Sentencia 3446 de octubre 8 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION CIVIL

Ref: Expediente N° 3446

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss

Santafé de Bogotá, D.C., ocho de octubre de mil novecientos noventa y dos

NOTA: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

La Corte decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha nueve (9) de noviembre de 1990, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar para ponerle fin, en según da Instancia, al proceso ordinario seguido por G.M.P., S.O.O, y J. del M., A., N., F., D.I., F.del S., D. de los S. y F.E.M. O. contra la Sociedad ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A.

I. El litigio

En demanda presentada el 9 de junio de 1988 y cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, G.M.P. y S.O.O., actuando en su propio nombre y en representación de sus menores hijos J. del M., A. y N.M.O., y F.M., E., D. I., F. del S., D .de los S. y F.E.M.O., éstos mayores de edad y domiciliados en el Copey, solicitaron se declare, previo proceso ordinario, que la Sociedad ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. es civilmente responsable de la muerte de G.M.OL., ocurrida el 23 de diciembre de 1985; y que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la referida sociedad a pagar a los padres de la víctima el monto correspondiente a los perjuicios materiales, y a todos los demandantes el equivalente a los perjuicios morales, que se les ocasionaron, obligación a la que deberá dar cumplimiento la sociedad demandada dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

Como causa de pedir afirmaron los demandantes que el 23 de diciembre de 1985 falleció en el perímetro urbano de la población de El Copey, Departamento del Cesar, G. M.O. a causa de "paro cardiorespiratorio choque eléctrico” al pisar Involuntariamente "un cable electrificado de ELECTROCESAR S.A. conectado en esos momentos a la corriente de alta tensión por imprudencia y negligencia de la demandada", empresa industrial y comercial del Estado en el orden departamental, que presta el servicio público de venta y distribución de energía eléctrica en forma exclusiva a todos los municipios del Departamento del Cesar, y por lo cual es propietaria de todas las redes de electrificación y alumbrado público que existen en dicho departamento. En otras palabras, la muerte del señor G.M.O.se produjo por efecto de una falla imputable a la demandada en la prestación del servicio de energía eléctrica, lo que produjo perjuicios indemnizables a los padres y a los hermanos de la víctima, toda vez que al momento de su muerte contaba con 16 años de edad y, no obstante su juventud, “...había demostrado ser un buen hijo pues ayudaba a sus padres con el ingreso económico como trabajador del señor R. G,...”.

2. Notificado el auto admisorio de la demanda, LA ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. se opuso a las pretensiones en ella deducidas y alegó como defensas la "fuerza mayor o intervención de un tercero".

3. Tramitada la primera instancia del proceso el juzgado de conocimiento le puso fin con la sentencia de fecha 12 de marzo de 1990, en la cual declaró probada la mencionada excepción de "intervención de terceros" y, en consecuencia, no accedió a las súplicas de la demanda, condenando en costas a los demandantes.

4. Apelada por la parte actora la sentencia del primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a través de providencia fechada el 9 de noviembre de 1990, confirmó la providencia recurrida y se abstuvo de condenar en costas de la segunda instancia por no haberse causado.

II. La sentencia acusada

Luego de hacer un breve resumen del proceso, el ad quem señala, en primer lugar, que la demandada ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A., "tiene como objetivo la prestación del servicio de energía mediante el ejercicio de una actividad típicamente peligrosa", por lo tanto, cuando en su ejercicio se causen daños, la culpa se presume y para la prosperidad de la acción que reclame su reparación, basta acreditar el daño y su relación de causalidad con el ejercicio de la referida actividad, presunción aquella que solo se desvirtúa si se demuestra culpa de la víctima, fuerza mayor, caso fortuito o intervención de un tercero.

Y tomando este punto de referencia en el análisis, dice a continuación el tribunal que de las pruebas aducidas al proceso, queda evidenciado que: "...A el insuceso se produjo por hecho de un tercero; B- Que si bien la electrificadora autorizó los trabajos, no los ejecutó ni supervigiló el día de los hechos y C- Que en consecuencia, es procedente exonerarla de responsabilidad" conclusiones que el fallo explica a renglón seguido. En efecto, encontró el sentenciador demostrado que la autorización para realizar la Instalación y montaje del transformador, dada por L.A.V. administrador de ELECTROCESAR en El Copey, fue hecha bajo la advertencia de que debían "guardar previsiones" y contar con la presencia de dicho funcionario; empero, no hay pruebas suficientes de que dicha persona, dependiente de la demandada, hubiera facilitado o proporcionado los cables de alta tensión que son los factores en verdad constitutivos del riesgo, ni de que hubiera estado presente "el día en que los supuestos técnicos contratados por la junta cívica, extendieron, montaron o interconectaron las líneas eléctricas sin que hubieran obtenido la libranza correspondiente0, lo cual, en concepto del tribunal, soporta “la excepción de intervención de un tercero como causante del siniestro, circunstancia que rompe la relación de causalidad necesaria que debe existir entre la ejercitante de la actividad peligrosa y el daño producido a la víctima”. En síntesis, la decisión debe ser confirmatoria de la adoptada por el a quo, siguiendo para ello una línea argumental básica de la cual dan cuenta los siguientes apartes del propio fallo acusado:Con relación a la autorización concedida por la Electrificadora para realizar las instalaciones y montaje del transformador, no existe duda porque el mismo señor V., administrador de ésta en El Copey, lo acepta pero en el sentido que suministró algunos elementos necesarios, salvo la línea primaria o cables positivos, y que no obstante la advertencia que hizo de las previsiones que había que guardar, las montaron sin su presencia. Entiende entonces el tribunal el por qué al unísono los testigos traídos por los demandantes (...) dicen que los trabajos fueron autorizados y supervigilados por el señor V. pero, desde luego, no dan las razones de sus dichos y no explican las circunstancias de tiempo y lugar en que basan los mismos de donde concluye la Sala sentenciadora que no quedó lo suficientemente demostrado que el dependiente de la demandada en El Copey hubiese facilitado o proporcionado los cables de alta tensión que son los constitutivos del riesgo y menos aún que hubiera estado presente el día en que los supuestos técnicos (..) extendieron, montaron e interconectaron las líneas eléctricas luego el hecho dañoso prosigue líneas adelante la providencia en estudio- no proviene del riesgo creado por la demandada ni de la imprevisión sino de la intervención de los electricistas que contrató la Junta Cívica Copeyana y por lo tanto la Electrificadora no está obligada a indemnizar los perjuicios materia de reclamación...”.

III - La demanda de casación y consideraciones de la Corte

Como se dejó dicho antes, la parte actora recurrió en casación y contra la sentencia de segundo grado, con fundamento en la primera de las causales consagradas por el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, formuló dos cargos cuyo examen ha de limitarse al primero por estar llamado a prosperar.

CARGO PRIMERO

Acudiendo al numeral 1o del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por medio de este primer cargo se acusa la sentencia de haber infringido, por falta de aplicación, los artículos 2344 inciso 2o y 1568 del Código Civil al no tener -por demostrada, no obstante que ostensiblemente lo está según -evidencia testimonial que el recurrente individualiza, "... la coparticipación de la empresa ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. en la Instalación de la red eléctrica en que lamentablemente perdió la vida G.M.O. e ignorar asimismo la prueba documental donde la propia demandada informa que el señor L.Al.V.G. desempeñaba el 23 de diciembre de 1985 el cargo de Administrador de la Agencia El Copey, agregándose que el fallo quebranta también, por aplicación Indebida, el artículo 2356 del Código Civil "... por no tener por demostradas las ciencias del dicho de los testigos ...", dejando de aplicar Igualmente las disposiciones de los artículos 176. 177. 187, 217. 228 num. 1o, 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil pues ostensiblemente aparece en las mismas declaraciones que los deponentes tuvieron conocimiento de cuanto informan "... por encontrarse presentes en el lugar de los hechos el 23 de diciembre de 1985 a la misma hora en que perdió la vida G. M. O. ...".

Y en punto de mostrar los errores manifiestos de hecho denunciados, comienza la censura ocupándose a espacio de lo dicho por los testigos J.N.O.B. I.E.F. M.F.S. A.R.M.. M.A.B. D.R. R. de J.G..J. A.C. R.E.D. S.M. de R. y L.A.V., e invocando en favor de su criterio firmes enseñanzas de jurisprudencia acerca de los alcances que tienen los artículos 2310 inciso 2° y 1568 del Código Civil en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, pasa a resumir la tesis impugnativa propuesta en los siguientes puntos: A) No obstante que el tribunal tuvo por probada a cabalidad la intervención de la empresa demandada en los hechos que llevaron a la trágica muerte del joven G. M., dando por sentado con acierto que la Electrificados concedió autorización para instalar un transformador en la red eléctrica del barrio "Las Delicias" de la localidad de El Copey y suministró algunos materiales, concluyó de modo equivocado que por haberse efectuado dichos trabajos sin la presencia del señor V., administrador del servició de energía en El Copey por cuenta de la sociedad demandada, a ésta última no le es imputable responsabilidad alguna, aduciendo que no existió vínculo de causalidad entre la culpa y el daño "... como si no bastara —dice el recurrente— la autorización otorgada por la Electrificadora y el suministro de elementos necesarios para la instalación de la red (..) a personas inexpertas en la instalación de tales elementos para que concurra la culpa de la empresa demandada y quede comprometida su responsabilidad solidaria en los términos de los artículos 2344 y 1568 del C.C. ...a. -B) Pero en todo caso, es lo cierto que al arribar a la conclusión anterior y estimar, sobre la base de no ser atendible a su juicio la prueba testimonial producida a instancia de los demandantes, que en los hechos en cuestión no hubo intervención directa de la sociedad ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. a través de su encargado, el juzgador de Instancia cayó en manifiesta contraevidencia pues todos los declarantes expresan la razón de sus dichos y, si se los aprecia en su conjunto, ni siquiera es posible afirmar categóricamente que el señor V., administrador, no es tuviera presente en el lugar en que ocurrió el accidente donde pereció G. M.O., esto por cuanto al igual que ocurre con el testimonio de J. N.O. B., los restantes afirman que "... quien dió la autorización y dirigía los trabajos era el señor V., administrador de la Empresa electrificadora del Cesar ...”.

Se trata, entonces, de errores proba torios que saltan a la vista y tuvieron influencia en la parte resolutiva del fallo censurado pues llevaron al Tribunal Superior de Valledupar a sostener que en el presente caso y por la Intervención de un tercero, no existió vínculo de causalidad, cuando la evidencia allegada a los autos pone de presente que esa intervención que le es atribuida a la Junta Cívica del Barrio “Las Delicias” de El Copey, no puede excluir totalmente la responsabilidad de la sociedad demandada, sino que por el contrario la hace solidariamente responsable con ese tercero, por la totalidad de los perjuicios materiales y morales ocasionados a los padres y los perjuicios morales a los hermanos, que dada la proximidad del vínculo son presuntivos ...”.

Se considera: 

1. Aun cuando la electricidad es sin duda alguna uno de los puntales del progreso humano y motor por excelencia de asombrosos avances tecnológicos, inevitable es reconocer que se trata al propio tiempo de un elemento cuyo aprovecha miento implica riesgos especiales, constituyendo entonces el uso y provisión de energía eléctrica una de aquellas actividades que, en orden a determinar el régimen de responsabilidad que les es inherente cuando son fuente de daños, se caracterizan por su peligrosidad (cfr. C.J. Num. 2017, pág. 670). Y según doctrina interpretativa del artículo 2356 del Código Civil, explicada y sostenida en multitud de decisiones por la Corte, significa lo anterior que en cuanto hace a la prueba de la culpa del demandado, es la aludida actividad, por efecto de la naturaleza peligrosa que le es propia, una de aquellas en que opera la consecuencia probatoria práctica de hacer comparecer a dicho demandado en situación de culpabilidad presunta, de forma tal que le basta al actor demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica para que el responsable de estos quehaceres en el concepto del autor, dueño, empresario o explotador quede bajo el peso de la ameritada presunción legal, presunción de cuyo efecto indemnizatorio no puede liberarse del todo sino en tanto pruebe el concurso exclusivo de una causa extraña que podrá consistir en la fuerza mayor, en un caso fortuito o en la Intervención de un elemento no imputable al demandado y que haya determinado la consumación del accidente, esto por cuanto aportando la prueba de uno cualquiera de estos eventos, lo que en últimas acontece es que el demandado acredita que el daño producido tuvo origen en factor distinto a la actividad riesgosa por él desplegada, o sea que nunca ha sido responsable y en su contra, erróneamente, vino a invocarse una presunción de culpabilidad que carece de base. 

Pues bien, uno de los casos en que como es sabido se hace patente la existencia de una causa extraña con las secuelas eximentes que se dejan anotadas, ocurre precisa mente cuando el hecho dañoso por el cual se demanda reparación le es imputable a un tercero de modo exclusivo, ya que al destruirse por ésta vía el nexo causal entre el perjuicio y la acción del presunto ofensor, queda borrada la autoría jurídicamente atribuible a éste último y, por consiguiente, no podrán entenderse configurados a plenitud los elementos que se requieren para que pueda surgir y hacerse exigible la responsabilidad. Pero en orden a situar en ese punto las cosas, no debe olvidarse que el hecho del tercero, alegado para contrarrestar la presunción que se desprende de la prueba de haberse causado el daño por motivo de -una actividad peligrosa, tiene que participar en buena medida de los caracteres propios de la fuerza mayor exculpatoria, lo que al tenor de reiterada doctrina jurisprudencial le impone a los fallado res la obligación de verificar la concurrencia de severas condiciones, toda vez que "... jurídicamente ha dicho la Corte no es cualquier hecho e intervención de tercero lo que constituye la causa de exoneración de responsabilidad; es necesario, entre otras condiciones, que el hecho del tercero aparezca evidentemente vinculado por una relación de causalidad exclusiva e inmediata con el daño causado, caso en el cual la responsabilidad, anexa a la noción de culpa, se desplaza del autor del daño hacia el ter cero en seguimiento de la causalidad que es uno de los elementos jurídicos esenciales integrantes de la responsabilidad civil. Cuan do el hecho del tercero no es la causa determinante del daño no incide en ninguna forma sobre el problema de la responsabilidad y luego de ilustrar con algunos ejemplos la aplicación restringida que puede tener la eximente en cuestión, agrega que en cualquiera de esos casos no hay duda de la capacidad exonerativa que corresponde a la intervención del tercero, porque claramente se ve como causa exclusiva del perjuicio. Pero distinta es la situación que se presenta cuando la culpa de un tercero interviene en la realización del daño, no como causa exclusiva sino en concurrencia con la culpa del demandado. La solución para estos casos, como la lógica jurídica y la doctrina de los expositores lo indican, es la de que la víctima puede demandar al autor del daño la reparación integral citando en apoyo de esta conclusión el parecer autorizado de Lalou quien en su Tratado, al resolver la cuestión de si el hecho del tercero puede llegar a hacer las veces de la fuerza mayor en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, dice que naturalmente hay que excluir el caso en que el hecho de un tercero no es la causa exclusiva de la culpa del demandado en acción de responsabilidad. En tal caso, el demandado que por su culpa ha causado un daño a otro está obligado a repararlo sin que pueda alegar en el juicio con la víctima, como motivo de exoneración ni siquiera parcial, la coexistencia de una culpa imputable a una persona distinta...” (G.J.T. LVI, págs. 296 y 321). 

Así, acogiendo el criterio general recién expuesto, puede sostenerse entonces que aquellas condiciones de las que depende que a la Intervención de un tercero puedan imprimírsele los alcances plenamente liberatorios que en la especie sub examine le fueron reconocidos por el tribunal para exonerar de toda responsabilidad a la entidad demandada, en apretada síntesis son las siguientes: a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente presunto, vale decir que dicho obrar sea completamente externo a la esfera jurídica de este último; b) También es requisito Indispensable que el hecho fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por el demandado, ya que si era evitable y no se tomaron, por imprudencia o descuido, las medidas convenientes para eliminar el riesgo de su ocurrencia, la imputabilidad a ese demandado es indiscutible, lo que en otros términos quiere significar que cuando alguien, por ejemplo, es convocado para que comparezca a juicio en estado de culpabilidad presunta por el ejercicio de una actividad peligrosa, y dentro de ese contexto logra acreditar que en la producción del daño tuvo injerencia causal un elemento extraño puesto de manifiesto en la conducta de un tercero, no hay exoneración posible mientras no suministre prueba concluyen te de ausencia de culpa de su parte en el manejo de la actividad; c) Por último, el hecho del tercero tiene que ser causa exclusiva del daño, aspecto obvio acerca del cual no es necesario recabar de nuevo sino para indicar, tan sólo, que es únicamente cuando media este supuesto que corresponde poner por entero el resarcimiento a la cuenta del tercero y no del ofensor presunto, habida consideración que si por fuerza de los hechos la culpa de los dos ha de catalogarse como concurrente y por lo tanto, frente a la víctima, lo que en verdad hay son varios coautores que a ella le son extraños, esos coautores, por lo común, están obligados a cubrir la indemnización en concepto de deudores solidarios que por mandato de la ley lo son de la totalidad de su importe, postulado éste consagrado por el artículo 2344 del Código Civil que, por sabido se tiene y así lo recuerda con acierto el recurrente en varios apartes de su demanda de casación, hace parte tal disposición de un sistema normativo que en sus lineamientos fundamentales la Corte tiene definido en los siguientes términos: Cuando hay de por medio varios responsables de un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria, lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden reclamar de uno cualquiera de los responsables, según lo preceptúa el artículo 2344 del Código Civil en armonía con el 1571. El que realiza el pago se subroga en la acción contra el otro u otros responsables, según el artículo 1579 y siguientes (...) Siendo pues solidaria la responsabilidad, la parte demandante podía demandar el resarcimiento del daño contra todos los responsables o contra cualquiera de ellos..." (G.J. Ts. CLV, Primera Parte, pág. 150, y CLXV, pág. 267, entre otras). 

2. Según quedó visto al hacerse el re sumen de sus fundamentos, la sentencia del tribunal encontró mérito para exonerar integralmente a la sociedad Electrificadora demandada en el caso presente, estimando que el accidente en el cual perdió la vida por electrocución el hijo y hermano de los demandantes, obedeció a un factor extraño"... la intervención de los electricistas que contrató la Junta Cívica Copeyana factor éste que, también a juicio de la corporación falladora, “...rompe la relación de causalidad necesaria que debe existir entre el ejercicio de la actividad peligrosa y el daño producido a la víctima...” y en el que ninguna culpa le es atribuible a dicha sociedad pues su dependiente, el administrador de apellido V., el día en que se efectuaron no supervigiló los trabajos de instalación de un transformador y tendido de líneas de conducción eléctrica en el barrio "Las Delicias" de la localidad de El Copey. Y ésta última conclusión halla cardinal soporte en que las declaraciones de un grupo de testigos que de acogerlas llevarían a sostener todo lo contrario, sin embargo no son atendibles para él tribunal porque los deponentes, al tenor de la providencia en estudio, no dan razón fundada de su dicho, apreciación ésta que como enseguida se verá, encierra ciertamente una radical discrepancia con la verdad objetiva que muestra la prueba obrante en el expediente, configurándose por ende el error de hecho denunciado en la censura.

En efecto, basta una rápida lectura de las Actas que contienen los testimonios, varios de ellos ratificados en cumplimiento del proveído que con fecha seis (6) de octubre de 1989 profirió el juzgado de primera instancia, rendidos por los señores I.E.F.P. (folios 51, 52 y 114 del cuaderno 1) M.F.S.P. (folios 55, 56 y 116 del mismo cuaderno) A.R.N.(folios 59 y 118 del cuaderno 1) J.A.C.C. (folios 69 y 12Q del -cuaderno 1) D.R. (folios 67 y 67 vuelto del cuaderno 1) R.E.D. (folios 71, 72 y 116) y aún del propio J.N.O.B. (folios 07, U8 y 112 del cuaderno principal), al que el tribunal dice atribuirle plena credibilidad “...por la consistencia y detallamiento (sic) de sus afirmaciones para darse cuenta que todos estos testigos deponen de ciencia cierta puesto que por encontrarse presentes cuando en las vísperas navideñas del año 1985 se sucedieron los hechos, saben y dan fe que los trabajos con las líneas de conducción de energía e Instalación de un transformador se llevaron a cabo bajo la supervisión directa de un funcionario de la compañía electrifica dora demandada, el señor L.A.V. (cír, folio 35 del cuaderno 1), quien dicho sea de paso recibió inclusive “... propina” de los vecinos por "... la prestación del servicio luego la verdad sea dicha, ante realidad tan concluyente desde el punto de vista proba torio, resulta inexplicable la argumentación del fallador toda vez -que el inconveniente que no le permitió juzgar acerca de la veracidad de los testimonios relacionados y establecer si los declarantes tenían o no el conocimiento que se atribuyeron, de modo claro y exento de cualquier duda brilla por su ausencia en las piezas correspondientes del informativo. 

Dicho en otras palabras, la oposición radical, abierta e irreconciliable del fallo impugnado con las actas a que se hizo referencia en el párrafo precedente, queda patentizada con la sola presencia física de estas últimas en el expediente; por sí y ante sí ellas ponen de manifiesto la evidente equivocación en que cayó el sentenciador de Instancia por haber negado aquello que en tales Actas es ostensible a simple vista y, cercenándole a los testimonios parte de su real contenido, terminar diciendo, contra la evidencia, que "... los testigos traídos por los demandantes (..) no dan las razones de sus dichos y no explican las circunstancias de tiempo y lugar en que basan los mismos ...", desacierto que a efectos del recurso de casación es esencial, habida cuenta que conduce a desconocer que fué la sociedad ELECTRIFICADO RA DEL CESAR S.A., en su condición de dueña o guardián de la actividad peligrosa causante del perjuicio, la que con notoria imprudencia creó la situación para que pudiera hacerse el mal uso que, bajo la "... contratada ...a vigilancia de uno de sus funcionarios, de dicha actividad hizo a la postre una organización cívica apremiada por la falta de servicio de energía eléctrica en su comunidad; es que si fue el comportamiento observado por la entidad demanda da el antecedente Inmediato de la ejecución del hecho dañoso por un tercero, si la Electrificados y su dependiente lo provocaron con sus "permisos" y "autorizaciones" no acompañados del competente control, sin infringir por falta de aplicación el conjunto de disposiciones de derecho sustancial señaladas en la primera parte de estas consideraciones podía tener lugar la exoneración declarada, más aún cuando es doctrina legal de reconocida vigencia frente a casos con las características que presenta el aquí ventilado, que es imperativo de elemental prudencia en una empresa de energía eléctrica, siquiera para prestar el servició regularmente, “...establecer permanente y esmerada vigilancia sobre las líneas conductoras. Sin esa atención se está en constante posibilidad de causar daños y, en consecuencia, en la obligación de repararlos, por efecto de error de conducta...” (C.J., números 2256 a 2259, pág. 124). 

Prospera, entonces, este primer cargo dado que la prueba testimonial descalificada por el tribunal, además de excluir la causal de exoneración alegada, tiene la virtud de ubicar el problema litigado en sus legítimas dimensiones, vale decir como un supuesto de culpa imputable en línea de principio a dos coautores la empresa demandada y la Junta Cívica ejecutora de las obras que deben tenerse como solidariamente responsables por el total de la indemnización ante los familiares del joven fallecido en el accidente, lo que impone, desde luego, la infirmación de la sentencia recurrida.

IV. La sentencia sustitutiva

Desechada como debe quedar la causa legal de exoneración que en su beneficio invocó la entidad demandada en el escrito de contestación de la demanda, subsiste entonces la responsabilidad por culpa civil extracontractual que se le reclama, esto por cuanto los elementos de hecho que sirven para presumir dicha culpa de acuerdo con el artículo 2356 del Código Civil, no ofrecen duda en los autos y de otra parte, tampoco fueron materia de controversia durante el curso de las instancias, de suerte que sólo falta para completar la decisión que corresponde adoptar en sede de instancia, determinar el -alcance de los perjuicios resarcibles y la fijación en cifra numérica concreta de la respectiva deuda indemnizatoria, aspecto éste que necesariamente debe incluir la estimación por peritos del daño patrimonial que para los demandantes G.M.P.y S.O.OJ. vistas sus necesidades personales de subsistencia, significó la muerte de su hijo G. considerando respecto de este último tanto su edad como la aptitud para el desempeño de trabajos adecuados a su posición social. En consecuencia, la Corte estima indispensable hacer uso de la facultad que en materia de aportación oficiosa de pruebas le concede el inciso 2o del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil en consonancia con los artículos 220, 233 y 307 del mismo estatuto legal.

Decisión

En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida en el proceso de la referencia por el Tribunal Superior del -Distrito Judicial de Valledupar, y antes de adoptar en instancia la decisión que debe reemplazarla

RESUELVE:

1o).- Comisionar al Juez Promiscuo Municipal de El Copey (Cesar) para que, observando cuidadosa mente los artículos 227 y 228 del Código de Procedimiento Civil en particular las reglas contenidas en los numerales 2o y 3o del último de tales preceptos reciba de nuevo declaración a los testigos R. de J.G., S. M. N. de R.y E.H.H. quienes, complementando su testimonio rendido en este mismo proceso, deberán deponer además sobre los siguientes hechos cuya verificación es indispensable: a) Si conocen personalmente, por trato, vista o comunicación a quienes son demandantes en este proceso, es decir a G.M.P. y S.O.O. junto con siete de sus hijos. De ser afirmativa la respuesta, deben los testigos indicar cuánto tiempo hace que tienen ese conocimiento y las circunstancias concretas que lo motivaron; b) Si saben y les consta cuáles son las condiciones personales de vida de cada uno de los miembros de dicha familia y el trato entre ellos existente, describiendo con precisión y en la medida en que tengan conocimiento, las actividades a que ellos se dedican, todo ello inclusive antes de ocurrir la muerte accidental del joven G.M.O.; c) Si saben y les consta, describiéndolas también pormenorizadamente en caso de ser afirmativa su respuesta, cuáles -eran las condiciones de vida del joven G.M.O. antes de producirse su fallecimiento en El Copey (Cesar) el 23 de diciembre de 1985; d) En fin, si tienen conocimiento que para ese entonces, es decir por la fecha en que su muerte ocurrió, G.M.O. prestaba asistencia económica a su familia y en particular a sus progenitores, debiendo exigírseles a los deponentes por el funcionario comisionado, que de ser afirmativa su respuesta, manifiesten de modo espontáneo y con claridad en qué consistía dicha ayuda, así como también todas las circunstancias que sean Otiles para verificar si declaran o no de ciencia cierta.

En consecuencia, por Secretaría libre se despacho comisorio, agregando a los insertos de rigor copia de las Actas visibles a folios 63, 64, 122, 75, 76, 79, 79 vuelto y 128 del cuaderno principal, haciéndole saber al destinatario que dispone del término de diez (10) días, más las distancias, para cumplir la comisión conferida.

2o).- Disponer la práctica de un dictamen pericial con el fin de establecer, en cantidad numérica cierta, el valor del perjuicio propio de tipo patrimonial que para los demandantes G.M.P. y S.O.O. significó la prematura muerte de su hijo, debiendo los expertos, con vista en el expediente y de modo particular en el resultado de la prueba testimonial decretada en esta misma providencia, tomar en consideración por lo menos, para efectuar la liquidación correspondiente, los siguientes elementos: A) La vida probable de los padres vivos y la presunta su pervivencia del hijo muerto, factores que desde luego deben relacionarse entre sí en orden a fijar la duración de los períodos indemnizables a que hubiere lugar; y B) La asistencia económica que, dadas sus condiciones particulares y en la hipótesis de que no hubiese fallecido en el accidente ocurrido el 23 de diciembre de 1985, G.M.O. habría estado en capacidad de suministrarle a sus padres por el resto de la vida probable de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las aptitudes laborales de la víctima por ese entonces, las perspectivas de razonable progreso a ellas inherentes y los gastos en que con seguridad una persona de su condición social podría incurrir.

Para que rindan el experticio así decretado designase a los peritos A.C.C. y A.H. M. a quienes se les comunicará el nombra miento en la forma señalada por el artículo 9o, numeral octavo, del Código de Procedimiento Civil, haciéndoles saber que deben tomar posesión del cargo el día 29 de octubre del año en curso a las 9 a.m. El término para rendir el dictamen se fijará una vez haya sido evacuada en debida forma la prueba testimonial decretada en esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Esteban Jaramillo SchlossEduardo Garcia SarmientoPedro Lafont Pianetta—Héctor Marín NaranjoAlberto Ospina BoteroRafael Romero Sierra.