para terminar el contrato fue la de no cumplir las prescripciones que, entre otros, dieran seguridad al dinero a los valores que la empresa maneja según lo dispuesto por las autoridades del banco, de allí que ese compendio de normas de conducta integren las directrices que se entregan a los empleados, sin que pueda desconocerse su carácter vinculante.

Por último, respecto de la otra petición relativa al pago de la prima legal de servicios, causada en el año 2001, tampoco es de recibo, amén de que para la fecha de terminación de la relación laboral, el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, preveía la pérdida de ese derecho cuando aquella estuviera precedida de justa causa, aspecto que solo vino a ser declarado inexequible en la Sentencia C-034 de 28 de enero de 2003, luego es evidente que no le asistía esa prerrogativa.

Sin costas en el recurso, por lo fundado del cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia de 22 de noviembre de 2006, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en el proceso seguido por Alfredo López Berrío contra el Banco de Colombia S.A.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello CalderónJorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.