Sentencia 3444 de octubre 16 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Exp. 3444

Autoridades distritales

Actor: Mauricio Galarza Jaramillo

Santafé de Bogotá D.C., dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «3. El decreto acusado

Sea lo primero observar que el artículo 323 del acuerdo precitado no otorga unas facultades extraordinarias al alcalde del distrito sino que le asigna una competencia respecto de la ubicación de los establecimientos, la cual debe ejercer mediante el cumplimiento de unos requisitos de forma.

La norma acusada clasifica los usos comerciales de cobertura zonal (clase II) en comercio zonal de menor impacto y comercio zonal de mayor impacto y dentro de estos últimos incluye a los servicios de seguridad privada, lo que en concepto de la parte actora resulta contrario al artículo 308 del Acuerdo 06 de 1990,. pues este acuerdo menciona dentro de los usos cívicos o institucionales los de seguridad.

La Sala observa que no asiste razón al demandante porque la seguridad como uso cívico o institucional debe buscar, según los términos del artículo 310 del acuerdo tantas veces citado, atender “...a la comunidad de residentes y trabajadores de su zona de influencia inmediata”, lo cual se logra, a manera de ejemplo, con los Centros de Atención Inmediata-CAI. Dentro de la perspectiva de estas normas no encuadran los servicios de seguridad privada, caracterizados por los límites precisos de su campo de actividad y de su objetivo de atender, a manera de ejemplo, la seguridad privada de una persona o de un establecimiento industrial o comercial, o de un grupo residencial particular. No se trata en el caso analizado de un servicio destinado a atender las necesidades de la comunidad, como es lo propio de los usos cívicos o institucionales.

De otra parte, las actividades relacionadas con la seguridad privada están organizadas como sociedades comerciales, con un objeto social específico y limitado, de manera que cuando el alcalde, en uso de la competencia que le otorga el artículo 323, incluye dentro de las actividades de comercio zonal de mayor impacto los servicios de seguridad privada no contraviene el artículo 308 del precitado acuerdo, ya que el tipo de uso de seguridad de que allí se habla está referido al servicio público de seguridad y no a los “servicios de seguridad privada”, que precisamente por su carácter privado se oponen a lo público. En fin, la prestación de los “servicios de seguridad privada” constituyen una actividad comercial, que ha sido correctamente clasificada por el decreto acusado, por lo que habrá de concluirse que el cargo no prospera.

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